You are here

Condenados a quedarse en Melilla por negarse a ser ‘chivatos’ de la Guardia Civil

melilla ceti

En Melilla hay un padre que ve en España la única oportunidad que le queda para poder reunirse con su hija y su mujer en Francia. Se trata de Mamadou Mohamed, un joven de Guinea Conakry que lleva quince meses atrapado en la ciudad autónoma como represalia por negarse a “ser chivato de la Guardia Civil”, según ha contado a La Marea tras la publicación de su testimonio en un vídeo de la ONG Prodein. “Conseguí cruzar a Melilla por la frontera de Farhana. Me hice pasar por pintor con un cubo de pintura y cuando llegué al puesto salí corriendo. Cuando estaba cerca del CETI, guardias civiles me detuvieron y me pegaron bien. Me llevaron en coche a Farhana para preguntarme si había cruzado por ahí”, narra Mohamed. Un relato que confirma José Palazón, defensor de derechos humanos premiado por el Consejo General de la Abogacía Española en 2016 por su labor con Prodein.

No he venido hasta aquí para trabajar de chivato. CETI de Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

Aquel día, como tantos otros, Palazón se encontraba en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuando vio cómo la Guardia Civil detenía a Mohamed y se lo llevaba de vuelta a la frontera. “Pensé que lo iban a devolver”, recuerda. Pero no fue así. “De allí me llevaron a su edificio y me tuvieron dos horas hablando solo con ellos, sin abogado ni nada. Yo les hablaba, aunque no tenía información, porque en Melilla no hay ley. Eso lo aprendí la primera vez que entré aquí y me devolvieron a Marruecos”, añade Mohamed.

Lo hicieron mediante las llamadas devoluciones en caliente, por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por ser ilegales al tratarse de expulsiones de carácter colectivo que, además, vulneran el derecho al recurso efectivo, lo que incumple así el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pese a ello, estas prácticas siguen efectuándose de manera regular tanto en Ceuta como en Melilla, según confirma Prodein y Caminando Fronteras.

|#VÍDEO| La Guardia Civil aplica cuatro ‘devoluciones en caliente’ en la valla de Ceuta esta madrugada. Reiteramos la ilegalidad de esta práctica que vulnera los derechos más fundamentales. pic.twitter.com/oUEewo7Bvj

— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 21 de noviembre de 2017

“Me pedían información sobre cómo entra la gente aquí en coche, quién les trae, la matrícula… ¡Pero yo no entré en coche! Siempre me dicen lo mismo, que si no hablo no voy a volver a ver a mi bebé y a mi mujer, que me van a deportar a mi país”, explica Mohamed por teléfono en un discurso que es un torrente de desesperación.

A los dos meses de estar en Melilla, según su relato, trabajadores del CETI le notificaron su salida en uno de los ferrys que semanalmente trasladan a personas a la Península. Salvo los solicitantes de asilo de países como Siria, a la mayoría le entregan en el mismo instante de embarcar la orden de expulsión que les condena a pasar, al menos, tres años de clandestinidad en la Península. Muchos de ellos terminarán en un CIE. De estos, un 30%, deportados. El resto, sometidos al temor de ser detenidos durante redadas policiales basadas en su perfil étnico –consideradas ilegales por las Naciones Unidas por ser discriminatorias– y, muchos, explotados laboralmente sin posibilidad de denunciar por su situación administrativa irregular.

Cuando aquel día Mohamed se dispuso a partir hacia el puerto para tomar el barco, descubrió que el número que le habían entregado no se encontraba en la lista de salidas. “Tú ya sabes por qué”, cuenta que le contestaron en el CETI cuando preguntó. Es la misma respuesta que obtuvo, una y otra vez, Taffou Nyame Renaud.

