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La Audiencia Nacional concluye que el concejal Joan Coma no llamó a la sedición

“Dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional, que consideramos falto de legitimidad y competencia. Desobediencia, venimos tiempo también reclamándolo […] Nosotros hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos…”, dijo Joan Coma en un pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona). Por estas palabras, pronunciadas mientras se debatía una moción de apoyo a la resolución soberanista del Parlamento catalán del 9 de noviembre de 2015, el concejal de la plataforma Capgirem Vic vinculada a la CUP fue llevado en un furgón hasta la Audiencia Nacional acusado de incitar a la sedición.

Ahora, en un auto con fecha 28 de marzo, la Audiencia considera que los hechos no constituyen ese delito -castigado en el peor de los casos con 15 años de cárcel- y se inhibe en favor del juzgado de instrucción de Vic por si, en cambio, pudieran ser constitutivos de desobediencia y prevaricación.

Según el auto, que destaca la “tenaz voluntad de desobediencia” del concejal “con la finalidad de crear un Estado catalán independiente a través de un procedimiento no previsto en la Constitución”, el acuerdo municipal fue dirigido a instituciones oficiales y no consta que se realizara ninguna proposición a los ciudadanos para que participaran en un “alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las Leyes o el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en este caso del Tribunal Constitucional”.

Coma, en una entrevista en La Marea, narró cómo vivió todo el proceso: “No me hace ninguna gracia lo que ha pasado, pero entiendo que, por mucho que sea una persona a la que se ha denunciado, lo que se está persiguiendo es a un colectivo”.

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Joan Coma: “A mí me han cogido por independentista”

Esta entrevista está incluida en #LaMarea47, un monográfico sobre la libertad de expresión que puedes descargar en PDF por 1,90 euros.

Estaba duchando a sus hijos cuando sonó el teléfono. Era domingo por la noche, pero una periodista quería contrastar la información que había leído en otro medio digital ese mismo 13 de marzo de 2016. Así se enteró Joan Coma de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba que se le imputase un delito de incitación a la “sedición” por unas palabras que había proferido tres meses antes en el pleno municipal de Vic (Barcelona). En aquella sesión se debatía una moción de apoyo a la resolución soberanista del Parlamento catalán del 9 de noviembre de 2015, que acababa de ser anulada por el Tribunal Constitucional.En ese momento, este concejal de la plataforma Capgirem Vic, vinculada a la CUP, no sabía “exactamente” qué era el delito de sedición. Pero sonaba fuerte. El artículo 544 del Código Penal lo define como “el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. En el mejor de los casos lo castiga con dos años y medio de prisión.

La resolución del 9-N, que instaba al Govern a “desconectar” del Estado español y acatar solo las leyes emanadas del Parlament, había salido adelante con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Sin embargo, días después, en pleno debate sobre la investidura de Artur Mas, la primera formación la calificó de “papel mojado”.  En ese contexto, Coma aclaró en Vic que la CUP sí se la tomaba “muy en serio”. A continuación añadió: “Dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional, que consideramos falto de legitimidad y competencia. Desobediencia, venimos tiempo también reclamándolo”, dijo en el pleno. Y, finalmente, pronunció la frase que parecía obsesionar al fiscal Vicente González Mota durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional: “Nosotros hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos…”. La expresión es bastante común en catalán, pero los huevos se prestan a demasiados juegos lingüísticos en los idiomas ibéricos. Se dio a entender que “romper los huevos” era una invitación a usar la violencia, pero “no fue así en absoluto, solo era una metáfora. Siempre he sido un antimilitarista y en mi vida he roto un plato. Lo que quería decir es que habría que recurrir a la desobediencia civil para convocar un referéndum sobre autodeterminación, si el Gobierno central no lo autorizaba”, insiste Coma en la cafetería del Casino de Vic, el mismo lugar al que acudió justo después de conocer la noticia para compartirla con  compañeros de la CUP.

Es febrero y aún se le nota el catarro que pilló en la furgoneta de la Guardia Civil que le llevó desde Sant Andreu de la Barca hasta Madrid para que declarase en la Audiencia Nacional el pasado 28 de diciembre, después de que se negara a hacerlo en octubre. “La primera pregunta que me ha hecho el fiscal ha sido que si para romper un huevo y hacer la tortilla hay que hacer fuerza. No, no era ni es una inocentada”, escribió Coma ese día en su cuenta de Twitter. Había acordado con su abogado, el diputado de la CUP Benet Salellas, que no respondería al juez Ismael Moreno con un sí o un no. En su lugar, aprovecharía la ocasión para explicar su proyecto político. Así, por ejemplo, no contestaría qué pensaba de la Constitución española, sino que expresaría su deseo de tener una catalana. Las múltiples preguntas sobre recetas culinarias y metáforas le desconcertaron.         

