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Poder judicial y democracia, por Isabel Elbal

La consagrada Transición que, como relato para equilibrar un periodo inestable de posible “ruido de sables”, se instauró en nuestro país hace cuarenta años, procuró no solo salvar los muebles, sino dar apariencia de democracia, de forma rotunda e inminente ante la comunidad internacional. No en vano, incluso antes de que se promulgara la Constitución española, ya se firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por si acaso y para que no cupiera ninguna duda acerca del firme compromiso de adentrarnos en un periodo abiertamente democrático y respetuoso con los Derechos Humanos.

Hubo referéndum, hubo elecciones, hubo legalización del Partido Comunista de España, hubo proceso constituyente. Sin embargo, era necesario transformar a fondo las estructuras del Estado. Prueba de esta necesidad, lo constituye la sentencia ejemplar que dictó en 1988 la Audiencia Provincial de Madrid contra tres mandos policiales por la detención ilegal, desaparición y torturas de Santiago Corella, El Nani. Este hecho marcó un antes y un después, acompañado de un vivo debate público, dinamizado por los medios de comunicación, muy activos en la investigación del caso de la desaparición de El Nani. Así, a finales de los años 80, se pudo apreciar un verdadero esfuerzo por modificar las estructuras policiales y adaptarlas a las propias de un sistema democrático y de Derecho.

Sin embargo, si hubo una estructura apenas modificada, esa es la judicial. Los jueces en nuestro país pasaron de acatar las Normas Fundamentales del Movimiento a acatar la Constitución española. ¿Cómo se realizó la labor de adaptación al nuevo sistema constitucional? Se estableció en nuestra Carta Magna que la Justicia emana del pueblo, sin embargo, la exigencia de apariencia de imparcialidad y de independencia, hizo que el Poder Judicial se alejara cada vez más del ciudadano medio y se aproximara más y más al defensor técnico del sistema establecido. El juez, como aplicador técnico del Derecho, no es distinto en una época que en otra: es el mismo quien aplica técnica y asépticamente una ley franquista que quien así aplica una ley en el marco constitucional. Para establecer el matiz constitucional, de nueva impronta, a los jueces ya existentes durante la Transición, se creó el Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional, por cuanto sus miembros son elegidos por las dos Cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y con misión de interpretar el dictado de los jueces bajo el prisma del mandato constitucional.

Sin embargo, la figura del “juez técnico”, como reminiscencia del juez que no debía cuestionar el sistema franquista –era apolítico y/o sumiso del régimen– es el que pervive hasta nuestros días. Traducido a términos de Transición: el juez que no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente, frente al juez que se halla inserto en una sociedad plural, sujeta a relevantes cambios que pujan por superar o mejorar el actual sistema vigente. Este último es el juez social, involucrado en una sociedad democrática no ajeno a los cambios que se producen y, por tanto, adaptado a lo que razonablemente se espera de él: que su legitimidad constitucional no se aleje del ciudadano a quien sirve y de quien emana su propio poder.

Sin embargo, el juez, como mero técnico del Derecho, apolítico y neutro es aquel que ha accedido a la carrera judicial tras un gran un esfuerzo memorístico en prodigiosos ejercicios de unas oposiciones que nada dicen acerca de la formación jurídica del examinando: formación jurídica, en sentido amplio, esto es, con enfoque constitucional y Derechos Humanos, sobre todo. Tampoco el ingreso en la Escuela Judicial proporciona más herramientas que las que inoculan el concepto de “autoridad judicial”, sobre todas las demás cosas. Esto, sin duda, también aleja al Poder Judicial del ciudadano.

No ayuda mucho a superar el concepto de juez, como mero técnico del Derecho, la prohibición de afiliación a partidos políticos o sindicatos. Se abrió la mano, sí, al asociacionismo después de un duro debate parlamentario, sin embargo, vemos que esto no fue suficiente.

Otro problema que cuestiona la legitimidad del Poder Judicial como poder emanante de la soberanía popular consiste en ser el único poder del Estado no sujeto a elecciones directas de los ciudadanos. De hecho, el Tribunal del Jurado, como órgano atemperador de esta seria deficiencia y alejamiento social de los jueces, cada vez tiene menos competencias, y las que aún conserva han sido cuidadosamente seleccionadas, a modo de experimento, a fin de que los ciudadanos no creamos que nos es dado invadir las competencias jurisdiccionales del Poder Judicial. Se transmite una total desconfianza hacia la ciudadanía, que es percibida como una masa amorfa, sin la cualidad ni la capacidad de sentido común que, se presume, tienen los miembros de la judicatura.

