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El último vuelo de la ESMA

Manifestación de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Foto: Daniel Ayllón.

Las mujeres detenidas evitaban ir al baño porque allí era donde los guardias las violaban a su antojo. No era el objetivo inicial del recinto de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero sí un ejemplo del infierno en el que se convirtió uno de sus edificios, el Casino de Oficiales, en Buenos Aires (Argentina). Gran cloaca de la dictadura de Videla (1976-1983), fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) y un agujero negro para los Derechos Humanos: desde allí se hizo desaparecer a cerca de 4.000 personas a través de los ‘vuelos de la muerte’, aviones que los arrojaban todavía vivos al mar.

Este miércoles, por primera vez y después de cuatro décadas, la Justicia argentina condenó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad practicados en la ESMA: las 54 imputaciones por delitos contra 789 víctimas se saldaron con 29 cadenas perpetuas, 6 absoluciones y penas de prisión de entre 8 y 25 años para el resto de acusados.

Hace 10 días visité la ESMA y el edificio Casino de Oficiales sigue siendo aterrador. Dentro del recinto arbolado, de 17 hectáreas y salpicado por una decena de construcciones, el centro de oficiales centralizó las detenciones y las torturas. En la tercera planta y en la buhardilla yacían los detenidos, en nichos de 200 por 70 centímetros, sobre finos colchones en el suelo, con las manos siempre esposadas, grilletes en los tobillos y atados a una bala de cañón de 20 kilos. Dos ruidosos extractores daban algo de ventilación al espacio de reclusión. Las pequeñas ventanas estaban tapiadas y apenas entraba algo de luz natural, rebotada desde los camarotes aledaños.

Pero poco importaba la luz porque los detenidos tenían, en todo momento, la cabeza cubierta con una capucha (por eso estas dos dependencias eran conocidas como ‘Capucha’ y ‘Capuchita’). Unos pasaban así entre 10 y 15 días. Otros, años. Podían subirse la capucha hasta la nariz sólo para comer. Excepcionalmente, también podían descubrirse en el baño. Los médicos controlaban que los presos comiesen lo indispensable para seguir con vida: mate cocido con pan, una taza de caldo, dos panes con carne fría, algo de agua, una naranja.

Tras el internamiento, se les drogaba con pentotal, se les desnudaba y se les trasladaba a los ‘vuelos de la muerte’. Entre los casos más aterradores, destacan los de las mujeres: además de las violaciones en los baños, las embarazadas permanecían en la ESMA hasta que daban a luz. Entonces, las madres eran enviadas a los ‘vuelos de la muerte’ y sus hijos entraban en la red clandestina de tráfico de bebés robados.

En la actualidad, la ESMA organiza una visita guiada por supervivientes una vez al mes. El centro, reconvertido en un museo al servicio de la memoria histórica, es un ejemplo mundial de educación y concienciación para las nuevas generaciones. Todos los días hay decenas de visitas organizadas por colegios e institutos para que los jóvenes conozcan las atrocidades cometidas.

En los últimos años, he tenido la oportunidad de visitar espacios parecidos en los campos de concentración de Sachsenhausen (Alemania) y Auschwitz (Polonia), o en la isla-prisión de Robben Island (Sudáfrica), entre otros países. Ésta última es la cárcel rodeada de mar, a 10 kilómetros de Ciudad del Cabo, en la que Nelson Mandela estuvo preso 18 años (entre otras miles de víctimas del apartheid). En 1999 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y son también supervivientes quienes se encargan de guiar las visitas al antiguo centro penitenciario.

En España, el Estado sigue haciendo contorsionismo para no juzgar los crímenes del franquismo, blindados por la Ley de Amnistía de 1977; 114.000 víctimas siguen desaparecidas (la ONU volvió a criticar hace dos meses a España por mantener “un patrón de impunidad“); y el Valle de los Caídos, que podría ser hoy un centro de memoria y educación como la ESMA o Auschwitz, es desde hace 42 años el mausoleo en el que descansa en paz el dictador Franco y al que peregrinan sus nostálgicos cada 20 de noviembre a rendirle tributo.

 

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El padre de uno de los detenidos de Alsasua: “no pedimos impunidad, pedimos justicia”

Interior de una celda. Foto: Jorge González.

El proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra. Uno de los agentes terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los detenidos; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de amenaza terrorista, y 12 para otro acusado, al que solo imputa este último delito. Las familias de los acusados y quienes les conocen no dan crédito a lo que está pasando. La Marea conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen detenidos horas después de la multitudinaria concentración de apoyo que tuvo lugar este viernes en Pamplona. Pide que no revelemos su nombre para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados.

¿En qué momento del proceso se encuentran?

El día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera que sea en otoño.

¿Por qué están tardando tanto?

Nos están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11 personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas horas de la madrugada.

