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Expediente Gas Natural Fenosa #YoIBEXtigo, ya a la venta

Libro digital sobre Gas Natural Fenosa, del proyecto #YoIBEXtigo.

En La Marea queremos darle la máxima difusión posible al proyecto #YoIBEXtigo, por el cual analizamos con detalle las empresas que conformar el Ibex35. Para ello, además de publicar informes en la página web #YoIBEXtigo, editamos videos y reportajes en nuestra revista mensual. Ahora damos un nuevo paso con la publicación de un libro digital de 128 páginas dedicado a Gas Natural Fenosa, una de las principales compañías del oligopolio eléctrico español.

Puertas giratorias, raíces franquistas, sombras laborales, impacto medioambiental, controversias internacionales, multas, presencia en paraísos fiscales, relación con los medios de comunicación… Con este libro digital queremos brindarte una forma cómoda, rigurosa e ilustrada (contiene decenas de infografías y gráficos) para que descubras la cara menos conocida de Gas Natural Fenosa.

El libro también incluye reportajes de Alternativas Económicas, Ballena Blanca, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Ojo Público (Perú), Carro de Combate y el Observatori del Deute en la Globalització, además de un fragmento de Adiós Petróleo, de Jorge Morales de Labra. En ellos se abordan la relación entre el poder legislativo y las grandes del sector energético, el problema de la pobreza energética, los intentos para expandir el fracking de gas en España, y las principales alternativas verdes que se presentan para el mercado eléctrico del país, entre otros temas.

Con la compra de este libro por 4,95 euros estás apoyando #YoIBEXtigo, un proyecto de investigación periodística independiente que indaga los entresijos de las empresas más poderosas de España. Si quieres, puedes hacerte mecenas de #YoIBEXtigo desde 25 euros.

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Las noticias climáticas de la semana

Escocia prohíbe el fracking

Tras una campaña de cuatro meses de consultas e investigación, el gobierno escocés ha decidido prohibir el fracking de forma definitiva. Las consultas, que estuvieron abiertas desde enero hasta mayo de 2017, han recibido alrededor de 60.000 respuestas, con un 99% de ellas en contra de aprobar esta técnica extractiva. El fracking, que ya se usa de manera masiva en Rusia, China y Estados Unidos, es un método de extracción de gas y petróleo que consiste en fracturar las rocas del subsuelo inyectando líquidos a alta presión. Sus consecuencias sobre el medio ambiente se relacionan con contaminación de acuíferos, fugas de metano e incluso terremotos. Además, los que se oponen al fracking plantean que, si debemos eliminar emisiones de CO2, extraer más combustibles fósiles no es el mejor camino.

Contaminar y ganar

Gas Natural Fenosa ha tumbado el concurso eléctrico de Madrid, al considerar que la cláusula que premiaba la energía libre de emisiones era contraria a la libre competencia. El apartado otorgaba de 0 a 5 puntos (sobre 100) a empresas cuya producción de energía estuviese completamente libre de emisiones de gases de efecto invernadero. La multinacional denunció duplicidad de criterios, al haber otra cláusula que exigía que la energía proporcionada al Ayuntamiento procediese de fuentes renovables. Según Gas Natural Fenosa, esto tenía como objetivo único favorecer a las comercializadoras más pequeñas. El consistorio madrileño debe ahora reelaborar los pliegos del concurso.

Tirón de orejas de la ONU

No solo en violencia policial se gana España la decepción global. La secretaria para Cambio Climático de la ONU, Christiana Figueres, afirmó en una entrevista con EFE que el gobierno de Mariano Rajoy debe hacer de la lucha contra el calentamiento global una cuestión de Estado. La diplomática pidió al Ejecutivo que “no ponga un texto de ley encima de la mesa sin haber llevado a cabo antes una amplia consulta”. Asimismo, Figueres pidió dejar a un lado intereses partidistas y electorales en cuanto al suministro eléctrico. La entrevista llega la misma semana en que hemos sabido que los arbitrajes por los recortes en el sector de las renovables nos pueden llegar a costar a todos unos 7.000 millones de euros.

A Dios lo que es de Dios

Más de 40 instituciones ligadas a la Iglesia Católica han anunciado que retirarán sus inversiones de la industria de los combustibles fósiles. A pesar de que el monto total del movimiento no se ha hecho público, el tamaño de las instituciones involucradas (que incluyen a Cáritas y a la Conferencia Episcopal de Bélgica) hace pensar que esta pueda ser la mayor desinversión de grupos religiosos jamás registrada. El movimiento sigue la estrategia marcada en la encíclica Laudato Si, redactada en 2015 por el papa Francisco I.

