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La gran guerra mundial

En el mundo encontramos muchos conflictos de todo tipo, pero detrás de todos ellos hay una guerra global: la guerra de ricos contra pobres. Naturalmente de esto los medios de comunicación no hablan. Todo lo contrario, niegan rotundamente que exista tal guerra, y el gran coro de intelectuales a sueldo y serviles informadores aseguran que todo es consecuencia de unas leyes económicas tan inevitables como la ley de la gravedad. Tampoco dicen como recompensan a los fieles economistas que se han sacado esas leyes de la manga.

Lo que pasa es que son tan prepotentes que alguno se va de la lengua, como Warren Buffett, uno de los mayores multimillonarios del mundo, que lo reconoció abiertamente con una frase que se ha hecho famosa: “Hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos”. Y son precisamente los conflictos entre nacionalidades y religiones lo que es fomentado por los ricos para enfrentar a unos pobres con otros y poder seguir con su labor de expolio de la humanidad. Mientras se discute de la independencia de Cataluña no se habla de la escandalosa corrupción que se ha dado en uno y otro campo, ni de los retrocesos sociales que hemos sufrido tanto en Cataluña como en el resto de España.

Hoy cierta izquierda habla mucho de Memoria histórica, pero parece que hemos olvidado elementos fundamentales de la Historia. Los movimientos socialistas, lo mismo en la versión marxista que en la anarquista, surgen con un marcado carácter internacionalista. La organización que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos se denomina Primera Internacional de los trabajadores. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo.?Surjan enfrentamientos y divisiones entre sus miembros, pero las nuevas organizaciones que se forman siguen conservando el nombre de internacional. Su himno es precisamente” La Internacional” y su consigna: “Proletarios del mundo, uníos”. El problema más grave nace precisamente a causa de las divergencias entre las posiciones de los movimientos socialistas de los distintos países, que con frecuencia se alinearon con los intereses del estado-nación frente al internacionalismo obrero.

Un momento clave es el comienzo de la Guerra Europea del 14. El socialista francés Jean Jaurès lucha denodadamente para evitar que los trabajadores franceses secunden el belicismo de su burguesía. Jaurés es asesinado y el pueblo francés se lanza a una lucha sangrienta contra el pueblo alemán. A partir de aquí, todos los conflictos entre nacionalidades responden de una manera u otra a intereses de la burguesía, incluido el conflicto del pueblo catalán. Lo que pasa es que lo disimulan muy bien, y además tenemos una buena parte de la izquierda demasiado ingenua.

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Y la política catalana se mudó a las redes

Todo empezó en el Instagram de Carles Puigdemont, y en un cielo decorado de gárgolas que aquel lunes 30 de octubre no era el cielo del 30 de octubre. O sea, que el expresident Puigdemont se había largado ya a Bruselas, pero aquella mañana despejada de Barcelona colgó en su cuenta de Instagram la foto de un cielo con cuatro nubes. Eso lo explicaron a posteriori los expertos en nubes –que el cielo era otro cielo–, pero los comentaristas radiofónicos andaban aquel amanecer dándole vueltas a la posibilidad o no de que Puigdemont hubiera “ido a trabajar”, pese a haber sido cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Bon dia ?

Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Quien sí había ido a trabajar era el conseller Josep Rull. “Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya”, publicó en su cuenta de Twitter. Podría ser verdad o no, podía estar trabajando o, como barajaban algunos periodistas, “recogiendo sus cosas”, ya que menos de una hora después volvía a Twitter para anunciar que dejaba el despacho. Lo único cierto es que aquella mañana de lunes en la que el Govern ya estaba cesado, hace una semana, los asuntos catalanes se mudaron a las redes. Y ahí siguen.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Surto del Departament per anar a la reunió del Comitè Nacional del @Pdemocratacat. Continuem amb l’agenda prevista #seguim

— Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

UN BARULLO

De hecho, el preludio al traslado virtual del Govern arrancó cuatro días antes de aquella jornada nublada en el Instagram presidencial, el jueves 26, justo en el momento en el que parecía que Carles Puigdemont había decidido convocar elecciones autonómicas en lugar de declarar la República.

