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La epidemia de opio en EEUU

EEUU sufre desde hace unos años una epidemia de muertes debida a analgésicos opiáceos que se venden con receta, como el Vicodin, el Percocet y el OxyContin. La venta de este tipo de analgésicos se ha cuadruplicado desde 1999, ya que se recetan de manera indiscriminada, y esto ha multiplicado por tres las muertes por sobredosis. De hecho, según datos oficiales, anualmente hay 70.000 muertos por sobredosis (2015) entre opiáceos legales e ilegales y su alternativa más económica: la heroína (u otras aún más potentes como el fentanilo o el carfentanilo, este último 10.000 veces más potente que la morfina). Estas muertes por sobredosis ya son la mayor causa de muerte entre menores de 50 años, y se estima que unos 2,2 millones de estadounidenses son adictos a los opiáceos, aunque solo el 20% recibe tratamiento. Se estima también que en esta epidemia de opio han muerto unas 200.000 personas, lo cual es una cifra inmensamente elevada si lo comparamos con, por ejemplo, las 36.000 muertes de la Guerra de Corea (1950-1953) o las 58.000 de la Guerra de Vietnam (1955-1975).

Los opiáceos, tras la epidemia de heroína protagonizada por los soldados que volvían de la Guerra de Vietnam, tenían muy mala prensa y estaban reservados a graves dolencias y pacientes terminales, pero se empezaron a utilizar a partir de los años 90 para tratar dolencias más leves como artritis o dolores de espalda, y esta tendencia ha ido aumentando debido a las nuevas directrices médicas, las políticas de las aseguradoras médicas y las campañas de marketing, que han provocado que ahora sean recetados a cualquier persona con un dolor de cabeza, a pesar de su potencial adictivo, lo que constituye una mala praxis. Así, por ejemplo, según una encuesta médica del National Safety Council, el 71% de los doctores receta opioides para tratar un dolor de espalda crónico y un 55% para un simple dolor de muelas.

Esta epidemia no ha surgido de la nada, sino que es fruto de una inversión millonaria por parte de las grandes farmacéuticas, que a sabiendas han promovido el que sean recetados tan alegremente y sean minusvalorados los riesgos implícitos al tratamiento. Baste como ejemplo el caso de Purdue Pharma, fabricante del OxyContin, que en 2007 fue condenada a pagar más de 600 millones de dólares de multa tras probarse que engañaron a pacientes, médicos y reguladores sobre los riesgos adictivos de este medicamento, cuyos riesgos ya conocían antes incluso de que fuese aprobado para su venta, tal y como quedó demostrado en sus correos electrónicos internos. Además de doblar su número de comerciales entre 1996 y 2002, o de aconsejar a los médicos subir la dosis en vez de acortar el espacio entre ingestas, dieron cupones a los médicos para que sus pacientes pudiesen obtener una muestra de opioides gratis para un tratamiento de un mes, entre otras prácticas de mercadotecnia agresiva.

Otras compañías que copan este lucrativo mercado son Johnson & Johnson, Depomed, Insys Therapeutics y Mylan, y todas en conjunto han invertido miles de millones de dólares en hacer lobby en el Congreso estadounidense. Tanto es así que la población de EEUU representa un 5% de la población mundial pero consume el 75% de los medicamentos con receta del mundo, y el 80% de los opiáceos, mientras que Canadá y Europa Occidental suman otro 15%, y el resto del mundo junto se reparte el 5% restante. No en vano EEUU es el país del mundo con un mayor gasto en sanidad, siendo este del 17% del PIB, lo que viene a ser el doble que cualquier país europeo y, además, en torno a un 12% de la población en edad laboral ni siquiera está asegurada.