El 25% de la energía global es renovable

La cuarta parte de la electricidad mundial ya procede de fuentes renovables, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía. A pesar del rápido crecimiento de las energías limpias, que supusieron dos tercios del total de capacidad eléctrica instalada en 2016, aún están lejos del carbón, la principal fuente de electricidad en el planeta (y una de las más contaminantes). Además, el informe destaca el papel de China, que ya es el líder mundial indiscutible en energías renovables. El 40% del crecimiento mundial corresponde a instalaciones en el gigante asiático.

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Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

Mariano Rajoy junto al presidente Michel Temer. Foto: Mercosur.

Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país, que afecta a 57 empresas públicas e infraestructuras. Este martes fue más allá al anunciar que sopesaba privatizar también Petrobras, la petrolera semiestatal de Brasil que es, además, la compañía más grande de América Latina.

Varias de estas privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores.

Varias privatizaciones coinciden con peticiones formuladas a Temer por empresarios españoles. De las 57 empresas públicas en venta, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90. Destacan el rol y la presencia de las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL, que ya han mostrado interés por un lote de ocho autopistas y otras infraestructuras; Telefónica, que estudia hacerse con el control del primer satélite nacional de Brasil (su principal mercado, por delante de España); en el sector energético, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de España estudian pujar por varias centrales hidroeléctricas, empresas de distribución (incluida Eletrobras, la mayor eléctrica del país), líneas de transmisión y pozos petrolíferos.

El presidente Michel Temer con Ana Botin, presidenta del Grupo Santander. Foto: Beto Barata/PR.

Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con el control de algunos de los aeropuertos más rentables y transitados del país, además de la autopista Ferrovia Norte-Sur, la “espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”. Algunos analistas apuntan a que el Banco Santander (tercera mayor entidad bancaria de Brasil), será uno de las que sacarán más provecho al financiar concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

Puede leer el reportaje íntegro en #LaMarea53, a la venta en nuestro kiosco por €1,90.

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Presentamos la web yoibextigo.lamarea.com

Tras meses analizando las prácticas de varias empresas del Ibex35, presentamos la nueva sección de La Marea, yoibextigo.lamarea.com, dedicada a informas sobre noticias de las compañías de este selectivo bursátil y, sobre todo, a publicar el proyecto #YoIBEXtigo, por el cual analizamos a cada una de ellas.

El primer dossier está dedicado a Gas Natural Fenosa. Comenzamos con una energética, porque así nos lo pedistéis en una encuesta.

Gas Natural Fenosa (GNF) es algo más que una empresa de gas y electricidad: se trata de una de las compañías más antiguas, contaminantes y poderosas de España y, en buena medida, de Europa y América Latina. Además de ser la mayor gasista del país, forma parte del oligopolio eléctrico junto con Iberdrola y Endesa.

El margen de influencia de GNF abarca desde el Gobierno central hasta los principales medios de comunicación, instituciones internacionales e incluso el mundo académico y del arte. Su consejo de administración es todo un paradigma para entender cómo funcionan las puertas giratorias. En él se han sentado presidentes, ministros y decenas de altos cargos del Estado.

Investigar a GNF, una empresa implantada en 37 países, no ha sido una tarea sencilla. A la complejidad del sector energético se suman el miedo de las fuentes a revelar información, la opacidad por parte de la propia compañía*  y su implicación en una larga lista de episodios silenciados o poco conocidos. Entre estos, destacan sus problemas judiciales en Italia por una posible infiltración de la mafia en sus filiales locales hasta su papel en grandes conflictos de la geopolítica internacional o su amplia presencia en paraísos fiscales, sin olvidar el poder económico, mediático y político de sus principales accionistas: La Caixa y Repsol.

Esta radiografía de Gas Natural Fenosa, primera entrega de YoIbextigo, está dividida en siete bloques temáticos que se irán actualizando periódicamente. Mediante artículos, reportajes, vídeos e infografías se describen las prácticas habituales, la historia y el lobby de la gasista catalana en los ámbitos político, laboral, medioambiental e internacional, entre otros.

Aún puedes hacerte mecenas de este proyecto y apoyar este proyecto periodístico independiente. Más información, aquí.

*Tras mantener una reunión cordial con uno de los directores de comunicación de GNF el pasado 3 de febrero, le enviamos un cuestionario. Durante días, aseguró que lo responderían, pero finalmente dijo que la empresa había decidido “declinar” resolver nuestras dudas y preguntas.

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La multa a Gas Natural por la muerte de Rosa, escondida o invisible en la prensa escrita

MADRID// Encontrar en la prensa escrita española la noticia de la multa a Gas Natural Fenosa impuesta por la Generalitat de Catalunya por la muerte de Rosa, la anciana de Reus, tras un corte de luz, es misión casi imposible.

