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“Meirás es una propiedad de Franco que se gestionó como una propiedad del Estado hasta 1975”

SADA// Carlos Babío (Sada, 1967) y Manuel Pérez (Sada, 1987) presentan este martes Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre), la primera gran investigación sobre cómo Franco se hizo con la propiedad del Pazo de Meirás que se convirtió en su residencia veraniega, una de las sedes del poder del régimen y, como tal, en “centro de tráfico de favores” desde 1938 a 1975. Carlos Babío, nieto de Josefa, la mujer que perdió su casa porque tuvo la mala suerte de que estuviera al lado del Pazo, no es historiador profesional pero empezó hace 21 años a recoger testimonios de una memoria oral que ya no existe y a visitar todos los archivos que le permitieron visitar hasta ganarse el respeto de la academia. “¿Por qué nadie se atrevió antes a contar esta historia?”, se pregunta. El libro abrirá heridas en la silenciada memoria de los gallegos y exigirá justicia. Babío y Pérez han contado por fin la historia para que tenga un final justo: la devolución del Pazo al pueblo.

¿A quién pertenece el Pazo de Meirás?

Carlos Babío [C.B.] A la heredera, a su hija, Carmen Franco Polo.

¿Desde cuándo es propiedad de la familia Franco?

Manuel Pérez [M.P.] Legalmente, desde noviembre de 1941. Es cuando se formaliza ante notario la compra-venta del Pazo de Meirás.
[C.B.] Es decir, lo que comienza como una donación del pueblo a su caudillo -ese es el relato oficial que creó el régimen- termina como una operación entre particulares en la que Pedro Barrié de la Maza [presidente del Banco Pastor y fundador de Fenosa], mediante un poder notarial, representa a Franco para adquirir lo que fuera la antigua propiedad de Emilia Pardo Bazán y tierras colindantes que se habían ido incorporando desde 1938. En diciembre de ese año se le habían entregado las llaves a Franco en un acto solemne y desde entonces lo disfrutaba la familia.

¿A quién se lo compran y cuánto pagan?

[M.P.] En el registro de la propiedad figura que se pagaron 80.000 pesetas. La versión que el régimen transmite desde el principio es que había costado unas 400.000 pesetas.
[C.B.] El hecho de que se eligiera este pazo y no otro tuvo que ver con que el Banco Pastor mantenía una hipoteca sobre la propiedad.
[M.P.] En ese momento pertenecía a la nuera de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes. Ella heredará la propiedad porque el hijo, Jaime Quiroga, y el nieto fueron asesinados en Madrid durante la guerra. Con la heredera había empezado a negociar años antes, en concreto Fernando Álvarez de Sotomayor, ferrolano, que después de la guerra volvería a ser director del Museo del Prado. Viajó a San Sebastián en representación de la Junta Pro Pazo del Caudillo y cerró un acuerdo verbal. Por eso los Franco pudieron empezar a obrar en el Pazo en plena guerra y empezar a disfrutarlo ya desde el 83.

En el libro explicáis cómo las incipientes elites coruñesas se reunieron en esa Junta e idearon un mecanismo para pagar el Pazo, para que lo pagara el pueblo, pero esa captación de fondos fracasó…

[C.B.] En esa Junta participaron la Diputación y todos los ayuntamientos de la provincia con la Cámara de Comercio, la de la Propiedad, la banca, empresas de comunicación, como La Voz de Galicia y El Ideal Gallego… decidieron adoptar como mecanismo el de la suscripción popular y en cada ayuntamiento, cada vecino, tuvo que aportar. Fueron invitados a hacerlo, estamos hablando de 1938. Aquello fracasó porque los gastos que generaba el Pazo, las exigencias de Carmen Polo eran crecientes, exigían más y más recursos. Así fue como se decidió retener parte del salario a los funcionarios y detraer ingresos de cualquier entidad, por ejemplo de las cofradías de pescadores, y luego que los ayuntamientos hicieran también aportaciones. La Junta quiebra, de liquidar el asunto se encargó el propio Barrié, y eso hizo que alguno de los expropiados no recibiera finalmente ni una peseta.

En el caso de tu abuela sí hubo compensación.