El caro precio de negarse a ser informante

“Lo mismo me pasó a mí. Lo mismo”, subraya Renaud por vía telefónica desde Madrid, donde reside en la actualidad. El caso del camerunés Renaud, conocido en su entorno como Belleti, se hizo conocido en febrero de 2015, cuando publicó unas grabaciones de audio en las que se escuchaban las coacciones a las que le sometía un agente del Instituto Armado de Melilla para que se convirtiese en confidente. A cambio, le conseguiría los papeles de residencia como –decía– ya había hecho en muchas otras ocasiones. Ante su negativa, el agente –conocido por el sobrenombre de Willy– le advertía de que, entonces, nunca saldría de la ciudad fronteriza. De hecho, Renaud, pasó nueve meses allí, mientras la mayoría de los migrantes del África subsahariana no suelen pasar más de tres o cuatro meses antes de ser trasladados a la Península. En una ocasión llegaron a trasladarlo al ferry para su salida a la Península. Pero una vez allí fue detenido y llevado de vuelta al CETI. “Cuando le preguntaba al director y a las trabajadoras sociales qué pasaba conmigo, siempre me decían que fuese a hablar con la Guardia Civil. Yo les decía que eran ellos los responsables del centro y que debían ayudarme si tenía un problema. Pero allí te tratan fatal”, cuenta Renaud.

“El CETI, más que un centro de retención, es un espacio de estudio de quiénes son los inmigrantes, qué quieren, si alguno es terrorista… No digo que no tenga que controlarse eso, pero en esa labor de inteligencia colaboran todos”, opina Palazón. De hecho, tanto él como la fotoperiodista Teresa Palomo, gran conocedora de la realidad en las fronteras de Ceuta y Melilla y pareja de Renaud, coinciden en que las coacciones para que los migrantes se conviertan en confidentes son una práctica habitual. “Eligen chicos al azar. Los suelen llevar al sótano de la la Comandancia de la Guardia Civil. Allí pueden ser más agresivos para sacarles información o más persuasivos, comprándoles zapatillas, móviles… Es normal que muchos accedan porque llevan mucho tiempo en Marruecos esperando poder cruzar. Pero no es solo que no les dejen pasar, es que les dan pequeñas señales de esperanza de que van a poder irse y en el último momento se lo impiden, como le pasó a Belleti o a Mamadou. Es una guerra psicológica”, concluye Palomo.

Una mañana de febrero de 2015, llamaron al apartamento en Melilla de Palomo, donde se encontraba Renaud. Lo detuvieron y trasladaron al CIE de Barcelona. “Fue una represalia por no haber querido ser chivato. Me lo habían advertido”, asegura. Gracias a la publicación de los audios en los que se escuchaban las coacciones, a la interposición de una querella contra la Guardia Civil por la devolución en caliente que había sufrido meses antes –y que documentó grabando su salto a la valla– y a una campaña a la que se sumaron decenas de organizaciones sociales, Renaud fue puesto en libertad tras admitirse a trámite su solicitud de asilo por silencio administrativo. Es decir, por no haber sido respondida en los plazos legales. “Ese día íbamos a entrar en el CIE de Barcelona con una visita parlamentaria. Fue un éxito colectivo por todas las acciones que habíamos hecho”.

Hay un tercer caso de personas que hayan sido retenidas en Melilla como consecuencia de no haber querido convertirse en informante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de Farah (omitimos sus apellidos por razones de seguridad), una mujer argelina a la que esta periodista conoció cuando cocinaba a la intemperie para luego vender sus dulces. Vivía con sus cinco hijos en las chabolas que algunos migrantes habían construido en las inmediaciones del CETI ante sus condiciones de hacinamiento y cansadas de pasar años encerradas en un lugar en el que no gozan de ningún tipo de control sobre su vida cotidiana: qué comen, a qué hora se levantan o se acuestan, con quién comparten habitación… Unas condiciones propias del sistema penitenciario devastadoras en términos psicológicos.

Al contrario de lo que ocurre con la inmensa mayoría de mujeres que llegan a Melilla solas con sus hijos –que suelen ser trasladadas en pocas semanas a la Península–, Farah pasó años atrapada en Melilla por su negativa a ser confidente, según aseguró en 2012 y confirma Prodein, que siguió su caso durante años. “Guardias civiles le advirtieron que nunca iban a salir y que sus hijos nunca conseguirían papeles”, explica Palazón. “Y así fue. Tras años malviviendo, dos de sus hijos terminaron cayendo en la droga. Fue entonces cuando decidió volver a Argelia”, añade.

