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Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

Mariano Rajoy junto al presidente Michel Temer. Foto: Mercosur.

Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país, que afecta a 57 empresas públicas e infraestructuras. Este martes fue más allá al anunciar que sopesaba privatizar también Petrobras, la petrolera semiestatal de Brasil que es, además, la compañía más grande de América Latina.

Varias de estas privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores.

Varias privatizaciones coinciden con peticiones formuladas a Temer por empresarios españoles. De las 57 empresas públicas en venta, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90. Destacan el rol y la presencia de las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL, que ya han mostrado interés por un lote de ocho autopistas y otras infraestructuras; Telefónica, que estudia hacerse con el control del primer satélite nacional de Brasil (su principal mercado, por delante de España); en el sector energético, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de España estudian pujar por varias centrales hidroeléctricas, empresas de distribución (incluida Eletrobras, la mayor eléctrica del país), líneas de transmisión y pozos petrolíferos.

El presidente Michel Temer con Ana Botin, presidenta del Grupo Santander. Foto: Beto Barata/PR.

Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con el control de algunos de los aeropuertos más rentables y transitados del país, además de la autopista Ferrovia Norte-Sur, la “espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”. Algunos analistas apuntan a que el Banco Santander (tercera mayor entidad bancaria de Brasil), será uno de las que sacarán más provecho al financiar concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

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Ferrovial acepta indemnizar a los refugiados de un centro de detención australiano

Manifestación de la asociación Refugee Action en Melbourne en apoyo a los refugiados. Foto: Takver.

Las personas refugiadas del mundo pudieron celebrar una rara victoria hace unos días cuando el gobierno de Australia dio el carpetazo a un pleito en los tribunales por los abusos que sufrieron los detenidos en un centro de Papúa Nueva Guinea. Unas 2.000 personas que fueron retenidas durante varios años en la isla y que fueron representados por el despacho de abogados Slater & Gordon recibirán una indemnización de 70 millones de dólares australianos (unos 48 millones de euros). Los letrados habían demandado al gobierno de Australia y a las empresas que regentaban el centro, G4S y Broadspectrum. Esta última fue adquirida por la constructora española Ferrovial el año pasado.

En abril, Amnistía Internacional había denunciado en un informe la situación y los abusos en dicho centro. “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”, dijo Lucy Graham, investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. “Al permitir a sabiendas la continuación de este sistema, concebido expresamente para causar sufrimiento y disuadir a las personas de viajar a Australia en barco en busca de asilo, Broadspectrum y Ferrovial son inequívocamente cómplices de estos abusos”, añadió.

Durante unos años, Australia interceptaba en alta mar a los barcos de migrantes que buscaban asilo y trasladó a las personas a la isla de Papúa Nueva Guinea para evitar que acabaran en suelo australiano. Los Centros de Tramitación de Refugiados (RPC) de Nauru y la isla de Manus están gestionados por Broadspectrum, la empresa que fue adquirida por Ferrovial en abril de 2016. Naciones Unidas y varios grupos defensores de los derechos humanos habían denunciado las crueles condiciones que se viven en estas instalaciones.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, dijo en la junta de accionistas de la constructora en abril que estos centros eran legales y que la empresa no era la responsable del estatus legal de los detenidos. Pero ante las críticas, Ferrovial ha decidido que su filial Broadspectrum no prolongará los contratos de concesión que vencen en octubre. Una fuente de Ferrovial dijo a la agencia Reuters que el reparto del pago de la indemnización era confidencial.

“Este acuerdo es un paso importante hacia el reconocimiento de las condiciones extremadamente hostiles que aguantaron los detenidos en la isla de Manus”, dijo Andrew Baker, uno de los abogados de Slater & Gordon, citado por Financial Times. El gobierno de Canberra confirmó el arreglo extrajudicial, pero rechazó cualquier culpa. Se trataba de evitar los costes y la publicidad negativa que hubiera acarreado un largo proceso.

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