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La Justicia europea cree que algunas ayudas fiscales a la Iglesia pueden ser delito

La Iglesia hace campaña cada año para que los contribuyentes marquen su casilla.

Las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España “pueden constituir ayudas estatales prohibidas” si se otorgan en relación con actividades económicas como la enseñanza no subvencionada, según una sentencia publicada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La corte comunitaria, con sede en Luxemburgo, precisa que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español, como el Bachillerato, “parecen revestir carácter económico”, pues se financian mediante el pago de las matrículas y mensualidades de los alumnos o sus familias.

El TJUE responde así a un asunto presentado por la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe, que invoca al acuerdo entre España y la Santa Sede para solicitar la devolución de un impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras por importe de casi 24.000 euros que la referida congregación había abonado por obras realizadas en un edificio escolar en el que se ubica el salón de actos del colegio.

Los locales en cuestión se utilizan para impartir enseñanza primaria y secundaria reglada por el Estado, que equivale a la que se imparte en los colegios públicos y que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos. También se utilizan para impartir enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula.

La solicitud de devolución fue desestimada por la autoridad tributaria. Según ésta, la exención no era aplicable, dado que se había solicitado respecto de una actividad de la Iglesia Católica que no tiene una finalidad estrictamente religiosa. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, ante el que recurrió la congregación religiosa, pregunta al Tribunal de Justicia si debe considerarse que la exención fiscal controvertida, aplicada en este caso a un edificio escolar, es una ayuda estatal prohibida por el Derecho de la Unión.

Así, el asunto plantea al mismo tiempo la cuestión fundamental de si el hecho de que un Estado miembro exima a una comunidad religiosa de determinados impuestos, incluso respecto de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede constituir una ayuda estatal prohibida.

En la sentencia dictada este martes, el Tribunal de Justicia declara que la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional.

A este respecto, el TJUE precisa que únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico, puesto que se financian fundamentalmente mediante contribuciones financieras privadas a los gastos escolares. Señala también que corresponde al juez nacional determinar si los locales en cuestión están destinados, al menos en parte, a tales actividades económicas y en qué medida.

El Tribunal de Justicia añade que la exención del impuesto municipal de que se trata parece cumplir, en todo caso, dos de los cuatro requisitos exigidos para poder ser calificada de ayuda estatal prohibida, en la medida en que conferiría a la congregación a cargo del colegio una ventaja económica selectiva y, por lo tanto, supone una disminución de los ingresos del Ayuntamiento y, por tanto, el empleo de fondos estatales.

Por lo que respecta a los otros dos requisitos (esto es, el de la incidencia de la ventaja económica en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el de la distorsión de la competencia), los magistrados sostienen que la exención controvertida podría hacer más atractiva la prestación de los servicios de enseñanza de la congregación religiosa en relación con la prestación de servicios de centros también activos en el mismo mercado.

En contrapartida, recuerda la sentencia que, según el Derecho de la UE, se considera que las ayudas que no superan el límite de 200.000 euros durante un período de tres años no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros ni falsean ni amenazan con falsear la competencia, de modo que tales medidas están excluidas del concepto de ayudas estatales.

Así, el juez nacional deberá comprobar si en el presente asunto se alcanza dicho umbral, tomando en consideración únicamente las ventajas de las que haya disfrutado la congregación religiosa en relación con sus eventuales actividades económicas.

Por último, el Tribunal de Justica considera que, aun cuando el acuerdo entre España y la Santa Sede sea anterior a la adhesión de dicho Estado miembro a la Unión, la exención fiscal controvertida no debería considerarse, en su caso, ayuda estatal existente, sino ayuda nueva. En efecto, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras no se introdujo hasta después de la adhesión. Por consiguiente, si el juez nacional declarase la existencia de una ayuda estatal, ésta debería notificarse a la Comisión y no podría ejecutarse sin su consentimiento.