Los estudiantes universitarios atestaban la Plaça de Sant Jaume al grito de “Puigdemont traidor” y en Twitter se multiplicaban insultos e improperios hacia un gobernante que no había tomado ninguna decisión ni había aplicado medida alguna. Pero así son las redes, y los diputados Jordi Cuminal y Albert Batalla, a las 13.27 y las 13.34 respectivamente, presentaron su dimisión. “Respeto la decisión, pero no la comparto nada”, escribía Batalla. “No comparto la decisión de ir a elecciones”, afirmaba Cuminal. Pero, ay, lo cierto es que no había ninguna decisión tomada. No solo eso, sino que acabaría declarándose la República, más o menos. Sin embargo, en las redes ya había sucedido lo contrario.

No comparteixo la decisió d’anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat

— Jordi Cuminal ? (@jordicuminal) 26 de octubre de 2017

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI

— Albert Batalla ? (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

En el vaivén de aquel jueves aciago, unas horas después quien dimitía era Santi Vila, entonces aún conseller d’Empresa i Conseixement de la Generalitat. Vila, no obstante, dimitía justo por las razones opuestas a las que habían llevado a sus correligionarios a hacerlo. “Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado”, publicaba en su cuenta de Twitter. Aún no había pasado nada exactamente, pero en las redes la suerte ya estaba echada.

https://twitter.com/SantiVila/status/923640609465827329

Y tal era el barullo, que el presidente del Gobierno de España decidió lanzar uno de sus “mensajes de legalidad” a la población. ¿Y dónde lo hizo? En su cuenta de Twitter. “Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR”, publicó a primera hora de la tarde del viernes 27. En el Senado se iba a aprobar la aplicación del 155 y en el Parlament catalán, la declaración de la República independiente. Pero nada de eso había sucedido aún en el mundo real. Las iniciales MR al final del mensaje querían decir que era el propio presidente quien había “escrito” la frase.

https://twitter.com/marianorajoy/status/923904575509327872

COSAS QUE NO SUCEDEN

A última hora del viernes 27 de octubre, finalmente se aprobaron la República catalana en el Parlament y la aplicación del artículo 155 en el Senado, algo que ya había sucedido horas antes en Twitter. Los diputados Albert Batalla y Jordi Cuminal, por cierto, volvieron a sus escaños como si tal cosa, ya que la dimisión había sucedido solo en Twitter.

Y ahí está el meollo de la cuestión. ¿Hasta qué punto suceden las cosas que suceden en Twitter?

No se trata de una cuestión baladí, ya que la marcha del expresident Puigdemont a Bruselas no solo ha reubicado allí su ejercicio como “presidente en el exilio”, según sus términos, sino que allí se traslada también su campaña electoral de cara a los comicios del 21 de diciembre. Para abrir boca, allí anunció el pasado día 4 de noviembre su opción por una lista unitaria.

És el moment que tots els demòcrates s’uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE

— Carles Puigdemont ? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

¿Y qué es una campaña electoral tuitera? Para empezar, lo contrario de la imagen de Miquel Iceta bailando aquel 11 de septiembre de 2015 junto a un pasmado Pedro Sánchez en el arranque de la campaña electoral del PSC.

Si las cosas siguen como están, podríamos vivir la primera campaña electoral en redes de la historia. Pese a que ya ha habido comicios en los que Twitter, Facebook, etc. han jugado su papel, el hecho de que un candidato se postule desde fuera del territorio añade cambios sustanciales. Para empezar, la idea de la gestualidad, tan importante en campaña, y los viejos mítines tendrán por fuerza que cambiar. Pero es que, además, los mensajes en la red tienen la particularidad de que van directamente del político al ciudadano, sin pasar por los medios de comunicación, y de igual forma reciben respuesta inmediata. O sea, que los analistas políticos, cuyo papel ha sido fundamental hasta el momento, no se dedicarán a desmenuzar lo que el candidato hace o dice, ni la asistencia de público, sino lo que el candidato ya ha publicado.

Queda por saber, no obstante, si lo que sucede y se afirma en Twitter se puede dar por cierto o si, como en el caso de Batalla y Cuminal, solo vale por un par de horas.

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Y España, ¿qué piensa de esto?

Mucho se ha hablado estos días de que al Procés catalán le falta apoyo internacional. El Procés es una montaña rusa para todo el que lo vive desde fuera, tan pronto son las hordas del mal como las víctimas de un sistema represor. Eso en cuanto a las redes sociales. En cuanto a los medios de comunicación, todo depende de si cubren el territorio español o el catalán. Los medios de comunicación y las redes solo reflejan –y a veces modifican un poco– lo que NO sucede. Lo que SÍ sucede va por otros cauces, en España, a menudo y lamentablemente, por esos que llaman “cauces judiciales”.