Ante los abusos en su uso y las sobredosis, las farmacéuticas han encontrado lucrativas soluciones. Así, la compra de naloxona, el antídoto contra los opiáceos, ha sido fomentada por el gobierno de Obama, que quiso que estuviese accesible en muchos edificios y zonas públicas y promovió con ayudas su compra en grandes lotes. La consecuencia ha sido que su precio se ha multiplicado hasta por 17 y ha provocado desabastecimientos en hospitales. Otro negocio para los laboratorios. Y en cuanto al uso incorrecto por parte de algunos usuarios, los fabricantes han patentado variantes del medicamento que hacen que, por ejemplo, sea más difícil pulverizarlo para esnifarlo o inyectárselo, que irritan las fosas nasales si se esnifan, o que contienen otras sustancias que atenúan los efectos,  sin que se haya probado que reduzcan los riesgos de sobredosis y/o muertes. Nuevas variantes, vendidas como “anti-abuso”, que vienen con su correspondiente patente y, como ya se imaginan, tienen un precio más elevado gracias a que la legislación promovida por los grupos de presión persigue que la FDA sustituya los actuales opioides por estas nuevas versiones a la vez que las leyes estatales que se van aprobando obligan a las aseguradoras a ofrecer estas y no otras.

Así, por ejemplo, un mes de tratamiento de Embeda (de Pfizer) cuesta unos 268 dólares frente a los 38 de la morfina genérica, aunque puedes comparar precios online y conseguir la morfina aún más barata: a unos 27 dólares. También se promueven otro tipo de tratamientos: los medicamentos destinados a acabar con la adicción a los opiáceos (como la buprenorfina), y estas pastillas son también fabricadas por los mismos laboratorios, que acumulan patentes que escalonadamente serán utilizadas para maximizar el beneficio, y que son solo desempolvadas y sacadas del cajón cuando va a caducar la patente del medicamento anterior.

Estados Unidos está gastando mucho dinero en estos medicamentos recién patentados, que en teoría no pueden ser esnifados o inyectados, e incluso estos medicamentos son recetados masivamente a veteranos de guerra ya en la tercera edad, con un riesgo muy bajo de que vayan a inyectárselo o esnifarlo. Quizá sería mejor emplearlo en campañas de prevención, campañas de información a la comunidad médica y centros de tratamiento de estas adicciones, ya que por ahora ninguna novedosa patente ha reducido la manera más común de abuso de opioides: tragarse más pastillas de las indicadas. Así mismo, dado que el ácido cítrico disuelve la heroína, se pueden encontrar innumerables vídeos en Youtube e hilos de foros donde se explica cómo convertir estas caras pastillas “irrompibles” en algo que fácilmente puede ser consumido por vía nasal o venosa, multiplicando las posibilidades de caer en una peligrosa y mortal adicción.

Otro frente abierto es el de los supuestos grupos de pacientes, subvencionados por los laboratorios, como Pain Care Forum, que presiona a los legisladores para que no dificulten la prescripción de analgésicos opioides ni formen a los médicos sobre los riesgos de estos tratamientos.  A tal fin, la industria farmacéutica ha invertido cientos de millones de dólares en apoyar campañas de más de 7.000 candidatos a lo largo de todo el país, comparado con los escasos cuatro millones que manejan los grupos que promueven un límite a la prescripción de opiáceos. Las farmacéuticas, sin embargo, consiguen con un manguerazo de dólares hacer llegar a la opinión pública la idea de que un límite a la disponibilidad de opiáceos perjudicaría a millones de enfermos crónicos, y así consiguen que sean aprobadas leyes que dan preferencia a medicamentos opiáceos protegidos por patentes.

Y para ello en 2011 hicieron una masiva campaña de marketing con el mito de que 100 millones de estadounidenses sufren dolor crónico, a la cual había antecedido otra años antes en la que se afirmaba que menos del 1% de los usuarios de opio se convierten en adictos, siendo ambos datos falsos: según un estudio de 1999  financiado por la propia Purdue, el 13% de los pacientes que tomaban Oxycontin para dolores de cabeza se convertían en adictos, mientras que otros estudios como el de la revista científica Journal of Pain rebajan la famosa cifra de 100 millones a unos 39 millones. En palabras de Andrew Kolodny, presidente de la Asociación de médicos por la prescripción responsable de opioides (PROP, por sus siglas en inglés, y que no acepta dinero proveniente de compañías farmacéuticas): la idea de que uno de cada tres estadounidenses sufre dolor crónico “es ridícula”. Si para su próxima campaña las farmacéuticas necesitan datos verdaderos son fácilmente encontrables en Internet, por ejemplo este: el 86% de los usuarios de heroína eran antes usuarios de opiáceos, que se pasan a la heroína al ser mucho más barata. No podían faltar tampoco las puertas giratorias: más de medio centenar de oficiales de la DEA, que planificaban la estrategia contra los opioides, han sido reclutados desde el año 2000 por la industria farmacéutica durante la pasada década, la cual les paga generosos sueldos.