Según la fotoperiodista Teresa Palomo “es lícito que la Guardia Civil pida colaboración para destapar una mafia. Pero tiene que ser de una manera voluntaria y mediante la firma de unos documentos acreditando que vas a ofrecer esa información a cambio de una protección y unos derechos. Pero no coaccionando, como lo están haciendo ahora con Mamadou”.

La Marea ha intentado contrastar estas declaraciones con la Guardia Civil, que ha declinado hacer comentarios. Tampoco en el CETI de Melilla han atendido a nuestras preguntas.  

“Soy inmigrante, no policía”

Mamadou Mohamed tiene 27 años y salió de su país a los 20. Pasó cuatro años en Marruecos antes de conseguir entrar en Melilla. Allí sufrió agresiones por parte de la policía marroquí, cuyas secuelas se pueden ver en esta fotografía. Pasó hambre y trabajó en distintas labores por menos de siete euros al día. Fue en el reino alauí donde se reunió con su mujer, que partió después que él de Guinea Conakry, y donde tuvieron a su bebé. La niña no paraba de llorar y gritar por las noches, por lo que el equipo de religiosos que atienden a los inmigrantes en la frontera marroquí, la llevaron a hacerle pruebas al hospital de Nador. La madre, desesperada por la falta de mejoría de la niña, decidió que ya no esperaría más y que tomaría una patera desde esta ciudad hasta Melilla, según cuenta Mohamed.

Él no era partidario por lo riesgoso del viaje, pero ella estaba determinada y consiguió que familiares que viven en Albania le mandaran dinero. No consiguieron suficiente para el pasaje de los tres, así que zarpó ella con la cría previo pago de 800 euros. Cuando Mohamed consiguió llegar a Melilla, ellas ya estaban en la Península. Separados desde hace quince meses, ahora le esperan en Francia.

“Estoy desesperado, yo no vine para vivir en el CETI. Cuando veo irse a otros guineanos que llegaron hace dos meses, es algo que me vuelve loco. No puedo dormir y estoy cansado de mi vida”, explota Mohamed, que envía numerosas fotos con su hija y su madre. Las mismas que enseña a los guardias civiles cada vez que le recuerdan su oferta. “Y ellos siempre me dicen que si no acepto nunca me voy a encontrar con ellos. Pero yo no soy un policía, soy un inmigrante”, concluye.

Mohamed ha decidido hacer público su caso por la siguiente razón: “Si me pasa algo cuando intente llegar a Francia por Libia, quiero que sepan por qué fue”.

Mohamed habla con su hija a través de un dispositivo electrónico.
Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

El juez que absolvió a cuatro agentes por tortura había sido condecorado por la Guardia Civil

Acto protocolario con miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Foto: C. Estrelas.

El magistrado Alfonso González-Guija Jiménez de la Audiencia de Bilbao, que juzgó y absolvió en abril de este año a cuatro guardias civiles acusados por delitos de tortura y agresión sexual contra Sandra Barrenetxea, había sido galardonado unos meses antes por la Guardia Civil.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno contestó este martes que el juez González-Guija, uno de los tres magistrados que juzgaron el caso de Barrenetxea, había recibido la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco en septiembre de 2016, seis meses antes de absolver a los cuatro agentes imputados, con ocasión de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de este cuerpo de seguridad del Estado. Esta distinción se concede a personas ajenas a la Guardia Civil que “colaboran espontánea y generosamente al mejor y más completo logro de las misiones” de este cuerpo de seguridad.

Jon Iñarritu opina que el juez González-Guija “debía haberse inhibido, no era neutral para juzgar la causa”, y puntualiza que “en el asunto de la tortura vemos un sinfín de anomalías, y una de ellas ha sido la convivencia entre Gobierno, fuerzas de seguridad y jueces”.

