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Voces por las calles vacías: de las mujeres del Aguaucho a la actualidad

Hoy comienza la exhumación de la fosa de las mujeres del Aguaucho. En #LaMarea53 incluimos ’12 kilómetros, 12 minutos, 16 mujeres en un camión’, una ruta de la memoria por Zufre-Higuera (Huelva). Puedes adquirir la revista online. Suscripciones anuales desde 22,50 euros

 

Dicen que los asesinos de las mujeres del Aguaucho, todas ellas originarias de Fuentes de Andalucía, un hermoso pueblo situado en la campiña sevillana, daban voces por las calles vacías después de vejarlas, violarlas y asesinarlas vilmente aquella tarde del 27 de agosto de 1936.
Dicen que los asesinos de las mujeres del Aguaucho, una vez saciados de sangre y hombría, se pavonearon por el pueblo, enseñando la ropa interior de algunas de ellas como muestra de lo que habían cazado esa tarde.

Porque a lo que estos salvajes asesinos se dedicaron era precisamente a eso: a cazar como conejos a María Jesús Caro González, de 18 años de edad, a las hermanas García Lora, Coral y Josefa, de 16 y 18 años; a María León Becerril, de 22 años, y a Joaquina Lora Muñoz, de 18 años. A cazarlas y a tomar como botín de guerra el cuerpo de estas jóvenes mujeres. Una vez más. Repitiendo el esquema machista y sexista transmitido de generación en generación al guerrero desde el inicio de la humanidad: en las guerras, al enemigo se le mata; a la enemiga, se la viola. Así, esta hazaña se convierte en bandera de venganza para el violador y símbolo de humillación para el padre, hermano o esposo de la mujer vejada. Y por supuesto, para la misma mujer.

Una de las definiciones de la Real Academia Española sobre terrorismo dice así: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Me parece la mejor definición posible al caso que nos ocupa, porque el crimen del Aguaucho fue ejecutado por una banda organizada de criminales, arengados en su vil tarea por el general Queipo de Llano (enterrado, por cierto, en la Basílica de la Macarena de Sevilla), cuyo objetivo era crear terror y alarma social.

No nos equivoquemos. No pensemos en ellos como simples hombres, borrachos de alcohol y deseosos de sexo. Tampoco pensemos que eran psicópatas, personas sin escrúpulos. No. Eran y seguirán siendo a pesar de que ya no estén entre nosotros, criminales de guerra. Criminales que consiguieron su objetivo. Y vaya si lo consiguieron. Crear terror. Un terror que paralizase a la población, no solo de este pueblo, sino de los cientos y cientos de pueblos de nuestra Andalucía por los que los bárbaros dejaron cientos de fosas comunes, cientos de huérfanos y huérfanas, cientos de mujeres vejadas, y/o asesinadas. Objetivo cumplido.

El terror fue utilizado por el fascismo como una estrategia que tuvo consecuencias nefastas para la ciudadanía. Y no solo para los hombres y mujeres de aquellos convulsos años. Ese terror provocó en muchas familias un mecanismo de defensa bien conocido para las personas que nos dedicamos a la recuperación de la memoria histórica: el olvido y el silencio. Dos muros con los que continuamente nos topamos a la hora de recopilar información en nuestros pueblos. Mejor olvidar. Mejor no contar. Mejor no pronunciar el nombre de nuestros familiares y mejor que las generaciones que fueran naciendo no supieran qué pasó con ellos y ellas. Por si acaso los fascistas vuelven de nuevo y, a dentelladas de terror, vuelven a repetir lo mismo. Por suerte esto no pasó en todas las familias y muchas han trasmitido, envueltos en dolor y rabia, los recuerdos dolorosos de aquel tiempo.