Hay que salvar las peculiaridades de algunos jueces que han cuestionado el orden vigente, entendiendo que este se deshacía por sus aparentes rígidas costuras y se han atrevido a desafiarlo, planteando cuestiones interesantes que han ocasionado profundas transformaciones –es el caso del juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, sobre la legislación hipotecaria–. Son los menos frecuentes.

En esta situación, la Judicatura, ante la ilegítima utilización que se está haciendo de ella por parte del gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto catalán, se ha limitado a cerrar filas en torno al estricto y exigible cumplimiento de la legalidad, en defensa de “la indisoluble unidad del Estado español”, concepto este que se ha atrevido a desafiar el Govern catalán. No ha habido por parte de los jueces ni un solo cuestionamiento a esta utilización espuria, que, como peones sufridores, les obliga a cargar con el peso de la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Derecho Penal. Algunas voces aisladas sí lo han hecho, pero los mensajes institucionales y de las asociaciones de jueces se han limitado a expresar su firme compromiso de acatar la ley, sin ni siquiera expresar una queja ante esta fraudulenta instrumentalización de la judicatura por parte del Ejecutivo. Tan grotesca ha sido dicha utilización que el propio Rajoy compareció públicamente atribuyéndose el éxito de una operación policial, ordenada por un juez, que se saldó con 14 altos cargos de la Generalitat detenidos.

Solo a un Poder Judicial “tecnificado” y neutro –y sumiso– se le puede ocurrir que un grupo de manifestantes apostados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para protestar por la marea represiva contra el referéndum del 1-O, está inquietando su independencia. Incluso una de las asociaciones judiciales ha llegado a manifestar que este acto de protesta podría ser delictivo. Evidentemente, la ciudadanía no se ve reflejada en este Poder Judicial ni lo percibe legítimamente democrático ni confía, por tanto, en esta institución.

La solución pasa por acometer de una vez los cambios que se requieren, desde las pruebas de acceso a la judicatura hasta la forma de selección y nombramiento de los miembros de los altos tribunales: criterios que combinarían los méritos profesionales con la elección mediante el voto ciudadano. También es necesario implementar  herramientas que faciliten la comunicación con los ciudadanos, mediante un diálogo fluido y constante, como fuerza legitimadora de este Poder. Sí, más democracia.

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Rajoy y su descomunal fraude de ley

Mariano Rajoy en un mitin en Torrelavega. Foto: Partido Popular de Cantabria.

La situación que se está viviendo acerca del conflicto catalán ha recibido varios enfoques jurídicos y políticos muy variados y contestados por expertos y no expertos en la materia. Sin duda alguna, el análisis apenas comentado es el global, me explico. Si tuviéramos la oportunidad de efectuar una descripción de lo que está sucediendo, mediante una cámara de fotos, aplicando con pericia el zoom, desde el lugar concreto -Catalunya- hasta alejar el objetivo y mirar cual un observador imparcial, nos daríamos cuenta de que la situación que se vive es, obviamente, excepcional.

A estas alturas, todos sabemos que la falta de diálogo político ha traído estas consecuencias. Ya da igual perderse en el origen, quién llegó antes, si el huevo o la gallina. Los ciudadanos solo esperamos que nuestros gobernantes tomen las riendas políticas y, con ello, se esfume este delirio de represión. Por ello, entiendo que quien está llamado a resolverlo es nuestro presidente, que, no en vano, lo es de todos los españoles.

Desde que se aprobara la Ley de Referéndum en el Parlament, muchos pasos se han dado, no siendo ninguno de carácter político, según requerían las circunstancias: al problema político se le asignará una respuesta política; así mismo, ante un problema jurídico, la respuesta será la judicial.
Si acercamos el zoom, veremos que, ante los requerimientos del Tribunal Constitucional, los responsables del Govern habrían cometido delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y, quién sabe, malversación de fondos públicos. Por eso, la Fiscalía presentó querella contra diversos y numerosos altos cargos ante el Tribunal de Justicia de Cataluña. Alejemos el zoom y veremos, de entrada, la rareza que supone que representantes políticos de millones de ciudadanos catalanes serán tratados como querellados, investigados, encausados, acusados y después, condenados.

Acerquemos de nuevo la imagen y fijémosla -ya grabada en muchas retinas- de identificaciones a periodistas, decomiso o incautación de planchas de imprenta, incautación de urnas y de millones de papeletas electorales, incursiones de la Guardia Civil en redacciones de prensa, en empresas postales -sean públicas o privadas-, cierre de páginas web, prohibición de publicar campaña electoral a los medios de comunicación. Todo ello, claro está, en el marco de la investigación judicial que inició la querella presentada por Fiscalía. Alejemos el zoom: ante la persistencia de la falta de diálogo político, la máquina judicial se hace imparable y nos prodiga imágenes más propias de otros tiempos pasados; sin duda alguna, nuestro observador no puede evitar ver, con cierta incomodidad, que en el corazón de Europa se están llevando a cabo medidas coercitivas de marcado talante autoritario.

