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Militares, diplomáticos, políticos… Las puertas giratorias de Indra

Juan Carlos Aparicio junto a Mariano Rajoy en un acto del PP en Castilla y León (2011). Foto: PP.

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Indra es la principal contratista de la industria armamentística nacional y la única española que figura en el top 100 de compañías militares del mundo, aunque sus negocios abarcan sectores tan lejanos en apariencia como el de la energía, los servicios electorales y los medios de comunicación. Indra, dios del cielo y la lluvia en la mitología védica, también es una de las empresas del Ibex 35 con mayor apetito por los altos cargos militares y políticos, principalmente del Ministerio de Defensa. Las puertas giratorias de Indra no son tan conocidas como las de otras compañías del selectivo español. Indra presta especial atención a personalidades de la segunda línea del poder, desde secretarios de Estado hasta tenientes generales de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales han diseñado la lista de la compra del  Ejército español. Rostros sin rastro en las hemerotecas.

La industria militar es especial. El Estado tutela parte de su negocio para evitar que, por ejemplo, el enemigo se adueñe de la tecnología bélica. Como contraprestación, favorece la contratación de estas empresas y, con ayuda de asesores, directivos y consejeros procedentes del estamento castrense y político, se crean nuevos acuerdos e incluso subsidios para investigar y desarrollar productos y servicios que después compra el Estado.

A principios de noviembre, Indra anunció que había aumentado su beneficio en un 76%. La privatización de la empresa se fraguó en 1993, con Felipe González al frente. Sin embargo, el partido con más puertas giratorias en Indra es el PP. El pasado 15 de noviembre, una investigación reveló que el gobierno de Esperanza Aguirre había pagado 2,9 millones de euros a Indra por unos servicios electorales que ya había abonado el Interior. Desde Indra señalan que a la hora de fichar a “personas políticamente expuestas”, se ciñen a la ley y a sus normas internas de contratación. A continuación, recogemos una selección de figuras ligadas a la política y el ejército que estuvieron o están a sueldo de esta empresa.

Consulta la lista completa de puertas giratorias de Indra haciendo clic aquí o entrando en la web de #YoIBEXtigo.

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El final del imperio de Endesa en Galicia

Zona de almacenamiento del carbón con la central térmica al fondo. Foto: Toni Martínez.

Dos ñandúes salen al paso de los caminantes que pasean por la estrecha acera situada cerca de las macro instalaciones que Endesa posee en As Pontes de García Rodríguez, un municipio en la frontera que separa A Coruña y Lugo. Junto a estos dos exóticos animales hay también gallinas, avestruces, un pavo real y varios ciervos, todos ellos a escasos metros de cuatro gruesas chimeneas que no dejan de echar vapor de agua, y otra mucho más fina y alta que expulsa humo producto de la quema de carbón. Con este pequeño zoo, que mengua año tras año, Endesa quiso demostrar a principios de la década de los 80 que era posible la convivencia feliz entre los seres vivos y su producción de energía.

La multinacional posee en la villa coruñesa una central térmica, una hidroeléctrica, un parque de carbón, dos presas y una amplia extensión de terreno que incluye un lago artificial creado en la antigua mina. La central y la mina asociada a ella han sido las infraestructuras más contaminantes del Estado español en los últimos años. La bonanza económica que vivía la zona tapaba cualquier denuncia de contaminación. Luis [no quiere que su nombre verdadero aparezca publicado en el reportaje] pertenecía a un pequeño grupo ecologista y asegura que la contaminación se notaba en las aldeas cercanas. “El polvo que flotaba en la atmósfera quemaba las cosechas; caía en una col y estaba perdida”, apunta. “Además –continúa– destrozaron muchas mámoas [dólmenes funerarios] de una riqueza patrimonial muy importante”. Luis señala a las presiones de Endesa y al carácter gallego la falta de presión social sobre la central, incluso ahora, cuando asegura que toda la contaminación que todavía produce la central acaba en el río y llega a Pontedeume, un municipio cercano.

Lee el reportaje completo en la web de #YoIBEXtigo.

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La Guardia Civil investiga a Iberdrola por alterar el precio de la luz

Juan Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola I La Marea

MADRID // La Guardia Civil investiga si la compañía eléctrica Iberdrola se lucró por alterar el precio de la luz en el año 2013. La investigación surge a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, y ha llevado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hasta las sedes de la empresa en Bilbao y Madrid para requerir información sobre los hechos, informa Efe.

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta “muy grave”.

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor.

