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Los ecologistas exigen su sitio en la comisión: “El clima no es de izquierdas o derechas”

clima ecologistas

El Gobierno ha creado una comisión de expertos para elaborar un informe sobre los escenarios de la denominada transición energética en la que no habrá ningún representante de organizaciones ecologistas. Conversamos con Héctor de Prado, de Amigos de la Tierra, una de las ONG junto con Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que han exigido esta semana al Ejecutivo su inclusión como voces autorizadas.

¿Por qué es necesaria vuestra participación?

Es fundamental contar con la visión de los grupos ecologistas para la transición energética. Somos propositivos, atesoramos experiencia, y tenemos una visión a medio y largo plazo. Es necesario reconducir la influencia del lobby empresarial que aboga por la inacción frente al cambio climático, y nuestra visión con las personas y el planeta en el centro es básica para lograr una transición positiva para el interés general. Además, en el caso de Amigos de la Tierra, llevamos casi diez años exigiendo una ley integral para abordar el cambio climático, sin importarnos el color que represente el partido de turno. El clima no es algo de izquierdas o derechas. No estar en la comisión es correr el riesgo de que los presupuestos de carbono (objetivos de reducción anuales), la mejor herramienta que hemos encontrado para planificar la paulatina descarbonización de la economía española, no aparezca en los debates ni el texto final, o la creación de un grupo independiente de expertos ajenos a los “amiguismos”. 

¿Por qué cree que el Gobierno no ha contado con vosotros?

Nuestras propuestas basadas en la evidencia científica y en la promoción de alternativas efectivas suelen chocar con los intereses corporativos y del sistema tal y como lo conocemos. Es posible que por este motivo no hayan querido incluirnos, por resultar un incordio en sus planes para mantener la transición energética en niveles muy bajos, con gran falta de ambición. Para estar a la altura de la magnitud del problema climático, necesitamos tomarnos en serio lo que nos dicen los informes científicos, especialmente cuando se refieren a la vulnerabilidad de España y a los eventuales impactos socioeconómicos y ambientales que sufriremos este siglo. Llevamos años llamando la atención sobre el tema porque nuestro interés por el medio ambiente es genuino, no lo concebimos como otra manera de hacer negocio con mecanismos financieros especulativos.

¿Cuál es el eje de vuestras reivindicaciones en esa transición energética?

Hay que abandonar la importación y quema de combustibles fósiles cuanto antes. Es un despropósito a nivel económico y ambiental y ya existen alternativas. Apostar definitivamente por las energías renovables a todos los niveles, creemos que para mitad de siglo puede ser factible dejar en herencia un sistema energético 100% renovable, eficiente e inteligente, que no trate a los consumidores como meros testigos de piedra.

¿Qué propuestas energéticas deben ser irrenunciables y qué actuaciones hasta ahora vigentes deben ser desterradas?

Necesitamos medidas que sirvan para reducir de manera efectiva las emisiones, que amplíen nuestra capacidad instalada de energías renovables de manera distribuida, y que se cree un fondo para adaptación con el fin de mitigar los impactos que ya se están sintiendo actualmente en diversos ecosistemas del país. Consideramos que debe haber una mayor voluntad política en cuanto objetivos, y una mejor fluidez comunicativa entre carteras ministeriales y entre administraciones centrales y regionales. Finalmente, la ciudadanía debe sentir esta ley como algo beneficioso para él y para sus allegados. Con medidas como el “Impuesto al sol”, lo único que se consigue es desincentivar a personas que, de otra forma, serían partícipes de la deseada transición energética.

¿Cuál es el principal desafío de los gobiernos ante el cambio climático?

Son muchos y muy diversos, pero en el corto plazo el mayor reto es lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su pico en 2020, y a partir de ahí desciendan. Aunque esto actualmente no parece factible trabajando con los actuales instrumentos de mitigación. También tienen delante el Acuerdo de París, muy plural y, aunque poco ambicioso, sigue falto de contenidos que todavía están en fase de desarrollo, por lo que tememos que una vez más sigan llegando tarde.