La imagen vuelve a acercarse: el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, es decir, de su plena y máxima confianza, emite una instrucción a los fiscales provinciales de Catalunya para que citen a declarar acompañados de sus abogados, a través de la Policía judicial, a 712 Alcaldes que públicamente han puesto a disposición del Govern los locales municipales para la realización del Referéndum. En caso de no acudir al llamamiento, se ordenará su detención. He aquí un marco no estrictamente judicial que invade las funciones jurisdiccionales de investigación del delito, hurtándolas al juez natural predeterminado por ley, que ya estaba investigando los mismos hechos: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Alejemos la imagen: nuestro observador aprecia una persecución contra un amplio colectivo, que representa a dos millones de ciudadanos y se ha limitado a anunciar algo que haría en un futuro, pero que aún no ha cometido. Una auténtica anticipación al presunto hecho delictivo, ni siquiera un acto preparatorio del delito, que más se le parece a una medida preventiva contra un amplio grupo social e institucional, que a unas medidas de investigación.

De nuevo hemos acercado la imagen y vemos que el Consejo de Ministros ha aprobado in extremis la intervención de las finanzas catalanas, con el fin de evitar, nos dicen, que se empleen recursos públicos en la realización del Referéndum anunciado para el 1-O. Alejando el zoom, nuestro observador se percata de que en una reunión de carácter administrativo se ha acordado una medida administrativa no contemplada en el Ordenamiento Jurídico. O sí, porque el artículo 155 de la Constitución española da cabida a esta medida, pero ha sido hurtada a la deliberación y debate y decisión conjunta del Parlamento.

Por último, el objetivo enfoca al Juez titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona: lleva seis meses investigando a cargos públicos, a raíz de dos denuncias presentadas contra diversas personas por colaborar, presuntamente, en el Referéndum previsto para el 1 de octubre. No en vano, los hechos investigados han sido calificados como desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. ¿Les suena? Sí, lo mismos delitos y hechos conexos por los que se hallan investigados numerosos aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a raíz de la querella presentada por Fiscalía. Sin embargo, lejos de inhibirse a favor del órgano superior, ha ordenado de oficio numerosos entradas y registros en sedes públicas y privadas, a personas públicas y no públicas. Alejemos ya definitivamente la imagen: es cierto que este juez está investigando a no aforados, pero también lo es que, tratándose de hechos íntimamente conexos con los que se están investigando ante el órgano superior, debiera haberse inhibido a favor de éste, es decir, del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué cerilla ha prendido que ha provocado que multitud de ciudadanos se manifiesten espontáneamente reclamando el respeto de los derechos y libertades públicas?

Rajoy sigue parapetado tras las decisiones judiciales y bajo el manto de apariencia de legalidad, cuando de facto, tenemos un estado de excepción, que está socavando los derechos fundamentales previstos en nuestra democracia. Este manto no es otro que la Constitución Española que, si bien, a muchos se nos ha quedado pequeña, lo cierto es que contiene preceptos dignos de ser respetados, precisamente en los momentos de crisis, que es cuando un Estado democrático y de Derecho se pone a prueba.

Rajoy está actuando en fraude de ley: se está amparando en la defensa de la Constitución Española justo para atacarla frontalmente, pues ésta y no otra es la deriva que estamos padeciendo en relación al obligado respeto a los derechos fundamentales. Fraude de ley es actuar bajo el amparo de la ley, cumpliendo escrupulosamente los requisitos formales que la ley exige, para conseguir un resultado ilícito, no consentido por el ordenamiento jurídico. Nuestro Ordenamiento Jurídico no consiente que se utilice al poder judicial para salvar un problema político ni que el Fiscal General del Estado, cual brazo ejecutor, ordene a sus subordinados que invadan la función jurisdiccional sólo reservada a los jueces.

En este resultado no consentido por nuestro ordenamiento jurídico, se ha propiciado un contexto cómodo para que algunos jueces marcadamente afines a la derecha más reaccionaria, versos sueltos de un poder judicial cada vez más depauperado y denostado, hayan actuado, con olvido de los más elementales derechos básicos.

Sin embargo, aún está por ver si esta consecuencia no consentida por nuestro marco constitucional llegará a buen puerto, pues, sin duda, lo que avistamos es una imagen maltrecha de las Instituciones que nos gobiernan y el consiguiente deterioro del Estado de Derecho.

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