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El terreno fiscal, el más opaco del Ibex 35

Este artículo está incluido en el dossier Los plasmas del Ibex 35, que puedes adquirir en nuestra tienda online por 1,90 euros y en kioscos por 4,50 

Uno de los aspectos más opacos en la información que suelen dar la mayoría de las empresas del Ibex 35 es su aportación fiscal, cuánto pagan exactamente en impuestos y dónde lo hacen. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital del Gobierno pretende propiciar más transparencia. Los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa deben definir su estrategia fiscal y la política de control de riesgos. Además, la reforma del Código Penal establece la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, que en caso de fraude ya no responde solo la compañía sino también sus gestores a nivel individual.

Desde entonces ha mejorado la información ofrecida por las empresas, aunque aún deja mucho que desear, por ejemplo en el asunto de operaciones en paraísos fiscales. “Sobre la presencia en estos territorios, las empresas suelen informar de manera sesgada o indirecta y, en general, es necesario analizar en detalle los informes anuales o las cuentas auditadas para detectar la presencia de filiales”, critica la Fundación Compromiso y Transparencia, creada por profesionales procedente del mundo de la empresa, la academia y el sector no lucrativo, en su informe correspondiente al ejercicio 2015.

Uno de los problemas es la misma definición de paraíso fiscal. El Gobierno, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo contemplan en su lista negra a los países y territorios más opacos, como las Islas Caimán. En cambio, la ONG Oxfam-Intermón incluye a todos los Estados que ofrecen un régimen fiscal beneficioso que atrae a filiales de multinacionales con el único fin de rebajar su carga impositiva, como Holanda, Irlanda o Luxemburgo. “Las empresas dicen dónde están y qué hacen allí pero no dicen cuánto pagan en impuestos”, explica Concepción Sacristán, coautora del informe de la Fundación Compromiso y Transparencia. “Muchos directivos creen que esta información es dar cartas a la competencia”, añade.

En el mismo sentido, hay diez empresas del Ibex 35 que todavía no se han apuntado al Código de buenas prácticas tributarias de la Agencia Tributaria española que pretende fomentar la cooperación entre el Estado y el sector privado en la lucha contra el fraude fiscal, según informó eldiario.es. Estas son Cellnex, Dia, Grifols, IAG, Meliá, Merlin Properties, Técnicas Reunidas, Viscofán y tres compañías en las que el Estado es el principal accionista: Aena, Enagás e Indra. Asimismo, las sociedades en bolsa ahora deben presentar un informe sobre la independencia de sus auditorías y tienen la obligación de cambiar de supervisor cada diez años. De esta forma se intenta evitar que la misma auditora –casi siempre una de los llamado Big Four, Deloitte, KPMG, EY y PriceWaterhouseCoopers– que diseña la estrategia para minimizar los impuestos dé luego su visto bueno a las cuentas anuales.

Mayor sensibilidad tras la crisis

También la sensibilidad de la sociedad por la contribución fiscal de las compañías ha aumentado a raíz de la crisis y los recortes. Así que algunas del Ibex han empezado a destacar su aportación de forma detallada. Inditex, por ejemplo, resaltó en su nota de prensa sobre los resultados de 2016 que ese año aportó 1.616 millones a Hacienda –sumando impuestos directos e indirectos como el IVA– y que la “tasa efectiva del impuesto de sociedades fue del 24,7%”.

Hay otros motivos para el cambio de actitud, como la presión de algunos grandes inversores extranjeros, sobre todo algunos fondos soberanos que siguen ciertos criterios éticos para invertir. “El fondo de Noruega [uno de los mayores del mundo] mira con lupa el tema fiscal y otros como la brecha salarial”, sostiene Sacristán. La investigadora cree que la importancia de la transparencia fiscal acabará calando por presión social: “Hace años el impacto medioambiental era poco visible. Habrá un momento en que la fiscalidad despertará la misma sensibilidad que ese otro tema”.

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Dossier: Los plasmas del IBEX 35

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Los directivos de empresas energéticas, constructoras, bancos y otras empresas del IBEX 35 han dejado de comparecer en ruedas de prensa abiertas para huir de las preguntas incómodas. No es el caso de todas las compañías, y hay diferentes formas de dar información, desde notas de prensa hasta llamadas telefónicas o encuentros con periodistas y directores de medios. En estos casos, a diferencia de las ruedas de prensa abiertas, la empresa elige con quién quiere hablar y en qué condiciones.

Por eso es especialmente importante que las grandes firmas del IBEX 35, frecuentemente pertenecientes a sectores estratégicos, ofrezcan de forma regular ruedas de prensa en las que sus máximos responsables se enfrenten a preguntas incómodas de periodistas de cualquier medio. En el dossier de #LaMarea48 hemos analizado la transparencia del IBEX 35 y, tras contactar con los gabinetes de prensa de todas las empresas que lo conforman actualmente, hemos encontrado luces y sombras. En una completa infografía recogemos las políticas de comunicación de cada compañía.