La noticia es:

Gas Natural Fenosa tendrá que pagar 500.000 euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa, la viuda de 81 años a la que Gas Natural cortó el suministro de luz por impago, y que falleció en noviembre pasado asfixiada en el incendio que se produjo en su casa con las velas que usaba para alumbrarse. Rosa vivía sola y llevaba dos meses sin electricidad. La compañía energética fue multada este jueves por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por su responsabilidad en la muerte de la anciana.

El País, ABC y La Razón no recogen ninguna mención a dicha multa. A cualquier persona que se informe por estos diarios impresos le resultará imposible conocer la multa impuesta por la responsabilidad de la gasística en la muerte de la anciana.

Tan solo El Mundo recoge en un breve la noticia. En la página 26. Página par. Un titular en el que no incluyen los motivos: “La Generalitat multa a Gas Natural Fenosa”. En las 65 palabras del texto, escondido bajo la noticia de la subasta de los Ferraris que el rey Juan Carlos ‘donó’ a Patrimonio Nacional, se explica que el motivo de la multa fue la muerte de Rosa.

 

Descubre más sobre Gas Natural Fenosa en la investigación enmarcada en el YoIBEXtigo de La Marea

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Multa de medio millón a Gas Natural Fenosa por la muerte de la anciana a la que había cortado la luz

Tras dos meses sin electricidad, Rosa murió en el incendio desatado por las velas con las que se iluminaba. FOTO: Tnarik Innael.

Gas Natural Fenosa tendrá que pagar 500.000 euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa, la viuda de 81 años a la que Gas Natural cortó el suministro de luz por impago, y que falleció en noviembre pasado asfixiada en el incendio que se produjo en su casa con las velas que usaba para alumbrarse. Rosa vivía sola y llevaba dos meses sin electricidad. La compañía energética fue multada este jueves por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por su responsabilidad en la muerte de la anciana.

Joan Aregio, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, explicó este jueves que se trata de la primera sanción ejemplar impuesta por parte del gobierno catalán a raíz de un caso de pobreza energética. Según Aregio, Gas Natural cometió el error “muy grave” de no pedir a las autoridades un informe previo de vulnerabilidad sobre Rosa antes de cortarle el suministro eléctrico. A la hora de aplicar la multa, la Generalitat también tuvo en cuenta que la muerte de Rosa produjo “una alteración social grave, de alarma y desconfianza”, tal y como expresó en un comunicado de prensa el gobierno catalán. A la hora de la publicación de este artículo, Gas Natural no había expresado su posición al respecto.

Tras el revuelo mediático causado por la muerte de la anciana de Reus, Gas Natural Fenosa emprendió una amplia campaña publicitaria para difundir sus políticas en materia de pobreza energética y ordenó paralizar los cortes de suministro en Reus. Un día después de la muerte de Rosa, Gas Natural Fenosa culpó a las administraciones por la tragedia. Una semana después el consejero delegado de la eléctrica, Rafael Villaseca, compareció a puerta cerrada en el Parlament para dar explicaciones y pedir “reglas claras” en materia de pobreza energética porque, en su opinión, “la ley no está en condiciones de ser aplicada”.

No obstante, un mes antes UNESA, la patronal eléctrica de la que Gas Natural forma parte, había presentado un recurso contencioso contra el protocolo de la Generalitat para desarrollar su ley contra la pobreza energética. Desde entonces la eléctrica ha firmado varios convenios contra la pobreza energética con ayuntamientos y gobiernos autonómicos, aunque sigue sin desglosar los cortes de suministro que aplica. Tras la tragedia, la CUP presentó una querella contra Gas Natural por homicidio imprudente.

El gobierno catalán ya ha impuesto al menos 108 multas en base a la ley catalana contra la pobreza energética, aunque esta es la de mayor cuantía hasta la fecha. Gas Natural Fenosa dispone ahora de dos meses para recurrir esta sanción. Al menos en los últimos diez años, tras varios recursos y procesos judiciales que se dilatan varios años, la Justicia española ha retirado numerosas multas contra la compañía que preside Isidro Fainé por “inducir al engaño”, manipular contadores de la luz, negarse a tramitar cambios de compañía a clientes que lo habían solicitado y otras prácticas anticompetitivas.

Gas Natural Fenosa ingresó 23.184 millones de euros en 2016, con un beneficio neto de 1.347 millones. La compañía cortó el suministro a 147.291 clientes en 2015, según el dato más reciente divulgado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin desglosar los casos concretos.

El primer dossier de #YoIbextigo está consacrado a Gas Natural Fenosa y ya está disponible para nuestros/as mecenas. A partir del viernes estará abierto a todo el público en www.yoibextigo.lamarea.com

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¿Qué le pasa a Gas Natural Fenosa en Colombia?