En abril de este año la Audiencia de Bilbao absolvió a cuatro agentes de la Guardia Civil acusados de torturar y agredir sexualmente a Sandra Barrenetxea, detenida en 2010 por pertenecer a Ekin, una organización ilegalizada en 2001 que, a ojos del Ministerio del Interior y del entonces juez Baltasar Garzón, servía de cadena de transmisión entre ETA y varios colectivos de la izquierda aberztale. Barrenetxea aseguró haber sido vejada sexualmente, insultada, amenazada y golpeada en el coche que la trasladó de madrugada desde su domicilio en Bilbao hasta Madrid, así como en la celda donde permaneció incomunicada los primeros cinco días de su detención y en la sala de interrogatorios de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En ninguno de esos lugares había dispositivos de videovigilancia.

La denuncia por tortura y agresión sexual había sido archivada en tres ocasiones (junio de 2012, junio de 2013 y noviembre de 2014), pero su defensa logró finalmente que los agentes comparecieran ante la Justicia. Barrenetxea aseguró que, entre otras vejaciones, los agentes la desnudaron, le cubrieron la cabeza con una bolsa, la golpearon, la amenazaron con violarla y la obligaron a sujetar una pistola para posteriormente amenazarla con utilizarla como prueba inculpatoria.

El médico forense Juan Miguel Monge Pérez negó indicios de agresión contra Barranetxea a simple vista (la detenida se negó a ser reconocida por el forense). Monge Pérez tiene un expediente abierto por la Asociación Médica Mundial por supuesto encubrimiento de tortura en los casos de Beatriz Etxebarria y Unai Romano. En el juicio, Barrenetxea reconoció a tres de los cuatro agentes absueltos por la Audiencia de Bilbao.

La sentencia determinó que los hechos denunciados “no han quedado suficientemente acreditados” y precisó que no se podía determinar que la denuncia fuera falsa, sino que solo fue posible concluir que la declaración de Sandra Barrenetxea “no tiene entidad suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia”.

Uno de los agentes absueltos es el comandante Fernando Huete Chaparro. Según un boletín interno de la Guardia Civil al que ha tenido acceso La Marea, Huete Chaparro ha recibido en octubre de este año cinco condecoraciones de la Guardia Civil. A las preguntas de este medio acerca de los méritos que motivaron las condecoraciones, el Instituto Armado se niega a dar explicaciones porque se trata de información “no difundible porque es algo personal”. No obstante, en un primer momento la Benemérita sí explicó a este medio que que Huete Chaparro habría recibido estos reconocimientos antes del juicio, pero que no se habrían materializado y publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil hasta quedar cerrado el caso.

Un informe pericial de la psicóloga y perito Olatz Barrenetxea, que pudo ver a Barrenetxea en 2014, determinó que “el relato de Sandra Barrenetxea tiene máxima consistencia, es absolutamente creíble”. El informe se realizó siguiendo el Protocolo de Estambul, guía empleada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para determinar si alguien ha sido torturado.

Las condecoraciones de la Guardia Civil a uno de los jueces que absolvió a los cuatro agentes acusados por tortura y agresión sexual podrían ser utilizadas por la defensa de Barrenetxea para elevar su caso a los Tribunales europeos, al entender que el magistrado no era totalmente imparcial en este asunto y, por tanto, debía haberse inhibido en esta causa.

Desde 2004 el Estado español ha tenido que hacer frente a más de 6.000 denuncias por delitos de tortura y malos tratos en los que con frecuencia figura como acusado alguno de los más de 80.000 agentes de la Guardia Civil. En la última década, 315 guardias civiles y 106 policías fueron expulsados por diversos delitos, entre ellos la tortura. Una investigación reciente señala que el País Vasco es la región con más denuncias de este tipo (registró un total de 4.009 casos de tortura). Solo en una minoría de casos la Justicia determinó la culpabilidad de los imputados.

