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Humanos en jaulas

En el año 2006 se estrenó Hijos de los hombres, una película de Alfonso Cuarón basada en la novela de la escritora P.D. James. Del desarrollo del argumento tiraba una hipótesis distópica: la especie humana era incapaz de reproducirse. Apenas se nos dab…

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“Archidona es un banco de prueba para normalizar los inmigrantes en la cárcel”

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La abogada y senadora de Podemos Maribel Mora ha seguido muy de cerca durante años la situación de la población reclusa y migrante como miembro de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). La semana pasada visitó la cárcel de Archidona (Málaga), que ha sido reconvertida en CIE por el Ministerio de Interior. El Defensor del Pueblo, en una visita anterior a las instalaciones, ha constatado la violación de derechos de las personas allí encarceladas.

¿Cómo se han podido encarcelar a migrantes en la cárcel de Archidona?

En primer lugar, hay que afirmar tajantemente que la reclusión de cientos de migrantes, recién llegados a nuestras costas en patera, atenta contra la legalidad vigente, contra la propia Ley de Extranjería que aprobó el PSOE y sobre la que el PP posteriormente incluyó modificaciones que amparaban, por ejemplo, las devoluciones en caliente que ya se practicaban durante el gobierno socialista. En las resoluciones judiciales que el Ministerio del Interior utiliza para justificar su actuación se habla de internamiento en un centro de carácter no penitenciario dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, cuando es un centro precisamente penitenciario por un lado y no existe siquiera una Jefatura Superior de Policía en Archidona por otro. Otros autos hablan del centro de internamiento de extranjeros habilitado que corresponda (es la nomenclatura que se utiliza para habilitar centros temporales) y esta cárcel no dispone de ninguna orden que le habilite como centro de internamiento temporal. Entre otras cosas porque no es posible hacerlo en un centro de carácter penitenciario. Es más, la orden que está publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017 es de creación como centro penitenciario. Me consta que varios colectivos sociales han puesto en manos de la Fiscalía esta grave irregularidad. Y ya hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, detallando estas graves irregularidades que observamos e instándole a que actúe con urgencia ante una vulneración evidente de los derechos fundamentales de las personas a las que se ha privado de su libertad.

¿Entonces cómo, aun así, están encarcelados? El Defensor del Pueblo ya ha dicho que esas condiciones violan los derechos de esas personas…

Sucede, por desgracia, que aunque existen organismos a nivel estatal como internacional con competencias para fiscalizar posibles violaciones de los derechos humanos, Defensor del Pueblo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo, no existen mecanismos para hacer efectivos sus dictámenes. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a las devoluciones en caliente, que considera ilegales, ya hemos visto que el Gobierno no lo acata cuando no le parece porque no hay mecanismos para que hagan ejecutivas sus sentencias. En el caso del Defensor del Pueblo, puede emitir recomendaciones solamente. En el caso de Archidona, el Defensor reconoce que se dan numerosas irregularidades y vulneraciones de la legalidad y de los derechos humanos, pero no insta a su cierre, entre otras cosas porque no tiene competencias para hacerlo. Eso sí, puede ser más o menos contundente y crítico con el Gobierno. En este caso toca ser lo más tajante posible porque estamos hablando de uno de los actos más graves en la historia de los internamientos de migrantes en España y un banco de pruebas para normalizar esta barbaridad y usar módulos de prisiones para internar inmigrantes que lleguen en pateras.

¿Cree que el Gobierno está endureciendo –aún más– las medidas contra la migración conscientemente, es decir, como un nuevo modelo iniciado con la legalización de las devoluciones en caliente?