[C.B.] A ella la dejaron literalmente en la calle, con cuatro niños… Tenía que vivir de la caridad. Eso generaba, digamos, mala imagen en Meirás frente al lujo del Pazo. Así que Barrié la llevó al notario y firmó haber recibido 50.000 pesetas. Mi abuela nunca tuvo ese capital. En el documento se indica que Barrié le pagaba 45.000 pesetas porque las otras 5.000 ya se las había adelantado. Por lo que pudimos ver en el testamento, mi abuela no reunió nunca un capital de más de 8.000 pesetas; así que me imagino que recibiría aquellas 5.000, que ya era mucho, y la obligaron a firmar por 50.000. Los manejos de Barrié, que actuaba en nombre de Franco, fueron de ese tipo en todo lo que hemos encontrado en relación con el Pazo. Pero estuvo muy bien asesorado en cada paso. Por ejemplo, en el acto notarial del 41 en el que se formaliza la compra del Pazo por Franco llaman también a la única hija viva de Pardo Bazán, Blanca Quiroga, para que renuncie a cualquier derecho sobre la propiedad. El Pazo inicial tenía 5,7 hectáreas, y hoy dentro de muros hay 9 hectáreas. Eso se añadió mediante expropiaciones u operaciones de compra-venta forzadas.

¿Cuál es el papel de Barrié de la Maza en el espolio?

[M.P.] Al principio, todo el mecanismo que se diseña para extraer los recursos se basa en la experiencia acumulada del sistema de suscripciones empleado para cubrir las necesidades de la guerra. Barrié y el Banco Pastor participaron en todo el proceso de financiación de la guerra y también hicieron las aportaciones más importantes para el Pazo. Luego se encargó de la formalización de la propiedad. Después lo recuperó a través de operaciones inmobiliarias que ahora mismo están en discusión como en el caso de la fachada marítima de A Coruña.

Hubo otros protagonistas que fueron recompensados, como el caso de Alfonso Molina, que hoy sigue dando nombre a la avenida de entrada a la ciudad.

[M.P.] Alfonso Molina entra en la Junta Pro Pazo como presidente de la Cámara de la Propiedad. Formaba ya parte de la élite local, incluso su familia estaba en el consejo de La Voz de Galicia. Pero jugará un papel clave como jefe del servicio de vías y obras de la Diputación. Fue el técnico encargado durante años, porque incluso siendo ya alcalde mantuvo el cargo en la Diputación, de gestionar todas las infraestructuras de acceso al Pazo. Y, a partir de 1947, como alcalde, convirtió al Ayuntamiento en una empresa de servicios de los Franco, servicios de jardinería, por ejemplo. Si podemos decir que Barrié era la persona de confianza de los Franco como financiero, a nivel político Molina se convirtió en el hombre de confianza de Franco en Coruña hasta que falleció en el 58.

En la investigación documentáis que el aparato del Estado trabajaba para el beneficio personal del dictador. ¿Cuánto duró eso?

[C.B.] Documentamos lo que gastaron las administraciones públicas, desde el Estado a través de los ministerios, la Casa Civil y la Casa Militar, a la Diputación provincial y los ayuntamientos, en particular el de A Coruña, que asumieron diferentes papeles en el mantenimiento del Pazo entre 1938 y 1975. La Diputación se ocupaba de tener las carreteras bonitas. El Ayuntamiento era la empresa de servicios. Hay una relación de millones destinados al Pazo, pero es imposible encontrar prueba documental de todo lo que se gastó. En el Ayuntamiento sólo se conserva un documento sobre una actuación concreta en el Pazo, pero había personal trabajando allí.
[M.P.] Y todo eso se justificaba en necesidades de seguridad del Jefe del Estado. Pero es que además, muerto Franco, el Estado continuó sufragando gastos en Meirás. Mantuvo guardias al servicio de Carmen Polo allí. Los había todavía cuando el incendio de 1978. Y la familia siguió beneficiándose del resultado del espolio mucho después con apoyo de instituciones públicas. En 1999 hubo una operación urbanística de terrenos lindantes al Pazo en los que se ubicara el acuartelamiento militar y se les facilitó la venta.
[C.B.] El período más difícil de investigar son los últimos años de Franco y los primeros años de la democracia. Mucha de la documentación sigue clasificada.
[M.P.] Pero el volumen documental es importante, porque en realidad, Meirás es una propiedad de Franco que se gestionó como una propiedad del Estado hasta 1975.

