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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

PABLO CARMONA*// Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

La Troika manda. Montoro te interviene

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha tratado –cumpliendo todos los objetivos de estabilidad–, de desarrollar políticas sociales, de fomentar la inversión en las necesidades más básicas de los madrileños y las madrileñas, el gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con el papel que tiene asignado desde Bruselas. Algo así como el lobo que guarda a las gallinas. El marco europeo es meridianamente claro: el Gobierno español tiene toda la comprensión en sus incumplimientos de objetivos con Bruselas, mientras mantenga a raya a aquellas administraciones que demuestran con sus prácticas que el presupuesto público puede dedicarse a cubrir las necesidades sociales. El objetivo es sustraer recursos destinados a atender las graves desigualdades sociales que acrecentó la crisis para desviarlos con el único fin de engrosar las cuentas de resultados del sistema financiero. Sin duda, este es el pecado original de Ahora Madrid que Montoro no puede consentir. Solo así se entiende la fiereza y la intransigencia e incluso las interpretaciones fuera de la ley con las que ataca nuestras cuentas públicas.

Una vez que la maquinaria de recortes se pone en marcha, la lógica es aplastante. Lo que no se ganó en las urnas, se gana por la fuerza. La Ley de Estabilidad funciona en la práctica de acuerdo con la doctrina del shock, una vez se pone en funcionamiento se empiezan a aplicar las medidas más severas. En apariencia, para las administraciones se presenta el siguiente dilema: ajustarse a los dictados o ser intervenido, pero la realidad es que cualquiera de las dos opciones suponen una intervención real. 

La intervención de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda aparece como la amenaza inmediata y conlleva la pérdida de toda autonomía sobre el motor político de cualquier gobierno, sus presupuestos. Pero si uno se detiene y piensa con cierta frialdad, se puede comprobar que tal dilema no existe. En realidad, el dilema se resume entre acatar los recortes –esto es, recortar de motu proprio–, o esperar a ser intervenido y que se apliquen exactamente los mismos recortes.

¿Qué se juega en Madrid? 

Como decíamos, Madrid es el laboratorio a la hora de aplicar estas políticas de austeridad. La primera pregunta es, por tanto, ¿por qué este nivel de celo y de presión sobre la ciudad de Madrid? ¿Por qué este ataque tan persistente y determinado sobre nuestro presupuesto? De manera automática se presenta la siguiente respuesta: este ataque se produce porque Madrid es uno de los símbolos del llamado cambio político. No obstante, si buceamos un poco más, se pueden añadir nuevas cuestiones. ¿Por qué razón se aplican con tanta rigidez medidas que fueron diseñadas para controlar el gasto en los peores años de la crisis? ¿No es lógico que cuando algunas administraciones han saneado sus cuentas se permita mayores niveles de inversión y prestación de servicios? Si aceptamos la premisa de que las crisis está pasando, ya no sería necesario el rigor en la imposición de recortes del pasado. Parece algo lógico, pero no es así.

En definitiva, en estos momentos no nos enfrentamos a la pasada crisis. Más bien estamos ante un nuevo ensayo general de gobierno en las escalas regionales y locales. Justo ahora que estamos a las puertas de un nuevo periodo de dificultades económicas. La eliminación de estímulos financieros por parte del Banco Central Europeo nos avoca a una nueva fase de estancamiento o recesión y Madrid constituye un laboratorio de escala media, un modelo para testar nuevos procesos de recortes a los Estados del bienestar europeos, un ensayo políticamente muy rentable. Cuando los Estados se articulan cada vez más en complejas estructuras, compuestas de administraciones locales y regionales más diversas, exigen que los mecanismos centralizados del gobierno financiero –el encargo principal del que se ocupa el gobierno del PP–, estén bien engrasados. Solo atendiendo a esta clave entenderemos el marco más amplio de la situación.

En estos días el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado y aprobado que aceptará las condiciones exigidas por Montoro. A cambio, se retirarán las medidas judiciales que han paralizado algunas inversiones y también los contenciosos emprendidos por el Ayuntamiento en su legítima defensa. Se trata de un nuevo Plan Económico Financiero que incluya todas los recortes exigidos por el gobierno del Partido Popular. Valga decir que grosso modo y a falta de tener el detalle presupuestario, estamos hablando de un recorte en los gastos no financieros de cerca de 550 millones de euros, solo en el primer año. Recortes que afectarán fundamentalmente a tres líneas de gasto: la imposibilidad de desarrollar nuevos programas sociales de calado, el incumplimiento de las mejoras laborales pactadas en el último año con los sectores más precarios del Ayuntamiento de Madrid y la reducción de las inversiones de la ciudad en más de un 80%. Los nuevos centros culturales, las escuelas infantiles, los polideportivos, los centros de mayores, las escuelas de música y la gran mayoría de las nuevas instalaciones prometidas (la práctica totalidad del plan de gobierno de la ciudad en materia de inversiones) no se podrán realizar.

¿Qué hacer ante esta situación? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara. Para el gobierno de Ahora Madrid es inasumible cerrar la legislatura aprobando recortes multimillonarios. Continuar la batalla en este sentido significa no ceder ante las exigencias de Montoro y abrir un frente político en el que se debatan las medidas de austeridad y sus consecuencias, donde las reglas del juego cambien en favor del sentido común y donde los recortes no se presenten como la única alternativa posible. En definitiva, ser parte actora clave en este conflicto y no cómplice o ejecutor del mismo. Es nuestra responsabilidad que las inversiones y el gasto social al que se puede comprometer Madrid se lleve a cabo, como también es necesario entender que –en el fondo–, lo que está en juego es quién gobierna las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid, un gobierno elegido en las urnas o un ministro que actúa al dictado de la Troika. 