En internacional, incluimos un reportaje desde el corazón de Mosul sobre la situación de Iraq 14 años después de la invasión. Y un análisis que radiografía el estado de la izquierda en Francia.

En nacional, hacemos una parada en las próximas primarias socialistas con un retrato de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la última aspirante en anunciar su candidatura a la secretaría general del PSOE. Entrevistamos a Joan Josep Nuet (EUiA), a quien la Fiscalía ha perdonado la querella por no considerarlo independentista, y analizamos los mil días de monarquía con Felipe VI. ¿Se ha producido algún cambi0?

En este número dedicamos también un reportaje al boom de la banca ética y realizamos un recorrido por los juzgados de violencia sobre la mujer de la mano de una abogada de oficio. La periodista Luciana Peker reflexiona, desde Argentina, sobre el colectivo de personas transexuales tras la polémica surgida con el autobús tránsfobo de Hazte Oír.

En cultura, nos adentramos en la crisis del libro con un reportaje escrito por Cristina Fallarás e incluimos un artículo sobre el auge del esperanto en pleno siglo XXI. Y, como siempre, nuestras secciones habituales: la viñeta de Atxe, los Apuntes de Economía de Eduardo Garzón, el relato de Isaac Rosa, la hemeroteca de cambio climático, las recomendaciones culturales y la Herstory, dedicada este mes a la pirata Ching Shih.

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La CNMC multa a cuatro eléctricas por cambiar contratos sin consentimiento

MADRID // La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con una multa de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. La CNMC recibió siete reclamaciones de usuarios, quienes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su aprobación.

En consecuencia, el regulador procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural por incumplir varios artículos del sector eléctrico y de hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador, y asimismo, las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento de los clientes.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios.

Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica —sobre todo en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores—. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Esta sanción a las eléctricas llega horas después de que el Tribunal Supremo ratificara la sanción de 600.000 euros a Iberdrola, impuesta en 2012 por la Comunidad de Madrid, por ocultar información sobre los procedimientos que siguió durante 2010 para cortar el suministro eléctrico por impago a usuarios acogidos a la tarifa regulada (actual PVPC), en aquel momento mayoritaria entre los consumidores.

 

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La CNMC lamenta que “muy pocas empresas del Ibex” se hayan apuntado al registro de lobbies

CNMC

En marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creó el Registro de Grupos de Interés en España, siguiendo los estándares extendidos en Europa para asegurar una mayor transparencia en la labor de los lobbies industriales. Un año después, unas 400 empresas se han inscrito, según contó el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. “Pero hay muy pocas del Ibex”, añadió el jefe del supervisor en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) este lunes en Madrid.

Marín Quemada resaltó que muchos de estos lobbies de las grandes empresas sí están inscritos en un registro de la Unión Europea en Bruselas, ya que es obligatorio, “pero no lo han considerado necesario aquí”. En España el Registro de Grupos de Interés se hizo por una resolución del presidente de la CNMC y tiene carácter voluntario y gratuito. En este sentido, Marín Quemada lamentaba que el Gobierno no reforzara esta medida haciéndola obligatoria por ley.

“El objetivo esencial, y por tanto la necesidad que da origen a este Registro, es crear un mecanismo institucional que permita alejar la capacidad de cualquier grupo de influir a la CNMC de forma improcedente o, simplemente, contraria a los intereses generales”, reza el superregulador, creado por el Gobierno del PP en 2013, en su página web. Marín Quemada subrayó que la actividad de los grupos de interés industriales es legítima, siempre y cuando se haga con transparencia.

Las empresas del Ibex 35 que ya se han apuntado al registro de la CNMC son Telefónica, Red Eléctria Española y Cellnex.

“En todo caso, no estamos satisfechos porque no están todos los que deberían y que han hecho de la RSC [Responsabilidad Social Corporativa] o el Buen Gobierno su forma de presentarse públicamente. Es cierto que en su gran mayoría aparecen representadas por su patronales sectoriales, pero también es cierto que cuando acuden a esta Comisión para la defensa de sus intereses societarios lo hacen de forma no asociada”, afirma el supervisor en la web.

El presidente de la CNMC, a quien le quedan dos años de mandato, dijo en varias ocasiones que le constan importantes presiones por sectores industriales al gobierno y defendió la independencia de la institución que preside.

Actualmente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está preparando una reforma profunda de la regulación que prevé volver a dividir la recién creada CNMC en varios organismos. Además, pretende restarle ciertas competencias en algunos sectores. En este sentido, Marín Quemada criticó que el Gobierno no esté a favor de un supervisor totalmente independiente. “Es curioso que tenga esta visión ya que no la comparte ningún otro gobierno europeo”.

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