¿Cómo están los detenidos?

Bueno, uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio, están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.

¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?

Lo criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.

¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?

Esto lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han querido. Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una carretera que divide el pueblo por la mitad. Muchos medios dijeron que uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.

¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?

El temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.

¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?

Sí. Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.

El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?

Nosotros no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia, que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de lo que fue. No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los habrían matado.

Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?

Imagínate. El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes. Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes. Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida normal. No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios locales.

Muchos medios han difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías, ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?

A mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de forma violenta. No hay nadie del grupo que sea una persona violenta, nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que otra parte del relato que están generando sobre este tema.

¿Han recibido alguna amenaza?

No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.

¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?

Las más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y cercano de un abrazo es el que te llega más.

¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?

A la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos justicia.
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Piden hasta cinco años de cárcel para cuatro jubilados franceses por auxiliar a refugiados

Manos de refugiados sobre el fuego, en la Jungla de Calais. FOTO: JOSÉ BAUTISTA.

Un tribunal de Niza ha impuesto fianzas de 800 euros a cuatro jubilados de una asociación benéfica por haber auxiliado a refugiados y emigrantes en la frontera de Francia e Italia. Los pensionistas tendrán que abonar la fianza para no ingresar en prisión a la espera de la sentencia que se hará pública el próximo 23 de junio y que podría terminar con condenas de cinco años de prisión y multas de 30.000 euros.

Los cuatro hombres acusados, miembros de la asociación Roya Citoyenne y cuyas edades oscilan entre los 64 y los 68 años, habían sido denunciados en enero por un ciudadano mientras transportaban a seis personas -entre ellos dos menores- procedentes de Chad y Eritrea desde los Alpes hacia Niza, en el sur de Francia. Según la abogada de los acusados, Maeva Binimelis, esta ayuda a emigrantes no tuvo “ninguna otra contrapartida más allá de una sonrisa”, lo que despejaría las acusaciones por tráfico de personas. Además, alega que las temperaturas estaban por debajo de los cero grados centígrados en el momento en que se produjeron los hechos imputados y que sus representados “no podían hacer otra cosa, tenían que cumplir el objetivo de preservar la dignidad de seres humanos sin importar su origen”, declaró al diario Le Monde.

Este caso se suma a la larga lista de episodios conflictivos en torno a la ayuda a refugiados y emigrantes. El más conocido es el de Cédric Herrou, un granjero del sur de Francia que ayudó a cientos de refugiados en la frontera con Italia incluso después de haber sido condenado. Precisamente fue en la granja de Herrou donde se alojaron los refugiados y emigrantes que recibieron ayuda de los cuatro jubilados. “Si tenemos que romper la ley para ayudar a la gente, hagámoslo”, declaró Herrou en enero ante un tribunal de Niza. También tuvo especial trascendencia el juicio contra Rob Lawrie, un ex soldado británico que fue arrestado en Francia mientras intentaba ayudar a una niña afgana a cruzar a Reino Unido desde Calais, localidad francesa situada en el Canal de la Mancha.

Tanto los cuatro jubilados acusados como numerosas asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional, aseguran que la policía fronteriza de Francia “tienen carta blanca para devolver sin formalismos a las personas llegadas desde Italia”, impidiendo la solicitud de peticiones de asilo y la tutela de menores que corresponde al Estado, según la legislación francesa.

Por otro lado, no siempre la Justicia gala adopta decisiones contrarias al derecho de asilo. En marzo el prefecto de la región Alpes Marítimos -cuya capital es Niza- fue condenado por atentado grave contra el derecho de asilo tras impedir que una familia eritrea pudiera solicitar protección.

Mientras tanto, entre el uno de enero y el 14 de mayo de este año murieron al menos 1.316 personas que trataban de cruzar el mar Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Dos años después del acuerdo alcanzado entre los 28 miembros de la Unión Europea, solo ha obtenido asilo el 3,1% de los 160.000 refugiados varados en Italia y Grecia. A cuatro meses de que expire el plazo, España solo ha reubicado a 886 de los 17.387 refugiados que se comprometió a acoger.

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Barcos de papel

Barcos de papel I LA MAREA

El juicio finalmente no se celebró. El policía decidió retirar la acusación particular 24 horas antes. La fiscalía ya había pedido el sobreseimiento del caso porque no veía indicio de delito, pero hasta 24 horas antes de las 10 de la mañana del 17 de enero a Diego le pedían tres años de cárcel y 30.000 euros de multa.

