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El escándalo de Madrid Calle 30 que empobreció a ciudadanos y enriqueció a constructoras

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Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde la vulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.

Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.

Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.

Pero es que además, el contrato que permitió la privatización recoge cuánto debe pagar el Ayuntamiento cada año al socio privado (compuesto por el grupo ACS y Ferrovial), pero esta cantidad no se calculó en función del coste de gestionar la M-30 sino que se calculó para que las empresas privadas obtengan cada año un 7,053% de rentabilidad. Negocio asegurado y sin ningún tipo de riesgo a costa del dinero del contribuyente. Esto tuvo como consecuencia que en 2007 la factura anual del Ayuntamiento se multiplicara por 2 (se incrementó en 10,5 millones de euros cada año). La justificación documental de este incremento es paupérrima e irrisoria (apenas un cuadro para justificar cobros de millones de euros) y ni siquiera se incluye en el expediente del contrato.

Pero la cosa no queda aquí: resulta que el contrato firmado compromete al socio privado a mantener y cuidar la infraestructura, pero buena parte de estos compromisos no se están realizando y otros se están pagando por duplicado. Además, hay gastos como los de la factura eléctrica y de suministro de agua que deberían correr a cuenta de las empresas privadas según el contrato y sin embargo los ha asumido siempre el Ayuntamiento. Hasta la llegada al gobierno de Ahora Madrid se hacía la vista gorda con estos incumplimientos, pero desde entonces se han iniciado expedientes sancionadores que rompen el pacto tácito firmado por el Partido Popular y las constructoras mencionadas.

Todo esto ha salido a relucir gracias a la comisión de investigación impulsada por el gobierno de Ahora Madrid. Sin este ejercicio de transparencia nunca hubiésemos conocido los entresijos de este importante y lamentable expolio. El gobierno de Gallardón aceleró las obras de la reforma de la M-30 por motivos electorales sin importarle el enorme perjuicio económico, social y medioambiental que ello causaba, entregó la gestión de una carretera pública a empresas constructoras a través de un contrato que blinda sus beneficios hasta 2040 y a pesar de que la legislación no contempla tal cosa, vulneró sistemáticamente los procedimientos administrativos que recoge la legislación, y consintió que tales empresas no cumplieran los compromisos recogidos en el contrato. Un trasvase de dinero tan descarado como planeado desde las arcas públicas a los bolsillos de unos pocos.

Eduardo Garzón es asesor de Economía en el Ayuntamiento de Madrid.

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La gran ruina de los ‘swaps’ de Gallardón

Una de las actuaciones del gobierno madrileño de Gallardón más ruinosas para los contribuyentes ha sido –y sigue siendo– la contratación de swaps que tuvo lugar entre los años 2005 y 2011. Los swaps son operaciones diseñadas para evitar elevados costes en determinadas inversiones financieras como los préstamos. Su naturaleza es muy parecida a la de un seguro convencional que cubre un coche o una casa: el que contrata un seguro de coche paga regularmente una cantidad de dinero para poder ser indemnizado en caso de que su vehículo sufra desperfectos. De igual forma, el que contrata un swap paga regularmente una cantidad de dinero para poder ser indemnizado en caso de que su inversión financiera sufra un perjuicio (debido a la evolución de los tipos de interés).

El caso más habitual de utilización de swaps es el siguiente: una empresa ha contraído un préstamo a tipo de interés variable, por lo que paga intereses en función de lo elevado o reducido que esté el tipo de interés, de forma que si éste sube a cotas muy altas el préstamo pasa a ser muy costoso, por lo que para evitar ese riesgo contrata un swap para protegerse de aumentos del tipo de interés, normalmente convirtiendo el tipo de interés variable en tipo fijo. En vez de pagar una cantidad variable, se comienza a pagar una cantidad fija. Así las cosas, los vaivenes del tipo de interés no afectarán al coste del préstamo, que pasa a ser totalmente fijo para la empresa que lo contrajo.

Esta conversión puede ser muy positiva para el que contrata el swap (y perjudicial para el que lo vende, el “asegurador”) si, en efecto, el tipo de interés se sitúa por encima del tipo fijo establecido. Puesto que el swap logra fijar un “suelo” al tipo de interés, los intereses que queden por encima de ese suelo no afectan al coste del préstamo. Estaríamos en el caso equivalente de que el coche asegurado hubiese sufrido desperfectos y por lo tanto la compañía aseguradora hubiese tenido que pagar. Pero puede ocurrir lo contrario: que el tipo de interés de mercado se sitúe por debajo del tipo fijo establecido, ya que el que ha contratado el swap está pagando más de lo que pagaría sin él, puesto que hay un suelo que impide beneficiarse de la caída del indicador. Acorde a nuestra analogía, sería como si el coche no hubiese sufrido desperfectos y el asegurado estuviese pagando por haber contratado el seguro.

