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La ONU exige a España que acelere la búsqueda de desaparecidos durante el franquismo

Apertura de una fosa común. I La Marea

Naciones Unidas ha dado a España un plazo de 90 días para que presente un calendario de trabajo actualizado con las medidas concretas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y el franquismo. La ONU también exige al Gobierno español que indique las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas. “Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas ni ha asumido un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema”, lamenta el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en su último documento,  presentado esta misma semana ante el Consejo de Derechos Humanos.

El informe tilda de “preocupante” que los familiares de las víctimas estén “librados a su propia suerte” a la hora de investigar los crímenes del franquismo. “Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debería satisfacer de acuerdo al derecho internacional”, incide el documento.

El grupo de expertos de la ONU lamenta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya hecho caso a las recomendaciones que el organismo efectuó en 2013. Así, admite estar “consternado” porque no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura. “Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, prosigue.

Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que proporcione un “mayor apoyo institucional y financiero a los familiares”, en particular en relación a la localización e identificación de personas previstas en la Ley de Memoria Histórica. Y va más allá: estas tareas “deben ser asumidas como una obligación de Estado”.

En este sentido, la ONU exige que el Estado español asuma un “rol activo” en las exhumaciones e identificación de restos, y que esto no dependa exclusivamente de algunas comunidades autónomas, asociaciones privadas o particulares.

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El embajador en Chile veta un homenaje a los exiliados españoles

Vista general del Winnipeg. Foto: Agrupación Winnipeg.

El próximo 2 de septiembre se cumplen 78 años de la llegada a Chile del Winnipeg, el ‘barco esperanza’ fletado por Pablo Neruda en 1939 en el que más de 2.000 refugiados españoles, entre ellos numerosas autoridades republicanas, embarcaron para escapar ante la victoria inminente de Franco. Sin embargo, este año no habrá acto de conmemoración, al menos no en el marco institucional. El embajador de España en Chile, Carlos Robles Fraga, ha vetado el homenaje que iba a tener lugar en el Centro Cultural de España en Santiago, institución adscrita a la Embajada española.

Todo empezó a finales de julio, cuando el Centro Cultural y la rama en Chile del colectivo de emigrantes españoles Marea Granate, a través de su Comisión por la Memoria del Exilio Republicano, se pusieron de acuerdo para celebrar un homenaje a los exiliados españoles en Chile coincidiendo con el aniversario del Winnipeg. Al acto, previsto en un principio para el 8 de septiembre, fueron invitados tanto organizaciones, diputados y otros representantes chilenos, como descendientes del exilio republicano y miembros destacados de la comunidad española en ese país, incluidos el cónsul y el embajador, Carlos Robles Fraga, que es hijo del ministro franquista Carlos Robles y sobrino de Manuel Fraga, también ministro con Franco y fundador del Partido Popular.

Cuando la noticia llegó a oídos del embajador, este dio la orden de anular el homenaje, tal y como explicaron los representantes del Centro Cultural a los organizadores de Marea Granate. “Hay quejas del embajador por el tema de la República”, explicó la encargada del Centro Cultural a la comisión organizadora. No obstante, esta responsable aceptó volver a hablar con Robles Fraga para tratar de replantear su postura, pero una semana después volvió a convocar a los organizadores para comunicarles lo que ya preveían: el acto había sido cancelado porque “el tema de la República es controvertido” y no había marcha atrás.

“Nosotros lo sentimos como un veto porque nos dicen que viene del embajador y que se trata del exilio republicano”, explica Héctor Pujols, miembro de Marea Granate y de la comisión creada para organizar el homenaje, quien además subraya que en todo momento fue el Centro Cultural “quien dio la cara”. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores explican a La Marea que en el pasado ya rindieron homenaje al Winnipeg y que en esta ocasión “se canceló por deficiencias en la organización“, aunque no explican cuáles. También aseguran que desde la Embajada ofrecieron a la comisión organizadora varios contactos académicos y la posibilidad de realizar el acto más adelante y sin concretar una fecha, una información que Marea Granate Chile niega de forma tajante.