Pedro Ramiro y Erika González* // El año pasado solo en el municipio de Barranquilla se produjeron 142 acciones de protesta contra Gas Natural Fenosa. Pero la historia de esta multinacional en Colombia, jalonada por dos décadas de movilizaciones sociales en las que se han venido denunciando la mala calidad y los fallos en la prestación del servicio eléctrico por parte de la compañía, nunca ha ocupado grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Hasta que de pronto todo cambió: “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”, leíamos en todas las portadas el pasado 15 de noviembre.

Con esa decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, como bien podía deducirse del hecho de que los grandes diarios españoles apenas le dedicaran titulares beligerantes —como, por el contrario, sí habían hecho en ocasiones anteriores para hablar de situaciones parecidas en Argentina y Bolivia—, se apuntaba desde el principio no tanto a una nacionalización de Electricaribe, nombre de la filial de la multinacional española en Colombia, sino más bien a una intervención pactada. Pero, al final, parece que no ha sido exactamente así: tras finalizar las negociaciones entre el gobierno colombiano y la compañía española, la Superintendencia de Servicios Públicos —el organismo público que estaba al frente de la intervención de la eléctrica desde noviembre— anunciaba el martes “la liquidación de Electricaribe”.

Cuatro meses de negociaciones

“Seguimos deseando un acuerdo que permita resolver los grandes problemas de morosidad y fraude que somos incapaces de afrontar sin ayuda del gobierno”, decía el consejero delegado de la multinacional, Rafael Villaseca, el pasado 8 de febrero en la presentación de los resultados económicos anuales de Gas Natural Fenosa. Eso sí, por si acaso pudieran fracasar las conversaciones y quisiera desprenderse de ella, la corporación presidida por Isidre Fainé ya puso precio entonces a su filial colombiana: 475 millones de euros.

Después de que se produjera la toma de posesión de la empresa a mediados de noviembre, la Superintendencia de Servicios Públicos fijó el 15 de enero como plazo inicial para decidir el futuro de la compañía eléctrica. Una vez llegada esa fecha, anunció que en base a su propia normativa se daba una prórroga adicional de dos meses para tomar la decisión definitiva. El futuro de Electricaribe quedaría pues establecido, en uno u otro sentido, el 15 de marzo.

Durante estos dos últimos meses el gobierno colombiano ha sido tibio en sus posicionamientos y siempre ha manifestado que barajaba todas las posibilidades, desde la liquidación de la empresa —aunque señalaba que era “un proceso larguísimo”— hasta la coadministración de la compañía “de la mano de los accionistas” o “cualquier otra alternativa legal”. Al terminar este plazo y por sorpresa para buena parte de los colectivos sociales y organizaciones de afectados por la compañía, las autoridades colombianas anunciaron la liquidación de la empresa.

Electricaribe, según el superintendente, “no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”. De ahí que se vaya a iniciar el proceso de búsqueda de otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio. Y, mientras eso ocurre, seguirá siendo Electricaribe quien gestione la electricidad en la región caribeña, continuando con la intervención del Estado colombiano hasta su liquidación definitiva.

Gas Natural Fenosa, por su parte, ya había situado el 3 de marzo como tope para, en el caso de no llegar a un acuerdo, iniciar un litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Apenas diez días después, efectivamente, ha puesto en marcha la maquinaria jurídica para defender sus intereses utilizando todos los mecanismos que la lex mercatoria pone a su disposición.

El primero, la demanda ante el CIADI: en ella plantea una reclamación por su valor contable, que según afirma la multinacional en un comunicado sería muy superior a los 475 millones de su valor financiero. Además, la CEOE ha presionado a la Comisión Europea —en una carta enviada por su presidente Juan Rosell, la patronal española considera que “se establecería un precedente que podría tener consecuencias devastadoras en las actuales y futuras inversiones europeas en todo el mundo, al mandarse una señal equivocada a nuestros socios globales”—, y ha conseguido que la comisaria de Comercio aceptase la solicitud de mediar entre la eléctrica española y el gobierno colombiano. La Comisión ha asegurado que está analizando con el gobierno español los pasos a seguir.

Deudas, subvenciones y quejas

En el origen de toda esta controversia entre la transnacional de matriz española y el gobierno de Santos se encuentra la deuda. En cada comunicado de la compañía se ha venido señalando la elevada morosidad de sus clientes del Caribe colombiano, que se traduciría así en unas deudas acumuladas de más de 1.300 millones de euros. Para Gas Natural Fenosa, esta es la única causa tanto de la baja calidad del servicio prestado como de la situación de quiebra de su filial.

Este impago generalizado del que habla la compañía, sin embargo, no se refleja en sus informes anuales. De hecho, las cifras de cobro no son tan malas: la recaudación se mantuvo en torno al 90% hasta 2015, cuando se redujo al 84%. Precisamente ese año hubo un incremento del 34% en el precio de la electricidad por la escasa producción hidroeléctrica, debido a que el fenómeno de El Niño produjo unos efectos climáticos que repercutieron en la capacidad de pago de la población. También en 2015 Electricaribe integró en su estructura a la empresa Energía Social —la filial creada en su momento por Unión Fenosa para atender a la población más empobrecida, la más deudora—, que suele tener recaudaciones en torno al 50% aunque, gracias a los subsidios estatales con los que se financia parte del consumo de esta población, se ha mantenido alrededor del 80%.