Sin embargo, el tuétano de este caldo no está en los medios, en las redes ni en los tribunales. La chicha está en la población española, la española no catalana. ¿Qué importa lo que piense Europa sobre Cataluña si pasamos por alto lo que piensa el resto de España? Y el resto de España, más allá de quienes ondean las banderas del nacionalismo patrio, permanece callado. O lo que resulta más sorprendente, apoyando las medidas de un Gobierno, el de Rajoy, que hasta hace dos días se consideraba el peor cáncer corrupto de Europa.

Tres pasos podrían ilustrar el pasmo.

PASO 1. Borrell pone voz al PP y C’s

El domingo 8 de octubre, la asociación ultraconservadora Societat Civil Catalana convocaba una manifestación en Barcelona que llenó la ciudad de banderas españolas y besos a los miembros de la Policía Nacional. Apoyaban la convocatoria el Partido Popular, Ciudadanos y fuerzas como Vox o la Falange, entre otros restos de dictadura. El acto habría tenido una relevancia relativa, sencillamente poner en evidencia la postura más conservadora sobre el Procés, si no fuera por la intervención del exministro Josep Borrell. Borrell tomó la palabra y se convirtió en la estrella. Pero no solo eso. Con su gesto blanqueó una manifestación de marcado carácter nacionalista español cuyo eje era el apoyo a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy.

La presencia de Borrell en el acto, su protagonismo y el “desenfado” con el que dio validez a las posturas más conservadoras son imprescindibles para comprender el posterior apoyo del PSOE de Pedro Sánchez a la aplicación del 155.

Desde el resto de España se celebró y aún se celebra esa intervención de Borrell en la manifestación de los ultraconservadores. Y, por lo tanto, la idea de aplicar el artículo 155 en Cataluña y cesar a todo un Gobierno y ocupar sus instituciones por parte de Rajoy no ha provocado ninguna respuesta entre los sectores llamémosles de izquierdas españoles.

PASO 2. Casado propone ilegalizar a los independentistas

El martes 17 de octubre, Pablo Casado declaró: “Hay países democráticos que no permiten partidos que vayan contra la propia configuración del Estado. Yo he dicho que eso se podría plantear”. Se refería a una posibilidad que, como al vuelo, lanzó la semana anterior: ilegalizar a los partidos que reclaman la independencia. Pese a que varios miembros del PP declararon entonces que “ese debate no está abierto”, el globo sonda estaba lanzado.

A Casado, enseguida se unió Xavier García Albiol: “Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no me parece admisible”.

Desde el resto de España nadie ha alzado la voz contra tal posibilidad, ni la ha recibido con la ración de escándalo democrático que merece.

PASO 3. El selfie de Iceta

El pasado domingo 29 de octubre, Societat Civil Catalana repitió manifestación. Esta vez no solo intervino Borrell, sino que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) se unió a la convocatoria. El éxito del exministro tras su anterior intervención animó a un partido en horas bajas, que decidió echarse al monte. Más allá de que, como admitió el propio Josep Borrell, segundas partes nunca fueron buenas, la jornada brindó una imagen que quedará para la posteridad. En ella, la cúpula del PP –Dolors Montserrat, Andrea Levy, Enric Millo y Xavier García Albiol— rodeaba a un Miquel Iceta en las antípodas de aquel que gritó a Pedro Sánchez aquel “Sálvanos de Rajoy”.

El “nuevo” PSOE liderado con Pedro Sánchez llegaba a la arena política, según su líder, a pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Nadie en la sociedad española parecía darse cuenta tras el selfie de que se estaba tratando justo de lo contrario.

Sin este último paso, precedido de los anteriores, resulta muy difícil explicarse por qué nadie en la sociedad española se levanta contra el encarcelamiento de más de la mitad de un Govern democráticamente elegido.

Pasos perdidos.

En pocos días se ha proclamado una república, se ha cesado a un gobierno, el Estado español ha decidido ocupar las instituciones catalanas, el president ha huido y se ha encarcelado a un exvicepresident, a siete exconsellers y dos presidentes de asociaciones catalanas. La pregunta no es qué piensa Europa. La pregunta es qué piensa España.

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La idiotez

Van a dar las siete de la tarde de este jueves 2 de noviembre cuando aparece Inés Arrimadas en la pantalla de mi televisor rodeada de micrófonos. La jueza Lamela de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete exconsellers. Aquí y allá hablan de riesgo de fuga, destrucción de pruebas, etc. de un Govern que, de hecho, ya fue cesado hace unos días por el Gobierno de España.