Pues bien, el gobierno de Gallardón utilizó recurrentemente este tipo de swaps (que convierten en tipo fijo un tipo de interés variable) para algunos créditos que contrajo el Ayuntamiento. Y absolutamente todos los swaps han sido nocivos para el Ayuntamiento: se contrató un tipo fijo que ha quedado muy por encima del tipo de interés de mercado. Esto ha provocado que el Ayuntamiento esté pagando muchísimo más de lo que estaría pagando si nunca hubiese contratado esos swaps; concretamente el coste supone hasta la fecha 350 millones de euros, que es una cantidad equivalente a mucho más de la mitad del gasto social que ejecutó el consistorio en 2016. Y el coste final será muy superior porque el contrato de los swaps se mantiene hasta el vencimiento de los créditos cubiertos (establecidos entre 2018 y 2015); sin que la devolución del dinero antes de tiempo y la cancelación de los créditos sea una solución porque los contratos establecen que en ese caso el Ayuntamiento tendría que pagar una penalización que a día de hoy superaría en total los 410 millones de euros. En definitiva, estamos hablando de unos contratos blindados que le suponen al erario público un coste muy elevado e innecesario del que no se puede librar hasta que no pasen unos cuantos años, así como un beneficio fijo y muy importante para las empresas financieras que vendieron esos swaps.

¿Cómo es posible esto? ¿Se adoptaron decisiones mal evaluadas? ¿O aun siendo decisiones adecuadamente analizadas tuvo mala suerte el Ayuntamiento a la hora de prever la evolución de los tipos de interés? ¿O directamente hubo mala fe al contratar estos swaps? Probablemente nunca podamos saberlo a ciencia cierta, pero una forma de aproximarnos a esa respuesta es observar cuál era la evolución del tipo de interés de mercado en el momento en el que fueron contratados.

Hubo dos contratos que se firmaron en diciembre de 2005 y otros dos en septiembre de 2006 al calor de los créditos obtenidos para financiar la reforma de la M30. Tal y como se puede observar en el gráfico, en ese periodo el Euribor (referencia para el coste de los créditos en la Eurozona) experimenta una evolución claramente ascendente, por lo que contratar swaps que estableciesen un suelo en el tipo de interés parecería tener bastante sentido, con el objetivo de que el coste de los créditos no aumentase por mucho que ascendiese el indicador.

En cambio, en julio de 2009 –casi un año después de la crisis financiera más importante sufrida por occidente desde 1928– se contrató un swap no solo a un tipo fijo superior al del Euribor sino en un contexto de caída vertiginosa del mismo, lo que a todas luces indica una decisión absolutamente equivocada: ¿Para qué comprar un “suelo” que está por encima del tipo oficial y en un momento en el que éste no para de caer? No tiene ningún tipo de sentido. Y no sirve escudarse en que nadie podía prever que el Euribor fuese a caer tanto como lo ha hecho, puesto que las crisis financieras siempre vienen seguidas de importantes descensos del tipo de interés, por lo que ya por entonces era fácil predecir que tras el intenso crac de 2008 el Euribor iba a estar una larga temporada en niveles bajos. ¿Por qué tanta prisa en comprar un “suelo” absolutamente inútil y caro? Es como si alguien tuviese prisa para comprar un seguro que cubriese un coche que nunca utiliza y que sabe que no va a sufrir ningún desperfecto.

Pero esto no es todo, porque a pesar de que el Euribor continuó hundiéndose en los meses siguientes, ¡el ayuntamiento continuó contratando swaps con suelos muy por encima del tipo de mercado! Así ocurrió en octubre de 2009, en enero de 2010 y en febrero de 2010. Fíjese el lector en el gráfico, y cómo el Euribor todavía en la actualidad (abril de 2017) continúa cayendo. Esto ya no tiene ningún tipo de explicación plausible: ¡el Euribor no dejaba de caer y el gobierno de Gallardón seguía dilapidando y comprometiendo enormes cantidades de dinero público (y enriqueciendo a entidades financieras) para protegerse de un hipotético y absolutamente improbable ascenso del indicador!

En conclusión, a pesar de que los primeros swaps contratados por el gobierno de Gallardón parecen haber respondido a una gestión financiera sensata, no parece ocurrir lo mismo para el resto de swaps al no existir justificación posible para haber establecido suelos con tipos fijos en periodos en los que los tipos de interés de mercado caían con fuerza con motivo de una crisis financiera que a todas luces no iba a ser pasajera. Se trató de una gestión de la política financiera claramente lesiva para los intereses públicos y notablemente beneficiosa para las entidades financieras que vendieron los swaps.

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