Así, mientras la multinacional publicita unas cifras en las que la deuda aumenta de manera acelerada —según sus propios informes anuales de 2011 y 2012, la deuda a corto plazo acumulada por Electricaribe se multiplicó contablemente por cinco en un solo año—, los propios datos de la filial no parecen respaldar la versión empresarial.

Las organizaciones sociales y las instituciones públicas de la Costa Atlántica, por su parte, no creen que la empresa tenga pérdidas, ya que recibe cuantiosos subsidios del Estado colombiano. Electricaribe recibe el 87% del total del presupuesto público destinado a las empresas eléctricas para reducir la factura de las familias más empobrecidas. Y las ayudas estatales no se quedan únicamente en el ámbito del consumo, pues abarcan también programas de apoyo a la construcción de infraestructuras.

Razones como estas llevan al antiguo alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, a desconfiar de la versión oficial de la empresa: “A pesar de las pérdidas que achaca a la falta de pago de la población más pobre, Gas Natural Fenosa es compensada por el Estado colombiano con subsidios, de manera que no se justifica la pésima prestación del servicio”. Según distintos colectivos sociales y comunidades afectadas, todo apunta a otros motivos como el incremento continuo del precio, el mal estado de las redes, las suspensiones continuas del servicio y el enfrentamiento cotidiano entre trabajadores —empleados o subcontratados— como las verdaderas raíces del conflicto.

La Superintendencia de Servicios Públicos recibe 85.000 quejas al año en contra de Electricaribe. La Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos ha contabilizado 529 muertes por electrocución entre 2004 y 2012 por problemas derivados de las malas infraestructuras eléctricas. Y, según los cálculos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sectores comerciales e industriales pierden 3.215 millones de pesos por cada hora sin luz en una ciudad como la capital del departamento del Atlántico. En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas.

¿Un acuerdo para la inversión?

Tras la intervención de su filial, Gas Natural Fenosa declaró su deseo de llegar a “un acuerdo entre las partes que le permita retomar el control de la empresa (Electricaribe) y acometer a la mayor brevedad el necesario plan de inversiones”. Una afirmación paradójica, porque su liquidación y la retirada de la gestión de la compañía ha sido motivada, precisamente, por la falta de inversión y la ausencia de liquidez para acometerla.

El problema de la inversión viene de lejos. El Estado colombiano intentó abordarlo a través del Plan 5 Caribe, un programa público que se vino desarrollando en alianza con Electricaribe. El objetivo de este plan, en palabras del ministro de Minas y Energía, era “resolver el problema de fondo, una calidad deficiente en la prestación del servicio que se origina por una baja inversión”. De esta forma en 2015 el gobierno autorizó una inversión pública por valor de dos billones de pesos para mejorar la infraestructura y redes eléctricas. Naturalmente, estas inversiones no mermaban los subsidios existentes en el sector de la electricidad y la búsqueda de alternativas para el pago de las deudas de la población y los entes territoriales. Según el Estado, estas ascienden a medio billón de pesos —unos 164 millones de euros al cambio actual—; según la empresa, a un billón de pesos —unos 329 millones de euros—. En cualquier caso, ambas cifras quedan lejos de los más de 1.000 millones de euros en deudas que dice tener Electricaribe por impagos.

La contraprestación que debía asumir Electricaribe era llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio eléctrico, pero tales acuerdos no llegaron siquiera al 30% de lo pactado para el año 2016. Electricaribe no cumplió su compromiso de inversión ni tampoco contó con la liquidez necesaria para comprar la electricidad que debía llegar a la población, lo que a ojos del actual gerente de la compañía intervenida, nombrado por el Estado colombiano, constituía el principal problema para garantizar el servicio a lo largo de este año. Por eso, las primeras medidas derivadas de la intervención consistieron en inyectar 120.000 millones de pesos del erario público a la empresa y aumentar el tamaño del fondo público con el que tendrían que cubrirse futuros compromisos de pago y deuda.

¿Y ahora qué?

Desde que Unión Fenosa tomó las riendas de Electricaribe en el año 2000, dos aspectos clave han marcado su negocio: la deuda, procedente de los impagos, y los subsidios e inversiones públicas que han ido alimentando las cuentas de la compañía. Cada vez que Electricaribe se encontraba con una mala situación financiera, ya fuera por las deudas o por la propia gestión de la compañía —algo difícil de determinar debido a la ausencia de datos públicos—, reclamaba fondos al Estado colombiano y este respondía. Así pasó con el Acuerdo de Malambo en 2003 y así lo intentaron, además de con otras medidas, con el Plan 5 Caribe en 2015. Pero eso, en esta ocasión, no ha sido suficiente.

