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OTAN: se bombardeó Yugoslavia “para proteger a los civiles”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que la organización bombardeó la antigua Yugoslavia en 1999 “para proteger a los civiles y detener el régimen” de su entonces presidente, Slobodan Milosevic. Durante una reunión con estudiantes de la Universidad de Belgrado (Serbia), Stoltenberg respondió a cuestiones referentes al bombardeo y sobre la …

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Periodista que denunció corrupción en la UE es violada y asesinada

La periodista búlgara Victoria Marinova, productora de TVN, realizaba una investigación sobre un grave caso de corrupción con fondos de la Unión Europea y tras ser asesinada el pasado fin de semana en Ruse, en el norte del país balcánico, los grupos anticorrupción y los Diputados del Parlamento Europeo piden una investigación en profundidad. El …

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Nuevas infraestructuras de gas deficitarias con dinero público a costa del clima

Planta de ciclo combinado en Fawley (sur de Inglaterra). Foto: Gillian Thomas / CC BY 2.0.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez // En noviembre de 2017 la Comisión Europea presentó la lista de Proyectos de Interés Común de interconexión energética entre países de la Unión Europea, una serie de infraestructuras que recibirán financiación pública comunitaria y se beneficiarán de una tramitación agilizada -por ejemplo, trámites de Evaluación de Impacto Ambiental simplificados-. Aunque en principio esta lista debe de estar integrada principalmente por obras de interconexiones eléctricas, en la lista de la Comisión se pueden encontrar hasta 95 proyectos de gas, incluyendo grandes gasoductos y nuevas terminales para importar gas natural licuado por barco.

La apuesta europea por el gas es evidente. Desde 2014 el mecanismo financiero ‘Conectar Europa’ ha dedicado más de 1.000 millones de euros a financiar infraestructuras de gas (el doble que a planes de conexión eléctrica). Algunos de los proyectos planteados en la nueva lista son absolutamente faraónicos. Destaca el Corredor Meridional del Gas, una tubería de 3.500 kilómetros que pretende traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia, vía Turquía, y que ha estado inmersa en polémicas de corrupción. Este proyecto de 34.000 millones de euros pretende beneficiarse de préstamos de instituciones financieras europeas. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ya dio luz verde a partidas económicas para financiar los tramos caucásico y turco, y ahora el Banco Europeo de Inversiones está por decidir si concede 2.000 millones de euros para el tramo transadriático. La empresa española Enagás tiene participación en el proyecto. Enagás también está detrás de los dos proyectos españoles que integran la lista -el MidCat, que duplicará la capacidad de interconexión con Francia, y la tercera interconexión con Portugal-.

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿necesitamos estas infraestructuras? La demanda europea de gas cayó un 20% entre 2010 y 2016. Diversos estudios muestran cómo el sistema gasista europeo actual es robusto y resiliente, capaz de hacer frente, solo introduciendo algunos cambios menores, a nuevas situaciones de estrés como las que se vivieron hace unos años a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia. Uno de estos estudios, encargado por la propia Comisión Europea, señala precisamente que los gasoductos españoles mencionados tendrían escaso o nulo flujo de gas.

El sistema gasista español ya está de por sí bastante sobredimensionado. Somos el cuarto país del mundo en capacidad de regasificación (plantas que transforman el gas líquido -licuado- que se transporta en buques), y sin embargo estas terminales funcionan a menos del 40% de su capacidad. Tenemos un amplio parque de centrales de gas de ciclo combinado que están la mayor parte del tiempo paradas. Las proyecciones de consumo pre-crisis fueron exageradamente optimistas en nuestro país y nuestro sistema nacional gasista retribuye esas inversiones aunque la infraestructura no se utilice. Eso, sumado a indemnizaciones como la del almacén Castor, ha generado un déficit del sistema que pagamos -y que pagaremos durante las próximas décadas- los usuarios en la factura del gas. En este contexto parece suicida generar nuevas infraestructuras deficitarias con dinero público.

