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El Gobierno y la gestión del dolor

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El viernes, en Las Mañanas de Cuatro se informaba: “Mientras la luz sube un 10% en el año 2017, las pensiones se empobrecen. Mientras el IPC queda en el 1,1%, las pensiones suben un 0,25%, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. También se han empobrecido los sueldos, esta vez los sindicatos luchan por una subida del 3%, pero se está negociando una subida de tan solo el 1%”.

Todo esto venía a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acababa de avisar de que el recibo de la luz había subido ese 10% en 2017. Y pedía que se limite el beneficio de las eléctricas.

Podemos quedarnos en el pasmo, o pasar a la luz.

La luz es un bien de primerísima necesidad, como el agua. En una sociedad como la española, dichos suministros deberían estar garantizados para absolutamente todas las familias. En cambio, en muchas ocasiones es Cáritas quien paga los recibos de luz y agua en los hogares en los que se han cortado los suministros. De hecho, fue Cáritas la que, en su informe de 2017, alertó de que 7 de cada 10 familias en España no han notado eso que llaman el “fin de la crisis”.

¿Qué pasa si te cortan el suministro eléctrico? Más allá de quedarte a oscuras, en la mayoría de los casos te quedas sin calor, es decir, sin calefacción y agua caliente. Pero se dan pocos casos en los que a una familia le corten solo la luz. Normalmente, si te cortan el suministro eléctrico, también lo hacen con el agua y el gas. Eso, además del sufrimiento que supone para las personas, sobre todo la infancia, es causa habitual de enfermedades, y no precisamente psicológicas, que también.

¿Puede España permitir que miles de familias vivan sin suministro de luz o que este tenga que ser abonado por la “caridad cristiana”? Por su puesto que no. Y ese es un fallo del gobierno de la nación. No del Gobierno, que también, sino del gobierno, de cómo se gobierna.

Gobernar un país significa gestionar el bienestar –en la medida de sus posibilidades, que en España son muchas– de la mayor parte posible de la población, algo que tras años de mala gestión e ideología ultraconservadora se nos ha olvidado. Pero, sobre todo, sobre todas las cosas, cualquier buen gobierno exige evitar el dolor de las familias, mucho más si se trata de algo tan sencillo como que tengan acceso a la luz y el agua.

¡La luz y el agua!

¿En qué momento olvidamos que todas las familias españolas tienen derecho a luz y agua y que el Gobierno es el responsable último de que así sea? En el momento en el que se cedió la gestión de los suministros de primerísima necesidad a empresas privadas y se renunció a vigilar y controlar su gestión. Y sí, ahí están las puertas giratorias, en las que se echa a rodar el dolor de las familias sin ningún escrúpulo a cambio de que el ministro o la ministra de turno tengan asegurado unos cientos de miles de euros anuales de por vida.

El frío, la oscuridad y el hambre provocan dolor. Son, junto con la violencia, la mayor fuente de dolor en nuestra sociedad, que llamamos civilizada, culta, occidental, europea y demás martingalas. Pues bien, los sucesivos gobiernos españoles –PP y PSOE– han permitido que sean empresas privadas quienes gestionan el dolor de la población, entre otros, de los 3 millones de niños que viven en situación de pobreza en España. Y ellos –los sucesivos gobiernos de PP y PSOE– son los responsables sin excusas del dolor de cientos de miles de familias.

La gestión del dolor que las eléctricas perpetran aquí ni siquiera es cruel. “Es el mercado, amigo”, como dijo Rato el otro día en su infame comparecencia. Y nosotros hemos permitido que nuestros gobiernos, uno detrás de otro, deleguen el manejo del sufrimiento de la población en “el mercado”.

 

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El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría), recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero, mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

El caso es que si la Seguridad Social no tuviese déficit, entonces las pensiones se revalorizarían al ritmo del IPC y no al 0,25% como ocurre ahora por estar en déficit.

Es decir, que el gobierno ha evitado transferir dinero a la Seguridad Social porque sabe que si lo hiciese, las pensiones se revalorizarían más y el coste del pago de las mismas sería superior. Por eso ha decidido dar préstamos a la Seguridad Social, que no se endeudaba desde los años 90. Un truco contable para no incrementar las pensiones.

Y ojo porque está por ver que la oficina de estadísticas europea (Eurostat) permita este truco. Para que contablemente ese movimiento sea un préstamo y no una transferencia tiene que devengar intereses. Y eso no ocurre. Bruselas debería impedir este préstamo y convertirlo en lo que realmente es: una transferencia.

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