El dilema de Ahora Madrid no se resuelve con convertirse en un buen aparato de gestión de la realidad dada, además de impuesta. Ahora Madrid tiene el reto de apuntar un camino de transformación política en nuestra ciudad, asumiendo que su papel debe expresar la rebeldía y el programa político que hicieron posible nuestra candidatura, sin aceptar la cultura política del neoliberalismo triunfante, ni sus líneas programáticas.   

* Pablo Carmona es concejal de Ahora Madrid, presidente de las Juntas Municipales de Salamanca y Moratalaz y miembro de Ganemos Madrid.

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

No ha habido ningún elemento positivo en la aprobación del Plan. El Ayuntamiento ni siquiera puede beneficiarse del desbloqueo de las inversiones recién ordenado por el PP a cambio de la aprobación de los recortes. Si los 120 millones de euros en inversiones que se acaban de desbloquear no se tramitan hasta la fase presupuestaria de autorización del gasto en los seis días hábiles que quedan, se perderán por completo (así queda estipulado en la disposición adicional nonagésima sexta de PGE 2017). Y que se tramiten a tiempo es hartamente improbable porque para ello es necesario que las unidades gestoras finalicen los expedientes –que incluyen memorias técnicas y económicas–, que la Intervención municipal los fiscalice (en una época de congestión por ser final de año) y que los órganos de contratación firmen los correspondientes decretos. Además, aunque nos situásemos en el caso imposible e idílico de aprobación de esos 120 millones, no compensarían el recorte de 533 millones.

Por otro lado, los recortes ni siquiera se podrán compensar con las Inversiones Financieramente Sostenibles porque 1) actualmente no hay marco legal para aprobar estas figuras y probablemente hasta marzo no lo habrá, y porque 2) no sirven para obras de construcción nueva, como escuelas infantiles o centros de mayores; así como por otras limitaciones de carácter administrativo.

Tampoco sirve el argumento de que como el Ayuntamiento de Madrid no es capaz de ejecutar todo el presupuesto y siempre sobra dinero a final de año, los recortes no afectarán apenas al Ayuntamiento. En realidad, que a final de año no se ejecute todo el presupuesto no quiere decir que se pueda prescindir de un presupuesto bien dotado. Todos los proyectos y todas las obras necesitan tener presupuesto para poder licitarse y adjudicarse, independientemente de que el último día del año el proceso no se haya finalizado por completo y sobre algo de dinero. Si no hay suficiente presupuesto las obras no se pueden iniciar porque es condición indispensable tener y “apartar” ese dinero para ello, aunque a final de año no se haya utilizado toda la cantidad apartada.

Por último, celebrar que Montoro se haya retirado es absurdo. Se ha retirado porque el Pleno ha aprobado sus brutales recortes. Montoro se va porque se ha salido con la suya: ha conseguido que haya recortes y que el mejor concejal de economía del país ya no esté poniendo los recursos económicos al servicio de la mayoría social.

En definitiva, desgraciadamente con la aprobación de este Plan Económico solo gana Montoro y los fanáticos de la austeridad, mientras que pierden los madrileños y madrileñas y el necesario y precioso proyecto de confluencias que representa Ahora Madrid. Es una pena que así haya sido cuando existían alternativas que podían haberlo impedido. No obstante, ni que decir tiene que esto es solo una batalla y que aún queda mucha lucha por librar.

 

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El cese de Sánchez Mato, un ejemplo de política subyugada

Manuela Carmena durante el pleno de investidura.

El cese de Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por parte de Manuela Carmena ha supuesto un nuevo episodio en el que la alcaldesa, y quienes la apoyan, han vuelto a agachar la cabeza ante la derecha, en este caso ante Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública del Gobierno central. Sin embargo este suceso, más allá de sus protagonistas concretos, nos puede valer para analizar los males que azotan a la izquierda y el funcionamiento político de nuestra sociedad actual. De hecho, su desenlace es la constatación de que esos males no son percibidos como tal, sino tan solo como el único resultado posible. Lo que aquí se juega es más que una batalla partidista o un modelo municipal, lo que aquí se dirime es que sea la política quien dirige a la economía o que quede relegada a mero apéndice gestionario del modelo neoliberal.

La primera consecuencia, la más grave, es que muchos simpatizantes de Ahora Madrid, así como una parte de los políticos de eso que se llamó el cambio, han aceptado el horizonte de la abnegación, el there is no alternative thatcheriano, la siniestra confusión que nos lleva a pensar que la responsabilidad es un término absoluto y no dirigido: siempre se es responsable respecto a alguien o algo y en este caso Carmena lo ha sido respecto a Montoro, la Troika y los mercados, no hacia sus votantes. La responsabilidad es mucho mayor que la de una mala decisión o una simple decepción –la cual siempre es superable–, la responsabilidad es la educar en una mentira interesada a miles de personas hipotecando nuestro futuro inmediato. Resulta paradójico que quien se aupó sobre el sí se puede diga ahora que no es el momento, que se jacte de la imposibilidad.

A Sánchez Mato, quien había hecho una más que correcta labor en su área, logrando superávit, reduciendo la deuda y aumentando la inversión, se le cesa con la excusa de su negativa para votar su plan económico y financiero, para entendernos, un papelote que los ayuntamientos que han superado el techo de gasto impuesto por Montoro, esto es, Bruselas, tienen que presentar al ministro para decirle que se van a portar bien. Encontramos aquí la primera mentira en el asunto. Decir que este plan era de Sánchez Mato equivaldría a decir que el Quijote es autoría del señor que activa la imprenta donde se edita. El concejal, junto a otros compañeros de grupo, se mantuvo firme en la convicción de no aprobar algo que no representaba su trabajo, su línea política, la del programa con el que Ahora Madrid se presentó a las elecciones. El PP salió al quite. Los compañeros de viaje lo expresan todo.