Por parte del gobierno tenemos a la FDA (agencia estatal que regula los alimentos y medicamentos) que se ha opuesto a cursos certificados obligatorios para médicos y a registros electrónicos para descubrir a usuarios que hacen un uso abusivo y, en vez de eso, apoya clases opcionales para médicos y folletos en las farmacias que informen de los riesgos de los opiáceos. Más extraño aún es que apruebe estas medidas en contra del comité de asesoría científica, organismo al que legalmente no está obligado a seguir sus recomendaciones. No es sorprendente, por tanto, que el 99% de los doctores prescriba opioides durante un tiempo mayor del recomendado (72 horas) por los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU), que casi la cuarta parte los prescriba durante al menos un mes, lo cual causa cambios en las estructuras cerebrales, o que casi la mitad crean que las nuevas y más caras versiones de opiodies “anti-abuso” son menos adictivas que sus predecesoras.

La profesión médica tampoco se libra de culpa, con estudios que apuntan a que la mayoría de los doctores están o confundidos por la propaganda de las farmacéuticas, o influenciados por los lujosos simposios a los que son invitados por ellas (por ejemplo, según documentos internos de Purdue, los médicos que fueron a sus congresos en 1996 recetaban Oxycontin el doble que los que no fueron invitados), pero también tienen la presión de la evaluación que puede recibir de los pacientes, y esta puede depender de si el médico les recetó la receta que querían, que no necesariamente será la más apropiada para estos pacientes. Algunos de ellos practican lo que se ha dado en llamar “doctor shopping”: ir de doctor en doctor (a veces en grupo en furgonetas alquiladas) pidiendo recetas de opioides. Para evitar esta práctica se ha creado un sistema que asigna un único doctor y una única farmacia al mismo paciente, y que es fundamentalmente usado por las aseguradoras privadas y el programa de atención sanitaria para pobres (Medicaid), ya que así pueden reducir la factura farmacéutica que están obligados a pagar al ser más fácil detectar abusos. Además, se han aprobado leyes para que el programa de atención sanitaria a la tercera edad (Medicare) se sume también a este sistema. Sin embargo, ninguna ley por ahora impide que el 60% de los médicos reciban pagos de las farmacéuticas.

En definitiva, un mastodóntico sistema sanitario privado, el doble de costoso que cualquier sistema público europeo, ha sido corrompido en cada una de sus partes para crear un ejército de adictos a los opiáceos para mayor gloria de los accionistas de un puñado de farmacéuticas. Los capos de la droga del siglo XXI no protagonizan famosas series de Netflix ambientadas en países caribeños, ni se enfrentan a balazos a la policía, sino que se sientan en cómodas sillas de consejos de administración de grandes multinacionales, desde donde dictan leyes a medida a los legisladores que tienen en nómina.

Luis Miguel García es socio cooperativista de ‘La Marea’.

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La epidemia de opio en EEUU

EEUU sufre desde hace unos años una epidemia de muertes debida a analgésicos opiáceos que se venden con receta, como el Vicodin, el Percocet y el OxyContin. La venta de este tipo de analgésicos se ha cuadruplicado desde 1999, ya que se recetan de manera indiscriminada, y esto ha multiplicado por tres las muertes por sobredosis. De hecho, según datos oficiales, anualmente hay 70.000 muertos por sobredosis (2015) entre opiáceos legales e ilegales y su alternativa más económica: la heroína (u otras aún más potentes como el fentanilo o el carfentanilo, este último 10.000 veces más potente que la morfina). Estas muertes por sobredosis ya son la mayor causa de muerte entre menores de 50 años, y se estima que unos 2,2 millones de estadounidenses son adictos a los opiáceos, aunque solo el 20% recibe tratamiento. Se estima también que en esta epidemia de opio han muerto unas 200.000 personas, lo cual es una cifra inmensamente elevada si lo comparamos con, por ejemplo, las 36.000 muertes de la Guerra de Corea (1950-1953) o las 58.000 de la Guerra de Vietnam (1955-1975).