Las frases manidas que recorren radios, periódicos y televisiones van desde “la Justicia es igual para todos” hasta “quien la hace la paga”. Y entonces aparece Arrimadas. Conecta desde una universidad catalana. Pasa, como acostumbra, por el “respetamos las decisiones judiciales” y similares, pero hace especial hincapié en un argumento que últimamente cunde demasiado. “En Catalunya hay familias y amigos que ya no se hablan”, lamenta.

Cada vez que oigo “el drama” de los amigos que antes cenaban juntos los viernes y ahora no pueden y que, si por fin se animan a hacerlo, no se atreven a tocar “el tema”, cada una de las veces trato de buscar el momento de nuestra historia en el que nos volvimos idiotas. Siempre hay un primer momento. Por ejemplo, yo sé que cuando Aznar aseguró, sin despeinarse, que en Iraq había armas de destrucción masiva y los medios lo publicaron como si tal cosa, algo se quebró. Y como ese, busco el primer momento en el que no solo aceptamos un argumento idiota, sino que un político lo hizo suyo y lo utilizó públicamente. Como si no fuera idiota (el argumento, se entiende) o sin ser consciente de su idiotez.

Lejos de mí desear el mal a familias y amigos y lejos de mí también celebrar las cenas silenciosas. Sepa la señora Arrimadas que lamento muchísimo lo suyo, si es el caso, o lo de sus allegados, pero de ahí a convertirlo en un argumento para justificar que una jueza encarcele a medio gobierno democráticamente elegido después de que otro gobierno, el central, los haya cesado me parece una muy preocupante muestra de debilidad narrativa. Y el problema de usar ese tipo de argumentos, de la debilidad narrativa, es que contagian y empobrecen. Arrimadas dice “las familias no se hablan” (snif) y una legión de tertulianos repite “las familias no se hablan” (bua), de tal modo que entre la población queda admitido que el hecho –difícil de comprobar, por otra parte— de que las familias no se hablen es suficiente para que se cese a un gobierno y se encarcele a sus miembros.

Y por supuesto que no es así, que las razones del cese y encarcelamiento son muchísimo más complejas, tanto que no sé si aquellos entristecidos por las cenas familiares alcanzan a vislumbrarlo. Sin embargo, usar “las familias no se hablan” como forma de explicar la crisis catalana evidencia la falta de talla política de quien lo usa, su poca consideración hacia los ciudadanos y un empeño en empobrecer el nivel del discurso político.

Un detalle para finalizar, porque a veces olvidamos el lugar que ocupan aquellos que dejan caer sus argumentitos: Arrimadas es la “jefa de la oposición” en el Parlament de Catalunya. Y sus “familias rotas”, una muestra del nivel en “lo de Catalunya”.

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Los derechos humanos como ventaja competitiva

derechos humanos

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // “Este Plan de Acción contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones”. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, deja bien claro sus objetivos desde el principio del texto. Acompañado de la retórica habitual sobre este tema –“la protección y la promoción de los derechos humanos constituyen una prioridad para España”, se dice sin rubor ya en la primera frase–, lo que este plan viene a proponer es toda una batería de medidas basadas en la autorregulación empresarial. Y supone, tanto por la forma en que se ha elaborado como por su resultado final, una falta de respeto a todas las personas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por los abusos sobre los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones.

Sobre la forma

El proceso de elaboración del plan empezó hace casi cinco años. A principios de 2013, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación llamó a la apertura de un “proceso de diálogo con la sociedad civil” y lanzó una convocatoria a miembros de organizaciones sociales, sindicales, académicas y empresariales para “desarrollar un plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos”. Dicho “diálogo” –así, entre comillas, porque nunca tuvo nada de conversación entre iguales y sí mucho de participación ritualizada– se prolongó hasta finales de ese mismo año. Entonces, muchas organizaciones que habían colaborado en el proceso se desmarcaron de él al constatar que sus demandas no estaban siendo escuchadas y que, justo en sentido contrario, el contenido del plan se iba aligerando cada vez más. El texto resultante de esa “consulta con la sociedad civil” mucho más formal que real se publicó finalmente en junio de 2014, como un borrador elevado para su tramitación al Consejo de Ministros.