Había herramientas legales y vericuetos administrativos para no haber tenido aún que poner en marcha el plan. Lo que se ha presentado como una elección entre la independencia del ayuntamiento o la intervención del ministro es realmente aceptar una intervención de facto. Reducir la partida de inversión a límites de supervivencia ni siquiera vistos en los momentos más duros de la crisis para pagar la deuda de la M30 y sus sobrecostes –veremos de qué naturaleza– es algo más que una intervención, es ponerte la careta del ministro pero recibir tú los golpes. Del no debemos, no pagamos, a pase y sírvase usted mismo.

El cese no era obligatorio, ni técnico, sino una cabeza que tanto Montoro, como la alcaldesa querían cobrarse. La razón es doble: por un lado, no ha convenido mostrar a la ciudadanía que otra política económica es posible; por otro, que quien la ha llevado a cabo sea un comunista ha despertado grandes suspicacias, y no solo en la derecha. El ministro se quita a una de las pocas figuras que le había plantado cara, la alcaldesa elimina a quien le recordaba cuál era el compromiso fundacional de Ahora Madrid. Efectivamente, como se ha dicho, había razones estratégicas y electoralistas, pero no precisamente por parte del concejal.

Montoro ha hecho su trabajo. Su herramienta, presentada como una falsa asepsia económica, ha sido la de retorcer su propia norma de gasto para pedir unos recortes aún más exagerados a Madrid, una dureza inédita en otros ayuntamientos, donde se ha sido más suave o directamente se ha mirado hacia otro lado. La razón es obvia: Madrid era la punta de lanza de las políticas contrarias al austericidio. Hacer fracasar su proyecto es asestar un aldabonazo a las mismas.

Si esta es la situación concreta, donde las excusas han venido más por parte de la propia Carmena que de la derecha –que se ha limitado a observar y frotarse las manos– cabría indagar en las causas de cómo ha sido posible que se llegue hasta aquí. Si bien las razones del reparto de poder dentro del contexto del Podemos madrileño han importado, también habría que recordar que Carmena ya representa una corriente en sí misma, donde su mano derecha en la sombra, Cueto, ha ejercido de Richelieu contra los sectores más avanzados de la convergencia: IU, Anticapitalistas y Madrid 129. La auditoría municipal, el caso del Open de Tenis o la operación Chamartín se han destapado como los casos en los que el carmenismo ha pugnado con estos sectores, es decir, se ha hecho patente la lucha entre la tecnocracia social liberal y la izquierda transformadora.

Es cierto que la división favorece a la derecha, como no es menos cierto que esta ya es una coartada que nos debería sonar: fue la que durante años utilizó el PSOE cada vez que aplicaba políticas de derechas. Que quien crea las divisiones advierta de ellas es tan solo un mecanismo para cargar la culpa sobre quien, justamente, las critica. Esta no ha sido la primera línea roja que el carmenismo ha cruzado. Desde el caso Zapata, pasando por los titiriteros, hasta sus encontronazos con las plataformas de vivienda no ha dudado en dejar a los pies de los caballos a quien haya hecho falta para no enturbiar su buscada imagen de sensatez. Mención aparte quizá merezca el caso de Rita Maestre, donde la concejala conservó su puesto y, pese a haber recibido el apoyo de todos los sectores de Ahora Madrid así como de la izquierda en general, no dudó en utilizar un vídeo en las primarias de Podemos donde abjuraba de ellos. Los significantes vacíos no entienden de lealtad.

La propia línea política del carmenismo podría encajar a menudo en el propio Ciudadanos. Insistir en la mentira de la gestión neutra, en la ideología de la no ideología, en el gobernar para todos. Siempre se gestiona de acuerdo a unos principios, en una dirección, buscando unos resultados, siempre se gobierna de acuerdo a una ideología, nunca se puede gobernar para todos, cuando ese todos, la ciudadanía, está compuesto por clases sociales con intereses contrapuestos. Insistir en despolitizar Ahora Madrid no es más que politizarlo de acuerdo a una ideología muy concreta, la que piensa que tratando bien a los ricos se podrán crear unas condiciones óptimas para todos. El PP opina lo mismo, solo que sabe que la segunda parte de la propuesta es tan irreal como prescindible.

Carmena se ha movido a la perfección en las guerras culturales y en la crítica de los sectores más reaccionarios a sus proyectos de movilidad. Mientras que ella sea presentada como una peligrosa revolucionaria por los grandes medios, mantiene a salvo su imagen para la mayoría de sus votantes, que perciben lo exagerado de las acusaciones. El juego le ha permitido ir sorteando el conflicto, tapado por encontronazos teatrales, hasta que el conflicto se ha presentado y no ha tenido más remedio que hacerle frente, elegir, aplicar una ideología, la suya. Carmena, al renunciar unilateralmente al programa de Ahora Madrid y condenar al ostracismo a las bases de Ganemos, no ha mostrado independencia, sino cesarismo, aquella forma de proceder que sitúa las decisiones personales –las de su corriente y los intereses que representa– por encima del proyecto que representaba.

Porque este ha sido el pecado original no, siendo justos, de la alcaldesa, sino de quien la aupó a ser quien es. Carmena, ya como creación electoral, fue una figura indispensable para ganar el ayuntamiento, no por sí misma, sino por los valores que se le asociaron en una campaña que duró meses y que se construyó desde abajo: sin el esfuerzo coordinado de miles de personas no hubiera sido más que una candidata más. El problema de las figuras vacías es que nunca lo están realmente y en este juego de matrioskas lo que Carmena traía coincide poco con lo que Ahora Madrid decía pretender.