Sí, así es. Nuestro país, por desgracia, ha sido el alumno aventajado de una Europa que prefiere mirar hacia otra parte ante la crisis humana que afecta a África, Oriente Medio y al conjunto del mundo árabe. La misma política de externalización de fronteras que Europa ha negociado con un país como Turquía, con acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, ya las habían puesto en práctica gobiernos españoles de diferente signo político (PP y PSOE) con Marruecos y otros países africanos, Estados con un grave déficit democrático. Lo que ha sucedido en Archidona puede sentar un grave precedente. El Gobierno ha recluido en una prisión a cientos de personas migrantes que huyen de la violencia y la miseria, algunos siendo víctimas de mafias que les han traído a Europa a través de una peligrosa travesía en patera. Cuando eso sucede, nos podemos temer lo peor, es decir, la criminalización de las personas migrantes. Es un banco de pruebas para ver cómo reacciona la opinión pública ante el hecho de recluir a migrantes en las cárceles. Si consiguen que esta posibilidad se normalice en la ciudadanía nos vamos a encontrar con que el Gobierno planteará una reforma legal en este sentido. Es un momento muy peligroso y grave.

¿Y cree que está habiendo suficiente contestación con respecto al caso de Archidona?

Creo que, a pesar de que numerosos movimientos y colectivos sociales están denunciando el inhumano encarcelamiento de migrantes en Archidona, la actualidad informativa que se nos impone va por otros caminos y un suceso tan grave y terrible pasa desapercibido para la mayoría de la población. Por eso vamos a seguir denunciando esta situación y estoy convencida de que habrá una importante contestación social y muchas personas que ocupamos puestos de responsabilidad política haremos todo lo posible para evitar la criminalización de la pobreza, y la ampliación de los políticas de externalización de fronteras que, pisoteando los DDHH de las personas migrantes, es lo que suponen los planteamientos del Partido Popular.

¿Qué opina de la presentación del CIE de Algeciras que hizo el ministro Zoido?

Me parece lamentable que el señor Zoido se atreva a acudir a Algeciras, donde hay un CIE cuyo plan de emergencia reconoce que sería imposible evacuar a las personas internas en caso de incendio. El ministro Zoido presentaba feliz un nuevo modelo de CIE pretendiendo hacernos creer que se trata de una especie de hotel 5 estrellas para inmigrantes. Por cierto, esas condiciones que vendía a bombo y platillo como algo fantástico que graciosamente pretende dar a los migrantes que encierra, son solamente las condiciones que según nuestra actual legislación deberían tener todos los CIE. No hay ningún CIE 5 estrellas, como Zoido nos intenta hacer creer. Se está publicitando la creación de nuevos CIE sin analizar si quiera la efectividad del sistema. Más de la mitad de las personas que internamos no son expulsables y quedan después en libertad. No tiene sentido que les dejemos hasta 60 días sin libertad para nada. En el CIE de Algeciras no se llegan a expulsar ni el 4% de las personas que se internan. Eso sí, el sufrimiento de alguien que llega después de meses o años de tránsito huyendo para terminar aquí es indescriptible. Estamos internando a personas que sufren naufragios en la patera donde ven perder la vida a amigos o compañeros de viaje, y tal como los rescatamos en el mar los metemos en un CIE.

¿Qué es lo peor del CIE en sí mismo?

Es terrible el hecho de que a una persona que no ha cometido ningún delito, sino una simple falta administrativa al acceder irregularmente a territorio español (entre otras cosas porque no hay vías seguras para hacerlo de forma regularizada), se la prive de libertad, se le limiten sus derechos más esenciales y se la obligue a vivir en condiciones inhumanas, tal y como sucede en los CIE de Algeciras y Tarifa, por ejemplo. A todo ello hay que añadir que los CIE no son siquiera útiles para la política migratoria del actual Gobierno. A la mayoría de personas a las que se interna no se las podré devolver a sus países de origen, porque no hay convenios de retorno firmados con los mismos. Y eso el Gobierno lo sabe. ¿Por qué mantienen los CIE como una herramienta central en sus políticas migratorias? Por que es mucho más fácil jugar con el miedo mostrando un enemigo, al que se criminaliza, que viene de fuera y que viene a “robarnos” lo que tenemos, mostrando así a “sujetos” a los que se trata como objetos y son deshumanizados. Sin embargo, otra política migratoria es posible. Respetuosa con la legalidad internacional de Derechos Humanos que España ha suscrito, y con nuestra propia legalidad, pero el Gobierno no está interesada en ello.