La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿es el gas la energía que necesitamos en un contexto de crisis climática? El gas es un combustible fósil y por tanto debe permanecer en su mayoría bajo tierra, como el petróleo o el carbón, de acuerdo con lo planteado por la ciencia para cumplir con los objetivos de París. A pesar de la retórica del Comisario Arias Cañete, que pretende presentar al gas como un combustible relativamente limpio, su huella climática es muy significativa si se consideran las fugas de metano, como muestra de forma creciente la evidencia científica. Según un reciente estudio del Tyndall Centre for Climate Change, Europa no debe construir una sola infraestructura de gas más si quiere tener posibilidades de cumplir con el objetivo global de no superar un aumento de temperatura de 2ºC a final de siglo.

La tercera y última pregunta que nos surge es: si no necesitamos más gas, y además el gas es enemigo del clima, ¿porqué se toman estas decisiones en la política energética europea? Incomprensiblemente la normativa europea establece que un organismo denominado ENTSO-G es el encargado de hacer la planificación de las infraestructuras de gas necesarias para satisfacer la demanda. La demanda futura también la estima este organismo, a pesar de que año tras año la tosca realidad se empeña en demostrar que sus previsiones estaban sobrestimadas. ENTSO-G es la coalición europea de operadores de transporte de gas: operadores como la española Enagás. Es decir, este organismo está integrado por las mismas empresas que luego son las encargadas de construir, con el dinero de todos los ciudadanos europeos, las infraestructuras que ellas mismas han determinado que son necesarias.

Esto se llama ‘poner al zorro a cuidar de las gallinas’. Se trata de una muestra del enorme poder que tiene la industria fósil en las decisiones sobre política energética. Una política que debería estar sujeta a criterios ambientales y de bien común. El Parlamento Europeo, que debe regirse por estos valores, tiene en los próximos días una oportunidad única de votar en contra de esta lista de Proyectos de Interés Común. Porque visto lo visto, el gas no es de interés común.

El viernes 26 de enero Ecologistas en Acción y el ODG organizan la mesa redonda ‘¿Qué papel debe jugar el gas natural en el modelo energético?’ en el Ateneo de Madrid.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez es responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.

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El Parlamento Europeo fija en el 35% el objetivo de renovables para 2030

Molinos de viento en Tarifa. Foto: Hernán Piñera / CC BY-SA 2.0.

Este miércoles el Parlamento Europeo fijó en un 35% el mínimo de energías renovables en el mix energético para 2030. Esta será la posición negociadora de la Eurocámara ante la Comisión Europea y el Consejo Europeo para el establecimiento de la Directiva Europea de Energía. El Consejo ya había fijado sus ambiciones en el 27% hace un mes, en una decisión que sorprendió y decepcionó a grupos progresistas y ecologistas de todo el continente.

Además de la posición en cuanto al mix energético, el Europarlamento ha fijado en un 12% el porcentaje de energías renovables que deberán estar presentes en el sector del transporte para finales de la década que viene. El Parlamento Europeo también ha mostrado su rechazo frontal al conocido como ‘impuesto al sol’.

Una vez sea aprobada la directiva, cuyas negociaciones pueden comenzar inmediatamente, los estados miembros deberán fijar sus propios límites de emisiones, que serán supervisados desde Europa. Para 2022, el 90% de las estaciones de servicio en las principales carreteras europeas deben contar con cargadores para vehículos eléctricos.

Entre las decisiones del Parlamento Europeo se ha incluído también la prohibición del uso de aceite de palma en biocombustibles a partir de 2021. Además, se ha cortado la opción de aumentar la proporción de biocombustibles procedentes de cultivos que puedan servir de alimento, fijándose el límite en niveles de 2017 (alrededor de un 7%).