¿Qué dice Meirás sobre el franquismo?

[M.P.] Meirás era un centro de poder. Después de Madrid, en verano, se convertía en la corte de Franco. El aparato del Estado se trasladaba aquí. Eso lo sabían bien las élites coruñesas que decidieron regalárselo a Franco. En el contexto de los fascismos, el franquismo es un totalitarismo en el que el Estado aspira a ejercer una función que va más allá de lo público. Esa indefinición entre qué es lo público y qué lo privado, cuál es la función de las administraciones, a quién sirve… Meirás era un lugar al que acudir cuando se quería conseguir algo del Estado y desde el que el poder podía obtener contraprestaciones por ello.

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Podemos Andalucía pide retirar la financiación a los medios que difundan actos de exaltación franquista

Francisco Franco

Podemos Andalucía ha pedido a la Junta de Andalucía que no destine recursos económicos a los medios de comunicación que difundan actos de exaltación franquista. Este 20-N, medios como ABC publican esquelas de Franco y José Antonio Primo de Rivera.

Por el @abc_es no pasa el tiempo, se conserva igual que hace 42 años. #20N pic.twitter.com/9bJAjNAXUC

— Podemos Andalucía (@Podemos_AND) 20 de noviembre de 2017

“La ley andaluza de memoria histórica es una buena ley, pero debería desarrollarse cuanto más mejor para que las víctimas no sean doblemente agredidas, por un lado por la injusticia que han sufrido, y por el otro porque se celebren actos de conmemoración fascista”, ha denunciado el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina,

La propuesta llega después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, anunciara que ningún medio que publique anuncios de prostitución “recibirá un euro de las arcas públicas”.

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12 kilómetros, 12 minutos, 16 mujeres en un camión

mujeres

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A Lala Mallofret la conoce todo Zufre. Es la única Lala en este pueblo onubense de 900 habitantes enclavado en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Lala tiene mucha charla, 85 años y alquila casas rurales. “Vamos, que te voy a enseñar la zona”, dice diligente con una sonrisa amplia. Por cuestas empedradas, calle abajo, calle arriba, Lala se para delante de una preciosa casa rural entre fachadas blancas y zócalos de colores. “Esta es la antigua cárcel”, cuenta. Dice que de aquí sacaron a un grupo de mujeres en el otoño del 37 camino del matadero. “Mira, y este es el Ayuntamiento”. En la puerta cuelga un lazo morado y un cartel que avisa que Zufre está incluido en la red de municipios libres de violencia contra las mujeres. Por una callejuela aledaña asoma el campanario de la iglesia con un viejo reloj de números romanos. Suena la campanada de las siete y media, pero son las siete y veinte de la tarde. “A veces funciona y a veces no, a veces va adelantado y a veces va atrasado”, prosigue Lala. Es domingo. El reloj descansa sobre una plaza de cuento, una azotea con vistas al campo y a un pantano de agua azul intenso. Al fondo, la fuente del concejo, sobre una arquitectura gótico-renacentista, arroja agua por una carátula marmórea en forma de cabeza de tritón. Flotan tres naranjas verdes en el viejo abrevadero.

La historia en Zufre, como el reloj, lleva décadas de retraso. Dieciséis mujeres, maniatadas en colleras, reco-rrieron esas mismas calles a modo de paseíllo infame. “Y aquí en esta vieja escuela había otra cárcel. Luego fue una escuela. Hoy es un salón de actos”, señala Lala desde su casa, que hace esquina en la acera de enfrente. En la fachada aún se lee “Escuela de ninas”, con una ñ sin virgulilla. A los pies, en un pilar construido en 1909, el agua resbala con la cadencia de una tarde de verano sobre el musgo verde. “Donde aliviaran yuntas / sed de besanas, / sofocaran mis mulas / calo de parvas / y bebiera la luna / lunita, al alba”, rezan en un azulejo los versos del poeta Manuel Ordóñez Sánchez. Allí –señala Lala– aguardaba un camión para el traslado de las mujeres hasta el cementerio del vecino pueblo de Higuera de la Sierra.   