¿Por qué se incumplen sistemáticamente los DDHH si son eso, derechos humanos?

Los derechos humanos se vulneran, por desgracia, a lo largo y ancho del mundo, tanto en los países en vías de desarrollo como en las sociedades occidentales, en las que presuponemos que existen más garantías y libertades. Los responsables son los propios gobiernos en la mayoría de los casos. Las personas no se colocan en el centro de las prioridades políticas. A parte de que se usan dobles raseros y no se garantizan igual a todas las personas. 

¿Por qué no ocurre nada cuando los Estados violan los DDHH?

Recientemente en el Senado se ratificó el CETA, un tratado comercial que, una vez aprobado, vincula de manera efectiva a los Estados firmantes para afectar radicalmente a la sociedad en su conjunto. Sin embargo y muy lamentablemente, no sucede lo mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con otros convenios internacionales, que para los Estados tienen un carácter meramente simbólico. En este sentido, por ejemplo, es sintomático lo que sucede en Europa, a priori una referencia en materia de libertades y donde existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, y cuyas sentencias no son de obligado cumplimiento por los Estados firmantes. Los pilares europeos se basan después de la II Guerra Mundial en proteger por ejemplo a los refugiados. Sin embargo, los intereses espurios tanto en este tema como en otros muchos están transformando Europa en un espacio insolidario y racista.

¿Cuánto hemos retrocedido en el cumplimiento de los DDHH?

Efectivamente, durante la última década, existe un retroceso en materia de derechos humanos que tiene que ver con una crisis (económica, política e incluso civilizatoria) de índole global. Sucede en un Oriente Medio que se desangra por las guerras y la violencia, pero también en una Europa que se sacude con movimientos xenófobos, islamófobos y antisemitas. Pienso que estamos en un momento crítico en el que es muy importante que a nivel personal y colectivo analicemos en qué sociedad queremos vivir y qué mundo vamos a dejar para quienes nos sucedan.

¿Y en España?

España, por desgracia, no es una referencia en materia de derechos humanos. El pasado 3 de octubre conocimos una sentencia del TEDH que consideraba “ilegales y contrarias a los derechos humanos” las devoluciones en caliente que se producen en nuestra frontera sur. Sin embargo, es algo que afecta al común de la sociedad y las políticas puestas en marcha por el Partido Popular durante los últimos años son una amenaza al común de la sociedad. Aunque debemos recordar que fue en épocas del Gobierno del PSOE cuando se comenzaron a realizar estas prácticas inhumanas y fueron quienes pusieron las concertinas. Es una realidad que las personas migrantes son víctimas sistemáticas de unas políticas que durante los últimos años han recortado sus derechos. Miles de migrantes malviven durante años en nuestro Estado sin posibilidad de tener papeles, tener por tanto trabajo legalizado, se les niegan derechos como ciudadanos pero no pueden volver a sus lugares de origen. Son ciudadanos de segunda categoría a los que abandonamos y miramos hacia otro lado. Las cárceles, donde como activista he estado involucrada durante 20 años, son otros de los lugares donde observamos preocupantes violaciones de los derechos humanos. De hecho el TEDH nos ha condenado ocho veces por no investigar suficientemente casos de malos tratos o torturas. Es quizás este uno de los mayores problemas de vulneración de DDHH que además se niegan. Mientras que se niegue la existencia de la tortura no avanzaremos como sociedad para erradicarla.

¿Qué derecho se incumpla en las cárceles españolas todos los días?