A partir de ahí, en los tres últimos años, apenas volvimos a saber nada más del plan. Y eso que diferentes organizaciones enviaron cartas al ministerio para ver si en algún momento tenían prevista su aprobación, a la vez que otras nos preguntábamos a qué respondía el secretismo en torno a ese documento y por qué parecía que se lo habían dejado olvidado en un cajón. No hubo más noticias hasta principios de este año, cuando el Partido Popular presentó una proposición en el Senado para instar al Gobierno a recuperar en 2017 el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. En realidad, todo respondía a una razón muy simple: como decíamos varias organizaciones en un artículo publicado hace unos meses en La Marea, “el Gobierno ha decidido sacarlo del cajón precisamente ahora que España aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Y es que para tener opciones a formar parte de ese organismo, con tres países compitiendo por dos puestos, el Ejecutivo español necesitaba presentar el plan para sumar puntos en su candidatura.

Por eso había tanto interés en que el proceso se acelerara y, como así fue, se aprobara el plan durante el verano. Sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participación, con una absoluta falta de transparencia y sin que hubiera constancia previa de las modificaciones introducidas en el texto por las presiones de la patronal y los Ministerios de Economía e Industria, nadie que no fuera el Gobierno pudo enterarse del contenido del documento hasta que fue publicado. Así lo han denunciado la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Amnistía Internacional, Greenpeace y otras organizaciones, mostrando su “disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del plan”. Finalmente, en este mes de octubre, después de que Francia se retirara de la pugna y de que el trámite fuera votado en la ONU, España ha logrado su objetivo y se sentará en el Consejo de Derechos Humanos durante los próximos tres años.

Sobre el fondo

El contenido formal y material se vincula con los Principios Rectores, que son el anclaje de la arquitectura jurídica de la impunidad en Naciones Unidas. Porque no olvidemos que, en el marco “proteger, respetar y remediar” promovido por Ruggie, las prácticas voluntarias y unilaterales de las empresas transnacionales se convierten en el único referente de sus obligaciones. Ahí se ubica perfectamente la idea de respetar los derechos humanos al margen de las cuestiones relativas a su responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes. Los Principios Rectores, al fin y al cabo, no son otra cosa que una sofisticación jurídica que devalúa la verdadera dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes empresas, puesto que –como se dice en su preámbulo– “no implican la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”. Esto no supone un avance en el control normativo de las grandes corporaciones, ya que la realidad transita en sentido inverso: la asimetría entre la fortaleza de la lex mercatoria y la debilidad de los acuerdos voluntarios se consolida como elemento central de la supuesta regulación.

En este contexto, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos es el aterrizaje de estos principios en el Estado español: “Este plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado ese proceso”. Esa es la idea que, como se traduce en todas y cada una de las medidas propuestas, atraviesa todo el documento: parecería que la única relación posible entre las grandes compañías españolas y los derechos humanos pasa por establecer un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas empresariales. No hay ninguna mención al diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos… que debería ser de obligado cumplimiento.

Desde sus orígenes, el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos nunca contempló varias cuestiones fundamentales: ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros países; asumir la noción de interdependencia e indivisibilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales del Derecho Internacional; incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos. Y tras sucederse las distintas versiones de un plan que se iba descafeinando cada vez más, ni siquiera algunas de las pocas medidas interesantes que se contemplaban al principio –como, por ejemplo, excluir de subvenciones y apoyos públicos a aquellas compañías que hubieran sido declaradas culpables, mediante sentencia firme de la autoridad judicial correspondiente, de violar los derechos humanos– han permanecido en el texto final.

En los sucesivos borradores, una y otra vez, han ido rebajándose las exigencias para controlar de manera efectiva las prácticas de las empresas transnacionales. Hasta quedar, finalmente, en nada: “Se presenta, por tanto, como un Plan de Empresas y Derechos Humanos con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados”, leemos en el plan que se aprobó este verano. Y las medidas que en él se incluyen son coherentes con esa declaración de intenciones: acciones y estrategias de sensibilización, campañas de formación, códigos de autorregulación, un sistema de incentivos y colaboración, medidas de información, capacitación y asesoramiento a empresas, etc. Pero, como hemos venido insistiendo en todos estos años, el Estado no debería informar y asesorar a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus operaciones; su función tendría que ser exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento efectivo de las normas que los regulan.

