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Los estibadores son la excusa, el objetivo son tus derechos

El uso del término “privilegio” es habitual en la patronal y sus acólitos mediáticos en cada conflicto laboral y negociación. Su objetivo es enfrentar a los trabajadores y enseñar a los que peores condiciones tienen que no deben defender a sus compañeros de clase, porque ellos viven mucho mejor. Así se aísla al colectivo en conflicto y es más fácil privarlo de sus derechos adquiridos para equipararlo con los que menos tienen. Es una táctica conocida de atomización de los trabajadores, separar para laminar. Todos iguales, pero por abajo.

En el año 2013, en plena ofensiva del gobierno y patronal contra los derechos de la clase obrera, Juan Rosell, presidente de la CEOE, dio una master class de esta forma de proceder. Rosell propuso para combatir la dualidad del mercado laboral eliminar los “privilegios” de los contratos indefinidos: “¿Estarían dispuestos los trabajadores fijos a aceptar estas nuevas condiciones en beneficio de los que tienen contratos temporales nuevos? Sería un experimento importante, pero no creo que lo aceptaran. Creo que esto es Alicia en el país de las maravillas”, dijo el jefe de la patronal. Enfrentar a los trabajadores con contratos indefinidos con los que tienen derechos adquiridos para crear la falsa ilusión de que su problema no es la patronal, sino sus compañeros con un contrato de mejor calidad.

Esperanza Aguirre utilizó el mismo plan contra los trabajadores públicos para justificar su plan de recortes del año 2011. En una escalada dialéctica que se llevó por delante a todos los empleados del sector público, calificó de “privilegios” que los funcionarios cobrasen el 100% del sueldo al enfermar. Ya no hay de qué preocuparse: gracias a la campaña y a la falta de solidaridad ya no es un problema. Hoy en día ese derecho ya no existe. El discurso que denomina privilegios a los derechos adquiridos para enfrentar a un colectivo en concreto y que sólo persigue mermar las condiciones de toda la clase obrera no es nuevo, de hecho es tan antiguo como el movimiento obrero. Desde que hay un trabajador organizado para mejorar sus condiciones hay un patrón, un burgués, o un escribiente a sueldo que enarbola la palabra “privilegio” para combatirlo.

El diario El Liberal publicó en 1868 un folletín de Jose María del Campo, un plumilla preocupado por los inicios del movimiento obrero, que advertía a los conservadores y capitalistas del tiempo que se avecinaba con las exigencias proletarias:

“Los obreros estamos divididos en categorías como todas las clases sociales. No hagamos mistificaciones, y no engañemos a los demás, engañándonos a nosotros mismos. Hay el jornalero del campo, el peón agrícola que se alimenta con gazpacho o pan solo malo y escaso, duerme sobre el duro suelo y vive constantemente a la intemperie; y hay el jornalero de ciudad, que duerme en colchón y bajo el techado junto a su familia y pasa algunos ratos en la taberna, si es que no se permite ir al café o al teatro alguna vez; y hay el obrero que va de francachelas frecuentes y asiste a lidias de toros; y hay obreros también que trabaja en templadas aunque estrechas habitaciones y huelga todas las fiestas, y se permite gastar bota de charol y camisa bordada…Ya sé yo que también hay clases privilegiadas entre los trabajadores, y que si los más desgraciados llegan a pensar seriamente en esto, van a decir que ellos se contentarían con dormir bajo techado y disponer de un par de reales para gastar los domingos. Otros, en fin, quisieran ser amos y mandar, y tener una casita propia y cómoda, y a ser posible hasta tener un cochecito propio para visitar los domingos el cortijo o el chalet, como dicen los ricos…¿Qué es lo que queremos? ¿Qué debemos pedir?¿Sólo el alimento diario? ¿Aumento de salario? Yo bien sé lo que queremos todos, trabajar poco y tener mucho dinero”

En nuestro tiempo los estibadores son el nuevo colectivo denigrado para ser expoliado de sus derechos. Antes lo fueron los controladores aéreos, los profesores, los funcionarios, los mineros, los basureros de Málaga, los conductores de Metro, los transportistas, los maquinistas de Renfe. A todos les une lo mismo, son colectivos organizados defendiendo sus derechos y con fuerza para doblegar a la patronal. No son sus privilegios, son tus derechos. Los de todos los trabajadores.

