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Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

Mariano Rajoy junto al presidente Michel Temer. Foto: Mercosur.

Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país, que afecta a 57 empresas públicas e infraestructuras. Este martes fue más allá al anunciar que sopesaba privatizar también Petrobras, la petrolera semiestatal de Brasil que es, además, la compañía más grande de América Latina.

Varias de estas privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores.

Varias privatizaciones coinciden con peticiones formuladas a Temer por empresarios españoles. De las 57 empresas públicas en venta, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90. Destacan el rol y la presencia de las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL, que ya han mostrado interés por un lote de ocho autopistas y otras infraestructuras; Telefónica, que estudia hacerse con el control del primer satélite nacional de Brasil (su principal mercado, por delante de España); en el sector energético, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de España estudian pujar por varias centrales hidroeléctricas, empresas de distribución (incluida Eletrobras, la mayor eléctrica del país), líneas de transmisión y pozos petrolíferos.

El presidente Michel Temer con Ana Botin, presidenta del Grupo Santander. Foto: Beto Barata/PR.

Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con el control de algunos de los aeropuertos más rentables y transitados del país, además de la autopista Ferrovia Norte-Sur, la “espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”. Algunos analistas apuntan a que el Banco Santander (tercera mayor entidad bancaria de Brasil), será uno de las que sacarán más provecho al financiar concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

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El Gobierno aprueba la reforma que pospone el plazo de las nucleares para decidir sobre su renovación

Una reforma de urgencia, vía orden ministerial y sobre el silbato, va a permitir a las empresas propietarias de las centrales nucleares de Almaraz I y I y Vandellós II alargar los plazos para tomar la decisión de si renuevan sus licencias o no, como adelantó Público. Y, de paso, para seguir presionando al Gobierno para conseguir mejores condiciones económicas.

El BOE de hoy publica dos órdenes ministeriales, una de ellas referida a Almaraz y la otra a Vandellós, en las que establece que ambas centrales nucleares podrán esperar para solicitar la renovación a que se apruebe el próximo Plan Integral de Energía. Este plan, marcado por Europa, establecerá los compromisos de España y el mix energético (qué peso se pretende que tenga cada fuente de energía).

El Gobierno responde así a las peticiones de las eléctricas propietarias, y especialmente Ignacio Galán (Iberdrola), que reclamaron al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre otras cosas, que ampliara el plazo para solicitar estas renovaciones. Lo que piden, aseguran, es más tiempo para decidir si mantener esas centrales nucleares operativas les sale rentable. Y el Gobierno se lo ha dado, gracias a una reforma exprés.

La orden vigente hasta hoy establecía que debían solicitar la renovación tres años antes de que caducara la autorización. Este plazo se cumplía, para Almaraz, el pasado 8 de junio. Nadal firmó la orden el día 5, sobre el silbato. El de Vandellós, por su parte, se cumpliría el próximo 26 de julio. Gracias a la reforma, ambas centrales podrán esperar para decidir si la solicitan o no.

“El titular podrá solicitar una nueva autorización de explotación de la central en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de aprobación del Plan Integral de Energía y Clima. Ello no obstante, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de la fecha en la que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central que más adelante se establece, podrá deducirse la solicitud de una nueva autorización con ocasión de tal presentación.”

Esta reforma, en palabras de ASTECSN (Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y protección Radiológica), provoca un “despilfarro de recursos públicos”, puesto que deberán evaluar la documentación sin saber si finalmente se va a solicitar la renovación o no. Además, aseguran que “abre la puerta” a que las centrales nucleares puedan seguir activas más allá de los 40 años.

“Esta decisión se fundamenta en la petición de una entidad privada, haciendo recaer sobre el órgano regulador público y de carácter técnico las decisiones políticas que se consideran buenas para el sector, y sin atender a los principios de transparencia, independencia, prudencia y precaución que deben ser los que primen en la acción reguladora”, concluyen los técnicos.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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La Guardia Civil investiga a Iberdrola por alterar el precio de la luz

Juan Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola I La Marea

MADRID // La Guardia Civil investiga si la compañía eléctrica Iberdrola se lucró por alterar el precio de la luz en el año 2013. La investigación surge a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, y ha llevado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hasta las sedes de la empresa en Bilbao y Madrid para requerir información sobre los hechos, informa Efe.

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta “muy grave”.

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor.

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Las grandes eléctricas aumentan beneficios y evitan dar la cara

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Foto: IBERDROLA

MADRID // 2016 fue un buen año para las tres grandes empresas eléctricas de España. En su conjunto, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa obtuvieron un beneficio neto de 5.463 millones de euros, un 9% más que el año anterior. La eléctricas confirman o incluso aumentan los dividendos en los próximos años.

Endesa, cuyo accionista principal es la empresa semipública italiana Enel con el 70%, ganó 1.411 millones de euros, un 30% más que en 2015. Unas cifras millonarias, pese a que la producción de electricidad en la península Ibérica —el único mercado donde opera después de que los italianos se hicieran con todo el negocio en Latinoamérica—, cayó un 7,7%. La compañía presidida por Borja Prado dedica el 100% del beneficio al pago del dividendo, del que el Estado italiano se lleva una buena parte.