Los opiáceos, tras la epidemia de heroína protagonizada por los soldados que volvían de la Guerra de Vietnam, tenían muy mala prensa y estaban reservados a graves dolencias y pacientes terminales, pero se empezaron a utilizar a partir de los años 90 para tratar dolencias más leves como artritis o dolores de espalda, y esta tendencia ha ido aumentando debido a las nuevas directrices médicas, las políticas de las aseguradoras médicas y las campañas de marketing, que han provocado que ahora sean recetados a cualquier persona con un dolor de cabeza, a pesar de su potencial adictivo, lo que constituye una mala praxis. Así, por ejemplo, según una encuesta médica del National Safety Council, el 71% de los doctores receta opioides para tratar un dolor de espalda crónico y un 55% para un simple dolor de muelas.

Esta epidemia no ha surgido de la nada, sino que es fruto de una inversión millonaria por parte de las grandes farmacéuticas, que, a sabiendas, han promovido el que sean recetados tan alegremente y sean minusvalorados los riesgos implícitos al tratamiento. Baste como ejemplo el caso de Purdue Pharma, fabricante del OxyContin, que en 2007 fue condenada a pagar más de 600 millones de dólares de multa tras probarse que engañaron a pacientes, médicos y reguladores sobre los riesgos adictivos de este medicamento, que ya conocían antes incluso de que fuese aprobado para su venta, tal y como quedó demostrado en sus correos electrónicos internos. Además de doblar su número de comerciales entre 1996 y 2002, o de aconsejar a los médicos subir la dosis en vez de acortar el espacio entre ingestas, dieron cupones a los médicos para que sus pacientes pudiesen obtener una muestra de opioides gratis para un tratamiento de un mes, entre otras prácticas de mercadotecnia agresiva.

Otras compañías que copan este lucrativo mercado son Johnson & Johnson, Depomed, Insys Therapeutics y Mylan, y todas en conjunto han invertido miles de millones de dólares en hacer lobby en el Congreso estadounidense. Tanto es así que la población de EEUU representa un 5% de la población mundial pero consume el 75% de los medicamentos con receta del mundo y el 80% de los opiáceos, mientras que Canadá y Europa Occidental suman otro 15%, y el resto del mundo junto se reparte el 5% restante. No en vano EEUU es el país con un mayor gasto en sanidad, siendo este del 17% del PIB, lo que viene a ser el doble que cualquier país europeo y, además, en torno a un 12% de la población en edad laboral ni siquiera está asegurada.

Ante los abusos en su uso y las sobredosis, las farmacéuticas han encontrado lucrativas soluciones. Así, la compra de naloxona, el antídoto contra los opiáceos, ha sido fomentada por el gobierno de Obama, que quiso que estuviese accesible en muchos edificios y zonas públicas y promovió con ayudas su compra en grandes lotes. La consecuencia ha sido que su precio se ha multiplicado hasta por 17 y ha provocado desabastecimientos en hospitales. Otro negocio para los laboratorios. Y en cuanto al uso incorrecto por parte de algunos usuarios, los fabricantes han patentado variantes del medicamento que hacen que, por ejemplo, sea más difícil pulverizarlo para esnifarlo o inyectárselo, que irritan las fosas nasales si se esnifan, o que contienen otras sustancias que atenúan los efectos, sin que se haya probado que reduzcan los riesgos de sobredosis y/o muertes. Nuevas variantes, vendidas como “anti-abuso”, que vienen con su correspondiente patente y, como ya se imaginan, tienen un precio más elevado gracias a que la legislación promovida por los grupos de presión persigue que la FDA sustituya los actuales opioides por estas nuevas versiones a la vez que las leyes estatales que se van aprobando obligan a las aseguradoras a ofrecer éstas y no otras. Así, por ejemplo, un mes de tratamiento del medicamento Endeva (de Pfizer) cuesta unos 268 dólares frente a los 38 de la morfina genérica. También se promueven otro tipo de tratamientos: los medicamentos destinados a acabar con la adicción a los opiáceos (como la buprenorfina), y estas pastillas son también fabricadas por los mismos laboratorios, que acumulan patentes que escalonadamente serán utilizadas para maximizar el beneficio, y que son solo desempolvadas y sacadas del cajón cuando va a caducar la patente del medicamento anterior.