De ahí se llevaron también, un año antes, a su padre, Antonio Mallofret. “Mari Carmen, me llevan a declarar. Llegando al sitio se descansa”, le dijo a su mujer, que lo vio salir. “Le entregó la cartera y las cosas que llevaba encima. Yo tenía cuatro años”, afirma Lala. Eran cuatro hermanos, el más chico tenía dos, el más grande siete. Su madre perdió el quinto que estaba esperando. Lala no se acuerda de su padre, pero sí de lo que lloraban cada vez que se sentaban a la mesa a almorzar y a cenar. Hoy en el pueblo solo vive ella. Su hermana y sus dos hermanos se fueron a Venezuela. Los varones ya han muerto.

El teléfono suena un par de veces. Una de ellas se corta. Lala ha quedado para tomar café con pasteles en El Kiosco, un bar ubicado en el Paseo de los Alcaldes José Navarro y Andrés Pascual. El primero, republicano, fue fusilado. El segundo fue el jefe local de la Falange. Nuevas generaciones de niños y niñas corretean ajenos a la historia, bajo aquel vestigio franquista, entre los columpios y un tobogán. “Por allí salieron hacia Higuera”, se despide Lala. Poco más de 12 kilómetros separan ambos municipios. Poco más de 12 minutos en coche. La A461, de Santa Olalla a Minas de Riotinto. La N-433 dirección Aracena. Nadie puede saber qué sintieron Teodora, Remedios, Modesta, Josefa, Elena, Bernabela, Dominica, Felipa, Amadora, Mariana, Antonia, Encarnación, Faustina, Amadora, Carlota y Alejandra haciendo ese mismo recorrido en el camión. Tenían entre 39 y 62 años. Con ellas viajaban cinco hombres que fueron también asesinados ese mismo día, el 4 de noviembre de hace 80 años, entre ellos, José Mallofret, juez municipal de Zufre en 1932 y dirigente de Unión Republicana en 1936. Tío de Lala.

“Mucha gente desconocía lo que había pasado, se contó la historia que se contó, se tergiversó. Por eso yo escribí en un blog. Me costó trabajo. Había temor. Hasta entonces, no tengo constancia de que hubiera nada escrito”, explica el hijo de Lala, el periodista Diego Antonio Velázquez. A través de escritos, logró que se retirara el título de alcalde honorario a Franco en 2009 pero no un homenaje a las víctimas. Ahora, el Ayuntamiento, gobernado en minoría por IU, tiene previsto un acto de reconocimiento a estas mujeres, según explica la teniente de alcalde, Rosa Villa, que admite que hay cosas que cuesta mover en pueblos, además, tan pequeños.

En el viejo cementerio

Apenas pasan coches por Higuera, atravesado por la carretera nacional. Una patrulla de la Guardia Civil multa a uno que ha parado junto al Bar Carmona. Unos metros más allá, a la izquierda, el Museo de la Cabalgata, donde se muestra la “espectacularidad con la que el pueblo se engalana cada 5 de enero”. A la derecha, por una cuesta, discurre el camino hacia el viejo cementerio. Según los testimonios recogidos por Diego, les dijeron que bajaran y enfilasen: “Un trayecto muy corto, puede que algunas no supieran a dónde iban, pero otras sí debían saberlo. Los gritos se escuchaban en todo el pueblo. La gente de Higuera estaba aterrorizada. Las fusilaron en la puerta del cementerio”.

La verja, aún con la señal de un impacto de bala, está entreabierta. Tres filas de nichos de arriba abajo. Varias lápidas datan del siglo XIX. “Libre”, se puede leer en algunos de ellos. Al fondo, en una esquina a la izquierda hay un grifo y una carretilla. Nada que indique que bajo ese suelo hay 16 mujeres, cinco hombres y quién sabe cuántos cuerpos más. Según Lala, los arrojaban unos encima de otros, en tandas, con capas de tierra. Podrían estar bajo los nichos. Podrían estar bajo los setos y las flores, en el centro. Nunca se ha buscado en aquel lugar, que hoy conforma las vistas de una residencia de mayores y una casa en obras. Cuenta Santiago González, vecino de Zufre, que el juez de Aracena ante el que tenían que declarar se quedó esperándolas: “Se habla incluso de dos o tres violaciones”. “A ellas no las juzgaron, las sacaron y las mataron. Fue muy escandaloso”, resume el historiador José María García Márquez. Unos días después llegó otro camión de presos a Higuera. “Las autoridades vecinas, escandalizadas por aquella trágica escena, no consintieron nuevos fusilamientos –explica Diego–. El jefe local de Falange, Rafael Girón María, dijo: ‘El que quiera fusilarlos, que lo haga en su pueblo'”.