El derecho a la salud, por ejemplo. Un 40% de la población reclusa de nuestro país padece algún trastorno mental y en muchas prisiones no acude ningún psiquiatra. Un 6% es portador del VIH y hasta un 20% tiene hepatitis C sin que, por ejemplo, tengan acceso a los últimos tratamientos para combatir la hepatitis C en igualdad de condiciones que las personas en libertad. Las condiciones de la atención sanitaria en las prisiones son muy deficientes.

¿Qué es lo más doloroso que ha visto en primera persona relacionado con el incumplimiento de los DDHH?

Los casos de tortura, que afectan fundamentalmente a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, personas presas o migrantes. Por desgracia en nuestra frontera sur y en las cárceles españolas se ven casos de vulneración de los derechos humanos terribles y escandalosos.

¿La sociedad sabe en general qué son los DDHH y que se violan a diario, por ejemplo, en asuntos de sanidad, vivienda, educación…?

Yo sí creo que las personas tenemos conciencia, por un instinto casi natural, de lo que es justo y de lo que no lo es. Hace ya varios años, con el estallido del 15-M, pudimos observar a una sociedad que se rebelaba contra la injusticia, que exigía fundamentalmente dignidad. También pienso que tanto la crisis económica como las nefastas políticas de los últimos años son un grave peligro, porque es posible que puedan generar sociedades menos solidarias, más arbitrarias e individualistas.

Se está legislando incluso contra los derechos humanos. La ley mordaza, otro ejemplo.

Para mí es evidente que la ley mordaza tiene como principal objetivo criminalizar la legítima protesta de una sociedad que se movilizaba contra los recortes sociales y contra la corrupción. Creo que la mayor parte de los gobernantes europeos son también conscientes de la involución democrática que la ley mordaza supone. Sin embargo, la actual Europa se ha edificado sobre los principios económicos del neoliberalismo y no sobre el respeto a los derechos humanos.

¿Por qué no se ha derogado todavía?

Tengo una absoluta confianza en que existe una mayoría parlamentaria que nos va a permitir derogarla en la actual legislatura. Es evidente que una amplia mayoría social está en contra de los recortes de libertad que el PP puso en marcha amparándose en su mayoría absoluta. Esperemos que esa mayoría social sea también mayoría parlamentaria.

¿Qué relación ve entre DDHH y el sistema económico en el que vivimos? ¿Qué papel juegan las políticas de austeridad y recortes?

Se trata de una relación estrecha y directa. Las sociedades que más se preocupan por respetar los derechos humanos son aquellas donde menos desigualdades existen y donde se procura garantizar al conjunto de la población unas condiciones mínimas de dignidad. Los recortes y el austericidio de la última década nos ubican en una perspectiva contraria. Cuando se recorta en sanidad y en educación, obviamente, se está recortando en derechos humanos y se está menoscabando la dignidad de nuestra sociedad.

¿Hacia dónde vamos en general? ¿Cómo quedarán los DDHH pongamos año 2049? Habría que redactarlos de nuevo?

Más que redactarlos de nuevo, creo que es necesario garantizarlos. Creo que durante los últimos años se ha producido una grave involución. A escala global, pero también en el Estado español. No soy capaz de prever en qué situación nos encontraremos en 2049, pero soy optimista y quiero pensar que podemos invertir la última deriva que hemos vivido. Eso solo será posible si la mayoría social lucha para que la minoría que ostenta el poder económico no imponga un modelo de sociedad donde unos pocos hacen el agosto a costa de los derechos del resto.

¿Es mayor el cumplimiento de los DDHH que su vulneración?

Es complicado hacer ese cálculo. Creo que es más interesante pensar sobre la dirección en la que vamos. Se trata de una reflexión tanto personal como colectiva respecto a la sociedad en la que queremos vivir, sobre las condiciones de vida que queremos, no solo para nosotras mismas, sino para nuestras semejantes también.