El sistema sanitario estadounidense debe decidir si, en vez de emplear este dinero en estos nuevos medicamentos patentados “anti-abuso” que son recetados incluso a veteranos de guerra (con un riesgo muy bajo de que vayan a inyectárselo o esnifarlo), no sería mejor emplearlo en campañas de prevención, campañas de información a la comunidad médica y centros de tratamiento de estas adicciones, ya que por ahora ninguna novedosa patente ha reducido la manera más común de abuso de opioides: tragarse más pastillas de las indicadas, mientras que otra manera de hacer un uso indebido del medicamento para poder esnifarlo es algo más elaborada: agua, limón y un microondas.

Otro frente abierto es el de los supuestos grupos de pacientes, subvencionados por los laboratorios, como Pain Care Forum, que presiona a los legisladores para que no dificulten la prescripción de analgésicos opioides ni formen a los médicos sobre los riesgos de estos tratamientos.  A tal fin, la industria farmacéutica ha invertido cientos de millones de dólares en apoyar campañas de más de 7.000 candidatos a lo largo de todo el país, comparado con los escasos cuatro millones que manejan los grupos que promueven un límite a la prescripción de opiáceos.

Las farmacéuticas, sin embargo, consiguen con un manguerazo de dólares hacer llegar a la opinión pública la idea de que un límite a la disponibilidad de opiáceos perjudicaría a millones de enfermos crónicos, y así consiguen que sean aprobadas leyes que dan preferencia a medicamentos opiáceos protegidos por patentes. Y para ello en 2014 hicieron una masiva campaña de marketing con el mito de que 100 millones de estadounidenses sufren dolor crónico, a la cual había antecedido otra años antes en la que se afirmaba que menos del 1% de los usuarios de opio se convierten en adictos, siendo ambos datos falsos. Si para su próxima campaña necesitan datos verdaderos son fácilmente encontrables en Internet, por ejemplo este: el 86% de los usuarios de heroína eran antes usuarios de opiáceos, que se pasan a la heroína al ser mucho más barata. No podían faltar tampoco las puertas giratorias: más de medio centenar de oficiales de la DEA, que planificaban la estrategia contra los opioides, han sido reclutados por la industria farmacéutica durante la pasada década, la cual les paga generosos sueldos.

Por parte del gobierno tenemos a la FDA (agencia estatal que regula los alimentos y medicamentos), que se ha opuesto a cursos certificados obligatorios para médicos y a registros electrónicos para descubrir a usuarios que hacen un uso abusivo y, en vez de eso, apoya clases opcionales para médicos y folletos en las farmacias que informen de los riesgos de los opiáceos. Más extraño aún es que apruebe estas medidas en contra del comité de asesoría científica, organismo al que legalmente no está obligado a seguir sus recomendaciones. No es sorprendente, por tanto, que el 99% de los doctores prescriba opioides durante un tiempo mayor del recomendado (72 horas) por los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU), que casi la cuarta parte los prescriba durante al menos un mes, lo cual causa cambios en las estructuras cerebrales, o que casi la mitad crea que las nuevas y más caras versiones de opiodies “anti-abuso” son menos adictivas que sus predecesoras.

La profesión médica tampoco se libra de culpa, con estudios que apuntan a que la mayoría de los doctores están o confundidos por la propaganda de las farmacéuticas, o influenciados por los lujosos simposios a los que son invitados por ellas, pero también tienen la presión de la evaluación que puede recibir de los pacientes, y esta puede depender de si el médico les recetó la receta que querían, que no necesariamente será la más apropiada para estos pacientes. Algunos de ellos practican lo que se ha dado en llamar “doctor shopping”: ir de doctor en doctor (a veces en grupo en furgonetas alquiladas) pidiendo recetas de opioides. Para evitar esta práctica se ha creado un sistema que asigna un único doctor y una única farmacia al mismo paciente, y que es fundamentalmente usado por las aseguradoras privadas y el programa de atención sanitaria para pobres (Medicaid), ya que así pueden reducir la factura farmacéutica que están obligados a pagar al ser más fácil detectar abusos. Además, se han aprobado leyes para que el programa de atención sanitaria a la tercera edad (Medicare) se sume también a este sistema.