Más en lamarea.com

Read More

Abogados de los detenidos de Alsasua: “Están vetando el derecho de defensa”

Concentración ante el Palacio de Justicia de Navarra. Foto: Altsasu Gurasoak.

Los abogados y abogadas de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y más de 60 años de cárcel, denuncian varias anomalías en la instrucción del juicio por la supuesta agresión que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 contra un sargento, un teniente de la Guardia Civil (ambos fuera de servicio) y sus dos parejas en un bar de esta localidad navarra.

A la espera del juicio oral y sentencia, los seis abogados dieron una rueda de prensa en Madrid para pedir proporcionalidad y señalar que, desde su punto de vista, hay varias anomalías en el proceso que “están vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías”, conforme al artículo 24.2 de la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre las que destacaron:

 ¿Un caso para la Audiencia Nacional?

La defensa argumentó que debería ser la Audiencia Provincial de Navarra, y no la Audiencia Nacional, la competente para juzgar los hechos acontecidos en octubre de 2016. Según estos abogados defensores, el Tribunal Supremo se basó en documentos iniciales que no incluían el informe forense (el que establece la gravedad de las lesiones, siendo la más grave una fractura de tobillo) al determinar que el caso quedara en manos de la Audiencia Nacional. “Haciendo omisión de este razonamimento del Supremo, se acusó a los jóvenes de terrorismo en la Audiencia Nacional (…) se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional”, argumentaron los letrados. Además, destacaron que los primeros informes periciales de Policía y Guardia Civil no señalaban hechos de carácter terrorista, ya que, “de ser así, la juez de Pamplona se habría inhibido”.

El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones, entre ellas el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), argumentan que se trata de un delito de terrorismo porque dos de los agredidos pertenecen a la Guardia Civil y algunos de los jóvenes estarían vinculados a Alde Hemendik (‘Fuera de aquí’), un colectivo que pide la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra y País Vasco, y que según la parte acusadora, habría estado a su vez ligado a la extinta ETA. La supuesta relación de Alde Hemendik y ETA estaría argumentada en un informe de inteligencia de la propia Guardia Civil, pero la defensa asegura que esto no tiene ningún nexo con lo sucedido en el bar de Alsasua y se queja de que la Justicia impida que se realice un informe pericial histórico sobre esa supuesta relación. “A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación”, señalaron los abogados de la defensa.

El informe de la Guardia Civil señalaba un posible delito de odio, pero una semana después de que los jóvenes fueran detenidos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo señaló un supuesto delito de terrorismo en su denuncia.

Pruebas denegadas

Los letrados defensores también explicaron que la práctica totalidad de las pruebas que presentaron fueron rechazadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, entre ellas vídeos del lugar donde transcurrieron los hechos, testimonios, resoluciones judiciales anteriores y entrevistas que dos de las víctimas concedieron a la COPE y Onda Cero y en las que, según la defensa, contradicen sus propias versiones de los hechos, mientras que “a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas”, declaró el abogado Jaime Montero, quien además las tachó de legítimas pero “irrelevantes”. “Hemos tenido que bucear para encontrar a personas que no aparecen en ningún momento de la investigación pero que estaban presentes en el momento en que sucedieron los hechos”, aseguró uno de los abogados.

La juez Carmen Lamela, también conocida por decretar prisión para los consejeros catalanes cesados, no admitió esas pruebas de las defensas, porque las consideró ajenas al proceso, lo que a ojos de estos letrados es una contradicción ya que negar la relación de esas pruebas con el juicio sería como negar la acusación de terrorismo. “Han tratado de convertir una bronca de bar a las cinco de la mañana en un día de ferias en un acto terrorista, es absolutamente disparatado”, dijo José Luis Galán, abogado de uno de los acusados.