Sabor agridulce

Los eurodiputados ecologistas han celebrado la decisión de la Eurocámara. Michele Rivasi, representante de los verdes franceses, afirmó en una nota de prensa que el acuerdo es “histórico y consistente con los compromisos climáticos de la UE”, explicando que si la política finalmente va en la línea marcada por el parlamento, “ayudará a desarrollar una auténtica independencia energética, crear puestos de trabajo y asegurar las inversiones”.

Sin embargo, el eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, que se ha abstenido en las tres votaciones, ha criticado que el acuerdo no es suficientemente ambicioso. “Había margen para hacer más y mejor”, argumentó Benito a través de su canal de Telegram, lamentando que los límites máximos no vayan más allá de lo que actualmente “indica la tendencia del mercado”. No obstante, el representante de la formación morada ha celebrado la decisión del parlamento europeo en cuanto al autoconsumo. “Es una tarjeta roja al gobierno de España”, afirmó.

José Blanco, eurodiputado socialista, celebró el “amplio consenso” alcanzado por la cámara y argumentó que la descarbonización puede ser un motor de “competitividad, actividad económica y empleo”.

En una nota de prensa, la organización ecologista WWF se mostró satisfecha con la decisión de la Eurocámara en cuanto a eficiencia energética y autoconsumo, pero consideró que los eurodiputados no cumplieron respecto al límite de biomasa. La ONG criticó que el parlamento no haya tenido en cuenta las advertencias de más de 800 científicos, que habían pedido que dejara de subvencionarse la quema de restos de madera para la producción de energía. Alex Mason, directivo de políticas de la oficina de WWF en Europa, definió la propuesta como “escandalosa” y avisó a las empresas de que “la inversión en biomasa conlleva un alto riesgo”, ya que “ignora la ciencia y pone en peligro el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos”.

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Europa y los salarios

En el futuro los trabajos más peligrosos los desempañarán robots. FERNANDO SÁNCHEZ

Hace unos días vio la luz el informe de la Comisión Europea (CE) Labour market and wage developments in Europe. El estudio confirma una realidad de sobra conocida y sufrida por muchos trabajadores: los salarios en Europa apenas están creciendo, están estancados o incluso retroceden. Y esto sucede en un contexto de recuperación de la actividad económica, que los gobiernos presentan –es el mantra más repetido por el del Partido Popular– como la prueba de que hemos dejado atrás la crisis.

Entre las razones que explican esta “paradoja” el texto señala la permanencia de altos niveles de desempleo, la débil productividad y la proliferación de los contratos a tiempo parcial. Llama la atención que los autores del documento dejen en el tintero de las explicaciones las reformas laborales, promovidas por la Comisión Europea, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y que han sido la piedra angular de las denominadas “políticas estructurales”. Ni una palabra al respecto en el informe. Sin embargo, los documentos de referencia de las instituciones comunitarias y las propuestas que llegan desde Bruselas insisten en la necesidad de seguir o intensificar el mismo rumbo de las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años.

Esas reformas, han sido al mismo tiempo, un fracaso y un éxito. Un fracaso porque, a pesar de que la desregulación de las relaciones laborales (flexibilización, en el relato oficial) se han llevado muy lejos, los resultados obtenidos en materia ocupacional han sido a todas luces decepcionantes, demostrando que bajar los salarios no es el camino para crear empleo. Sí, es cierto, en los últimos años las estadísticas ponen de manifiesto la generación de empleo neto, pero gran parte de los nuevos puestos de trabajo son de pésima calidad. Es importante destacar en este sentido el aumento del número y del porcentaje de trabajadores que perciben bajos salarios o que se encuentran en situación de pobreza.

Las reformas laborales también han sido un éxito. Han abierto las puertas, han creado las condiciones para que se produzca un drástico “ajuste” salarial, haciendo posible que los costes de la crisis económica los soporten los trabajadores; en lugar de los responsables de la misma, el entramado financiero y corporativo que alimentó y se benefició de la economía del endeudamiento. Reformas dirigidas, en teoría, a dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo, en realidad han supuesto un vuelco en la negociación colectiva, debilitando la capacidad negociadora de los trabajadores y la negociación colectiva, desnivelando de esta manera las reglas del juego a favor del capital.