Lo que pasó parece más creíble ahora, después de que todo haya pasado, después de que la fiscalía y el policía decidieran que no habría juicio. Antes no, antes mucha gente daba más veracidad a los uniformes que al rostro de Diego. Un rostro de palabras precisas y sonrisa ágil. Lo que pasó es una historia repetida en muchos lugares, no por los hechos en concreto, sino por cómo ocurrió y quiénes la protagonizan. Quizás os suene, aunque nunca hayáis oído hablar del barrio de Coia, en Vigo, ni de un barco en una rotonda, ni de Diego, ni de María, ni de Esther, ni de Manolo Pipas ni de Juan. Os sonará, posiblemente, porque hay muchos barrios con historias parecidas. Historias que no van de un héroe sino de colectividades que consiguen cosas cuando se juntan. Algunas de esas historias, como esta, acaban con una victoria.

Ocurrió que el alcalde de Vigo tuvo la idea de gastarse 600.000 euros en sacar un barco del mar para colocarlo en medio de una rotonda. Como decoración. Y ocurrió que esa rotonda está en un barrio por cuyas calles transita gente en paro, gente sin muchas oportunidades, gente machacada por un sistema que los lleva aplastando desde que nacieron. Gente con rostros y cuerpos que caminan por las calles cansados de injusticia. Gente harta y cansada que se junta con otra gente alrededor de la parroquia del barrio y que construye formas de actuar capaces de desbordar la crudeza social. Gente que construye desde el afecto, el acompañamiento y la búsqueda incesante de la palabra dignidad. Gente cansada y desobediente que se planta en la rotonda para impedir que el alcalde gaste 600.000 euros en decorarla. Gente que no aguanta más y que no va a permitir que se destinen más recursos en sacar un barco del mar que en las personas, con rostro, que caminan por las calles del barrio.

Ocurrió también que las vecinas y vecinos decidieron instalarse en la rotonda para impedir que colocasen el barco y que allí construyeron la resistencia mientras articulaban vínculos, ideas y canciones. Mientras resistían se hacían más fuertes. Ocurrió que un día hubo un forcejeo con la policía y un chico salió corriendo y detrás del chico salió un policía y detrás de ambos Diego, que no quería que la porra o la pistola del policía lastimasen al chaval. Y en la carrera el policía se cayó. Se podía haber caído Diego o el chico. Las personas se caen a veces. Pero el que se cayó fue el policía y los policías no se caen. Siempre hay alguien que les empuja o les agrede. Y eso fue lo que dijo el policía, que Diego le había agredido. Fue el 15 de diciembre de 2014.

Son muchas horas, muchos días, muchos meses desde entonces. Algo más de dos años. A Diego le pedían tres años de cárcel y 30.000 euros de multa porque un policía se tropezó, o quizás se lo pedían porque el movimiento vecinal estaba fuerte contra el sinsentido y querían pararlo. El miedo es un freno eficaz contra la movilización social.

Colocaron el barco en la rotonda. Rodeado de policías y de luces en una noche donde muchas vecinas y vecinos seguían tenaces en su empeño por no callar, por no pensar en una derrota. Gente convencida de que no podían dejar que ganase lo injusto, que una minoría no tiene derecho a preferir lo injusto.

En el barrio de Coia las personas saben cómo saltar por encima del miedo. Aprendieron a mantener el equilibrio como acróbatas funambulistas y se organizaron para que la condena contra Diego no se cumpliera. Hicieron muchas cosas. Dieron ruedas de prensa, recogieron de firmas, escribieron manifiestos y artículos, buscaron imágenes, dieron apoyo emocional, hicieron canciones, escribieron poesía. Tejieron una red grande alrededor de Diego. Hablaron y hablaron y hablaron. Difundieron lo que estaba ocurriendo. Se convencieron y convencieron al resto de que eran capaces de que las palabras de Diego fueran más fuertes que las de un policía. Las luchas se ganan en las calles, en las plazas, en los parques, en las comidas colectivas, en los lugares donde se articula la comunidad. En el barrio de Coia decidieron ganar el juicio contra Diego.

Después de meses de campaña, hicieron un encierro en la parroquia las 48 horas antes de que se celebrara el juicio. Un encierro que terminaría con una marcha para acompañar a Diego hasta los juzgados. El juicio no era solo el juicio de Diego. Las palabras de Diego no eran solo sus palabras. Su lucha no era solo de él. El juicio, las palabras y la lucha eran de la gente del barrio. Eran de la gente que estaba encerrada en la parroquia. Eran de quienes pusieron su firma en el manifiesto de apoyo. Eran de las personas que se sintieron indignadas cuando leyeron la noticia en el periódico. Eran de quienes apoyaron cocinando y colocando carteles. Eran de los que estuvieron cerca de policías con ganas de tropezarse y fueron acusados injustamente. Eran de las que sufren un sistema demoledor contra quienes se levantan desafiantes contra la barbarie. Eran de las que están hartas del sinsentido, de que la vida sea un campo de batalla. Eran (el juicio y las palabras y la lucha) de las personas que pelean por su comunidad, por sus vidas con ganas de justicia, por un mundo más apacible.