“Queríamos que las instituciones participaran, estamos hablando de más de 10.000 exiliados españoles y sus descendientes en Chile”. Chile es uno de los países donde más influencia tuvo la comunidad de refugiados españoles tras la Guerra Civil. De aquella generación destacan figuras como la de Víctor Pey, con 102 años de edad, que fue íntimo colaborador del presidente Allende; el escritor y dramaturgo José Ricardo Morales (fallecido el año pasado); o los pintores José Balmes (murió hace un año) y Roser Bru (93 años), galardonados con el Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile, o la maestra y líder feminista Dolors Piera. Esta no es la primera vez que la Embajada de España en Chile pone trabas a actos de memoria histórica en ese país. Sucedió algo parecido cuando Marea Granate quiso celebrar un acto en memoria de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, entre los que había varios ciudadanos españoles. Según el colectivo de emigrantes, en aquella ocasión la Embajada se negó a difundir el acto, como hace habitualmente con cualquier actividad relacionada con la comunidad española, objetando la pertenencia a Podemos de Marea Granate, un colectivo independiente, horizontal y apartidista.

Los activistas de Marea Granate Chile están tejiendo nexos entre la generación que abandonó España por la Guerra Civil, la actual y los nuevos emigrantes españoles que se mudan al país latinoamericano en busca de oportunidades laborales. En la actualidad hay aproximadamente 69.000 españoles viviendo en Chile, según datos del último padrón de españoles residentes en el extranjero elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

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“La dictadura franquista fue una venganza”

dictadura franquista Secuencia del documental 'La fosa borrada del sur'.

Solo en la provincia de Almería, entre 1939 y 1945, fueron procesadas 11.300 personas. De ellas, 609 fueron condenadas a muerte. Y más de la mitad, en torno a 380, fueron fusiladas en las tapias del cementerio de San José. Unas 350 murieron en la cárcel de El Ingenio, víctimas de torturas, enfermedades y hambre. Es la historia que narra La fosa borrada del sur (Ediciones Paralelo 37 Audiovisual), un documental que intenta hacer entender cómo pudieron ocurrir los hechos en la dictadura franquista y por qué se permitió silenciarlos durante tantos años. Charlamos con su director, Diego García Campos, que esta semana ha presentado la cinta en Sevilla. 

¿Por qué ha hecho el documental?

En el origen del proyecto se han unido varias circunstancias: mi compromiso como periodista desde mediados de los 90 con la recuperación de la memoria; la necesidad de saber qué ocurrió con estas víctimas en Almería y la iniciativa conjunta con la ARMH Almería y su pasado reciente para apoyar a un grupo de familiares de víctimas a que encontraran a sus seres queridos.

¿Qué quiere transmitir con él?

Que el silencio y la injusticia no deberían haber quedado impunes. Que la violencia de posguerra no era necesaria. Que nadie debe impedir que ese dolor antiguo de posguerra quede ahí sepultado para siempre, y que hay unas víctimas que tienen, al menos, derecho al honor y la memoria.

“Comenzó una nueva guerra… la de la venganza, la persecución, el miedo…”, dice el documental. ¿Por qué sigue España sin entenderlo?

Ni siquiera los historiadores que han estudiado nuestra historia reciente a fondo lo entienden. Todo fue una venganza, ni siquiera pesaron esos principios de perdón cristiano a los que tanto se acogieron durante y después de la guerra los vencedores. Fue una represión sin piedad, cruel y continuada. Por eso una de las cuestiones pendientes es construir un relato en el que se clarifiquen ciertas cuestiones básicas, tal y como hicieron las dictaduras fascistas europeas y otras dictaduras latinoamericanas. Aquí se hizo una ley de punto y final y se cerró la herida en falso. 

“El que olvida el pasado le vuelve la espalda al futuro”, dice una de las personas más mayores que sale en la cinta. 