Otro muro con el que las víctimas nos topamos, producto de la tan cacareada y modélica Transición española, es la impunidad de estos crímenes. Impunidad que vive y que corroe todos los estamentos “democráticos” de nuestro país, impunidad que impide llamar a los crímenes lo que fueron: crímenes. Impunidad que impide señalar a los verdugos y ejecutores como lo que son: criminales. Impunidad que provoca que las víctimas seamos ninguneadas en el Estado español y no seamos consideradas víctimas de terrorismo. Dicen que los asesinos de las mujeres del Aguaucho daban voces por las calles vacías del pueblo…

Qué metáfora más potente y cuánto nos acerca a la situación de hoy, en la que los hombres y mujeres, familiares o no de las víctimas del fascismo, seguimos dando voces pronunciando los nombres de las víctimas, solicitando la justicia que se les debe en los tribunales españoles y extranjeros, requiriendo que se abran las ignominiosas fosas comunes cuyos vientres albergan los restos de los hijos e hijas del pueblo, exigiendo que se eliminen los símbolos fascistas que llenan de vergu?enza las calles y plazas de esta España cañí que sigue devolviéndonos en eco las voces que reclaman por calles y plazas VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

 

Paqui Maqueda es presidenta de la asociación Nuestra Memoria. 

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La ONU exige a España que acelere la búsqueda de desaparecidos durante el franquismo

Apertura de una fosa común. I La Marea

Naciones Unidas ha dado a España un plazo de 90 días para que presente un calendario de trabajo actualizado con las medidas concretas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y el franquismo. La ONU también exige al Gobierno español que indique las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas. “Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas ni ha asumido un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema”, lamenta el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en su último documento,  presentado esta misma semana ante el Consejo de Derechos Humanos.

El informe tilda de “preocupante” que los familiares de las víctimas estén “librados a su propia suerte” a la hora de investigar los crímenes del franquismo. “Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debería satisfacer de acuerdo al derecho internacional”, incide el documento.

El grupo de expertos de la ONU lamenta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya hecho caso a las recomendaciones que el organismo efectuó en 2013. Así, admite estar “consternado” porque no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura. “Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, prosigue.

Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que proporcione un “mayor apoyo institucional y financiero a los familiares”, en particular en relación a la localización e identificación de personas previstas en la Ley de Memoria Histórica. Y va más allá: estas tareas “deben ser asumidas como una obligación de Estado”.

En este sentido, la ONU exige que el Estado español asuma un “rol activo” en las exhumaciones e identificación de restos, y que esto no dependa exclusivamente de algunas comunidades autónomas, asociaciones privadas o particulares.

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Cuando la prensa se ausenta

prensa

Cuando el martes 19 de enero de 2016 llegué al cementerio de Guadalajara me costó muchos minutos asimilar lo que allí me encontré: periodistas, fotógrafos, camarógrafos de decenas de medios de comunicación estaban situados en la primera fila ante la tumba número 2, donde se suponía que se encontraban los restos de Timoteo Mendieta, ejecutado en noviembre de 1939. Llevaba más de siete años asistiendo a exhumaciones de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas a lo largo del Estado español durante la guerra civil y en los primeros años del franquismo y nunca antes había visto tantos periodistas al borde de una fosa. De hecho, casi nunca había periodistas como tampoco había políticos locales, diputados nacionales o autonómicos, sindicalistas, jueces o fiscales, historiadores o profesores con sus alumnos asistiendo a una clase en directo de la triste historia de nuestro país.

Me alegré mucho por Ascensión Mendieta y sus hijos. Pensé que en aquella mañana helada el calor de los focos iba a hacer más llevadera las muchas horas que tendrían que transcurrir entre la primera palada y el encuentro con los primeros huesos de los fusilados. Sentí que esa pequeña gran mujer, que personifica la dignidad con mayúsculas, podría repetir a diestro y a siniestro las razones por las que llevaba décadas intentando exhumar a su padre para darle una sepultura decente, la misma que todos queremos para nuestros seres queridos. Podría explicar con palabras sencillas y cálidas que su único sueño era ser enterrada junto al padre que le arrancaron cuando ella apenas tenía 13 años, once meses y quince días.

Hace una semana finalizó el calvario que ha durado casi 80 años. El funeral fue cubierto por decenas de medios de comunicación. La llegada de Ascensión Mendieta al cementerio fue recogida por múltiples cámaras y sus palabras recorrieron todos los rincones de nuestro país (a pesar de TVE, esa televisión pública dirigida por impertérritos y pusilánimes funcionarios sin atributos ni sentimientos). Estoy seguro de que Ascensión pensó en su madre, María Ibarra, que nada más enterarse del fusilamiento, se personó en el registro civil de Guadalajara para solicitar la exhumación del cuerpo de su marido, aunque le petición le fue denegada. También se acordaría de su hermana Paz que le acompañó en la larga batalla judicial hasta que falleció en 2013.