Gas Natural Fenosa ganó 1.347 millones de euros, un 10% menos que en 2015, algo que la empresa atribuye al impacto negativo de las divisas latinoamericanas. España aporta el 55% al resultado operativo (Ebitda), y la producción de electricidad bajó un 9,7%. La empresa, que ha sido controlada desde hace décadas por La Caixa y Repsol, dedica el 74,3% de su beneficio a dividendo, en total 1.001 millones de euros.

Iberdrola, por su parte, subió el beneficio neto un 11,7%, hasta alcanzar los 2.705 millones de euros. España aporta el 45% a la producción eléctrica. La generación de energías renovables aumentó ligeramente (ya representa el 40,8% del total de la producción de Iberdrola en el mercado doméstico) y la producción hidráulica se disparó un 48,2%. La falta de viento y de lluvias es uno de los factores que se han alegado para explicar la fuerte subida del precio de la luz a principios de este año (aunque esto se verá reflejado en las cuentas del 2017). El resultado operativo subió un 5% gracias a la mayor producción de energía. La empresa presidida desde hace más de una década por Ignacio Sánchez-Galán ha anunciado que subirá el dividendo de aquí hasta 2020 un 30%, y dedicará entre el 65% y el 75% de su beneficio a la retribución del accionista.

Hasta aquí las cifras. Los periodistas no tuvieron la oportunidad de preguntar a los máximos responsables de las eléctricas por temas controvertidos como la subida de la luz en enero o la pobreza energética porque hace tiempo que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que dedican amplios recursos a campañas publicitarias y están entre los principales anunciantes de muchos medios de comunicación, no ofrecen ruedas de prensa para presentar sus cuentas anuales. Se limitan a dar explicaciones en conferencias telefónicas a los analistas, que no suelen preocuparse por cuestiones sociales.

En otros sectores existe más transparencia. Los bancos, por ejemplo, no solo convocan una rueda de prensa para presentar las cuentas anuales, donde comparece el presidente o presidenta de la entidad. También invitan a los medios cada trimestre para que el consejero delegado dé cuenta de la marcha de los negocios.

En el pasado, Endesa —antes de que cayera en manos de Enel— e Iberdrola sí celebraban ruedas de prensa anuales donde daban la cara. Sánchez-Galán se limitó este año a dar una entrevista a la agencia norteamericana Bloomberg TV. Esta práctica de esconderse de preguntas incómodas de los periodistas no es exclusiva a las eléctricas. La petrolera Repsol acompañó esta semana la nota de prensa de sus resultados del 2016 con un videomensaje de su presidente Josu Jon Imaz, expresidente del Partido Nacionalista Vasco. Algunos medios de comunicación publicaron este mensaje por plasma en sus páginas web, tal cual.

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¿Cuánto ganan las grandes eléctricas en España?

MARTA VICTORIA y JOSÉ LUIS VELASCO (Observatorio Crítico de la Energía) // El sector eléctrico vuelve a estar en el candelero tras la enésima subida sospechosa del precio de la electricidad. Regresa con ello a los debates televisivos y rara vez falta el tertuliano que clama a la defensiva que las eléctricas pierden dinero en España y que, si sobreviven, es gracias a sus negocios en el extranjero. Esto es sencillamente falso.

Resulta legítimo que las empresas que participan en el sistema eléctrico español obtengan beneficios derivados de su actividad. Esto es válido en principio para cooperativas, pequeñas compañías o grandes multinacionales. Pero es también legítimo preguntarnos si estos beneficios son razonables.  Al fin y al cabo, las compañías eléctricas operan en un sector estratégico regulado (aunque no lo suficientemente y además mal) por el Estado y que determina el acceso de los consumidores a la electricidad, un bien básico que hasta hace unos años era considerado un servicio público.

Y “razonable” es, significativamente, la palabra que el Gobierno ha utilizado hace unos años para reformar la remuneración de las empresas que generan electricidad utilizando fuentes renovables. [1] Asimismo, disponer de esta información es útil para abordar de forma razonada y razonable el reciente debate sobre cómo debe costearse el bono social. Confrontar los beneficios anuales de las empresas eléctricas con los 200 millones de euros que en promedio aproximado representa cada año el bono social permite evaluar el esfuerzo económico que supone a estas compañías cumplir con el servicio público que se les exige.

Una buena forma de hacer esta valoración es comparar los beneficios de las principales empresas eléctricas operando en nuestro país con los que obtienen sus homólogas que operan en otros países europeos y con el coste del bono social. Los tres gráficos que acompañan a este artículo permiten obtener una visión de conjunto.

En la figura superior hemos recopilado el beneficio neto o EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos) de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa para los años comprendidos entre 2008 y 2015. Los datos proceden de las cuentas de resultados que publican cada una de estas compañías en sus informes anuales. Las cifras de beneficio neto incluyen las actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal. Entre 2008 y 2015 esta cifra asciende a 37.260 millones de euros.