Es Alberto, un abuelo comunista que sufrió la violencia de posguerra en toda su familia, incluido él mismo. Uno de ellos, su hermano, fue fusilado después de ser torturado de una forma que hiela la sangre. Su edad no le impide seguir luchando con fuerza por que se conozcan aquellos hechos

El documental incluye una parte ficcionada. ¿Por qué? 

Se ficciona un juicio sumarísimo, traslado de presos, cárcel y fusilamiento en el tristemente conocido cementerio de San José, entre otras cuestiones. Es un apoyo a la parte documental. Sobre todo para intentar acercar a los ojos del siglo XXI lo que pudo ocurrir en esos años de posguerra. Hoy, tristemente, aún se enseña una historia torcida en algunos lugares. Los jóvenes y los no tan jóvenes deben entender que aquello no fue solo una guerra, que unos luchadores perdieron su vida por enfrentarse a unos golpistas y que la muerte no fue suficiente para los vencedores. La humillación y el dolor han pervivido y aún hoy siguen en parte.

¿Cree que el documental tendría que verse en las escuelas?

Precisamente explicamos en las presentaciones que se ha hecho en un tono didáctico. No obstante, hay algunos momentos muy duros por lo que se describe y por cómo lo describen los hijos o los nietos de las víctimas. Hemos pretendido ser didácticos. Por eso se intercalan puntos de vista de cinco historiadores, investigadores de referencia de la memoria –Fernando Martínez, Antonio Cazorla, Eusebio Rodríguez, Juan Hidalgo y Óscar Rodríguez–, que explican los acontecimientos para que se entiendan, y cómo se organizó la represión.

¿Se lo recomienda a miembros del Gobierno? Me acuerdo del diputado por Almería, y portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Este y otros documentales que se han realizado a nivel de todo el territorio español deberían ser herramientas de concordia y reconocimiento de un pasado que está por reescribir y entender, no armas arromadizas de unos contra otros, y menos de falta de respeto al honor y recuerdo de las víctimas o de sus familiares. Algunos comportamientos no tienen ni calificativo. El respeto a las víctimas debe estar por encima de todo. Primero conocer, luego acordar un relato nuevo de la historia de acuerdo a las investigaciones y realidades. Poco ocurrió como se escribió. Hay mucho interés en ocultar en cada territorio quién hizo cada cosa y de qué forma se benefició, incluso económicamente, de aquellas muertes y expolios. 

 

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Las mujeres que fueron arrojadas al mar desde el acantilado de Cabo Peñes

XIXÓN // El 2 de junio de 1938, los cuerpos de Rita, Rosaura, y María, junto con los de otras diez personas, fueron arrojados al mar desde los acantilados de Cabo Peñes (Gozón) por parte de los falangistas locales del cercano pueblo de Candás. El crimen que cometieron estas trabajadoras de las conserveras Albo y Alfageme era el de colaborar con el Socorro Rojo, ser familia de sindicalistas o pertenecer a la UGT de sus fábricas de conservas. Algunos cadáveres, devueltos por el mar tras ser arrojados a las frías aguas del Cantábrico, han sido rescatados del olvido por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de una fosa del cementerio de Bañugues (Gozón), para que el aniversario de su muerte pueda conmemorarse con la dignidad que sus restos merecen.

Los crímenes de Cabo Peñes

Anselmo “El Rondón” era una de los grandes objetivos del Negociado de Orden Público del Ayuntamiento de Carreño, cuando comenzó una redada en mayo de 1938 para reprimir a todos los afectos al Frente Popular. La lista negra incluyó a 52 nombres de Candás, cerca de Xixón. Anselmo no pudo escapar cuando cayó el frente y tuvo que regresar a su casa. Se escondió en un zulo debajo de la cama en su propio hogar, fue uno de los “topos” que intentaban sobrevivir en la oscuridad. Un descuido de un familiar con problemas psíquicos acabó con su vida. Al ir a comprar vino, la mujer dijo que era “para Anselmín”. Los falangistas acudieron a su casa y se produjo una huida que acabó con un tiroteo en el que “El Rondón” resultó herido y uno de los falangistas murió por fuego amigo.