En los últimos días he retuiteado y compartido en Facebook decenas de reportajes emotivos sobre el funeral celebrado hace una semana. A pesar de que estaba a miles de kilómetros, en Mozambique, he sentido la emoción de estar en directo, ya que el domingo 2 de julio pude seguir el funeral por Twitter desde una aldea mozambiqueña, a cuarenta kilómetros de la capital Maputo, donde apenas había teléfonos hace solo cinco años.

Podríamos asegurar que el comportamiento de la prensa (salvo TVE) ha sido excepcional. Ha acompañado a los familiares de una víctima en los momentos más emotivos de su vida y ha dado a conocer la lucha de Ascensión Mendieta, una mujer valiente que se rebeló hace años contra el silencio judicial omnipresente en nuestro país y consiguió que una jueza argentina ordenase la apertura de la fosa donde había sido tirado su padre después de ser ejecutado. Podríamos decir que la prensa ha estado a la altura de sus obligaciones: relatar a los ciudadanos una historia de pundonor y valentía que ha tenido un feliz desenlace: los restos de Timoteo Mendieta exhumados después de quince meses de búsqueda en dos fosas distintas, identificados y enterrados donde su hija quería.

Pero si pasamos revista a los últimos cuarenta años, la búsqueda de los desaparecidos y las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales apenas han suscitado el interés de los medios de comunicación españoles. En los años ochenta solo la revista Interviú se atrevió a realizar un seguimiento de algunos casos y publicó reportajes interesantes. El muro de silencio impuesto por los políticos, orquestado por los dos partidos mayoritarios y seguido con atroz servilismo por los minoritarios, fue mantenido a rajatabla por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, encargados de sepultar cualquier atisbo de  esperanza por parte de los familiares de las víctimas. Podríamos decir que tanto la prensa conservadora como la progresista, seguro que por razones distintas pero con objetivos similares, impuso el mutismo y el desinterés que deseaban los partidos conservadores y progresistas. Hubo equidistancia de intereses ya en los ochenta y en los noventa entre los empresarios de prensa y los dirigentes políticos de la época.

Quieren pruebas: a la hemeroteca me remito. Busquen declaraciones de Felipe González, Alfonso Guerra, José Maria Aznar, Julio Anguita, Jordi Pujol, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza, Heribert Barrera, que hablen de la necesidad de consensuar una solución al drama de los desaparecidos. No las encontrarán. Como tampoco encontrarán ningún debate sobre esta tragedia en los medios de comunicación. La conclusión es sencilla: la prensa se mantuvo servil al silencio impuesto por los políticos. 

Siempre me he preguntado por qué son más valientes los guatemaltecos, los bosnios, los colombianos que los españoles. Sus guerras fueron tan brutales como la nuestra. Sus transiciones tan complejas como la nuestra. Sus políticos tan viciados por el olvido y la comodidad como los nuestros. Pero ellos han avanzado y nosotros seguimos empantanados. Y lo más grave: nos permitimos  utilizar el drama de otros como arma arrojadiza. 

No sé si tuvo que debatirse en plena transición. Pongamos que no era el momento. Busquemos, entonces, el mejor momento en los 41 años que han transcurrido desde la muerte del dictador: 1982, 1986, 1990, 1995, 2000. Hace 35, 31, 27, 22 o 17 años. Elegida la mejor fecha, los grupos políticos tenían que haber negociado una salida constructiva al problema, estableciendo un protocolo de acción coherente y con el máximo presupuesto, llamarlo de una manera aceptable para la mayoría y articularlo como una ley modélica. Y hoy estaríamos más cerca del final del túnel y no a años luz. 

La prensa podría haber estimulado el debate. Haber acompañado a los familiares de las víctimas durante su larga andadura. Haber derribado los muros de silencio. Haber ofrecido el marco ideal para un debate abierto en la sociedad que permitiera encontrar soluciones a una tragedia que se agravaba con el paso de los años con la muerte de los testigos oculares de los crímenes y los familiares de primer grado de las víctimas. Pero la prensa prefirió mantener tres bochornosas décadas de silencio. Hubo que esperar hasta el 26 de diciembre de 2007 para que la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, abriera una compuerta de luz y algunos medios, vinculados a la estrategia mediática organizada alrededor del presidente, convirtiera la búsqueda de los desaparecidos en tema de la agenda permanente. 