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Los bulos de la casilla de la Iglesia

La Iglesia hace campaña cada año para que los contribuyentes marquen su casilla.

Cuando un contribuyente marca la casilla de la Iglesia en su declaración de la Renta no se está rascando el bolsillo para pagar un 0,7% más y así ayudar a la milenaria institución religiosa. Lo que ocurre –el diablo está en los matices– es que todos los 0,7% católicos son detraídos del montante total, aportado por cristianos, ateos, musulmanes, judíos, agnósticos o todo lo contrario. En 2015, por ejemplo, fueron casi 250 millones de euros, por decisión de poco menos de un 35% de los contribuyentes. Esos detalles no se conocerán si se atiende únicamente a la publicidad eclesial –lanzada estos días con motivo de la campaña de la Renta 2016–, que se limita a insistir en que la asignación “dependerá en exclusiva de lo que los contribuyentes decidan al marcar libremente”, ignorando que no hay decisión posible para los que no quieren que una parte de lo recaudado por el Estado vaya a una institución religiosa privada cuya jerarquía defiende postulados políticos conservadores.

La propaganda de la Iglesia para promover las equis católicas insiste también en su “labor social” cuando la realidad es que ese dinero público se destina en su mayoría al sostenimiento de diócesis y parroquias. Además de la campaña Por Tantos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), también la memoria anual para justificar el destino de los fondos facilita la persistencia de estos equívocos. El resto lo hace la opacidad permitida por las autoridades responsables del control del dinero público, que como colofón benefician a la Iglesia con un régimen fiscal propio de una ONG.

De lo que recauda estos días el Estado para la institución eclesiástica no sabremos casi nada hasta que, en 2018, ésta presente una memoria sin detallar en el Ministerio de Justicia y cuelgue una vistosa presentación en el apartado de “transparencia” de la página web de la CEE. Entonces, si se repite el esquema de la memoria del ejercicio de 2014 –última publicada–, podremos consultar un dossier plagado de autobombo de actividades que en realidad reciben solo una parte menor del dinero recaudado. Únicamente al observar con detalle la memoria –con el sello de la auditora PriceWaterhouseCoopers, cuya sede en Madrid ha sido registrada por el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid– se comprueba que de los 249,3 millones recibidos por la campaña de la Renta de 2014, la Iglesia destinó 199,7 al “envío a las diócesis para la realización de sus actividades”. Es decir, más del 80% de la recaudación se dedica a sostener la institución, en lo que se incluye el coste puro y duro de las nóminas. Más de 16 millones fueron a pagar la Seguridad Social del clero, otros 4,7 millones se dedicaron para pagar a los obispos y a “funcionamiento [de la] Conferencia Episcopal”. Así es el grado de detalle de la memoria: mínimo. La CEE consigna más de un millón a “actividades pastorales nacionales”, epígrafe en el que podrían caber desde financiación para 13 TV hasta campañas contra la “ideología de género”. No se sabe con detalle. El Gobierno no fiscaliza las memorias. Es decir, no pide a la Iglesia que pruebe la verdad del contenido. El Tribunal de Cuentas, responsable del control del sector público, tampoco lo hace.

“La memoria que presenta la Iglesia no es una contabilidad. Es un papel imposible de comprobar en el que, además, se presenta como una unidad y no como lo que es en realidad, un marasmo de congregaciones, fundaciones y empresas”, lamenta Juan José Picó, uno de los impulsores de la campaña de Europa Laica contra la equis en la casilla eclesial. A juicio de Picó, lo más grave es que por la forma en que la institución religiosa presenta su memoria –en la que mezcla una página con los datos resumidos con decenas de folios dedicados a explicar su labor social–, “uno puede pensar que al marcar su casilla ayuda a los comedores sociales, y no es así“.