Esto no es un conflicto entre una izquierda radical, insensata y perdedora contra una nueva política victoriosa con los pies en la tierra. Lo primero porque, resulta absurdo, calificar lo que Sánchez Mato ha representado como idealista, cuando no ha existido nada más material que sus cuentas, dirigidas ideológicamente hacia el objetivo de una gestión más justa. Lo segundo porque las victorias no son cosas de campañas ni de piruetas retóricas, sino de contextos y saber aprovecharlos, y el que se dio en las pasadas elecciones no se dará en las siguientes. Lo tercero porque lo electoral era solo una herramienta para ir más allá, o al menos eso se nos dijo con el asalto municipalista: la clave era aprovechar las instituciones para mostrar otra forma de hacer, pero también para fomentar una repolitización por abajo. Justo al revés de lo hecho, ya que la idea no era crear superheroínas, sino dejar claro que sin la movilización ciudadana y su implicación en los asuntos de la polis no hay transformación posible. No esperábamos la revolución, sí algo de oxígeno.

Hay que tener, efectivamente, los pies en la tierra. Pero para ello lo que es imprescindible es recordar que siempre existen dos tierras, la del club de campo y la de los barrios que te votaron. No hay nada peor que el escapismo atroz de la falsa sensatez.

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Cierre del gasto, control de pagos y aviso a los bancos, las medidas de Montoro en Cataluña

CIVIO // El BOE de hoy recoge la orden ministerial que establece las medidas de control a las cuentas de la Generalitat establecidas ayer por Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, para evitar que se destinen fondos públicos a financiar el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre. Firmada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos a propuesta del propio ministro, establece el control de pagos, operaciones financieras y contrataciones, además de la congelación del gasto en todos los apartados presupuestarios, excepto en aquellos destinados a mantener los servicios básicos.

El Gobierno responde por esta vía, en una orden ministerial y con la estabilidad presupuestaria como uno de los argumentos base, a los movimientos de la Generalitat para llevar a cabo el referéndum. La decisión, según el propio texto, responde a la carta de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, que escribió a Montoro para anunciarle que la Generalitat dejaba de enviar los informes semanales de gasto que el Gobierno impuso a Cataluña en julio como medida de control.

Aunque recuerda la unidad de España establecida en la Constitución, la exposición de motivos se centra, sobre todo, en cuestiones financieras. Según el texto, “en las últimas semanas se ha producido una escalada de acontecimientos que ponen en riesgo el principio de coordinación de las Haciendas Públicas, el de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera, perjudicando gravemente el interés general y poniendo en peligro el funcionamiento del sistema de financiación autonómico en Cataluña”. Y que la autonomía financiera termina donde empieza la estabilidad financiera, a la que coloca por encima nombrando el artículo 135 de la Constitución, reformado de forma exprés por PSOE, PP y UPN en 2011.

Además, argumenta que, al generar “dudas sobre la voluntad del Gobierno de la Comunidad de atender los pagos de la deuda pública”, siendo la Hacienda estatal el principal acreedor, las decisiones económicas de Cataluña son “una clara amenaza para el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública del conjunto del país”.

Esta es la tercera orden de Hacienda para controlar las cuentas catalanas y, un control que ha ido escalando desde las probadas en noviembre de 2015 y el pasado mes de julio. Ahora, lo que se ordena en este texto es un control casi total de pagos, gastos y financiación.

Si Puigdemont no firma el acuerdo de no disponibilidad, lo hará Montoro

La primera medida pasa por exigir a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, que firme un acuerdo de no disponibilidad en 48 horas que suponga la prohibición de nuevos gastos, excepto aquellos destinados a pagar los servicios públicos básicos y las remuneraciones de los funcionarios. Si no lo hace, avisa la orden, será el propio Montoro el que la firme.

Para los pagos sí permitidos, todas las facturas que vayan con cargo a los fondos del sistema de financiación se pagarán desde el Ministerio de Hacienda. Deberán contar con certificados que acrediten que se destinan a asuntos que no incumplen la ley. También se exigirá esa certificación a los contratos públicos, y se advierte a las empresas adjudicatarias que deberán informar a Hacienda y al Ministerio Fiscal, si fuera necesario, si son contratados para servicios o suministros vinculados con el referéndum.

En cuanto al control financiero, la orden establece que todas las operaciones de financiación o deuda de la Generalitat deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Cualquier operación en entidades de crédito deberá contar con un certificado o una declaración responsable que acredite que el movimiento no está destinado a actividades ilegales. Además, obliga al Interventor General de la Generalitat, en 48 horas, a entregar a Hacienda una lista de los contratos de servicios bancarios o financieros en vigor. El objetivo es que Hacienda pueda comunicar a las entidades financieras que no pueden autorizar movimientos destinados a sufragar el referéndum.

Artículo publicado originalmente en el blog Elboenuestrodecadadia.com, de CIVIO.

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“También el desamor se contempla en la fiscalidad”

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado I La Marea

MADRID // Carlos Cruzado es un hombre versátil: puede hablar de impuestos y amor al mismo tiempo. Detrás del tono afable y sereno del presidente de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) se halla de las voces autorizadas más críticas en materia fiscal y económica

¿De qué manera está presente el amor en el sistema fiscal de un país como España?

El amor oficializado, el patrimonio, la familia… es ahí donde se encuentra el amor en la regulación fiscal. En España existe el mandato constitucional de proteger a la familia, y de alguna forma también a las parejas de hecho. Algunas comunidades autónomas disponen de registros de parejas de hecho y allí tienen un tratamiento equiparable al de los matrimonios en temas como el impuesto de sucesiones.