Zufre-Higuera

Huelva

Estado de conservación:

En el cementerio de Higuera de la Sierra, donde fueron asesinadas las mujeres de Zufre, no hay ninguna señal que indique la fosa a la que supuestamente fueron arrojadas.

 

 


Sevilla-Cádiz-Huelva: un triángulo plagado de rosas

Entierro de las rosas de Guillena.

Son las diez de la mañana. Doblan las campanas en el pueblo sevillano de Gerena, donde fueron fusiladas 17 mujeres inocentes. Salen a la calle con dignidad, una a una, metidas en sus cajitas. Están haciendo el recorrido inverso. Vuelven a su pueblo, Guillena, donde los falangistas las pelaron, las obligaron a tomar aceite de ricino y las pasearon después de llevarlas a misa. Vuelven a pasear por la misma calle Real donde fueron humilladas. Pero esta vez lo hacen sin miedo, animadas por los gritos espontáneos de “¡Viva la República!”. A las once y media llegan al cementerio, repleto de familiares, amigos y vecinos. Habla el niño de ocho años, ahora con 83, que las vio morir como animales. Poemas, palabras, canciones… “Yo he llorado ya todo lo que tenía que llorar”, dice Antonia, hija de Ramona, mientras se limpia los ojos con un pañuelo. Era el 15 de diciembre de 2013. Habían pasado 75 años desde el crimen.

Fue el libro de Pura Sánchez Individuas de dudosa moral el que puso nombres y apellidos a aquella represión específica que sufrieron las mujeres, que empezaron a ser consideradas como víctimas de manera oficial en 2010 con un decreto pionero de la Junta de Andalucía. La primera fosa de mujeres que se abrió en esta comu-nidad autónoma, no obstante, se remonta a 2009. “Un colorido cortejo fúnebre, callado y solemne, armado de claveles rojos, acompañó el paseo de unos 400 metros desde el centro de Grazalema (Cádiz, 2.227 habitantes) hasta el cementerio. Cinco pequeñas cajas rectangulares, cada una de ellas con una cruz tallada en la tapa, en las que descansaban los huesos mezclados de 15 mujeres y un niño, El bizarrito, nieto de La Bizarra”, narró el periodista Raúl Bocanegra en la crónica de aquel día. “Los falangistas –continúa–las montaron en un camión, que se detuvo en el kilómetro 57 de la carretera de Ronda (Málaga). Las hicieron bajar. El bizarrito, el niño, fue obligado a cavar una fosa, cerca de un horno de leña. Los fascistas las matan con saña […] La escena, como una estatua maldita, se mantuvo escondida años”.

Hay otras mujeres que no han sido localizadas a pesar de su búsqueda, como ocurrió en el caso de las 15 rosas del municipio onubense de Puebla de Guzmán. Pedro el Sastre, hijo de una de aquellas mujeres, murió sin encontrarla. La zona donde supuestamente fueron enterradas había sido removida, vaciada y vuelta a llenar con una capa de piedra de pizarra triturada. Un vaciado –dice el informe técnico de la exhumación– que pudo realizarse en 1973 y 1974 para la construcción de nichos nuevos. En Fuentes de Andalucía (Sevilla) otras tantas mujeres fueron secuestradas, humilladas, violadas y asesinadas un 27 de agosto de 1936. La exhumación del pozo en la que supuestamente fueron arrojadas, en la finca de El Aguaucho, situada en la carretera N-IV, ha finalizado días atrás sin éxito. 

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Franquismo y Hoteles Meliá: desarrollismo, sol y playa para Meliá

Hotel Meliá en la capital de Cuba. Foto: EFE.