Sobre control y regulación

“Es mejor tener un plan que no contente a todo el mundo que no tener ninguno”, argumentan desde la Oficina de Derechos Humanos. A nuestro entender, sin embargo, este plan ni siquiera va a funcionar como un “mal menor”. Porque, de hecho, puede operar como un freno normativo a la hora de exigir responsabilidades efectivas a las grandes corporaciones por los impactos de sus negocios sobre los derechos humanos. Dicho de otro modo: si se consolidan las medidas basadas en la sensibilización del mundo empresarial, la comunicación y el diálogo, las prácticas de buen gobierno, la ética y la transparencia, la elaboración de memorias y guías, los códigos de buenas prácticas y la acción social, será imposible avanzar de manera efectiva en la instauración de mecanismos de control y normas vinculantes para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Que es lo que, por cierto, se está debatiendo precisamente estos momentos en Naciones Unidas, donde esta semana está teniendo lugar la 3ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Mientras el Gobierno español sigue demostrando su “compromiso con los derechos humanos” con la visita del ministro de Economía a los Emiratos Árabes Unidos para firmar un acuerdo que aumente el comercio bilateral, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ahora se está tratando de avanzar en la negociación de un tratado vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos en todos los países por igual. No en vano, en Ginebra se están oponiendo dos lógicas: la que aboga por la “responsabilidad social”, los Principios Rectores y los Planes de Empresas y Derechos Humanos, por un lado, frente a la que promueve la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las grandes corporaciones, por otro. Es decir, la impunidad del poder corporativo frente a los derechos de las mayorías sociales.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Una cronología catalana

3 de marzo de 1996. Pujol, enano… Acaban de celebrarse las elecciones generales que terminarán con la victoria de José María Aznar, al frente del Partido Popular, tras 14 años de gobierno socialista. Ante la sede madrileña del PP, los militantes corean a gritos una frase ya popular: “Pujol, enano, habla castellano”.

21 de marzo de 1996. Aznar “habla” catalán en la intimidad. En una entrevista en TV3, José María Aznar afirma: “La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje, y desde luego quiero decir que no solamente lo leo desde hace muchos años, la entiendo, y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también”. Dos semanas antes había ganado las elecciones generales sin mayoría absoluta.

Jueves, 24 de febrero de 2005: Pasqual Maragall nombra el 3% y lo retira. Se debate en el Parlament de Catalunya el hundimiento de un túnel en el metro del Carmel. Artur Mas y el entonces president Pasqual Maragall se enzarzan en una discusión en la que Maragall afirma: “Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3 per cent”. Mas responde furioso: “Vostè ha perdut completament els papers”, y añade “vostè engega la legislatura a fer punyetes”. Mas amenaza con romper el consenso que existe en los grupos catalanes para negociar con el Gobierno español un nuevo Estatut para Catalunya. Maragall responde entonces: “Accedeixo a la seva demanda”.

21 de enero de 2006. Zapatero pacta con Mas. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), se reúne con Artur Mas (CiU), líder de la oposición al president Pasqual Maragall, con quien firma el “acuerdo global” para aprobar un nuevo Estatut para Catalunya. Maragall poco después califica dicho acuerdo como “dudoso y precipitado”.

25 de enero de 2006. El PP arranca su campaña contra el Estatut. La pregunta es: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”. El Partido Popular lleva a cabo así una campaña de recogida de firmas contra el Estatut, encabezada por el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, que acaba presentando cuatro millones de firmas en el Congreso.

30 de marzo de 2006. El Congreso aprueba el Estatut. El nuevo Estatut sale adelante con los votos de PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG. Votan en contra PP, ERC y EA. Antes, el 21 de marzo se eliminan y “pulen” numerosos puntos. En abril, Alfonso Guerra declara su ya famosa frase sobre el Estatut: “Se ha cepillado (…) como un carpintero”. El 10 de mayo 2006 se aprueba definitivamente.

18 de junio de 2006. Referéndum. Los catalanes votan y aprueban en referéndum el nuevo Estatut con un 72,9% de los votos. Participa alrededor del 50% del censo. El 9 de agosto de 2006, el texto entra en vigor.

31 de julio de 2006. El PP acude al Constitucional. El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el TC al considerar el Estatut “una Constitución paralela”. Tras este recurso se presentan seis más. 

12 de septiembre de 2006. Solo 6.000 independentistas en la Diada. En la manifestación independentista paralela celebrada con motivo de la Diada participan 6.000 ciudadanos partidarios de la independencia, según la Guàrdia Urbana.