En la figura intermedia se muestra la evolución, para cada empresa y año, del margen operativo, es decir, el ratio entre el beneficio neto y la cifra de negocio. Como referencia, en la figura se ha añadido también el margen operativo medio de las empresas eléctricas que operan en Reino Unido [2], cuyo valor estimado entre 2007 y 2011 es 8,6%. Las “Big 6” suponen un buen elemento de referencia a la hora de comparar directamente beneficios: son empresas operando en el mismo sector, que además en ambos países tienen un mix de tecnologías de generación similar y un mercado liberalizado parecido, ya que la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico fue inspirada por el sistema del Reino Unido.

Ahora podemos calcular el beneficio neto “excesivo” como la diferencia entre el beneficio que ha obtenido cada empresa española y el que hubiese obtenido si su margen operativo hubiera sido igual al que han obtenido sus homólogas en Reino Unido. En este paso, alguien podría argumentar que el beneficio de las empresas eléctricas en España podría ser superior porque sus decisiones inversoras han sido más acertadas. Sin embargo el hecho de que la mayor parte de centrales hidroeléctricas, térmicas de carbón y nucleares sean previas a la implantación de este mercado, junto con la masiva inversión en centrales de ciclo combinado que ahora operan un número de horas muy inferior al previsto, parece indicar que este no es el caso y, por tanto, la hipótesis asumida es razonable.

El gráfico inferior muestra los beneficios netos “excesivos” que han obtenido Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, cuya suma asciende a 11.053 millones de euros entre los años 2008 y 2015 [3]. Si, por ser conservadores, limitamos la comparación al intervalo 2008-2011, en que los datos del Reino Unido nos sirven de referencia, el resultado es 8.844 millones de euros.

Durante el periodo de tiempo analizado, el coste del bono social ha representado aproximadamente 1.300 millones de euros (100 millones en 2009 y 200 millones de euros al año entre 2010 y 2015). Para visualizar la magnitud del bono social en comparación con los beneficios de las grandes eléctricas, en las figuras superior e inferior hemos añadido las cantidades aproximadas con que cada una de estas empresas debería financiar del bono social según estableció el Gobierno para el año 2016 (previamente a que el Tribunal Supremo invalidase este mecanismo). Las gráficas hablan por sí solas.

Las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo anularon los distintos mecanismos por los que la financiación del bono social corría a cargo de las eléctricas (el Real Decreto-Ley 6/2009 fijó la forma de costear el bono de los años 2009-2013 y el Real Decreto 968/2014 determinó el funcionamiento en el período 2014-2016) estableciendo que el coste debía ser reintegrado a dichas empresas. En ambas sentencias, el mecanismo correspondiente es invalidado porque es considerado discriminatorio pero, en ningún caso, el Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de que sean las empresas eléctricas quienes financiasen el bono social.

El Gobierno ha propuesto recientemente en el Real Decreto-Ley 7/2016 que sean las comercializadoras las que carguen en exclusiva con dicho coste. Nos parece una decisión errónea en base a dos argumentos. En primer lugar, uno de tipo legal: que no participen en la financiación empresas generadoras o distribuidoras puede provocar que el Tribunal Supremo también considere este mecanismo discriminatorio.  En segundo lugar, uno de tipo económico: la comercialización es la actividad donde se obtienen los menores márgenes de operación: sería más razonable incluir también los segmentos de donde provienen los beneficios excesivos de las grandes eléctricas, generación y distribución.

Precisamente por no hacerlo, la propuesta puede finalmente tener un efecto regulatorio muy perverso: beneficiar de facto a comercializadoras que forman parte de grupos verticalmente integrados (grupos que tienen enormes beneficios en otros segmentos) con respecto a aquellas que no, como las comercializadoras cooperativas verdes. Eso sería una decisión de política energética inadecuada de cara a la necesaria transición a un nuevo modelo energético.

En conclusión, y a la vista de los resultados, exigir que todas las empresas que participan del sistema eléctrico financien, de manera proporcional a la energía que gestionen, el bono social es, además de algo posible desde el punto de vista legal, lo mínimo razonable a la luz de los beneficios que obtiene las tres principales empresas que operan en este sistema.

Plot 21

 

[1] A nadie debería escapársele, que el establecimiento de una “rentabilidad razonable” no fue sino un recorte retroactivo a retribuciones comprometidas; en este artículo nos limitamos a fijarnos en la retórica utilizada.

[2] Los beneficios se refieren al EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos). Los datos de España se han comparado con los beneficios netos obtenidos en Reino Unido por las 6 mayores empresas eléctricas: Scottish Power, SEE, EDF Energy, Centrica, RWE Npower, EON, reportados en el documento “UK Big 6 utility investment trends, Bloomberg”.

[3] Cabe mencionar que todos estos enormes beneficios han ido a empresas privadas, ya que en España no existen grandes compañías eléctricas públicas desde finales de los noventa. Un repaso detallado a cómo se llevó a cabo la privatización de Endesa y la liberalización del sector eléctrico puede leerse en el libro del Observatorio Critico de la Energía “Crónicas eléctricas. Breve y trágica historia del sector eléctrico español”, editado por Akal.

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