¿Hay alguna comunidad que destaque en ese sentido?

En Madrid, Andalucía y Cataluña reconocen reducciones para parejas de hecho en el impuesto de sucesiones. También en los regímenes forales (Navarra y País Vasco), las parejas de hecho y los matrimonios tienen el mismo tratamiento en el impuesto sobre la Renta; pueden hacer la declaración conjunta.

La definición de familia y pareja está cambiando. Por ejemplo, cada vez hay más parejas monoparentales. ¿Cómo ven estos cambios desde Hacienda?

Las familias monoparentales ya se reconocen a nivel de impuesto sobre la Renta. En las parejas que no están casadas y tienen hijos, lógicamente los hijos tienen el mismo tratamiento con independencia de la filiación de los padres. Ahí sí que hay una relación que protege a las familias monoparentales. De hecho, se puede optar por la declaración conjunta de la Renta, pero solo puede hacerla uno de los progenitores en caso de que no estén casados. Un paso importante ha sido el matrimonio homosexual. Las familias o parejas homosexuales ya tienen el mismo tratamiento, siempre que hayan contraído matrimonio.

Ahora la proporción de divorcios es mayor, hay menos parejas que contraen matrimonio… ¿Hacia dónde irá la fiscalidad, si tenemos en cuenta que las parejas son cada vez más volátiles?

Seguramente cambiará, porque la fiscalidad siempre va un paso por detrás a nivel social. Hablamos de amor, pero también el desamor se contempla en la fiscalidad. Cuando hay disolución de sociedades gananciales, disolución del matrimonio, no se plasma en el impuesto de transmisiones debido a ese traspaso de los bienes comunes a cada uno de los miembros. Hay diferencias y regulaciones que cambian para ese desamor, como las pensiones compensatorias en el caso de los divorcios, que están reguladas con el impuesto sobre la Renta.

¿Cuáles son las trampas fiscales más frecuentes en relación con el amor?

Este es un tema que está muy de actualidad. Hemos visto a muchas personas, cónyuges, que intentan eludir su responsabilidad, incluso en casos penales por delitos fiscales, hablando del amor y de que no conocían la situación en la que estaban inmersas. Todos pensamos en el caso de Urdangarin y de cómo la infanta fue finalmente absuelta, a pesar de formar parte de la sociedad por la que fue condenado su marido. Hay muchos otros casos de políticos relacionados con procedimientos penales donde también por amor parece que desconocían las actividades delictivas. Es cierto que se utiliza el amor en ese sentido, se intentan ocultar propiedades y sobre todo eludir responsabilidades sobre determinadas propiedades que se traspasan a los cónyuges y parejas. Este es un clásico entre los defraudadores fiscales. A veces el amor es ciego, y otras veces se hace el ciego.

Los inspectores de Hacienda están entre los funcionarios que más recelo despiertan, a pesar de que ustedes hacen un trabajo imprescindible para la economía. ¿Qué opina al respecto?

La imagen de Hacienda y sus trabajadores, no solo los inspectores y los técnicos, está muy vinculada a la inspección. La mayoría de los trabajadores de Hacienda se dedica a otras cosas, como ayudar a contribuyentes, a los programas de auxilio, a hacer borradores, etcétera. No solo están los compañeros de inspección que levantan actas. Es verdad que ese desamor puede deberse a la forma de actuar de la administración tributaria, que está más volcada en el control de los trabajadores y las pequeñas empresas, y no atiende todo lo que se debiera en relación con grandes patrimonios y fortunas. La gente de a pie desgraciadamente muchas veces se ve más afectada por estas regulaciones y estas comprobaciones, cuando en realidad debería ser más general, con más control sobre grandes empresas y grandes fortunas, y tratar con más tacto a los pequeños contribuyentes.

¿Recuerda alguna anécdota de amor dentro del Ministerio de Hacienda?

La verdad es que no (ríe).

Pero a pesar de la aversión que despiertan, el papel que ustedes cumplen mantiene vivo al Estado. Debe haber algo de amor en eso…

Sin duda, como servidores públicos la mayoría de los técnicos de Hacienda se siente orgulloso de contribuir a que funcione el Estado. En el ámbito de la Agencia Tributaria y de la recaudación de impuestos, es necesario un poco de amor para mantener el principio de suficiencia que permite aumentar o mantener el gasto social.

Usted preside el sindicato más importante de técnicos de Hacienda. ¿Hasta qué punto se sienten amados dentro del ministerio?

No nos sentimos amados en absoluto, de hecho nos sentimos defraudados. Hace poco lanzamos una campaña que decía “Hacienda defrauda a sus técnicos”. No gustó a nadie, pero es que nos sentimos así. Cuando hablamos de amor hacia nuestro trabajo y al servicio público, no nos sentimos retribuidos no solo en lo relativo al salario, que es algo que casi todos los colectivos pueden plantear: es que tampoco sentimos que se reconozca el trabajo que hacemos. No hay correspondencia en ese amor que sentimos por el servicio público.

* Esta entrevista está incluida en el número 50 de la revista La Marea dedicado al amor.

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¿Qué pasa por la mente de un corrupto?

“Me he llevado de todo, dinero y caja y comisiones. Era un yonqui del dinero, casi todo el mundo está en movidas”. La frase, pronunciada en mayo del año pasado por Marcos Benavent, exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa, dio la vuelta a España tanto como su renovado look y su supuesta conversión a la religión de la placidez, el yoga y la comida ecológica. Desde la operación Malaya hasta el más reciente caso Nóos o la trama Gürtel, la corrupción ha sentado en el banquillo a personalidades como el yerno del rey, el tesorero de un partido de gobierno, poderosos empresarios, políticos, reconocidos abogados, afamados artistas, futbolistas, banqueros… Todos son acusados de robar y algunos ya han sido condenados. ¿Pero qué pasa por la cabeza de una persona rica para querer defraudar? ¿Qué pasa por su mente?