Tampoco es de recibo omitir que la “moderación” salarial a la que alude el informe se ha dado en paralelo a una preocupante y creciente apertura del abanico retributivo. Mientras que la mayor parte de los trabajadores han experimentado un estancamiento o pérdida de su capacidad adquisitiva, los directivos y altos ejecutivos han conservado o fortalecido sus posiciones de privilegio. Así lo reflejan, por ejemplo, los últimos trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (Global Wage Report), donde se da cuenta de que las retribuciones de la minoría que gobierna las grandes corporaciones son escandalosamente superiores (200, 300, 400 veces o más) al salario promedio de sus empresas.

Así pues, los salarios se estacan y la desigualdad avanza. Las consecuencias que esto tiene para el funcionamiento de las economías son demoledoras. En primer lugar, se penaliza el consumo y la inversión, en un contexto todavía dominado por la debilidad de la demanda y el elevado apalancamiento de hogares y empresas. En segundo lugar, ponen en el centro de la estrategia de crecimiento el sector exportador, ignorando que esa estrategia, al alcance de los países más competitivos, no puede convertirse en una fórmula válida para todas las economías, pues, como ha quedado claro en Europa, los superávits de unos son los déficits de otros. Y en tercer lugar, colocan a las economías en un bucle deflacionista, al presionar los precios a la baja.

A este paquete de explicaciones, hay que añadir otras de mayor recorrido estructural. La primera de ellas es la que plantea que la represión salarial alimenta una cultura empresarial conservadora. La posibilidad de reducir los salarios, incluso en términos nominales, junto a la intensificación de la explotación y los ajustes de plantilla, permite que, al menos a corto plazo, mejoren los márgenes de beneficio, actuando como un factor de bloqueo de la necesaria modernización del tejido empresarial. La segunda es que el aumento de la inequidad va de la mano de la concentración de poder económico y político en manos de una minoría de privilegiados, creando así las condiciones para la captura de las instituciones y para el sesgo de las políticas públicas. En tercer lugar, la presión sobre los salarios –en un contexto de moderado, insuficiente e inestable crecimiento- es una pieza decisiva del capitalismo esencialmente patrimonial y extractivo que emerge de la crisis.

Por todo ello, es necesario reivindicar con fuerza y convicción un viraje sustancial en la política salarial. Y Europa tiene mucho que ver en ese viraje: garantizando la negociación colectiva –derecho situado en las antípodas de las reformas laborales implementadas en los últimos años-, promoviendo el aumento del salario mínimo, regulando una subsidio europeo de desempleo –complementario de las prestaciones nacionales-, fijando como objetivo de la política macroeconómica que, como criterio general, los salarios avancen en línea de la productividad, y condicionando el acceso por parte de las empresas a los recursos comunitarios a que respeten los derechos laborales y limiten las retribuciones de los equipos directivos.

Lucía Vicent es investigadora del ICEI-UCM y miembro de Fuhem Ecosocial
María Eugenia Ruíz-Gálvez Juzgado es investigadora del ICEI UCM
Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

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Europa maniobra para meter al Sáhara en el acuerdo comercial con Marruecos

En 2016 el Tribunal de Justicia europeo dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio “separado y distinto (…) del Reino de Marruecos”, tal y como establece Naciones Unidas desde los años 1960. Sin embargo, contraviniendo dicha sentencia, las autoridades alauíes y la Comisión Europea han empezado a diseñar una estrategia para que no se haga efectiva. Además, la Justicia europea dejó abierta la puerta a la inclusión de la antigua colonia española en el acuerdo siempre que “el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento”, pero los últimos acontecimientos indican que ni Marruecos ni el Ejecutivo europeo adoptarán esa vía.