La casilla solidaria

¿Cuánto recibe Cáritas, el buque insignia de la obra social de la Iglesia? De lo recaudado vía renta en 2014, fueron poco más de seis millones de los 249,3 totales, un 2,4%. Aquí también hay truco. Tanto Cáritas como Manos Unidas, Mensajeros por la Paz y el resto de organizaciones caritativas de la Iglesia se financian a través de la otra casilla, la de fines sociales, con lo que las vías de recaudación eclesiales vía IRPF son dos: una, la casilla católica; otra, la casilla solidaria. La CEE vuelca su campaña en la primera, pero en realidad la segunda también le sirve. La campaña de la casilla social se hace por sí sola con la extendida opinión de que es el contraplano de la casilla de la Iglesia y sirve para financiar –en vez de al clero– a las ONG. Lo que ocurre es que decenas de esas ONG están vinculadas a la Iglesia.

Este modelo está anclado en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la CEE en 2006, que sustituyó a la aportación por la vía presupuestaria. Según el discurso de la Iglesia, así se consigue una aportación por IRPF únicamente por la “voluntad libre” de los católicos, con lo que la institución avanza o incluso cumple su compromiso de autofinanciación. Esto es otro bulo. No sólo por las innumerables vías de ingreso o incentivo público que mantiene (Europa Laica, que contabiliza desde las aportaciones a la educación concertada hasta los sueldos de los capellanes castrenses, cuantifica el total en más de 11.000 millones al año), sino también porque en su vía de financiación oficial más ligada a la voluntad de los católicos, la aportación la realizan finalmente todos los contribuyentes.

La contrapartida de las concesiones de Zapatero fue el fin de la exención del IVA de las compras de la Iglesia, subrayado en el acuerdo como una “renuncia” de los obispos. Pero lo cierto es que el régimen fiscal del que disfruta continúa siendo muy ventajoso. El impuesto de sociedades se extiende a la mayoría de sus actividades. Tampoco paga transmisiones, ni sucesiones, ni donaciones, ni actividades económicas. La Iglesia, la mayor propietaria inmobiliaria privada de España, no paga el IBI de sus inmuebles ni siquiera en el caso de que no los utilice para fines sociales o pastorales, sino que –por ejemplo– los ponga en alquiler. Los beneficios se extienden hasta las expresiones más modestas de la economía eclesial: del cepillo de la Iglesia a los dulces monacales, por señalar dos clásicos.

La Mezquita-Catedral de Córdoba es un ejemplo emblemático de beneficios fiscales y falta de transparencia. Las entradas están exentas de IVA –¡lo que darían por algo así otras actividades culturales!–. En 2016 este monumento batió su récord de asistencia con más de 1,6 millones de visitas, con el acceso a ocho euros en visita normal (diez euros, desde enero). ¿Qué consideración tienen estos ingresos? Según fiscalistas consultados, depende de la interpretación. En la memoria presentada por la Diócesis es imposible ubicar este dinero. Lo que sí está claro es que no tributa por el impuesto de sociedades, aunque sí se declara, según la CEE, que incide en que el cobro no se realiza en ningún templo en horario de culto y en que esta exención es compartida con otras confesiones y asociaciones en virtud de la ley de Mecenazgo de 2002.

Esta norma ha permitido a la Iglesia argumentar que no tiene unos privilegios anclados en los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 –que consagran su posición privilegiada en la educación, el Ejército y la simbología oficial–, sino unos derechos en pie de igualdad consagrados en una norma del siglo XXI. El problema es que ninguna otra organización con sus exenciones tiene una mínima parte del volumen de patrimonio y el grado de complejidad jurídica y económica de la Iglesia. También es exclusiva de esta institución la inmatriculación de miles de bienes, motor de un fuerte incremento de su ya de por sí formidable cartera inmobiliaria.