“Lo mismo que por la mente de cualquier delincuente antes de cometer un delito. Es decir, los delincuentes toman la decisión de delinquir (agredir a un desconocido para robarle o defraudar a Hacienda) porque deciden hacerlo y esto es lo que sucede en su mente”, resume el profesor de Psicología en la Universidad de Barcelona Antonio Andrés Pueyo. El experto basa esa decisión en cinco razones. Primero, la oportunidad: muchos delincuentes de cuello blanco están en lugares de poder donde pueden realizar esos delitos. Segundo, la necesidad: muchas veces estas personas, ricas en algún momento, tienen necesidades de dinero o poder o control para continuar con su estatus o para cubrir sus necesidades, que pueden ser totalmente superfluas o no. Tercero, las predisposiciones personales: actitudes y creencias narcisistas, egoístas, de impunidad… Cuarto, los estados emocionales alterados, como el consumo de drogas, alcohol, estados afectivos alterados. Y por último, la ecuación coste / beneficio: valoran lo que pueden ganar y perder… “Muchas veces, con su sentimiento de invulnerabilidad, sólo ven beneficios y ningún coste a su conducta”, concluye el profesor. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la Corona y la política fueron ámbitos intocables. Todo ello -añade el especialista-, contribuye a mantener la reiteración delictiva si los primeros delitos pasan desapercibidos y aumentan su sensación de impunidad.

En ocasiones, incluso, los defraudadores no sólo no reciben reproche social, sino que salen reforzados. “La corrupción no es exclusiva de la especie humana (se han evidenciado conductas corruptas en chimpancés, abejas y hormigas). Entre los seres humanos, tampoco es exclusiva del poder político (aunque la hay) ni de los empresarios prebendarios (aunque los hay) sino también de la sociedad que a su medida, la ejerce o, al menos, tolera”, escribe el neurólogo y neurocientífico Fernando Manes en un artículo en El País. “No hay seres humanos corruptos sino una sociedad corrupta […] Todos los países tienen corrupción y seres humanos corruptos. La diferencia, en parte, radica en cuán tolerada es la corrupción en esa sociedad”, prosigue. Dos ejemplos: el expresidente del Sevilla José María del Nido, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación, no dejó el club hasta que la sentencia fue confirmada por el Supremo. “Mientras el Sevilla meta goles… a mí me da igual”, llegaron a decir seguidores del equipo de fútbol en aquel tiempo. E Isabel Pantoja, condenada a dos años por blanqueo de capitales, ha sido vitoreada por sus fans en conciertos e incluso a las puertas del juzgado. El catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Criminología de Sevilla, Borja Mapelli incide en que el problema está enraizado en la propia sociedad, “que enseña que el triunfo, el éxito, está asociado al dinero”.

Según el psiquiatra José Carlos Fuertes, el hecho de defraudar conlleva en algunas personas una sensación de placer y de cierto “morbo”, al creerse el “defraudador superior al ‘omnipotente Estado’ siendo capaz de engañarle”. Por eso, afirma, son muy necesarios siempre la existencia de mecanismos sociales de freno y de control. El psiquiatra descarta que la corrupción o la avaricia tengan, por el momento, una correlación conocida con las estructuras neuronales: “Pero es muy probable que en un futuro no lejano se pueda objetivar la existencia de un mal funcionamiento de sistemas neuronales que expliquen algunos de estos comportamientos”. Lo que sí falla en las personas corruptas, según Fuertes, son los mecanismos de autocontrol: “Unos sujetos tienen una moral mucho mas estricta y basta con el hecho de que una cosa esté mal para no hacerla. Por el contrario, hay individuos que tienen una moral mucho más laxa y dan al fraude o al engaño una lectura positiva, llegando a justificar lo que hacen e incluso a verlo como algo que demuestra su inteligencia y astucia”.

Una investigación publicada en Frontiers in Behavioural Neuroscience recoge un experimento en el que se simuló una subasta. A los participantes se les daba la posibilidad de sobornar al subastador para obtener beneficios. Las primeras veces, podían sobornar libremente. Pero cuando el perdedor podía exigir inspeccionar la operación, la situación cambiaba: tanto subastadores como sobornadores eran menos corruptos cuando sabían que podían ser observados.

De todos los colores en las black 

Como el resto de delincuentes, explica el profesor Pueyo, son esencialmente personas heterogéneas: “Los hay con la autoestima baja y con la autoestima alta, los hay más sociables y menos, mas hábiles socialmente o menos. Es decir, no tienen un arquetipo único. Sólo hay que pensar en los que utilizaban las tarjetas black”. Como sostiene el colectivo 15MpaRato, que logró abrir el caso Bankia, “todos los partidos políticos -todos-, todos los sindicatos mayoritarios -todos-, la mayoría de la entidades institucionales desde la patronal a la casa real pasando por instituciones deportivas o medios de comunicación, todos han sido partícipes”. La Fiscalía pide penas de hasta seis años por gastar de forma irregular 12 millones de euros de Caja Madrid.

Sí pueden diferenciar a unos delincuentes de otros los llamados factores de riesgo que se usan en Criminología y que hacen que una persona que los posee o a la que influyen pueda delinquir o reincidir. Pueyo los agrupa en cuatro grandes tipos: actitudes antisociales (creencias de que lo que hago es correcto y la ley está equivocada, consideraciones egoístas e interesadas sin medir las consecuencias para los otros); historia de vulneración de normas (personas con antecedentes de conductas ilegales, amorales, etc…); patrones de personalidad antisocial (narcisistas, psicopatías, trastornos límite de personalidad, bajo autocontrol, impulsividad, etc…); y colegas o amigos (asociados) antisociales (bandas criminales, otros delincuentes, etc…).