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El periodista que le preguntó al Gobierno por el niño muerto en Cádiz: “Desgraciadamente estamos acostumbrados”

“Probabilidad de una nueva tragedia #FronteraSur: aparición de un niño migrante muerto, entre 9 y 10 años, en la playa de los Caños (Vejer)”. Este tuit, escrito por el cura Gabriel Delgado el pasado viernes, fue la primera información escrita sobre el hallazgo de un menor de entre cinco y siete años en avanzado estado de descomposición en la costa de Barbate. Un día después, el sacerdote, secretario diocesano de Migraciones de Cádiz y Ceuta, volvió a alertar del hecho: “La muerte de Aylan, el niño sirio, conmovió al mundo. El viernes aparece el cadáver de un niño migrante en una playa gaditana y nadie dice nada”. Y, de nuevo, al día siguiente, Delgado denunció en unas declaraciones a la Cadena SER el “silencio oficial” de la tragedia: “A mí me ha sorprendido que en una playa nuestra, conocida, como la playa de Los Caños, no haya habido ningún tipo de reacción. Yo espero que por parte de los organismos oficiales haya algún tipo de información que confirme esto. Es un hecho muy grave. Horroroso”. La SER sólo había tenido una confirmación “oficiosa”.

Ese domingo, horas más tarde, un teletipo de la agencia Efe recogía la confirmación de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz: el menor había sido localizado por la Guardia Civil, tras un aviso ciudadano, el viernes por la mañana, es decir, dos días antes. “Es sorprendente y denunciable que hasta hoy [por el domingo] no se haya conocido la noticia, pues la Subdelegación del Gobierno no ha realizado comunicación alguna. Mueren personas en nuestra costa y la indiferencia es absoluta, ni siquiera lo comunican”, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en un comunicado.

¿Se quiso ocultar el hecho? ¿Quiso el Gobierno que el hallazgo, del que no se ha publicado ninguna foto, pasara desapercibido? La Delegación del Gobierno en Andalucía niega rotundamente que quisiera ocultarlo y asegura que el subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, dio la información en una visita a las obras que se están realizando en las playas de El Palmar, en Vejer, y Conil. “Sí había periodistas, pero yo ya no sé por qué no lo publicaron”, sostienen desde el Gobierno, que insisten en que actuaron como es habitual: “No hacemos notas de prensa porque es información que nosotros recibimos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil”, añaden. Algunos medios sí recogieron aquel día una nota de prensa de la Subdelegación sobre las citadas obras y la inversión realizada. “Había una tele local, que fue la que preguntó por el hallazgo del niño, y el subdelegado lo confirmó, pero no tuvo mayor transcendencia”, cuenta a La Marea una fuente conocedora del caso. Así lo recogió 8 La Janda, con explicaciones del subdelegado, pero a petición del periodista de la cadena Guillermo Ortiz, no por iniciativa propia.

“Aquella mañana hubo dos convocatorias de prensa. Una en Conil y otra en Vejer. Los medios acudieron a la de Conil: Diario de Cádiz, la Cadena SER, Radio Juvenil Conil y nosotros. A la de Vejer sólo fuimos nosotros. Cuando llegamos, la Guardia Civil estaba comentando que había aparecido un niño muerto. Aún no había llegado el subdelegado, que creo que ni lo sabía en ese momento, y tardó en llegar. Le dije al jefe de prensa que le iba a preguntar por el caso después del acto. Y así ocurrió. Me contó lo mismo que la Guardia Civil y que, de momento, todo eran hipótesis”, relata a La Marea. Ortiz se muestra sorprendido por la repercusión del asunto: “Desgraciadamente, aquí estamos acostumbrados”.

La activista de Caminando Fronteras Helena Maleno también niega que la Administración haya querido ocultar nada. Todo lo contrario: “Cuando apareció el cuerpo nos llamaron al minuto uno porque sabían que buscábamos a un niño y la posible familia lo supo inmediatamente. Han facilitado todo y han colaborado con nosotras y cuando han venido los familiares se han comportado con sensibilidad y profesionalidad”. Maleno añade que lo pondrán en su informe como ejemplo de buenas prácticas: “Eso es lo que esperamos de una administración pública, eso es lo que criticamos que en muchos lugares no se hace, como con naufragios en Canarias. Esta vez nosotras estamos agradecidas y se han comportado como debe comportarse un Estado democrático”.

