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La subida del salario mínimo anunciada por Rajoy tiene trampa

El pasado martes 26 de diciembre se anunció el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4% en 2018, un 5% en 2019 y un 10% en 2020. Sin embargo, tal y como explicó el presidente del Gobierno, esa ruta de crecimiento solo se aplicará si se cumplen dos requisitos: 1) que el PIB de la economía crezca más de un 2,5% cada año, y 2) que el aumento de afiliación a la Seguridad Social sea superior a los 450.000 afiliados cada año.

Mariano Rajoy ha insistido en que son requisitos prudentes porque últimamente dichos niveles se están superando. Pero el hecho de que desde el año 2015 se haya crecido y creado empleo por encima de esos parámetros no quiere decir que en los tres años siguientes vaya a ocurrir lo mismo.

De hecho, todo el mundo sabe que la economía es cíclica y que a años de crecimiento económico siempre le siguen años de desaceleración e incluso recesión. Y las previsiones que se realizan para los años siguiente no son muy halagüeñas. Para 2018 tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea estiman que el crecimiento del PIB español será en 2018 del 2,5%, mientras que el Banco de España cree que será del 2,4% y el propio Gobierno (alegando inestabilidad política en Cataluña) del 2,3%. Es decir, por debajo o muy ajustado al límite marcado como requisito para que aumente el salario mínimo. Pero es que las previsiones para 2019 y 2020 son todavía peores: la Comisión Europea cree que el PIB español crecerá un 2,3% y el Gobierno un 2,1%. De cumplirse estos pronósticos, el acuerdo para el crecimiento del salario mínimo quedaría en papel mojado, especialmente en lo que respecta al año 2020, que es precisamente el año en el que mayor subida se ha programado (menuda casualidad, ¿no?).

El requisito de afiliación a la Seguridad Social parece más fácil que se cumpla, al menos en 2018 y en 2019, porque últimamente el incremento interanual supera las 600.000 personas (aunque en los últimos seis meses la tendencia es a la baja). Ahora bien, evidentemente este indicador también se verá afectado por una desaceleración de la actividad económica.

En cualquier caso, incluso aunque se superaran los requisitos establecidos, la medida es claramente insuficiente en importe y en alcance. En importe porque al crecimiento del SMI hay que restarle el crecimiento de los precios (¡futuro y pasado!): de nada sirve que el salario aumente si los precios aumentan en la misma cantidad.

Desde el año 2009 hasta el 2016 el SMI creció un 5% y los precios lo hicieron en un 10,2%, por lo que en realidad se perdió capacidad adquisitiva. El incremento del SMI del 8% en 2017 vino solamente a compensar levemente esa pérdida de poder económico, traduciéndose en un incremento salarial real del 2,6% si partimos desde 2009.

En otras palabras: actualmente el Salario Mínimo en España es muy reducido (no llega al 60% del salario medio tal y como recomiendan los organismos internacionales) por lo que incrementos del 4% y del 5% en dos años son claramente insuficientes. Cierto es que el aumento del 10% en 2020 no es en absoluto desdeñable, pero no es menos cierto que, como acabamos de ver, es el año en el que menos probabilidades hay de que se cumplan los requisitos para aplicar la subida.

La medida es además insuficiente en alcance porque solo beneficiaría a los trabajadores a tiempo completo que ingresen menos de 736 euros mensuales (en 14 pagas), esto es, a unas 530.000 personas, un 2,7% de todos los empleados actuales. Ni siquiera beneficiaría (como ocurría antes de 2017) a los trabajadores que a través de convenios tienen vinculado su salario al SMI, porque ya este año el gobierno de Rajoy introdujo una letra pequeña en el decreto para excluirlos de los beneficios de la medida1.

Es decir, el Gobierno estaría dejando fuera de los beneficios de la medida a 2,4 millones de trabajadores a tiempo parcial que cobran menos del salario mínimo (el 12,62% de todas las personas ocupadas), que son precisamente los trabajadores más pobres (el 61% querría trabajar a tiempo completo pero no encuentran empleo con esas características). Ni que decir tiene, además, que esta actuación tampoco beneficia a los autónomos.

Para poder compensar esta insuficiencia en alcance es absolutamente imprescindible combatir con mayor fuerza el fraude laboral. Actualmente el problema de buena parte de los trabajadores no es tanto que tengan un salario mínimo legal insuficiente, sino que éste no se cumple. Muchos empresarios cometen fraude de ley: contratan a tiempo parcial pero luego los empleados trabajan a tiempo completo (la mitad de las seis millones de horas extraordinarias que se realizan a la semana no se pagan), contratan a los trabajadores como autónomos cuando deberían ser asalariados, contratan a los trabajadores temporalmente cuando deberían ser indefinidos, etc.

Los empleadores pueden sortear el incremento del SMI a través de este tipo de prácticas ilegales. Cualquier incremento del SMI sin resolver todo este fraude laboral tendrá un impacto muy reducido. Por eso es imprescindible que el gobierno incremente los medios y los recursos a la inspección laboral, hoy claramente infradesarrollada (hay solo un inspector por cada 1.600 empresas y cada uno de ellos realiza una media de 171 visitas a empresas, frente a las 59 de Francia, según datos de la OIT).

Reforzar la inspección laboral es profundamente rentable: en 2015 se hicieron 12.383 incrementos de jornada tras la actuación de los inspectores, y en la mayoría de los casos el aumento fue superior al 50%.