“Todo ello hace que sea difícil encontrar una razón médica, como alguna enfermedad mental, que justifique este complejo y perseverante en el tiempo repertorio conductual en que consiste la corrupción, el fraude, el engaño, la manipulación de otros, etc…”, insiste el profesor de la Universidad de Barcelona.

Ni siquiera en el caso de los reincidentes, como Mario Conde, se trata de una enfermedad: “Podríamos hablar de un estilo de vida, de un patrón de personalidad antisocial y también, por qué no, de un trastorno de personalidad. En la psicopatología criminal y en referencia a sujetos como el mencionado se les denomina ‘psicópatas integrados’ o ‘serpientes con traje’, como llama Robert Hare, el mejor experto mundial en psicopatía, a los delincuentes de cuello blanco y análogos que no cometen delitos de sangre o que pertenecen al mundo de la exclusión social…”, explica Pueyo.

El psiquiatra José Carlos Fuertes lo corrobora: “Lo que hay son personalidades anómalas, tóxicas o desequilibradas, pero no son enfermos en el sentido que la psiquiatría entiende hoy. La avaricia no es una enfermedad ni un trastorno mental. Como mucho, es una conducta inadecuada cuya base puede estar en un trastorno de la personalidad. La ambición es una conducta consustancial con la condición humana. Y tampoco tiene por qué ser de entrada un comportamiento negativo. Puede ser motivadora de la acción. Lo que sí es enfermizo es la ambición sin límites, cuando se convierte en una obsesión y conduce a saltarse las normas y a defraudar”.

En el caso de personas de origen humilde y, tras amasar una fortuna, deciden defraudar, como artistas o futbolistas, el psiquiatra sostiene que puede haber un cierto “revanchismo” al haber tenido privaciones y dificultades en la infancia, lo que aumenta su ambición en la vida adulta: “Su autoestima está en función de lo que tienen, no de lo que son”. Para el psicólogo, sin embargo, el origen no está reñido con compartir actitudes, motivaciones, deseos… y no considera que haya sensación de revancha: “Se produce por las mismas razones que los demás casos”, concluye.

¿Incide más la corrupción entre los hombres? Desde el punto de vista de Pueyo, los delitos, en general y especialmente los violentos, son más propios de hombres que de mujeres… “Es todavía un interrogante por resolver la razón última de esta diferencia que también se mantiene en los delitos de cuello blanco”. Fuertes apunta a la discriminación: “No es que sea más propia la corrupción en el hombre que en la mujer, es que la mayoría de puestos de poder están ocupados por el hombre. No se puede afirmar que exista ‘el gen masculino’ de la corrupción”.

Lo que sí ponen en evidencia la mayoría de los implicados es la relación estrecha entre poder y corrupción. “Sólo tienen una barrera que los separa: la ley, la moral y la ética. El cumplimiento por parte de los poderosos de las normas y las leyes. Pero el individuo humano puede elegir entre hacerlo y no hacerlo. Los delincuentes, cuando son penalmente responsables, eligen no respetar la ley”, afirma el profesor de Psicología. Para el psiquiatra Fuertes, lo que asocia la mente con el poder es la consecución de cualquier objetivo que se desee: “Y de ahí a las prácticas inadecuadas, inmorales o ilegales el paso no es muy grande. Pero debe quedar claro que no siempre el poder tiene indefectiblemente que ir asociado a la corrupción”.

Este artículo fue publicado el 1 de octubre de 2016.

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Poliedros políticos y religiosos

Procesión LA MAREA

En los primeros días de abril, la Agencia Tributaria (AT) inicia la campaña de liquidación del impuesto de la Declaración de la Renta (IRPF) de 2016. Según el último informe de la AT (2015), la recaudación por el IRPF supuso unos ingresos del 6,86% del PIB. De esos ingresos, aproximadamente unos 250 millones de euros van a parar, año tras año, a las arcas de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y alrededor de otros 150 millones (de la casilla de fines sociales) se destinan a diversas entidades de la Iglesia católica y, también, de otras religiones para programas de contenido religioso y social, aunque también para propaganda y proselitismo.

Las casilla de la Iglesia católica (Ic) la vienen señalando aproximadamente uno de cada tres contribuyentes, a pesar de la enorme y embustera campaña publicitaria que cuesta varios millones de euros y que la Conferencia Episcopal, con el apoyo del Gobierno (y de algunos medios de comunicación), montan cada año por estas fechas. Eso sí, la hacen con el dinero de todos, es decir público. Algo realmente aberrante.

Ya le gustaría a Europa Laica poder gastar una muy pequeñísima parte de ese costo para explicar sus razonamientos.