Entre las personas que buscaban tras el naufragio frente a las costas gaditanas a mediados de mes, se encuentra un niño llamado Samuel, hijo de una mujer procedente de Congo que también viajaba en la patera. “Las familias o posibles familias tienen derecho a saber antes que los medios de comunicación por el impacto y el daño. Y creo eso es tal vez lo que han intentado hacer. Lo mismo que harían con una familia española”, concluye Maleno. El padre de Samuel ya ha dado toda la información a la Guardia Civil para ayudar a la identificación del menor.

Concentraciones y más medidas

Este lunes ha habido una concentración de repulsa en Barbate y la APDH-A ha convocado otra para este martes. Desde los partidos políticos, también ha habido reacciones. “Estamos como anestesiados y no hacemos lo suficiente”, ha afirmado el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez, ha lamentado que el “foco mediático” esté en el muro de Trump con México: “Nuestro muro está en la frontera sur y en ese cementerio”. La senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, que ve un paralelismo con el caso de Aylan, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre el dispositivo de rescate que se puso en marcha desde que se tuvo conocimiento del naufragio del 12 de enero, por los medios materiales que se utilizaron y hasta qué fecha se mantuvo el operativo. Además, pide al Ejecutivo toda la información de que dispone sobre el resto de pasajeros de la embarcación. Desde IU, su coordinador general en Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado las muertes de inmigrantes como “asesinatos” y ha insistido en que deben recaer en la “conciencia de la Unión Europea” y en su “política de muros”. En Ciudadanos, la diputada Isabel Albás ha pedido al Gobierno que se implique de una forma más seria.

“La única forma de evitar las muertes en el Mediterráneo es estableciendo rutas seguras y legales. España tiene una gran responsabilidad ya que la frontera sur es la puerta de entrada de muchos migrantes y refugiados y debe hacer todo lo posible para protegerles y darles una acogida digna”, afirma el director general de Save the Children, Andrés Conde, que ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Las pateras continúan llegando.

*Información actualizada el 31 de enero. 

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“¿Siete muertos en Cádiz? Ni idea”

Seis barcos de papel. Treinta y seis velas encendidas. Dos pancartas tumbadas en el suelo: “No más muertes en el Estrecho. Por un Mediterráneo solidario“, dice una. “Europa mata”, dice otra. “Contra la violencia institucional a los inmigrantes”, reza una tercera en vertical. Suena música clásica. Sevilla, siete de la tarde. El Ayuntamiento a la espalda. Medio centenar de personas portan pequeños folios sobre sus pechos: “No más muertos”. Se oye ahora una versión flamenca del himno de Andalucía. “¿Siete muertos en Cádiz? No tenía ni idea”, susurra una mujer joven que llega mientras se disuelve, media hora después, la concentración.

El hallazgo de siete cadáveres en las costas andaluzas el pasado fin de semana vuelve a poner en evidencia la invisibilidad de un drama que no cesa. La mayoría de las personas reunidas superan los 50 años y, todas juntas, no suman los casi 200 muertos que el mar se tragó en 2015 según el último informe Frontera Sur, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), convocante de la protesta en la capital andaluza y otra en Cádiz, donde se concentraron unas 150 personas, según la organización. “Ha sido una convocatoria urgente, en menos de 24 horas”, explica a La Marea Juan Vázquez, que se mueve de un lado a otro en la pequeña manifestación con un bastón en la mano. “Esto es lo de siempre. Europa y el Gobierno español dan la espalda. Es terrible el olvido de la gente. Muchas personas, además, están muriendo congeladas. Por eso queremos estar presentes y denunciar”, añade Vázquez, desde la APDHA.