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Un alemán para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental

Horst Köhler

Naciones Unidas quiere dar un nuevo impulso a la solución del conflicto sobre el Sáhara Occidental con el nombramiento de un peso pesado político como Enviado Personal del Secretario General de la ONU a la zona. Será el expresidente de la República Federal de Alemania, Horst Köhler, cuyo nombre ya sonaba después de la dimisión del diplomático estadounidense Christopher Ross en marzo pasado. A falta de la confirmación oficial, el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario han aprobado la elección del alemán por el nuevo jefe de la UNO, el portugués António Guterres, según informaron varias agencias.

Tras ocho años en el cargo, Ross se había ganado la dura oposición del gobierno de Rabat. Köhler ha demostrado un notable interés por África durante su tiempo como director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no ha transcendido su posición sobre la situación en el Sáhara Occidental, la colonia española que fue ocupada por Marruecos en 1975.

El expresidente alemán, de 74 años, llegó tarde al mundo de la diplomacia internacional. Ese economista y politólogo pasó la mayor parte de su carrera en las finanzas públicas. Tras pasar por varias administraciones en Alemania fue secretario de Estado de Hacienda en el gobierno de Helmut Kohl en los 1990, y se hizo militante de la Unión Democristiana (CDU) del canciller. Formó parte del equipo negociador del Tratado de Maastricht que creó la unión monetaria. Luego fue presidente de la patronal de las cajas de ahorro alemanes y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.

En 2000, el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder logró que Köhler fuese nombrado director general del FMI. Durante estos años, hizo varios viajes a países africanos y se apuntó a la campaña para erradicar la pobreza encabezada por el cantante de U2, Bono. El músico irlandés dijo de Köhler que era uno de los dirigentes internacionales que más se involucraban con África.

Tras finalizar su mandato en 2004, la canciller democristiana Angela Merkel le propuso para presidente de la República, un cargo más simbólico que de poder real. Fue reelegido para un segundo mandato pero dimitió en marzo de 2010 por la gran polémica que había suscitado una entrevista suya durante una visita a las tropas alemanas en Afganistán en la que aparentemente justificaba que estas misiones militares también perseguían motivos comerciales.

“Mi impresión es que nos estamos dando cuenta en nuestra sociedad de que un país del tamaño del nuestro, con su orientación hacia el comercio exterior y por ello dependencia del comercio exterior, debe saber que, en casos extremos, también hace falta la intervención militar para proteger nuestros intereses, por ejemplo rutas de comercio libres o evitar la inestabiliad regional que tendría un impacto negativo en nuestras oportunidades para el comercio, los puestos de trabajo e ingresos”, dijo el presidente alemán.

En los últimos años, Köhler ha participado en gremios de la ONU. Además, este alemán que nació en un pueblo que hoy es Polonia es asesor internacional de Kulczyk Investments, la sociedad que gestiona el patrimonio de una de las familias más ricas de este país de Europa del Este.

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Grecia, Alemania y el fondo monetario europeo

La Unión Europea tiene muchos frentes estos días: el Brexit, la crisis de los refugiados, el auge de la ultraderecha ante las elecciones de Holanda, Francia y Alemania este año o la incertidumbre sobre el rumbo de la administración norteamericana de Donald Trump. Quizás por ello no se está prestando la debida atención a la vuelta de un viejo fantasma que había provocado la mayor crisis de la UE hace poco tiempo: el rescate internacional de Grecia. Estos días, en Atenas se están revisando las condiciones del tercer programa de ayuda entre el gobierno heleno y sus deudores: la famosa troika de Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha convertido en un cuarteto al sumarse el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un vehículo creado por los europeos para coordinar las ayudas.

Son negociaciones muy duras al pie de la Acrópolis. El cuarteto quiere imponer al Ejecutivo de Alexis Tsipras, del partido de izquierda Syriza, una nueva vuelta de tuerca en las políticas de austeridad –como recortes en las pensiones y más impuestos– a cambio de autorizar un nuevo tramo de dinero sin el cual Grecia no sería capaz de devolver los más de 7.000 millones de euros de créditos que vencen en julio. Sin embargo, en el cuarteto de acreedores han emergido serias diferencias en cuanto a cómo proceder con Grecia. Recientemente, el FMI constató que la deuda pública helena era “insostenible”, algo en que coinciden la mayoría de economistas, ya que llega a casi el 180% del Producto Interior Bruto del país, unos 311.000 millones de euros. Por ello, el organismo de Washington exigió una condenación parcial de la deuda a Atenas como condición de seguir participando en el rescate.

Esta demanda del FMI ha chocado frontalmente con la posición de los europeos, especialmente Alemania. El gobierno conservador de Angela Merkel no quiere ni pensar en aligerar la carga a Grecia, a pocos meses de las elecciones parlamentarias alemanas de septiembre. La canciller tiene por delante una dura batalla para mantenerse en el poder ante el inesperado auge de los socialdemócratas liderados por Martin Schulz. Cualquier concesión a Atenas sería inaceptable para buena parte del electorado de Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya ha subido el tono contra Tsipras.

Ante este escenario parece que el FMI ha cedido y se pospondrá la decisión sobre una posible condonación de la deuda para el año que viene, cuando caduque el tercer programa del rescate. En un más que probable cuarto programa, el Fondo ya no participaría. Por ello, los alemanes ya están trabajando en convertir el MEDE en una especie de Fondo Monetario Europeo, un organismo que coordinaría y supervisaría las crisis en el continente en vez de la Comisión Europea, como ahora. En Berlín, al parecer, se plantea que el presidente del MEDE, el alemán Klaus Regling, pueda continuar al frente de este nuevo FME. Eso si los socios europeos se tragan un plan tan germánico.

Artículo publicado en El Heraldo (Colombia)

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