Dice el tópico que los habitantes de Mallorca son, por lo general, gente poco habladora, desconfiada, seria y de carácter cerrado. Algo de esto hay, en cierto modo, en los propietarios de Meliá Hotels International, la única empresa turística de España que cotiza en el Ibex 35. La discreción es uno de los signos de identidad de la familia Escarrer, propietaria de esta gran cadena hotelera cuyo origen se remonta a la posguerra. En la década de los 40, el empresario valenciano José Meliá Sinisterra creó una agencia de viajes que fue el germen de un negocio multimillonario. A través de su agencia, Meliá Sinisterra contribuyó a atraer turismo extranjero a la vez que estimulaba la demanda nacional, sobre todo, con su gran invento: el viaje de bodas a Mallorca. Como complemento a su turoperador, el valenciano desarrolló la idea de crear una cadena de hoteles, e inauguró su primer establecimiento en Mallorca en 1955. El impulso definitivo llegó de la mano del dictador Francisco Franco, cuyo gobierno tecnócrata lanzó, en 1959, el Plan de Estabilización.

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Letizia, el hastío y su móvil

La reina Letizia saluda desde el Rolls Royce, el 12 de octubre de 2017. Imagen: RTVE

La reina llamada Letizia menea su manita izquierda como si saludara. Lo hace de manera maquinal, tic-tac, tic-tac, mientras con la manita derecha envía o recibe mensajes, sus ojos fijos en el teléfono móvil.

La reina llamada Letizia viaja a una velocidad mínima. El aparatoso vehículo avanza lo suficientemente lento como para que sus súbditos, que agolpados sacuden banderitas rojigualdas, alcancen a ver su manita izquierda, tic-tac. Y lo suficientemente lejos como para que esos mismos súbditos no puedan apreciar que, con su soberana manita derecha, la reina chatea.

El coche dentro del cual se desplaza la reina llamada Letizia es un Rolls Royce. Podría decirse que, a ella, sus súbditos le importan un soberano pimiento, lo mismo que la historia del Rolls que la conduce, encargado por un dictador, asesino como todos los dictadores, cruel como todos los dictadores, brutal como todos los dictadores. El mismo dictador que coronó al padre de su marido. O sea, el dictador por el que ella es reina y chatea camino de un palco.

La ausencia total de alegría en la cara de la reina llamada Letizia podría deberse al hastío que provocan en ella los actos oficiales, por los cuales recibe de esos mismos súbditos, entre otras menudencias, más de 130.000 euros anuales para ella sola. Personalmente. Para ella sola. Por el hastío que todo eso le provoca o quizás por otra clase de insatisfacción.

Bien podría ser –aunque de ello no se tiene noticia– que en la intimidad la reina sonría, sea lo que sea en palacio eso llamado intimidad. Sí, puede que, en alguno de esos momentos, a solas, sin súbditos ni palcos, sonría. Quién sabe si mirando la pantalla del teléfono móvil. Quizás entonces, en un gesto reflejo, se le mueva, tic-tac, la manita izquierda.

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La ONU exige a España que acelere la búsqueda de desaparecidos durante el franquismo

Apertura de una fosa común. I La Marea

Naciones Unidas ha dado a España un plazo de 90 días para que presente un calendario de trabajo actualizado con las medidas concretas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y el franquismo. La ONU también exige al Gobierno español que indique las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas. “Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas ni ha asumido un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema”, lamenta el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en su último documento,  presentado esta misma semana ante el Consejo de Derechos Humanos.

El informe tilda de “preocupante” que los familiares de las víctimas estén “librados a su propia suerte” a la hora de investigar los crímenes del franquismo. “Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debería satisfacer de acuerdo al derecho internacional”, incide el documento.

El grupo de expertos de la ONU lamenta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya hecho caso a las recomendaciones que el organismo efectuó en 2013. Así, admite estar “consternado” porque no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura. “Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, prosigue.

Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que proporcione un “mayor apoyo institucional y financiero a los familiares”, en particular en relación a la localización e identificación de personas previstas en la Ley de Memoria Histórica. Y va más allá: estas tareas “deben ser asumidas como una obligación de Estado”.

En este sentido, la ONU exige que el Estado español asuma un “rol activo” en las exhumaciones e identificación de restos, y que esto no dependa exclusivamente de algunas comunidades autónomas, asociaciones privadas o particulares.

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