De nuevo, la prensa a remolque del interés político aunque al menos, en esta ocasión, con gran beneficio para los familiares de los desaparecidos que empezaron a ver las páginas de algunos medios inundadas de historias proclives a mostrar su sufrimiento permanente y reconocerles sus derechos históricos. Hay que reconocer que esta agenda común entre el gobierno Zapatero y sus medios afines nacidos al calor proselitista obligó a medios prosocialistas más clásicos nada propensos a romper el muro de silencio a cambiar su estrategia mediática y a informar, por fin, sobre la búsqueda de los desaparecidos, provocando el efecto dominó en la prensa española hasta finales del segundo mandato de Zapatero en diciembre de 2011.

Tras varios años de silencio durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, el caso Timoteo Mendieta ha vuelto a poner en la portada de los medios digitales (en el papel ha habido abulia) el drama de los desaparecidos y ha vuelto a demostrar que la cobardía de la totalidad de la clase política española, la indiferencia de los sindicatos, la indecente actuación de los tribunales  y la desidia de la prensa ha provocado un retraso histórico en la solución del mayor drama pendiente de la guerra civil española y vamos camino de que en julio de 2036, cuando se cumpla el primer centenario de su inicio, haya todavía miles de fosas desparramadas por el Estado español repletas con decenas de miles de víctimas.

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El ADN dice no tras 80 años de búsqueda: “Me voy sin saber”

Tras 80 años buscando a su padre y a su madre, las pruebas de ADN han dado negativo. “Me voy sin saber”, le respondió este jueves Luis Vega, de 89 años, a su hijo, Juan Luis, cuando este le informó de que ninguno de los restos hallados en la fosa de Paterna de Rivera, en Cádiz, coinciden con las muestras aportadas por los familiares. Visto así, podríamos estar ante la historia de un fracaso, con un final muy distinto al que hace unas semanas llenó de alegría a Ascensión Mendieta, a quien la ciencia sí confirmó que los huesos encontrados en la fosa de Guadalajara eran los de su padre. Pero dice Juan Luis que su abuelo y su abuela, a quienes asesinaron los falangistas en 1936 cuando su padre tenía solo siete años, le enseñaron a no rendirse nunca: “Yo sé lo que es tener un padre y una madre, sin ellos no somos nada. Y puede que mi padre no haya encontrado a los suyos, pero yo no voy a parar hasta que un presidente del Gobierno o un jefe de Estado le escriba en una carta: ‘Luis, lo siento’”. Por tanto, no hay tiempo para fracasos. La lucha sigue.

El proceder de Juan Luis Vega hasta ahora da una idea de esa entereza incansable. Denunció públicamente los crímenes del franquismo en un pleno del Ayuntamiento, que desde entonces apoyó la exhumación. Luis relata así cómo vivió el momento en que lo separaron de su madre: “A mi madre se la llevaron delante mía. La llevaban por los brazos, con las piernas a rastras por la escalera. La apuntaban con una pistola como si fuera una fiera. Mi madre lo único que gritaba era: mis niños, mis niños, mis niños… Nos quedamos como el nido al que le dan con una escoba”, recoge el periodista Juan Miguel Baquero en Que fuera mi tierra. Catalina Sevillano Macho tenía 34 años y estaba casada con Francisco Vega García, activo cenetista que había logrado escapar. A la vuelta, lo mataron, resume el historiador José Luis Gutiérrez.

“Después denuncié los crímenes ante la Guardia Civil y no vino nadie”, prosigue Juan Luis. Mientras la justicia no se pronunciara, la exhumación no podía comenzar. Así que se plantó en el juzgado y dijo que de allí no se movía hasta ver al juez. No logró hablar con él, pero el juez terminó firmando el archivo de la denuncia. “Fui humillado judicialmente –admite– pero al menos podía seguir buscándolos”. Al principio quiso costear la exhumación con actuaciones benéficas, entre otras, de sus amigos cantaores de flamenco. Finalmente, la Junta financió los trabajos, que ha asumido también, como establece la nueva ley de memoria andaluza, la identificación genética a través del Instituto Genyo de Granada.