“Cuando la Iglesia recibe dinero del Estado, nadie comprueba a qué lo dedica. Si lo gana empresarialmente, por ejemplo con entradas, no tiene que pagar impuestos por dedicarse en teoría a los mismos fines que las ONG. Es un círculo vicioso”, afirma el abogado Claudio Rodríguez, especialista en fiscalidad, que recuerda que al no ser de iure una empresa, la Iglesia no tiene obligación de presentar sus cuentas en el Registro Mercantil. No obstante, de facto sí actúa en múltiples actividades como una empresa. Como ahora, cuando está pidiendo a los católicos que pongan la cruz –el logo de la empresa, de hecho– donde es debido.

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Socialismo y cristianismo

El papa Francisco I La Marea

El pasado mes de noviembre se celebraron en Nicaragua elecciones en las que salió elegido para un tercer mandato el líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega. La limpieza democrática de estas elecciones ha sido muy cuestionada desde todos los ángulos del espectro político, y con argumentos muy sólidos, pero no voy a tratar ahora ese tema. Lo que llama la atención son dos términos con los que se define el gobierno de Ortega: socialista y cristiano. Prescindo ahora de cómo entienda Daniel Ortega lo de socialista y cristiano; lo realmente novedoso es encontrar los dos términos unidos. Términos que para muchos son totalmente antagónicos.

Y si vamos a la historia reciente, y no tan reciente, efectivamente el antagonismo no ha podido ser más claro y radical. Durante siglos la postura de la Iglesia jerárquica se ha resumido con el término de alianza entre el trono y el altar. La jerarquía eclesiástica ha sido una de las instituciones fundamentales de los Estados,  defensora del derecho de propiedad, y uno de los principales pilares de las monarquías. Por su parte el socialismo, casi en su totalidad, se presentaba como acérrimo enemigo de todo lo religioso.

Pero lo llamativo es que la jerarquía eclesiástica tomaba esta postura de una manera totalmente incongruente con los principios básicos en que decía fundarse. Todo el Nuevo Testamento y de una forma especial los Evangelios son unos documentos que hoy calificaríamos como radicalmente anticapitalistas. En el Evangelio, Jesús acoge a descreídos, prostitutas y pecadores, pero clama ¡Ay de vosotros los ricos!” (Lucas, 6,24). Anuncia que el Reino de Dios está cerca, pero advierte que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios” (Marcos, 10,25). Señala una alternativa radical: “Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo, 6,24). Parece increíble que con estos principios se pudiera tomar una postura como la que ha mantenido la jerarquía, y todavía mantiene la parte más conservadora de la Iglesia, pero así ha sido.

Por su parte, el socialismo trata de llegar a un mundo justo, donde los seres humanos nos desarrollemos plenamente y vivamos libre y fraternalmente. Pero lo hace partiendo de unas filosofías radicalmente ateas, lo mismo en su versión marxista que anarquista. Se basa en un materialismo total, con lo que olvida algo tan fundamental como el elemento espiritual del ser humano. No tiene un fundamento último en el que apoyar su ética y su moral. De la religión ve solamente una jerarquía defensora de un orden social totalmente injusto, no atiende a que todo el Evangelio empuja a vivir de una manera muy distinta, con unos valores muy cercanos al ideal socialista. Incluso en los Hechos de los Apóstoles, que narra la vida de los primeros discípulos de Jesús, se llega a decir que: “Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común” (Hechos, 4,32).

Cuando los dos colectivos podían coincidir en un horizonte de justicia y solidaridad, se han enfrentado en una lucha abierta en que las dos partes han resultado perdedoras. Con ello se ha acabado favoreciendo a la religión del dinero, y permitiendo que sea ésta la que hoy domine en el mundo. ¿No podemos pensar en una nueva utopía en que socialistas y cristianos se unan y se potencien en una lucha por los seres humanos contra la tiranía del capital?

En el campo cristiano, el papa Francisco simboliza esta vuelta del cristianismo a sus orígenes, a su condena de la ambición y del enfrentamiento constante entre los seres humanos a que obliga una competencia despiadada. ¿Podremos socialistas y cristianos dejar el tema de la fe como un asunto privado y unirnos en la lucha por la supervivencia de la humanidad frente a la locura del capital?

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