17 de septiembre de 2009. Millet confiesa su saqueo al Palau. Félix Millet, expresidente de la Fundació Orfeó-Català Palau de la Música, confiesa públicamente haber robado de la reputada institución al menos 3,3 millones de euros. Pide disculpas y explica que lo gastó en viajes, obras en sus domicilios y otros dispendios familiares. 

28 junio de 2010. El TC declara inconstitucional el Estatut y Catalunya se moviliza. Con seis votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Constitucional da la razón al PP y declara inconstitucional el Estatut. Afirma: “La Constitución no conoce otra que la Nación española”. Poco después, el día 10 de julio, se celebra en Catalunya una multitudinaria manifestación bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”. Según la Guàrdia Urbana, más de un millón de personas salen a la calle. Es la primera de toda una serie de movilizaciones que superan el millón de participantes.

27 de mayo de 2011. Los Mossos cargan duramente contra el 15-M. Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana dejan 121 heridos (37 de ellos policías) en una violenta carga contra los “indignados” acampados en la Plaça de Catalunya de Barcelona. Se pide la dimisión del conseller d’Interior, Felip Puig, por una actuación “desproporcionada” de los Mossos.

15 de junio de 2011. Mas anuncia un “uso legítimo de la fuerza” policial. El presidente del Govern, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, se ven obligados a acceder al Parlament en un helicóptero de los Mossos d’Esquadra. Un grupo de los indignados que rodean el recinto lanza pintura, insultos y abucheos, e incluso algún empujón contra algunos diputados. El resto protesta por los recortes del Govern. Mas pide entonces comprensión hacia un “posible uso legítimo de la fuerza” contra los indignados por parte de los Mossos.

11 de septiembre de 2012. Diada del millón y medio. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), con Carme Forcadell de presidenta, convoca una manifestación que resulta ser de nuevo multitudinaria: los Mossos d’Esquadra aseguran que más de millón y medio de ciudadanos han colapsado Barcelona.

14 de noviembre de 2012. Los Mossos le revientan un ojo a Quintana. La manifestación protestaba durante la huelga general del 14-N cuando una pelota de goma revienta el ojo de Ester Quintana. El conseller Puig mintió al menos dos veces al negar que hubiera efectos de los Mossos en la zona, pero al final se tuvo que admitir que así fue, lo que le costó el cargo al jefe de Antidisturbios de los Mossos, Sergi Plà. Tiempo después, en abril de 2016, la intervención de Josep Lluís Trapero, quien aseguró ignorar la identidad de los mossos que intervinieron, consiguió que absolvieran a los dos policías acusados.

11 de septiembre de 2013. “Vía catalana para la independencia”. La ANC, con Carme Forcadell al frente, consigue formar una cadena humana de 400 kilómetros en favor de la independencia de Catalunya, desde la localidad francesa de LePerthus hasta Vinaroz. La Generalitat cifra los participantes en más de millón y medio.

11 de septiembre de 2014. La Diada bate récords. Los ciudadanos son convocados a celebrar la Diada formando una gran uve en Barcelona. Según la Guàrdia Urbana, participan más de 1.800.000 ciudadanos.

27 de octubre de 2014. Falsa cuenta de Trias. El periódico El Mundo publica la existencia de una cuenta en Suiza a nombre del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Poco después se demuestra que dicha información es falsa.

9 de noviembre de 2014. Se celebra el “Procés Participatiu”. La pregunta es doble: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?”. Con dicha consulta, tal y como afirmó Artur Mas, se pretende plantar cara a la prohibición del Gobierno español de celebrar un referéndum legal. El 80% de los participantes vota Sí-Sí.

25 de mayo de 2015. Colau, alcaldesa. La activista Ada Colau, luchadora contra los desahucios, gana las elecciones municipales en Barcelona y cambia el mapa político de Catalunya. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) consigue 3 concejales en Barcelona y 382 en el total de Catalunya.

17 de junio de 2015. Unió abandona el Govern. Duran Lleida y la cúpula de Unió rechazan presentar junto a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) una candidatura independentista.

23 de junio de 2014. Mas admite que no hay apoyo suficiente. En entrevista a la CNN, el entonces president Artur Mas admite que menos de la mitad de los catalanes está a favor de la independencia. Reclama, no obstante, un referéndum.

25 de julio de 2014. Pujol confiesa su delito. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el expresident Jordi Pujol, todo un referente político nacional e internacional, confiesa que tiene dinero “sin regularizar” en el extranjero. El comunicado conmociona a la sociedad catalana.