En definitiva, un mastodóntico sistema sanitario privado, el doble de costoso que cualquier sistema público europeo, ha sido corrompido en cada una de sus partes para crear un ejército de adictos a los opiáceos para mayor gloria de los accionistas de un puñado de farmacéuticas. Los capos de la droga del siglo XXI no protagonizan famosas series de Netflix ambientadas en países caribeños, ni se enfrentan a balazos a la policía, sino que se sientan en cómodas sillas de consejos de administración de grandes multinacionales, desde donde dictan leyes a medida a los legisladores que tienen en nómina.

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La Sanidad madrileña asignó sin concurso la mitad del presupuesto para contratos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso público el pasado año 698,9 millones de euros para contratos menores, es decir, inferiores a 18.000 euros. Las contrataciones de mayor cuantía, asignadas por concurso público, ascendieron a 703,3 millones de euros. Así, el presupuesto destinado a los contratos menores ‘opacos’ representaron el 49,8% de toda la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, según los datos recopilados por la organización madrileña Audita Sanidad basados en información del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el Portal de Contratación Pública madrileño.

Desde Audita Sanidad se sorprenden de que los contratos menores tengan un importe similar al de los contratos mayores, que por ley sí son asignados a través de concurso, y denuncian que “puede haber indicios de corrupción o de ilegalidad y fraude”, entendiendo por ‘corrupción’ la definición que aporta la organización Transparencia Internacional, es decir, aquellas prácticas que “perjudican a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad depende de la honradez de quienes ocupan puestos de responsabilidad”. “Pensamos que los contratos menores pueden ser una puerta abierta al despilfarro y la mala gestión de recursos”, señaló esta organización, que de momento está auditando los 485.119 contratos menores -la mayoría relativos a la compra de bienes- asignados por la sanidad madrileña durante 2016. Según sus estimaciones, los sobrecostes por “prácticas corruptas” en la sanidad madrileña se situaron entre 140 y 350 millones de euros.

A la opacidad de este tipo de acuerdos menores (solo se pueden consultar los adjudicados a partir de julio de 2015), se suma la pérdida de poder de negociación por parte de la Administración y la dificultad añadida que supone que estos contratos no aparezcan en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, lo que obliga a las personas voluntarias de Audita Sanidad y a cualquier periodista a tener que solicitar información caso por caso al Portal de Transparencia.

Esta organización sin ánimo de lucro también destaca que “el 35% del importe total de la contratación se concentra en 10 empresas, sobre todo farmacéuticas; sin embargo, las empresas que producen genéricos se llevaron el 3,2% de esa contratación”, explicó Cathy Boirac, del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), en la rueda de prensa celebrada este martes en la capital española, en la que detallaron los pormenores del informe ‘Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016‘, publicado en octubre.

Otro dato revelador es el del número de concursos públicos (1.443, es decir, el 0,3% en total) comparado con el de las asignaciones sin licitación (485.119 contratos menores, el 99,7% del total). Las grandes multinacionales farmacéuticas, la mayoría extranjeras, aparecen como las principales beneficiadas tanto de los contratos menores como de los mayores (85,1% del total de contratos firmados), y ocho de cada 10 contrataciones fueron adjudicadas a grandes compañías presentes en los principales lobbies (grupos de presión) del sector sanitario.

El informe de Audita Sanidad revela que otra práctica habitual por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid es el fraccionamiento de contratos, que “está prohibido según la Ley de Contratos del Sector Público actual y la nueva, pero es una práctica habitual en la Administración en general”, según la organización, y que permite “trocear” contratos para que no superen los 18.000 euros, a partir de los cuales es obligatorio convocar concurso público. Los contratos mayores (adjudicados mediante concurso) y los menores (sin concurso) sumaron un coste de 1.402 millones de euros para la sanidad madrileña, cuyo presupuesto total en 2016 fue de 7.449 millones de euros. Según los datos más recientes de la Comisión Europea, en 2013 la sanidad pública tuvo sobrecostes de entre el 10% y el 25% debido a prácticas corruptas “que no han sido investigadas” en 15 países europeos.

La publicación de estos datos coincide con varias movilizaciones en Madrid convocadas por los sindicatos CCOO, Satse, CSIT, Amyts y UGT por los “incumplimientos” de la Consejería de Sanidad en materia de precariedad laboral dentro del sector sanitario, tales como impago de guardias, el establecimiento de la jornada de 35 horas (hoy la media es de 37,5 horas) y altos índices de temporalidad (33% en la Comunidad de Madrid), entre otros problemas. Si las autoridades y los sindicatos no alcanzan un acuerdo en los próximos días, convocarán dos días de huelga, el 13 y 14 de diciembre.