El pasado 19 de abril la Comisión pidió permiso a los 28 estados europeos para renegociar con Rabat el acuerdo comercial, vigente desde 2012. La información fue desvelada por el digital argelino Tout sur l´Algérie, que cita a varios funcionarios y diputados europeos, y subraya que en ningún momento las autoridades europeas incluyeron en ese diálogo al Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas.

La treta legal que preparan la Comisión y Marruecos se centra en la terminología de la sentencia del Alto Tribunal europeo. Una pequeña modificación en el veredicto o en el cuerpo del acuerdo comercial, estableciendo “población del Sáhara” donde actualmente se lee “pueblo del Sáhara Occidental”, reconocería a efectos legales que la población de ese territorio se expresase a través de instituciones marroquíes. Según esta fórmula, los diputados de las circunscripciones del Sáhara serían los encargados de aprobar el acuerdo, y no el pueblo saharaui, como establece la sentencia.

El pasado martes, a iniciativa del eurodiputado Florent Marcellesi (Equo, Grupo Verde Europeo), 23 miembros del Parlamento Europeo de cinco grupos parlamentarios de la izquierda y la derecha europea enviaron una carta conjunta a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y a los comisarios de Economía y Comercio, Pierre Moscovici y Cecilia Malmström, instando a un diálogo transparente (actualmente se negocia en secreto) ante los supuestos intentos de la Comisión por esquivar la sentencia de la Corte europea. Un día después el intergrupo para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo intercedió ante António Guterres, Secretario General de la ONU, aprovechando su visita a esa institución.

“El punto clave de la renegociación entre la UE y Marruecos es el consentimiento del pueblo saharaui”, explicó a La Marea Florent Marcellesi, quien además apoya que el Frente Polisario forme parte de la negociación de dicho acuerdo. “La Comisión y los Estados miembros tienen que dejar de considerar que por un lado está el comercio y por otro el proceso de paz (…) es hora de utilizar el comercio para reforzar el derecho europeo e internacional”, declara Marcellesi desde Bruselas.

Justicia sin prisa

La máxima autoridad judicial europea tardó cuatro años en pronunciarse después de que la Unión Europea y Marruecos, que cuenta con importantes aliados en territorio europeo, firmaran un acuerdo comercial que libera el intercambio de productos agrícolas y pesqueros, siendo este último el rubro más destacado en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de realizar un referéndum de autodeterminación para poner fin a su estatus colonial, según las Naciones Unidas. Desde que España abandonó el Sáhara en 1975, Marruecos controla de facto (ningún país del mundo reconoce su soberanía) la mitad oriental del territorio, la zona con más recursos naturales.

Después de que el Tribunal europeo emitiera su veredicto y excluyera al Sáhara Occidental del acuerdo entre Europa y Marruecos, varios altos cargos marroquíes amenazaron con suavizar sus controles en materia de narcotráfico y emigración. Sin ir más lejos, una semana después de que el comisario de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, reconociera “la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”, el ministro de Agricultura marroquí amenazó con la reanudación de “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”. Esta semana Florent Marcellesi y el diputado Jorge Luis Bail pidieron al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis. que trabaje para que España respete las sentencias europeas.

Los intentos de la Comisión europea por esquivar esta sentencia coincide con una de las etapas de mayor riesgo de conflicto bélico entre saharauis y marroquíes desde que firmaron el alto el fuego en 1991. El periodo de alegaciones, deliberaciones, recursos y debates políticos a nivel europeo, nacional y regional podría extenderse de nuevo a varios años. Mientras tanto, todo apunta a que la aplicación de esta sentencia europea seguirá bajo la fuerte influencia de las posiciones políticas de cada país. Por ejemplo, en enero el gobierno de España se negó a interceptar un carguero noruego procedente del Sáhara Occidental que transportaba harina de pescado a Francia y que paró a repostar en Gran Canaria, a pesar de que la sentencia europea. En cambio,  otros buques comerciales y pesqueros procedentes del Sáhara sí fueron interceptados dentro y fuera de la Unión Europea.
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