26 de septiembre de 2014. Pujol amenaza con “ramas”. El expresident Pujol comparece en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya. Se enfurece, abronca a los diputados y se convierte en el histrión que a menudo fue. Entonces lanza su ya popular advertencia: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama… con los nidos que hay. Pero no solo cae esa rama, también caen las otras”.

20 julio de 2015. Nace Junts pel Sí. La coalición de Junts Pel Sí está formada por miembros de CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya (exmiembros de Unió) y Moviment d’Esquerres (exmiembros del PSC).

27 de septiembre de 2015. Elecciones “plebiscitarias”. Junts pel Sí y la CUP las consideran “plebiscitarias” y declaran que la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) dependerá de los resultados. Junts pel Sí gana las elecciones y consigue 62 diputados. Junto a la CUP, que pasa de 3 a 10 representantes, ofrecen una mayoría absoluta independentista, pero no en número de votos. Ciutadans pasa de 9 a 25 diputados y se sitúa como oposición mayoritaria. PSC, antigua fuerza dominante, se queda con 16 escaños, solo 5 por encima de los 11 del PP. La nueva formación Catalunya Sí Que Es Pot logra 11 diputados.

29 de septiembre de 2016. Nace el PDeCat. El partido Convergència Democràtica de Catalunya cambia su nombre y pasa a llamarse Partit Demòcrata Europeu Català. Desde su nacimiento se declara “independentista”.

28 de septiembre de 2015. Baños rechaza la DUI. “La DUI iba ligada al plebiscito: no hemos ganado el plebiscito, luego no hay DUI”. Con esta frase, el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, admite su ‘derrota’ en las llamadas elecciones “plebiscitarias” y admite que no tienen una mayoría suficiente para llevar a cabo una Declaración Unilateral de Independencia.

9 de marzo de 2017. Millet denuncia “financiación irregular” de CDC. El expresidente del Palau de la Música asegura ante el juez, entre otras cosas: “Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública”.

9 de mayo de 2017. Los Pujol, “organización criminal”. Así los considera la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional. El informe asegura que los miembros “del clan” actuaban coordinados y unidos para enriquecerse.

25 de abril de 2017. Jordi Pujol Ferrusola, preso. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decreta prisión incondicional sin fianza para el primogénito de los Pujol al considerar acreditada su ocultación de 30 millones de euros a la Justicia.

7 de septiembre de 2017. Convocatoria de referéndum cuestionada. El Govern convoca la celebración de un referéndum sobre la Declaración Unilateral de Independencia para el 1 de octubre, tras aprobar una Ley de Referéndum en la que no participaron C’s, PSC ni PP al considerarlo “un golpe a la democracia”.

21 de septiembre de 2017. Existe la policía política. El Congreso de los Diputados admite acreditada la existencia de una policía política creada por el Ministerio de Interior del PP para crear pruebas e informes falsos contra sus adversarios políticos en general y los políticos independentistas catalanes en particular.

1 de octubre de 2017. Pese a las repetidas advertencias del presidente Rajoy de que no se iban a poner las urnas para el referéndum, las urnas se ponen y se celebra una consulta declarada inconstitucional y en la que prácticamente solo participa la población declarada independentista. Según el Govern, el 90,18% vota sí a la DUI, y participan 2.286.217 (43% del censo). El Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy manda a la Policía Nacional y la Guardia Civil a requisar las urnas, labor evidentemente imposible. Se llevan a cabo numerosas cargas policiales contra votantes y miembros de las mesas para pasmo de la comunidad internacional. La Conselleria de Sanitat cifra los heridos en 1.066.

16 de octubre de 2017. “Los Jordis”, a prisión. La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dicta prisión comunicada y sin fianza para Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium Cultural) por la probabilidad de reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Deja en libertad a Josep Lluís Trapero, Major de los Mossos.

El final:

A partir del encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, la realidad catalana es bien conocida. Las marchas adelante y atrás del presidente Puigdemont, las negociaciones, las marchas adelante y atrás del PSOE, las equívocas posturas y decisiones de unos y otros, añadirían interminables detalles a esta cronología.

Baste decir que el 27 de octubre de 2017, el Govern de la Generalitat (PDeCat), con el apoyo de la CUP, declaró de forma unilateral la independencia de Catalunya. Acto seguido, el Gobierno español, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, comenzó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Su primer paso ha consistido en el cese del president Carles Puigdemont y de todo el Govern, así como la destitución del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

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