Los estibadores, el nuevo objetivo

El lema de los estibadores destila agresividad, es duro, vehemente y no deja atisbo para la mesura. Estiba o muerte. Una proclama que algunos utilizan para atacar la violencia de los trabajadores que la enarbolan en cada asamblea en la que se deciden si van a la huelga contra la patronal y el gobierno, que son todo uno. Lo que trasciende del lema no es más que una evidencia que conocen todos los que tienen un empleo como el suyo. Conviven con la muerte, con la incertidumbre de una labor que se desarrolla bajo contenedores de 10 toneladas o sobre pilas de estos de más de 30 metros de altura. Pero no es sólo un lema que apele a los riesgos de su trabajo, sino que incide en lo que significa para los trabajadores su empleo. No es retórico establecer la dicotomía sobre el trabajo o la muerte.

Cualquier obrero sabe que el único patrimonio que tiene es su trabajo. Y como mejor se defiende es en compañía, con la solidaridad del resto de compañeros de tajo, y de clase. Eso lo saben los que durante años han visto la lucha obrera como el mayor enemigo de la patronal, porque lo es. Atacar la unión de los trabajadores es uno de los mayores objetivos de las oligarquías. Sin unión, el trabajador es vulnerable.

Jonathan, “Chinin” para los compañeros, es un joven estibador que lleva diez años trabajando como operador de grúa en el puerto de El Musel, Gijón. Nos reunimos con él en una terraza cercana a la Casa del Mar al final de su jornada, nos saludamos y al momento nos interrumpe una llamada: “Perdona, estamos organizando unos cursos de operario de grúa y estaba hablando con una compañera para darle información”. La conversación sobre las negociaciones no aporta mucha información, están en plena discusión y no quiere avanzar nada, prefiere ser prudente. Le preguntamos sobre el hecho de que en los medios les llamen privilegiados: “Mira, la gente que habla en televisión tiene mucha voz, pero eso no nos preocupa, nosotros nos movilizamos por nuestro trabajo. Lo que tenemos, si es mucho o poco, nos lo hemos ganado juntos, peleándolo, y eso vamos a seguir haciendo. Lo que digan en la tele me preocupa poco”.

Se une a nosotros la compañera de tajo de Chinin, para hablar con él del curso de operario de grúa. Claro que hay mujeres en la estiba. El machismo es sólo otra excusa que usan para quitarles los derechos adquiridos. Las trabas que las mujeres tienen para entrar en Algeciras sólo les han importado a unos pocos, a los mismos que ahora defienden a los estibadores. Terminamos la conversación y se quedan al final de su jornada organizando un curso para seguir formándose.

Los trabajadores de la estiba han pospuesto las jornadas de huelga planteadas tras la aprobación del Real Decreto Ley, después de que las negociaciones con la patronal ANESCO hayan sido esperanzadoras y les permitan augurar que sus puestos de trabajo y las condiciones se mantendrán. La equiparación de la huelga con el chantaje, que los medios plegados a la patronal hacen de las movilizaciones para enfrentar al resto de trabajadores con los estibadores, ha vuelto a quedar en evidencia. Nadie hace huelga si no ve atacados sus derechos, o si no la necesita para mejorar sus condiciones de trabajo. Es la herramienta de defensa de la clase obrera, de protección de sus intereses. Por eso es denostada de forma continua.

Estiba o muerte no es más que un modo de explicar de forma combativa que la estiba es tu pan, que sin estiba hay hambre, algo que sabe cualquier colectivo de trabajadores organizados. El pan se defiende, el trabajo se defiende. No hay alternativa para quien sólo tiene lo que le dan sus manos. No debiera haber alternativa para el resto: solidarizarse con cualquier colectivo que lucha por su situación, porque los derechos de un sólo trabajador son los de todos. Los estibadores luchan por sus condiciones y las nuestras, su victoria será la de toda la clase trabajadora. Cuando un colectivo pierde sus derechos los estamos perdiendo el resto. Carolina Alguacil escribió hace 12 años en El País una carta al director en la que se quejaba amargamente de las condiciones laborales de toda una generación, “Yo soy mileurista”, decía. Nadie se atrevería en 2017 a escribir una carta quejándose por cobrar mil euros al mes, sería un privilegiado.

 

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Los pequeños cambios del nuevo intento para aprobar un Decreto Ley de la estiba

CIVIO // El BOE recoge hoy el Real Decreto Ley que modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, los estibadores. Es el segundo intento del Gobierno para aprobar esta reforma, consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a liberalizar el sector.