Varias personas interrumpen la entrevista para saludarle y le preguntan por la familia. “No viviría en ningún otro sitio”, había dicho poco antes en la plaza mayor de esta ciudad, de 42.000 habitantes, en la que nació hace 35 años y en cuyos edificios cuelgan numerosas banderas esteladas. La responsable del bar parece conocer la historia de la furgoneta porque hace una referencia al respecto. “Era muy incómoda, sobre todo para un viaje tan largo, y la letrina olía fatal. Se olvidaron de poner la calefacción en la parte de atrás –donde viajaba solo– durante las dos primeras horas, hasta que paramos y se lo dije. En seguida se disculparon”, recuerda.

Desobediencia civil no violenta

Este sociólogo describe con interés científico su experiencia de vivir en primera persona “cómo funciona el poder y cómo se escenifica”. Tras declarar ante el juez, volvieron a meterle en el calabozo y se quedó dormido. Al despertar, seguía encerrado. “Para un trámite que no suponía más de 10 minutos, me tuvieron más de dos horas esperando, y ahí sí consiguieron ponerme nervioso. Luego entendí que se trataba de una performance del poder, había como mínimo 15 policías conmigo mientras subía la rampa de los sótanos de la Audiencia Nacional”. En la puerta estaba su gente esperándole. “A mí me cogen por independentista, pero en el fondo lo que estábamos reivindicando en el pleno era la desobediencia civil no violenta. Las interlocutorias de mi caso, u otros como los de Berga o de Badalona, se refieren a independentistas. Pero si cambias las palabras, ves que ahí cabe todo el mundo, podrían referirse a cualquier movimiento social. Por tanto, son una clara amenaza contra toda forma de expresión política que intente cuestionar el statu quo, las estructuras de poder”, compara Coma.

Desde que se supo que podrían detenerlo en cualquier momento para conducirlo a Madrid, se organizó un grupo de apoyo con personas de confianza que hacían turnos para que siempre estuviera acompañado. Era importante que sus hijos, Lluc, de cinco años, y Joana, de dos, no se asustaran si los mossos iban a buscarle mientras su madre estaba trabajando. “Estoy muy agradecido, pero es cierto que dificulta tu vida cotidiana. Cuando estaba con mi compañera, sí nos dejaban a solas”, bromea.

El nacimiento de Lluc fue definitivo para que se implicara en política. En el hospital, una enfermera exclamó que al fin nacía “uno de aquí”. “’¿Qué quieres decir?’, le pregunté. Y sus explicaciones aún fueron peor. Es que ahora nacen tantos que…”. Poco después, Coma se unió a la asociación antirracista y antifascista Unitat contra el feixisme. Precisamente, la denuncia contra él la interpuso Josep Anglada, edil en Vic de Plataforma Vigatana y conocido por fundar el partido ultraderechista y xenófobo Plataforma per Catalunya.

Durante todo este tiempo, este activista dice no haber sentido miedo: “No me hace ninguna gracia lo que ha pasado, pero entiendo que, por mucho que sea una persona a la que se ha denunciado, lo que se está persiguiendo es a un colectivo. También soy consciente de que estar en un movimiento como el independentista, que hoy goza de cierta hegemonía, al menos en Cataluña, hace que tenga muchas muestras de apoyo. Son merecidas, pero también lo serían por muchos otros compañeros y movimientos sociales que sufren la represión y no las reciben”.

Aun así, hay cosas que sí le han hecho daño, como que le esposaran o que le quitaran las gafas, sin las cuales le costaba leer los papeles que le ponían por delante. Al rememorarlo, se le empaña la mirada: “Tú estás defendiendo unas ideas políticas, las que has tenido toda la vida. Y te duele que, en una supuesta democracia como la actual, se tenga que pasar por aquí por expresarlas”.

Es difícil que esos principios vayan a cambiar. El proceso judicial ha hecho que se reafirmara en ellos, aunque dice que ahora se siente “más autodeterminista que independentista. Lo importante es que se pueda expresar la población de Cataluña. Y recuerda que todas las encuestas estiman que el 80% de sus habitantes está a favor del denominado derecho a decidir”. El pleno de Vic aprobó la moción de apoyo al 9-N, como muchos otros ayuntamientos catalanes, contra los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha planteado causas por sedición. Varias de ellas ya han sido archivadas.