Testigos rechazados

Los letrados también señalaron que no se les está permitiendo aportar testigos presenciales y criticaron que ni la Policía ni la Guardia Civil fueron diligentes durante la fase de investigación para encontrar personas que presenciaron los hechos. Según el letrado Jaime Montero, “fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigación (…) la jueza nos denegó esa fase de instrucción, por lo que solo se escuchó una parte de los hechos”. Desde la defensa también sugirieron testigos pertenecientes a Alde Hemendik que ponían en cuestión la relación de los jóvenes acusados con ese colectivo, pero tampoco fueron admitidos. “Para estos chavales, ETA es historia”, explicaron los abogados, apoyándose en la edad de los acusados (oscilaban entre 19 y 24 años en el momento de la detención). Sin embargo, todos los testigos aportados por las distintas partes de la acusación sí fueron aceptados.

Fallos en la rueda de reconocimiento

Un informe pericial señala posibles fallos durante la rueda de reconocimiento en la que los agentes víctimas de la agresión identificaron a sus supuestos agresores, pero la Sala no admitió tampoco ese documento. “Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de soto del Real y Alcalá-Meco”, señalaron los abogados de los acusados.

Presunción de inocencia

Durante el último año, varios medios de comunicación definieron a los acusados como terroristas, a pesar de que todavía el caso no ha sido sentenciado. Los abogados dicen que sus clientes no se plantean denunciar lesiones al honor y su presunción de inocencia porque “bastante tienen con esta losa” y porque creen que esta medida no les va a facilitar “pensar un proyecto de vida”.

Los tres jóvenes que permanecen en prisión incondicional y sin fianza (al principio fueron siete) se encuentran “bien tratados” pero a más de 400 kilómetros de su hogar familiar, separados desde su ingreso en la cárcel y sometidos a “condiciones duras”, con la comunicaciones intervenidas y en régimen de primer grado, que implica menos horas de salida al patio. Los abogados creen que es injusto que tres de los jóvenes permanezcan entre rejas de forma preventiva por un hipotético riesgo de huida, ya que fueron los propios acusados quienes se personaron por voluntad propia cuando supieron de los cargos que se les atribuían. “Es absolutamente desproporcionado”, señaló Amaia Izko, abogada de uno de los acusados.

El auto sobre el que se desarrollará la vista oral en la Audiencia Nacional es irrecurrible, por lo que los abogados de la defensa solo pudieron formular una protesta por escrito que enfatiza la inadmisión de las pruebas aportaron. No obstante, aseguran que las presentarán de nuevo cuando se abra la sesión oral -“no nos han comunicado ningún plazo dentro de la urgencia que requiere esto, porque llevan presos un año“-. Tampoco descartan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y “esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europeo“, señaló uno de los abogados. Las penas solicitadas para los jóvenes acusados suman 375 años de prisión.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

El padre de uno de los detenidos de Alsasua: “no pedimos impunidad, pedimos justicia”

Interior de una celda. Foto: Jorge González.

El proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra. Uno de los agentes terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los detenidos; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de amenaza terrorista, y 12 para otro acusado, al que solo imputa este último delito. Las familias de los acusados y quienes les conocen no dan crédito a lo que está pasando. La Marea conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen detenidos horas después de la multitudinaria concentración de apoyo que tuvo lugar este viernes en Pamplona. Pide que no revelemos su nombre para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados.

¿En qué momento del proceso se encuentran?

El día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera que sea en otoño.

¿Por qué están tardando tanto?

Nos están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11 personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas horas de la madrugada.

¿Cómo están los detenidos?

Bueno, uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio, están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.

¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?

Lo criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.

¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?

Esto lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han querido. Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una carretera que divide el pueblo por la mitad. Muchos medios dijeron que uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.

¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?

El temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.

¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?

Sí. Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.

El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?

Nosotros no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia, que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de lo que fue. No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los habrían matado.

Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?

Imagínate. El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes. Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes. Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida normal. No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios locales.

Muchos medios han difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías, ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?

A mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de forma violenta. No hay nadie del grupo que sea una persona violenta, nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que otra parte del relato que están generando sobre este tema.

¿Han recibido alguna amenaza?

No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.

¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?

Las más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y cercano de un abrazo es el que te llega más.

¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?

A la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos justicia.
Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More