¿Qué ha cambiado para que el gobierno y la multinacional, esta vez, no se hayan puesto de acuerdo? Difícil saberlo, porque todo el proceso de negociación ha sido a puerta cerrada, aunque todo apunta a que ambos actores tienen nuevos planes para la empresa: el gobierno podría querer beneficiar a otro operador —extranjero o incluso estatal—, mientras que Gas Natural Fenosa podría haber dado por amortizada su filial caribeña y estaría interesada en obtener la mayor cantidad de dinero posible por ella. En todo caso, lo que sí es seguro es que a partir de ahora se abren tres escenarios.

Primero: a pesar del anuncio de liquidación por parte del gobierno de Santos y la demanda internacional por parte de la compañía, es posible que los representantes del Estado colombiano y de Gas Natural Fenosa vuelvan a sentarse a negociar y puedan llegar a un acuerdo con el que seguir gestionando la empresa. Es una posibilidad que aún no está definitivamente cerrada, porque como decía ayer José Miguel Mendoza, máximo responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos, “la ley establece la posibilidad de negociación, en procesos de liquidación como el de Electricaribe se puede corregir el rumbo y frenar la liquidación si se cumplen las exigencias, en este caso inversiones que superen la obsolescencia de las redes de Electricaribe”. Dicho de otro modo: si la compañía invirtiera parte de lo que le exige el gobierno colombiano, se acabaría el problema.

Segundo: que la multinacional española dé por perdida su filial Electricaribe y se centre en conseguir la mayor cifra posible de compensación, negociando con el gobierno colombiano la indemnización a la vez que esgrime la demanda ante el CIADI como amenaza. El ejecutivo de Santos, por su parte, podría vender la empresa tras liquidarla y con eso conseguir liquidez para pagar a los acreedores; después, si quedasen “recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa”, ha confirmado Mendoza. Es decir, que el monto de la compensación a la española aparece como la cuestión principal a debatir a partir de este momento.

Y tercero: que el Estado se haga cargo de la empresa eléctrica, en lo que vendría a ser una nacionalización, bien sea a través de una de las compañías públicas ya existentes, bien creando una nueva y corresponsabilizando a las diferentes instituciones estatales implicadas en su gestión. Como defiende el exalcalde de Santa Marta, “nuestra propuesta es que si el Estado avanza con la reestructuración sea para nacionalizarla, que cese la presencia de Gas Natural Fenosa”. Y eso, además, tendría que hacerse tras la realización de una auditoría socioeconómica de la compañía, que hiciera público qué deudas tendrían que pagarse y cuáles no, incluido el monto que exige la transnacional.

En la carta que el Comité por la defensa de los usuarios contra los abusos de Electricaribe remitió a Juan Manuel Santos hace unos días se recordaba que “estos servicios esenciales, por ser un sector estratégico, deben ser prestados por empresas estatales”. Y que “debe garantizarse una transformación estructural del modelo de prestación de estos servicios”, para garantizar “el derecho al acceso y la universalización de los servicios públicos a toda la población, con una administración libre de corrupción y un control social real”. Sin duda, a la vista de la trayectoria neoliberal del actual gobierno colombiano, esta parece la opción más improbable.

* Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Las grandes eléctricas aumentan beneficios y evitan dar la cara

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Foto: IBERDROLA

MADRID // 2016 fue un buen año para las tres grandes empresas eléctricas de España. En su conjunto, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa obtuvieron un beneficio neto de 5.463 millones de euros, un 9% más que el año anterior. La eléctricas confirman o incluso aumentan los dividendos en los próximos años.

Endesa, cuyo accionista principal es la empresa semipública italiana Enel con el 70%, ganó 1.411 millones de euros, un 30% más que en 2015. Unas cifras millonarias, pese a que la producción de electricidad en la península Ibérica —el único mercado donde opera después de que los italianos se hicieran con todo el negocio en Latinoamérica—, cayó un 7,7%. La compañía presidida por Borja Prado dedica el 100% del beneficio al pago del dividendo, del que el Estado italiano se lleva una buena parte.

Gas Natural Fenosa ganó 1.347 millones de euros, un 10% menos que en 2015, algo que la empresa atribuye al impacto negativo de las divisas latinoamericanas. España aporta el 55% al resultado operativo (Ebitda), y la producción de electricidad bajó un 9,7%. La empresa, que ha sido controlada desde hace décadas por La Caixa y Repsol, dedica el 74,3% de su beneficio a dividendo, en total 1.001 millones de euros.