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Monográfico #LaMarea47: Libertad de expresión

Portada sobre el deterioro de la libertad de expresión, por MANEL FONTDEVILA

Ya a la venta el monográfico sobre libertad de expresión en quioscos y en nuestra tienda online

Son malos tiempos para la libertad de expresión. Con la excusa de combatir el terrorismo, en muchos países se han adoptado medidas legislativas que restringen los derechos civiles. En España se da la particularidad de que la banda terrorista ETA lleva seis años sin matar, pero el número de condenas por enaltecimiento del terrorismo se ha disparado. Asimismo, el Gobierno del PP ha dado una vuelta de tuerca importante con las denominadas leyes “mordaza” y otras medidas que sirven para acallar protestas incómodas. Recientemente, hemos visto a dos titiriteros pasar dos días en la cárcel en régimen de aislamiento por representar una obra de teatro. También juicios a cantantes acusados de enaltecimiento del terrorismo y a una estudiante por humillar a las víctimas al publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter.

Ante la gravedad de la situación, que ha sido denunciada por la ONU, La Marea dedica un número especial al tema. Hemos ido más allá de los titulares de todos estos casos para hablar en profundidad con algunos de los protagonistas en sus lugares de residencia, desde Madrid hasta Granada, pasando por Vic, Zaragoza, Sevilla, Manresa y Andoain. ¿Cómo se siente una persona cuando el Estado le señala con el dedo acusador por supuesta simpatía con el terrorismo? Las leyes las hacen los políticos pero son interpretadas por la Justicia. Por ello, perfilamos a algunos de los fiscales más destacados de la Audiencia Nacional. El afán censurador también amenaza a la prensa, especialmente medios pequeños y sin apoyo financiero como este.

Hablan Alfonso Lázaro y Raúl García, los titiriteros que fueron enviados a la cárcel por representar una obra de teatro; César Strawberry, que acaba de ser condenado por publicar seis tuits; Cassandra, a quien la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por chistes sobre Carrero Blanco en Twitter; Candela Bettencourt, detenida junto a varios compañeros más sin pruebas contundentes (Nahuel sigue en la cárcel); Guillermo Zapata, finalmente absuelto por la Audiencia Nacional; Antonia Ávalos y Rocío Ballesta, las feministas que fueron imputadas por procesionar un coño insumiso; Manuel Fontdevila, autor de la portada de El Jueves secuestrada en 2007 y autor de la portada que ilustra este número de La Marea; Martxelo Otamendi, director del periódico injustamente cerrado Egunkaria; el concejal de Vic Joan Coma, imputado por un delito de incitación a la “sedición”; Raquel Tenías, absuelta de un delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad; y Belén Lobeto, cuya sanción en aplicación de Ley Mordaza fue finalmente archivada.

En el quién es quién de la Audiencia Nacional -tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Justicia se han negado a confirmar la lista- hacemos un repaso a las actuaciones en los casos más polémicos y nos detenemos en un asunto un tanto desconocido: las puertas giratorias de la Fiscalía la Audiencia Nacional.

Contamos con una entrevista a Baltasar Garzón, que fue juez de instrucción en la Audiencia Nacional durante más de dos décadas, y a? que preguntamos por el cierre de los diarios Egin y Egunkaria.

Asimismo, publicamos un análisis de la abogada Isabel Elbal, la experiencia en las redes de Barbijaputa y una guía rápida de los derechos de las personas detenidas elaborada por Eduardo Gómez, de la Asociación Libre de Abogados. 

Desde el punto de vista internacional, abordamos cómo el incremento de ataques yihadistas está sirviendo de excusa a muchos países de Europa para endurecer leyes que afectan directamente a la libertad de expresión. Y nos detenemos específicamente en el caso de Alemania y su legislación particular contra el nazismo.

En Cultura, nos centramos en esas voces disidentes de la comedia que cada día se intentan hacer hueco en España. Y, como en cada número, contamos con las secciones habituales: los Apuntes de Economía, de Eduardo Garzón, Lo mejor del BOE, de Eva Belmonte, la viñeta de Atxe, el relato breve de Isaac Rosa, las recomendaciones culturales de Bob Pop, Elena Rosillo, Antonio Ligero y Alfonso Álvarez Dardet, y nuestra Herstory, dedicada este mes a Margaret Sanger, la pionera de la planificación familiar a la que también intentaron silenciar.

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