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Petición colectiva contra el secretismo de la venta de armas españolas

Vehículo de combate Pizarro de fabricación española. FOTO: JONATHAN FINEGOLDl

El lucrativo mercado de la guerra es también uno de los más opacos. En el caso de España, sexto exportador mundial de armas, destaca la ausencia de información pública en comparación con otras democracias occidentales. Este martes varias asociaciones no gubernamentales de renombre han pedido información sobre la autorización de armas a países como Arabia Saudí e Iraq, así como el cese de estas ventas a países en conflicto o con regímenes autoritarios. La petición coincide con la comparecencia en el Congreso de Marisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014 el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Entre los principales clientes de las armas hechas en España están los regímenes de Arabia Saudí, Egipto y Bahréin, además de gobiernos como los de Israel, Turquía, Brasil y Colombia, acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, integrantes de la campaña Armas Bajo Control, pidieron que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso publique las actas de la Junta Interministerial que dio luz verde a la exportación de armas a esos países y exigieron el cese de esas ventas.

En 2016 la industria armamentística española exportó misiles, equipos de mortero, municiones, carros de combate, buques de guerra y otros artilugios bélicos por valor de 4.362 millones de euros, operaciones que contaron con el beneplácito del Gobierno (la ley establece que el Ejecutivo ha de validar la venta de “material de defensa” al extranjero). Según las organizaciones citadas, es necesario “que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación del riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional”.

El destino más polémico de estas armas es Arabia Saudí, un régimen autoritario de tipo feudal acusado de atacar de manera indiscriminada a objetivos civiles en Yemen y de proveer al grupos armados afines a Daesh. En total, la campaña Armas Bajo Control pone la lupa sobre 16 “operaciones de potencial preocupación” sobre las que apenas existe información pública para “potenciar la transparencia (…) y el escrutinio parlamentario”. Desde 1987 las actas que autorizan estas ventas son secretas, mientras que este año se cumple una década desde la entrada en vigor de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de su doble uso.

Estas y otras peticiones y propuestas de la campaña Armas Bajo Control aparecen plasmadas en un amplio informe publicado este martes, que además recoge los casos pormenorizados de otros controvertidos envíos de material bélico a una amplia lista de países, entre ellos República Centroafricana, Camerún, Guatemala, México, Pakistán y Ucrania.

Además de ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas, el gobierno de España firmó la “regla de oro”, que rige el principio de “no autorizar armas para cometer atrocidades”, una norma que estaría siendo violada en el caso de al menos dieciséis países que importan armamento español, según el informe.

En marzo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció que España duplicará el gasto en defensa en los próximos siete años. Los presupuestos nacionales de 2017, aún pendientes de aprobación, incrementarán en un 30% el gasto militar español respecto a 2016. Este aumento refleja los intentos del Ejecutivo por acabar con la ingeniería contable iniciada en el gobierno de Felipe González para maquillar el gasto armamentístico real de España y que durante décadas se ha beneficiado del secretismo de Estado que ahora denuncian varias ONG.

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¿Cuánto contaminan Amazon, Google o Apple?

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Grandes multinacionales tecnológicas como Apple, Google y Facebook están realizando algunos de los mayores avances hacia el uso de energía 100% renovable del sector, mientras que empresas como Netflix, Amazon Web Services y Samsung quedan aún rezagadas en su compromiso con el medio ambiente. Esta es una de las principales conclusiones del informe  Clicking Clean: ¿Quién gana la carrera para crear un Internet verde? 2017, realizado por Greenpeace USA tras rastrear las huellas energéticas de los operadores de los mayores centros de datos y de casi 70 de los sitios y aplicaciones más populares del mundo.

“Amazon continúa defendiendo las energías renovables, pero está manteniendo a sus clientes en la oscuridad sobre sus decisiones energéticas. Esto es preocupante, especialmente cuando la empresa se está expandiendo en los mercados cuya electricidad es generada en su mayoría con energía sucia”, explica Sara Pizzinato, responsable de Energía de Greenpeace España. “Al igual que Apple, Facebook y Google, Netflix es uno de los mayores actores online y tiene un rol fundamental en definir con qué energía se alimenta el mundo online. Netflix debe asumir la responsabilidad y mostrar liderazgo asegurándose de que su crecimiento está impulsado por energías renovables, no por combustibles fósiles”, ha añadido.

Casi 20 empresas tecnológicas a nivel mundial ya se han comprometido a usar el 100% de su energía con fuentes renovables. Además, la industria de las tecnologías de la información consumió en 2012 el 7% de la electricidad mundial, una cantidad que crecerá e incluso se cree que llegará a superar el 12% en 2017 ya que también lo hará el tráfico global en Internet.

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