24 horas antes de que se celebrara el juicio el policía decidió retirar la acusación. Sin duda la presión social es lo que hizo que decidiera hacerlo. La fuerza colectiva que se mantuvo firme y constante. La victoria de Diego es de cada una de las personas que se movió para poder brindar por su absolución. Esta es una historia que narra una victoria colectiva de gente que se movió por conseguir justicia y lo logró.

En el barrio de Coia construyen (como en otros muchos lugares, ya dijimos que esta historia se parece a muchas otras) lo común como punto de partida y como horizonte de llegada. Y ganaron. A veces, cuando se pelea, se gana.

Tenían previsto terminar el encierro con una marcha que acompañara a Diego hasta los juzgados. No fue así. Construyeron barcos de papel y caminaron hasta la rotonda. Allí colocaron los pequeños barquitos junto a ese otro gigante que, a la vista está, no fue capaz de doblegarlos.

María González Reyes, activista de Ecologistas en Acción y autora de Palabras que nos sostienen (Libros en Acción y OMAL, 2016).

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Marruecos retoma el macrojuicio a 24 saharauis del campamento Gdeim Izik

Desmantelamiento del campamento protesta Gdeim Izik, cerca de El Aaiún (Sáhara Occidental).

A las 17 horas de este lunes las autoridades marroquíes volvieron a sentar en el banquillo de los acusados a 24 saharauis por su presunta relación con la muerte de once gendarmes a finales de 2010, durante los disturbios que ocurrieron tras el violento desmantelamiento del campamento protesta Gdeim Izik.

Tras más de seis años en prisión, los 24 imputados se enfrentan de nuevo a las acusaciones de “formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”. Ya en 2013 un tribunal militar de Rabat condenó a los inculpados a penas de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua, pero el juicio fue declarado nulo por incompatibilidades -los 24 acusados son civiles-, la falta de pruebas y la presión internacional. En diciembre de 2016 se reabrió el caso por la vía civil, dando lugar a una primera vista que duró seis horas y que estuvo plagada de momentos de tensión. Aquella sesión fue aplazada por orden del juez después de que los imputados y sus familiares esgrimieran lemas a favor del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.

Tal y como sucedió en ocasiones anteriores, las autoridades marroquíes pusieron trabas a la presencia de observadores internacionales. Francisco Serrano, uno de los cuatro abogados españoles enviados por el Consejo General de la Abogacía Española para observar el juicio, fue retenido a su llegada en Tánger, pero finalmente la policía le dejó asistir al macrojuicio.

De momento el tribunal no ha aceptado las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que destacan el carácter político de este juicio y aseguran que los 21 encarcelados -uno de los tres acusados en libertad condicional, el joven Hassana Aalia, vive en España, aunque el Ministerio del Interior rechazó su petición de asilo político- son víctimas de múltiples violaciones y torturas físicas y psicológicas en la cárcel con las que habrían forzado sus confesiones.

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) convocó manifestaciones frente a los consulados del reino alauí en quince ciudades de España. En Madrid, decenas de personas se congregaron frente a la Embajada de Marruecos para pedir la liberación de los presos políticos saharauis. Frente a la puerta de la delegación diplomática marroquí les aguardaba un saharaui que lleva en huelga de hambre desde el pasado 16 de diciembre para reivindicar “derechos sociales y económicos”.

A finales de 2010 más de 20.000 saharauis residentes en el Sáhara Occidental ocupada por Marruecos erigieron sus haimas a 15 kilómetros de El Aaiún y crearon un campamento protesta bautizado como “Dignidad” (“Gdeim Izik”) para protestar contra las malas condiciones de vida y la discriminación laboral que sufre la población autóctona de la antigua provincia española. Cuando las autoridades marroquíes enviaron a la policía y el ejército a desmantelar el campamento, los saharauis enarbolaron consignas independentistas y se iniciaron los enfrentamientos violentos en los que murieron 11 gendarmes y dos saharauis. En aquel momento, Marruecos expulsó del territorio a todos los periodistas.

El campamento Gdeim Izik fue el precursor de la Primavera Árabe, según varios analistas y pensadores, incluido Noam Chomsky, y el episodio más violento entre marroquíes y saharauis desde que el Frente Polisario y Rabat firmaron el alto el fuego en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación que dirima el futuro del último territorio africano pendiente de descolonización y cuya soberanía, en términos legales, sigue correspondiendo a España.

El juicio se enmarca en un contexto de creciente tensión militar entre ambas partes. Este lunes un diario marroquí filtró que el general Fatalah Uarrak, que la semana pasada fue nombrado máximo jefe militar del país por el rey Mohamed VI, no tendrá entre sus funciones la comandancia de la Zona Sur (Sáhara Occidental), donde el ejército tiene desplegado el grueso de sus tropas. Se trata de un hecho sin precedentes, informa EFE.

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