La fosa fue exhumada hace casi dos años en el cementerio de la localidad y fueron localizados los restos de 10 personas –ocho hombres y dos mujeres – con evidentes muestras de violencia. Poco antes de realizar las pruebas, el antropólogo forense encargado de los trabajos, Juan Miguel Gujio, avisaba de que lo que ha ocurrido podría ocurrir: “Este es un punto importante, dar a conocer las distintas posibilidades pero no engañar prometiendo paraísos que pueden no aparecer. Se debe atender, escuchar, informar y abordar vías de participación con las familias y colectivos y a veces no se podrá ir más allá y en otras ocasiones se logrará la identificación. Nunca más se los debería ignorar”.

Catalina Silva, con más de cien años, también aportó su muestra de ADN. Residente en Francia, busca a su hermana María Silva, Libertaria, superviviente de la matanza de Casas Viejas y asesinada por los golpistas en agosto de 1936. Su hijo, Juan Pérez Silva, logró que un juzgado declarara su fallecimiento legal en un auto fechado el 22 de junio de 2011, que ordenaba la inscripción de su muerte en el Registro Civil. Juan lo llevaba pidiendo desde 2008. La decisión suponía un reconocimiento moral para las familias de miles de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia. Cuando mataron a su madre, que estaba embarazada, él tenía solo 13 meses. “Es un gran paso, estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas que me han ayudado, pero me da pena que se haya producido tan tarde”, explicaba entonces en declaraciones a Público. Tenía 78 años. Juan murió al año siguiente.

“Es en estas situaciones, cuando el dolor se hace insoportable, la tristeza infinita y la rabia sube por el cuerpo, cuando, más que nunca, hay que decir que lo ocurrido no se puede considerar un fracaso. No puede serlo cuando se trata de una acción destinada a reparar tanta ignominia consentida durante tantos años. Al contrario, es un día para, a pesar de todo, sentirse orgullosos. Hoy, los familiares que se empeñaron en la búsqueda de los suyos, pueden sentirse satisfechos porque, gracias a ellos, Paterna es más digna que ayer”, reflexiona el historiador Gutiérrez sobre el proceso. “No sabremos sus nombres, ni sus familias que ahora, por fin, gracias al tesón de sus compañeros, ya no serán pisoteados y están enterrados, ahora sí, dignamente. Porque la dignidad, las víctimas nunca la perdieron”, concluye. 

Estas son las personas asesinadas en Paterna: María Arias Pantoja, Francisco Arillo Barroso, Miguel Barroso Becerra, Miguel Caballero Torrejón, Antonio El Chopo, Juan Cobelo Menacho, Francisco Coca Santos, Diego Dávila Barrios, Juan Dávila Barrios, Julián Galvín Candón, Bartolomé García Arias, Miguel García Lozano, Antonio García Orihuela, Rafael González, Pedro Hernández Pérez, José Jaén Benavides, El Cabezalero Mata, Martín Menacho Díaz, Francisco Menacho Villegas, Fernando Morales González, María Antonia Moreno Becerra, Francisco Morón Velasco, Juan Orihuela Mota, Miguel Pérez Cordón, José Pérez Muñecas, Francisco Pérez Velasco, Antonio Piñero Barroso, Juan Ramos Sánchez, José Rojas de la Vega, Antonio Rosado Moreno, Enrique Rubio Cabrera, Juan Rubio Cabrera, Catalina Sevillano Macho, María Silva Cruz, Antonio Traverso Fernández, Juan Valverde Colón, Pedro Valle Román, Francisco Vega García, José Vega García y Domingo Velasco Panal.

La historia vuelve a poner en evidencia lo que viene reclamando el colectivo memorialista hace años: la necesidad de agilizar las exhumaciones de unos restos en la mayoría de los casos deteriorados, lo que complica la identificación genética. “Yo llevo 39 años luchando por esto. La vida es así, nos ha golpeado fuerte. Nunca voy a actuar desde la venganza ni desde el rencor. Esto me ha hecho más fuerte y voy a seguir peleando”, finaliza Juan Luis, que dice que su padre está hoy un poquito mejor. 

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