Iberdrola, por su parte, subió el beneficio neto un 11,7%, hasta alcanzar los 2.705 millones de euros. España aporta el 45% a la producción eléctrica. La generación de energías renovables aumentó ligeramente (ya representa el 40,8% del total de la producción de Iberdrola en el mercado doméstico) y la producción hidráulica se disparó un 48,2%. La falta de viento y de lluvias es uno de los factores que se han alegado para explicar la fuerte subida del precio de la luz a principios de este año (aunque esto se verá reflejado en las cuentas del 2017). El resultado operativo subió un 5% gracias a la mayor producción de energía. La empresa presidida desde hace más de una década por Ignacio Sánchez-Galán ha anunciado que subirá el dividendo de aquí hasta 2020 un 30%, y dedicará entre el 65% y el 75% de su beneficio a la retribución del accionista.

Hasta aquí las cifras. Los periodistas no tuvieron la oportunidad de preguntar a los máximos responsables de las eléctricas por temas controvertidos como la subida de la luz en enero o la pobreza energética porque hace tiempo que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que dedican amplios recursos a campañas publicitarias y están entre los principales anunciantes de muchos medios de comunicación, no ofrecen ruedas de prensa para presentar sus cuentas anuales. Se limitan a dar explicaciones en conferencias telefónicas a los analistas, que no suelen preocuparse por cuestiones sociales.

En otros sectores existe más transparencia. Los bancos, por ejemplo, no solo convocan una rueda de prensa para presentar las cuentas anuales, donde comparece el presidente o presidenta de la entidad. También invitan a los medios cada trimestre para que el consejero delegado dé cuenta de la marcha de los negocios.

En el pasado, Endesa —antes de que cayera en manos de Enel— e Iberdrola sí celebraban ruedas de prensa anuales donde daban la cara. Sánchez-Galán se limitó este año a dar una entrevista a la agencia norteamericana Bloomberg TV. Esta práctica de esconderse de preguntas incómodas de los periodistas no es exclusiva a las eléctricas. La petrolera Repsol acompañó esta semana la nota de prensa de sus resultados del 2016 con un videomensaje de su presidente Josu Jon Imaz, expresidente del Partido Nacionalista Vasco. Algunos medios de comunicación publicaron este mensaje por plasma en sus páginas web, tal cual.

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¿Cuánto ganan las grandes eléctricas en España?

MARTA VICTORIA y JOSÉ LUIS VELASCO (Observatorio Crítico de la Energía) // El sector eléctrico vuelve a estar en el candelero tras la enésima subida sospechosa del precio de la electricidad. Regresa con ello a los debates televisivos y rara vez falta el tertuliano que clama a la defensiva que las eléctricas pierden dinero en España y que, si sobreviven, es gracias a sus negocios en el extranjero. Esto es sencillamente falso.

Resulta legítimo que las empresas que participan en el sistema eléctrico español obtengan beneficios derivados de su actividad. Esto es válido en principio para cooperativas, pequeñas compañías o grandes multinacionales. Pero es también legítimo preguntarnos si estos beneficios son razonables.  Al fin y al cabo, las compañías eléctricas operan en un sector estratégico regulado (aunque no lo suficientemente y además mal) por el Estado y que determina el acceso de los consumidores a la electricidad, un bien básico que hasta hace unos años era considerado un servicio público.

Y “razonable” es, significativamente, la palabra que el Gobierno ha utilizado hace unos años para reformar la remuneración de las empresas que generan electricidad utilizando fuentes renovables. [1] Asimismo, disponer de esta información es útil para abordar de forma razonada y razonable el reciente debate sobre cómo debe costearse el bono social. Confrontar los beneficios anuales de las empresas eléctricas con los 200 millones de euros que en promedio aproximado representa cada año el bono social permite evaluar el esfuerzo económico que supone a estas compañías cumplir con el servicio público que se les exige.

Una buena forma de hacer esta valoración es comparar los beneficios de las principales empresas eléctricas operando en nuestro país con los que obtienen sus homólogas que operan en otros países europeos y con el coste del bono social. Los tres gráficos que acompañan a este artículo permiten obtener una visión de conjunto.

En la figura superior hemos recopilado el beneficio neto o EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos) de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa para los años comprendidos entre 2008 y 2015. Los datos proceden de las cuentas de resultados que publican cada una de estas compañías en sus informes anuales. Las cifras de beneficio neto incluyen las actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal. Entre 2008 y 2015 esta cifra asciende a 37.260 millones de euros.

En la figura intermedia se muestra la evolución, para cada empresa y año, del margen operativo, es decir, el ratio entre el beneficio neto y la cifra de negocio. Como referencia, en la figura se ha añadido también el margen operativo medio de las empresas eléctricas que operan en Reino Unido [2], cuyo valor estimado entre 2007 y 2011 es 8,6%. Las “Big 6” suponen un buen elemento de referencia a la hora de comparar directamente beneficios: son empresas operando en el mismo sector, que además en ambos países tienen un mix de tecnologías de generación similar y un mercado liberalizado parecido, ya que la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico fue inspirada por el sistema del Reino Unido.