Hacienda (con la complicidad del Parlamento) sustrae aproximadamente unos 250m€/año del Impuesto de la Renta y los entrega (a plazos) a la Conferencia Episcopal. Es decir los quita del impuesto de la Renta que paga toda la ciudadanía (católicos o no, que quieran o no financiar a la Iglesia católica…) y que lo emplean en pagar los salarios de curas y obispos, los gastos corrientes de las Diócesis, sus eventos y liturgias, sus propios medios de comunicación, en sus empresas, en inversiones en bolsa, en el proselitismo católico, en sus campañas de propaganda (entre ellas algunas contra diversos derechos civiles)… y, si hay sobrante de caja, va a parar engordar las arcas vaticanas. Esa sustracción ilegítima del IRPF elimina la posibilidad de hacer inversión pública, como hospitales escuelas, carreteras, medio ambiente…

Y eso es sólo una pequeña parte. El Estado español pone a disposición de la Iglesia católica más de ONCE MIL MILLONES de euros/año (*) a través de subvenciones, donaciones, colaboraciones, ayudas, cesiones, restauraciones…  o a través de las enormes exenciones tributarias de las que disfruta. Con ese 1% del PIB, la corporación católica actúa como un potente lobby ante los partidos políticos, el Gobierno y el Parlamento. También ante otros poderes del Estado, ante los ayuntamientos, ante los Cabildos y Diputaciones y ante los órganos legislativos de los diversos territorios. Son como una enorme tela de araña que se incrusta en los espacios del poder económico, político y mediático, con la intención de continuar con privilegios ancestrales. Ello nos cuesta a cada ciudadano y ciudadana (católicos o no) unos 240€/año – como verán: una muy buena cuota, eso sí, obligatoria.

Del Estado criptoconfesional al Estado laico o ¿al Estado multiconfesional?

Si “ninguna confesión tiene carácter estatal” (art. 16.3), si “todos somos iguales ante la ley”, (art. 14) de la Constitución, ¿por qué toda la ciudadanía hemos de contribuir al sostenimiento de las religiones? Porque estamos ante un grave incumplimiento constitucional que se alarga en el tiempo. Un grave delito político del Parlamento (y los diferentes Gobiernos desde 1978), con políticas y políticos cómplices que lo estimulan y lo consienten.

Y en vez de rectificar sacando la casilla del impuesto de la Renta y hacer que las religiones se autofinancien (la Santa Sede se comprometió a ello en 1979); en vez de eliminar los enormes privilegios fiscales de los que disfruta; no financiar una educación religiosa y dogmática… por ejemplo… ahora se observa que se están sacando de la “chistera política” que toda la ciudadanía (a través del IRPF) financiemos a musulmanes, evangélicos, mormones, budistas, testigos de Jehová, judíos, cristianos ortodoxos… Vamos, una “feria”.

Si no quieres chocolate, ¡toma dos tazas, o tres o cuatro…! Y así todos y todas contentos. Y así extender (como ya se viene haciendo, poco a poco) exenciones tributarias, donación de suelo público, subvenciones para sus saraos, liturgias, mantenimiento de imanes, pastores, etc. y financiar otras enseñanzas dogmáticas, caridad y beneficencia… Mientras, el Estado (los Estados y la Res pública) se va achicando y el Vaticano y otras corporaciones religiosas van engordando sus arcas y ocupando poder político, económico, jurídico y simbólico. Además de propiciar diversidad de colectivos fundamentalistas e integristas.

Existe una nefasta, torticera e interesada interpretación política de la “libertad religiosa”: la libertad religiosa NO tiene como finalidad que la ciudadanía financie las religiones o que el Estado asuma e interprete la cuestión religiosa como algo público y, además, les conceda privilegios. NO.

La libertad religiosa forma parte de la LIBERTAD DE CONCIENCIA, el derecho que tiene cada persona para creer o no creer, para manifestar públicamente o no unas determinadas creencias o no creencias. Y por ello el Estado está obligado a fomentar y proteger la “libertad de conciencia”. El Estado ha de ser rigurosamente neutral ante las religiones. Las corporaciones religiosas se han de autofinanciar y no deben disponer de privilegios específicos, por encima de cualquier otro tipo de asociacionismo y de la sociedad en general.

Las religiones (todas) como la política, son enormemente poliédricas, por ello, tanto se compenetran (política y religión), apoyándose para ejercer un determinado control social al servicio del poder de turno.

Muestran sus caras más nefastas y duras y sus caras más “amables”. Por ejemplo, la Iglesia católica muestra a su clero y seglares más necios, misógenos, homófobos, pederastas, incautadores, integristas… y, también, sus lados —aparentemente— caritativos, benévolos y benéficos… e, incluso, ahora a un “papado” abierto, comprensivo, tolerante, indulgente, ecológico y, en extremo, populista, al que alaban políticos y políticas poliédricos de casi todos los colores. Pero el poliedro es el mismo, sólo que cambia de cara en según qué intereses y momentos.

En España, por ejemplo, los mismos (polític@s) que se escandalizan por las tropelías que la Iglesia católica oficial y algunos de sus seguidores más fundamentalistas desarrollan, al mismo tiempo jalean a ciertos clérigos y a un papado (que con sus obispos) NO sólo no están dispuestos a perder ninguno de sus privilegios, sino que si, pueden, intentarán “saquear” aun más. Ya no digamos de la inmersión política de otras religiones cristianas o de otras naturalezas, que en España se materializa en tratar de avanzar, políticamente, hacia un Estado de corte multiconfesional, en vez de hacia un Estado laico.

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Hacienda acusa a Rodrigo Rato de defraudar 6,8 millones de euros

Rodrigo Rato I La Marea

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defraudó hasta 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015. La acusación procede de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), según consta en el informe de 600 páginas que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha remitido al juzgado. Según la ONIF, durante ese periodo de tiempo Rato obtuvo unas rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros. A través de una maraña societaria, el expresidente del FMI y de Bankia podría haber defraudado casi siete millones de euros. No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años, según recoge la agencia EFE.

Rato, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.

El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.

El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.

La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.

Esta nueva acusación de la ONIF llega pocos días después del final del juicio contra la antigua cúpula de Bankia por el uso de las tarjetas black, que ha quedado visto para sentencia tras 28 sesiones orales. Por este caso, Rato se enfrenta a una petición fiscal de 4,6 años de prisión y una indemnización de 2,6 millones de euros.

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