Uno de los escándalos de corrupción más destacados de los últimos años en la Sanidad madrileña saltó a los medios tras la confesión de dos funcionarios que aseguraron que el Partido Popular habría recibido el 1% de los contratos para la construcción de ocho hospitales y 57 centros de salud en Madrid (23 millones de euros en total) cuando Esperanza Aguirre presidía la comunidad autónoma.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los recortes del presupuesto de sanidad en Madrid han ido aparejados con una creciente privatización de servicios e infraestructuras sanitarias, y un mayor traspaso de competencias al sector privado, en el que es frecuente encontrar puertas giratorias, según denunció el Observatorio Madrileño de la Salud.

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Sick, sick, sick: solo el ganador salvará su vida

Imagen de Sick, sick, sick, la campaña de Salud por derecho.

Con ustedes, Sick, sick, sick, lo último en talents shows. Un jurado, un presentador, un gran público y tres concursantes: Ana, 45 años. Tiene cáncer de mama. Sergio, 28 años. Enfermo de sida. Antonio, de 63 años. Tiene hepatitis C. Todos persiguen el mismo sueño: conseguir los medicamentos que salvarán su vida. Solo uno lo logrará. El vídeo de promoción comienza a fallar y una voz en off hace la siguiente pregunta: “¿Te parecería cruel que un concurso decidiera quién puede curarse y quién no? Esto ya está pasando. Y te puede pasar a ti. La salud no es un juego”.

Es la nueva campaña que ha lanzado Salud por Derecho para concienciar y dar a conocer los fallos del actual modelo de investigación y desarrollo de medicamentos. “Un modelo injusto e insostenible del que se habla poco en los medios de comunicación y desconocido por la opinión pública. Un modelo basado en proteger la propiedad intelectual por encima del derecho a la salud, opaco y secuestrado por los intereses privados de las grandes compañías farmacéuticas”, denuncia la fundación, que lleva años intentando hacer ver y corregir los precios abusivos que marca la industria.

Según los datos recopilados, una de cada tres personas no tiene acceso a los fármacos que necesita en todo el mundo; pagamos dos veces por los mismos medicamentos y lo hacemos a precios desorbitados en algunos de ellos, como el sofosvubir, clave en el tratamiento de la hepatitis C: 20.000 euros por un fármaco que cuesta 300 euros producirlo. El pasado abril, varias organizaciones internacionales presentaron una oposición a la patente europea de este medicamento.

“Los elevados precios de los medicamentos necesarios para la vida, como es el caso de los fármacos para la hepatitis C, el cáncer o el VIH, se deben al monopolio que tienen las empresas para comercializarlos en exclusiva. El monopolio mediante la protección de la propiedad intelectual con patentes es la base del sistema actual de innovación de medicamentos. Habría que promover iniciativas de investigación y desarrollo de medicamentos que no se basaran en las patentes y que aseguraran que los recursos públicos en investigación se invierten en las áreas de conocimientos y problemas de salud necesarios. Ahora es el mercado y los beneficios económicos los que marcan la pauta”, sostiene la directora de Salud por Derecho, Vanessa López, la única organización española, junto con Médicos del Mundo, que denunció la patente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay entre 130 y 150 millones de personas con infección crónica por el virus que genera la enfermedad y aproximadamente 700.000 personas mueren cada año por problemas hepáticos relacionados con esta patología. 

Sobre el cáncer

La semana pasada, los delegados de la Asamblea Mundial de la Salud reclamaron a la OMS que promoviera el acceso de toda la población a medios asequibles de diagnóstico y tratamiento del cáncer, y que proporcionara a los países orientaciones técnicas para determinar y aplicar las intervenciones prioritarias para el control de la enfermedad. Alrededor del 70% de las defunciones por cáncer –la segunda causa de muerte a escala mundial– se registran en los países de ingresos bajos y medianos, y la tasa de mortalidad aumenta rápidamente en esos entornos, lo que impone una gran tensión a sus sistemas de salud, de por sí vulnerables.

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