Las autoridades acusaron a Anselmo de ser el responsable de la muerte del falangista. En una recreación del vía crucis, los miembros de Falange arrastraron y golpearon a Anselmo por todo el pueblo. Al final del camino esperaba “Casa Genarín”, el lugar habilitado para las torturas de la Brigada de Investigación y Vigilancia. Los días posteriores se produjeron detenciones masivas de todos aquellos incluidos en la lista de los 52. Los arrestos incluyeron a familiares, con la intención de que los fugitivos pudieran salir de sus escondites. En los interrogatorios se cometieron toda clase de actos atroces y torturas: las violaciones a las mujeres fueron norma, a otra de las detenidas le rompieron las dos piernas, a otra le clavaron una estaca en la espalda. El procedimiento habitual contra los rojos para que hablaran.

Rita “La Camuña”, conservera y responsable del Socorro Rojo Internacional, Rosaura Muñiz, conservera en la factoría Alfageme, y María “La Papona”, encargada de la fábrica de Conservas Albo y de UGT, se encontraban entre las detenidas. Fueron conducidas en un camión junto al resto de arrestados el día 2 de junio de 1938 hacia el Cabo Peñes, un lugar idílico que fue testigo de la tragedia. Lo último que vieron los ajusticiados fue el inmenso y vasto paisaje de las aguas del Cantábrico. Fueron asesinadas y arrojadas por el acantilado.

El mar, como si fuera consciente de la barbarie, devolvió los cuerpos a su terruño para que pudieran ser enterrados por sus familias o amigos. Los cuerpos de las asesinadas fueron apareciendo en las playas de la zona en un goteo de dramas irreconocibles: los días 2 y 3, en la playa de Bañugues; el día 4, en la playa de Las Botadas; el 7, en Muniello. A Rosaura la identificaron por el mandil en el que conservaba el número de identificación de la conservera en la que trabajaba. Los hallazgos causaron una conmoción tremenda. Los cadáveres fueron enterrados en prados cercanos o en fosas habilitadas por los vecinos..

En el cementerio de Bañugues sólo queda una cruz humilde con un ramo de flores marchito. La tierra removida días después de los trabajos de exhumación es evidencia silenciosa de un nuevo acto de recuperación de la dignidad por parte de la ARMH. Una mujer entra en el camposanto y suspira enojada al ver al periodista agachado mientras mira fijamente a la fosa e intenta reconstruir las vidas de las conserveras de Candás. La mujer, que va a poner un ramo en la tumba de algún ser querido, muestra de forma clara y sin disimulo su indignación hacia las familias de los represaliados en Cabo Peñes. Que algún día ellos puedan depositar un ramo de flores en el nicho de las víctimas, como hoy hace ella, le molesta.

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El Congreso pide al Gobierno que exhume el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos

Basílica del Valle de los Caídos I La Marea

Madrid // El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una iniciativa del PSOE en la que insta al Gobierno a exhumar el cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El texto ha sido aprobado por la unanimidad de los partidos de oposición en la cámara (198 votos). El PP, que en principio iba a votar en contra, finalmente se ha abstenido, al igual que ERC.

Esta proposición no de ley (PNL) no es de obligado cumplimiento por parte del Ejecutivo, pero sí tiene un gran valor político y simbólico. La exhumación de Franco es una de la veintena de medidas que recoge el documento aprobado en el Parlamento, que busca impulsar la Ley de Memoria Histórica aprobada en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

La PNL también reclama al Gobierno el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, a un lugar “no preeminente” de la basílica. “Con ello debemos proceder a resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje ser un lugar de memoria franquista y nacionalcatólica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, recoge la propuesta.

Además, pide la supresión de las subvenciones o ayudas públicas a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la Dictadura o la figura del dictador Franco; reanudar las políticas públicas y las ayudas destinadas a la exhumación de víctimas; estudiar la creación de bancos de ADN para la identificación de desaparecidos y estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria reclama la reapertura y potenciación de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura; impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura; promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas, y establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.

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