El citado informe contabiliza 195 muertes de personas que intentaban llegar a España, frente a las 131 del año anterior. De ellas, fueron localizados 64 cadáveres. “Ciertamente esta cifra parecerá minúscula frente al inmenso drama que en 2015 se llevó la vida de 3.770 personas en el mediterráneo central y en el Egeo. Pero sigue siendo moralmente intolerable para un país democrático y respetuoso de los derechos humanos”, escribe Rafael Lara en el estudio.

El círculo en torno a las pancartas y las velas va creciendo discretamente con viandantes que caminan, de paso, por la céntrica Plaza Nueva. “África no tiene futuro en el capitalismo porque Europa necesita de su riqueza para sus soluciones”, lee uno de los manifestantes. “El Gobierno siempre usa el recurso manido de culpar a las mafias”, continúa otro. La lectura continúa con muestras de solidaridad hacia las personas refugiadas en los campos helados de Europa.

En 2015 llegaron 16.111 personas a España, un 34% más que el año anterior. De ellas, el 23% eran menores: magrebíes no acompañados y subsaharianos de corta edad que venían con sus familias, detalla el informe. En la ruta de Canarias, que había dejado de ser utilizada, se ha producido también un incremento de interceptaciones: de las 296 de 2014 a las 874 de 2015. Casi el triple. La APDH-A atribuye este aumento a la situación en el Sahel, la inestabilidad por la guerra y ataques terroristas de las rutas que atraviesan el desierto del Sáhara y la creciente inseguridad alimentaria en la zona.

“Es deleznable que, desde el punto de vista de la humanidad como sociedad, las alambradas, las devoluciones en caliente, el sufrimiento y la muerte sean la única respuesta a las personas que buscan vida y dignidad”.

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Obama debería otorgar el perdón presidencial a los inmigrantes indocumentados

Dentro de unos días, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos. Su gobierno contará con el respaldo de ambas cámaras del Congreso, ambas controladas por el Partido Republicano. Ya se están preparando una serie de decretos y legislación regresiva para asegurarse de que los primeros 100 días de Trump en el gobierno logren borrar de un plumazo lo conseguido durante la presidencia de Barack Obama.

Trump fue una de las principales voces del movimiento que, mediante una campaña racista, intentó socavar la legitimidad de Obama, acusándolo de no ser ciudadano estadounidense, sino de haber nacido en Kenia. Ahora Trump pretende socavar el legado de Obama desde la presidencia. Pero Barack Obama seguirá siendo el Presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero. Hasta el último día de su mandato conserva las amplias facultades ejecutivas que le otorga el cargo. Por ese motivo, un creciente movimiento popular está instando a Obama a que utilice la clemencia ejecutiva y el indulto para proteger a los millones de inmigrantes indocumentados del país de ser deportados en forma masiva, como prometió una y otra vez Trump en la campaña presidencial.

Por si acaso alguien piensa que la promesa de deportación de Trump es pura bravuconería, la agencia de noticias Reuters informó el martes acerca de un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional que resumía una reunión de diciembre entre el equipo de transición de Trump y el organismo. Según Reuters, el equipo de transición de Trump solicitó detalles sobre la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre la capacidad de incrementar la detención de inmigrantes y la posibilidad de restaurar la vigilancia aérea agresiva en la frontera sur de Estados Unidos (que el Gobierno de Obama disminuyó). Además, el equipo de Trump también consultó si algún funcionario del Departamento de Seguridad Nacional había “alterado la información biográfica de algunos inmigrantes por temor a que se violaran sus libertades civiles”, lo cual resulta aterrador.

Esta última pregunta revela la posible preocupación del equipo de transición de Trump de que empleados federales podrían estar eliminando de las bases de datos del gobierno información de identidad de los más de 740.000 jóvenes que se registraron en el Departamento en virtud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), iniciado en junio de 2012.