En febrero, el Gobierno aprobó un primer Decreto Ley. En marzo, el Congreso tumbó su convalidación y, por lo tanto, derogó la norma. El Gobierno lo vuelve a intentar con un nuevo Real Decreto Ley, publicado hoy en el BOE, que deberá ser convalidado o derogado, en 30 días, por una mayoría simple del Congreso. La pelota está, pues, en los grupos parlamentarios. Pero, ¿qué cambios ha hecho el Gobierno para conseguir que esta vez sí pase el trámite? ¿Qué diferencias hay entre el primer texto y el de hoy? Bien pocas.

Encuentre las diferencias

El nuevo documento modifica tres puntos del Decreto Ley rechazado en marzo. El primero pasa por eliminar la obligación de contar con un título de FP para poder ejercer como estibadores. El certificado establecido en la anterior norma sí permanece, y se añade que para poder acceder a él será necesario realizar “prácticas profesionales no laborales en instalaciones portuarias”. Unas prácticas que se desarrollarán en reglamentos posteriores. Es decir, el detalle de su funcionamiento lo decidirá el Gobierno de forma uniltareal, sin pasar por el Congreso.

La segunda novedad es la supresión de unas excepciones, incluidas en el texto anterior, que permitían a las empresas no pagar el recargo en los gastos de Seguridad Social por contratos temporales menores de siete días. Así, este tipo de contrataciones deberán cotizar en los puertos como en el resto de sectores.

La tercera y última es la que se acerca a uno de los temas claves del conflicto: ¿qué va a pasar con los trabajadores actuales y sus condiciones? Lo que dice el nuevo texto es que se desarrollará, en breve, en un Real Decreto. Esto es: se deja para una normativa de rango inferior que no necesita convalidación por parte del Congreso.

La clave, en un decreto aún desconocido

El texto del Decreto que deberá establecer cómo se mantienen los puestos de trabajo y sus condiciones no es aún público, algo que han criticado los sindicatos del sector, que aseguran que no se les está teniendo en cuenta en la tramitación de estas normas y piden que los grupos no aprueben, tampoco, este nuevo Decreto Ley.

El único adelanto, aunque no es ni mucho menos el texto definitivo, es un anexo con las recomendaciones del 30 de marzo del mediador entre Gobierno, sindicatos y patronal. El documento publicado hoy asegura que el Gobierno “recogerá” esa propuesta en el Decreto pendiente de aprobación.

La propuesta del mediador pasa por reducción de un 10% del salario para los trabajadores incluidos en el convenio colectivo estatal que cobren más del 5% de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional.

En paralelo, establece una especie de prejubilaciones para quienes estén a 60 meses o menos de la edad de jubilación. Quienes se acojan recibirán el 70% del salario medio de los seis meses anteriores a la baja voluntaria.

Sobre el mantenimiento de trabajo apunta pocas medidas efectivas y concretas, más allá de destacar la importancia de establecer un régimen transitorio para la adaptación a la nueva norma.

Los tiempos

De hecho, la transición entre el sistema actual y el liberalizado es una de las claves del Decreto Ley. En este aspecto, la propuesta del Gobierno no ha cambiado ni una coma con respecto a la versión anterior rechazada por el Congreso, que establece un periodo de tres años desde su entrada en vigor.

Hasta ahora, las empresas portuarias estaban obligadas a participar como accionistas en las Sociedades Anónimas de Gestión de trabajadores Portuarios (SAGEP) y a contratar ahí a sus trabajadores. Los accionistas de las SAGEP podrán vender sus acciones durante los primeros seis meses del proceso y, si nadie las compra, se reducirá el capital de estas sociedades. Si pasados los tres años quedan accionistas, las SAGEP deberán cumplir los requisitos establecidos para las empresas de trabajo temporal y competir con estas, además de con los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE).

En cuanto a la obligación de contratación de contratar trabajadores de la SAGEP, esta se irá reduciendo de forma paulatina: el primer año, será del 75% de los empleados; el segundo, del 50; y el último, del 25%.

Todos estos cambios permitirán que los trabajadores puedan rescindir sus contratos y cobrar las indemnizaciones que establece el Estatuto de los Trabajadores cuando se produce una alteración de las condiciones de trabajo. Además, se establece un periodo de un año para que los convenios colectivos del sector se adapten a la reforma.

Este artículo ha sido publicado originalmente en la página web de Civio.

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