Ahora podemos calcular el beneficio neto “excesivo” como la diferencia entre el beneficio que ha obtenido cada empresa española y el que hubiese obtenido si su margen operativo hubiera sido igual al que han obtenido sus homólogas en Reino Unido. En este paso, alguien podría argumentar que el beneficio de las empresas eléctricas en España podría ser superior porque sus decisiones inversoras han sido más acertadas. Sin embargo el hecho de que la mayor parte de centrales hidroeléctricas, térmicas de carbón y nucleares sean previas a la implantación de este mercado, junto con la masiva inversión en centrales de ciclo combinado que ahora operan un número de horas muy inferior al previsto, parece indicar que este no es el caso y, por tanto, la hipótesis asumida es razonable.

El gráfico inferior muestra los beneficios netos “excesivos” que han obtenido Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, cuya suma asciende a 11.053 millones de euros entre los años 2008 y 2015 [3]. Si, por ser conservadores, limitamos la comparación al intervalo 2008-2011, en que los datos del Reino Unido nos sirven de referencia, el resultado es 8.844 millones de euros.

Durante el periodo de tiempo analizado, el coste del bono social ha representado aproximadamente 1.300 millones de euros (100 millones en 2009 y 200 millones de euros al año entre 2010 y 2015). Para visualizar la magnitud del bono social en comparación con los beneficios de las grandes eléctricas, en las figuras superior e inferior hemos añadido las cantidades aproximadas con que cada una de estas empresas debería financiar del bono social según estableció el Gobierno para el año 2016 (previamente a que el Tribunal Supremo invalidase este mecanismo). Las gráficas hablan por sí solas.

Las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo anularon los distintos mecanismos por los que la financiación del bono social corría a cargo de las eléctricas (el Real Decreto-Ley 6/2009 fijó la forma de costear el bono de los años 2009-2013 y el Real Decreto 968/2014 determinó el funcionamiento en el período 2014-2016) estableciendo que el coste debía ser reintegrado a dichas empresas. En ambas sentencias, el mecanismo correspondiente es invalidado porque es considerado discriminatorio pero, en ningún caso, el Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de que sean las empresas eléctricas quienes financiasen el bono social.

El Gobierno ha propuesto recientemente en el Real Decreto-Ley 7/2016 que sean las comercializadoras las que carguen en exclusiva con dicho coste. Nos parece una decisión errónea en base a dos argumentos. En primer lugar, uno de tipo legal: que no participen en la financiación empresas generadoras o distribuidoras puede provocar que el Tribunal Supremo también considere este mecanismo discriminatorio.  En segundo lugar, uno de tipo económico: la comercialización es la actividad donde se obtienen los menores márgenes de operación: sería más razonable incluir también los segmentos de donde provienen los beneficios excesivos de las grandes eléctricas, generación y distribución.

Precisamente por no hacerlo, la propuesta puede finalmente tener un efecto regulatorio muy perverso: beneficiar de facto a comercializadoras que forman parte de grupos verticalmente integrados (grupos que tienen enormes beneficios en otros segmentos) con respecto a aquellas que no, como las comercializadoras cooperativas verdes. Eso sería una decisión de política energética inadecuada de cara a la necesaria transición a un nuevo modelo energético.

En conclusión, y a la vista de los resultados, exigir que todas las empresas que participan del sistema eléctrico financien, de manera proporcional a la energía que gestionen, el bono social es, además de algo posible desde el punto de vista legal, lo mínimo razonable a la luz de los beneficios que obtiene las tres principales empresas que operan en este sistema.

Plot 21

 

[1] A nadie debería escapársele, que el establecimiento de una “rentabilidad razonable” no fue sino un recorte retroactivo a retribuciones comprometidas; en este artículo nos limitamos a fijarnos en la retórica utilizada.

[2] Los beneficios se refieren al EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos). Los datos de España se han comparado con los beneficios netos obtenidos en Reino Unido por las 6 mayores empresas eléctricas: Scottish Power, SEE, EDF Energy, Centrica, RWE Npower, EON, reportados en el documento “UK Big 6 utility investment trends, Bloomberg”.

[3] Cabe mencionar que todos estos enormes beneficios han ido a empresas privadas, ya que en España no existen grandes compañías eléctricas públicas desde finales de los noventa. Un repaso detallado a cómo se llevó a cabo la privatización de Endesa y la liberalización del sector eléctrico puede leerse en el libro del Observatorio Critico de la Energía “Crónicas eléctricas. Breve y trágica historia del sector eléctrico español”, editado por Akal.

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