El 5 de diciembre, un grupo de 106 congresistas escribieron al Presidente Obama para instarlo a que proteja esa información: “Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y funcionarios públicos han promovido el programa DACA para los Soñadores sobre la base de la premisa de que la información que proporcionarían al Departamento de Seguridad Nacional no sería utilizada en el futuro para deportarlos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que el Gobierno de Trump traicione la confianza que estos jóvenes estadounidenses depositaron en nosotros y en el gobierno”, decía la carta.

Además del nombre, fecha de nacimiento, huellas dactilares y otros datos biométricos, el Departamento de Seguridad Nacional también registra el domicilio de estas personas, lo que podría poner en peligro a otros miembros de la familia que carecen de documentación legal en Estados Unidos. El representante de Arizona Raúl Grijalva, que copreside el comité progresista del Congreso, habló con Democracy Now! al respecto: “Les pedimos a estos jóvenes que se presentaran de manera voluntaria y les garantizamos que protegeríamos su información y, lo que es más importante, la de sus padres y familiares en Estados Unidos ya sea que estén indocumentados o no”.

El Gobierno de Obama ya ha adoptado una medida similar tras la elección de Trump al poner fin formalmente al programa conocido como Sistema de Seguridad Nacional de Registros de Entradas y Salidas (NSEER, por sus siglas en inglés), creado en 2002 como parte de la “Guerra contra el terrorismo”. El programa estaba dirigido a personas provenientes de determinados países de población mayoritariamente musulmana y fue eliminado por Obama para evitar que sea utilizado como parte de un registro de musulmanes.

Evitar deportaciones masivas

A nivel local, ciudades como Nueva York también se están preparando para resistir las posibles políticas de Trump. El alcalde Bill de Blasio prometió proteger la información de más de 850.000 inmigrantes que tienen documentos de identidad municipales de la ciudad de Nueva York. Muchas ciudades se están convirtiendo en refugios de protección de los inmigrantes o están reafirmando su condición como tales, en respuesta a la amenaza de Trump de realizar deportaciones masivas.

Una serie de miembros del Congreso, junto con grupos como la Coalición Hispana de Nueva York y la Dream Action Coalition están solicitando al Presidente Obama que no solo proteja los datos registrados en las bases del DACA. Quieren que vaya más allá y conceda una amnistía a todas las personas que se registraron en el programa DACA.

El reconocido lingüista y disidente político Noam Chomsky ha llevado esta idea más lejos. En un video publicado en Internet en apoyo a la campaña, dijo: “[Obama] debería proceder a lo que, de hecho, es una necesidad urgente: otorgar un perdón general a los 11 millones de personas que viven y trabajan aquí, ciudadanos productivos en todo sentido excepto en los papeles, que se ven amenazados con ser deportados por el gobierno entrante. Esta sería una terrible tragedia humanitaria y un atropello moral que puede evitarse mediante una amnistía general a las infracciones de inmigración, que el Presidente podría emitir. Y juntos deberíamos exigirle que adopte las medidas necesarias lo antes posible”.

Poderes presidenciales

“El poder del perdón presidencial es uno de los poderes con menos limitaciones otorgados al Presidente en la Constitución”, escribió James Pfiffner en 2007 para la fundación conservadora Heritage Foundation. Los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson otorgaron amnistía a rebeldes confederados. El Presidente Gerald Ford y el Presidente Jimmy Carter dieron amnistía a más de 200.000 estadounidenses acusados de resistir el alistamiento durante la Guerra de Vietnam (Donald Trump no necesitó pedir la amnistía, ya que obtuvo cuatro aplazamientos por asistir a la Universidad y uno por un supuesto espolón óseo). Cuarenta años después de Carter, el Presidente Obama puede utilizar su inmenso poder de perdón presidencial para apaciguar la guerra contra los inmigrantes que, de otro modo, bajo el Gobierno de Trump, corre peligro de ser cada vez peor.


© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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