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BEV Energie – Entrevista sobre las tarifas de electricidad en Alemania

BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH lleva operando como proveedor de servicios energéticos en Alemania unos cuatro años y, todo sea dicho, con muy buenos resultados. Esta es razón suficiente para que börsennews.de, un portal líder alemán de noticias económicas, haya concertado una entrevista con el director ejecutivo de BEV Energie (BEV, abreviado), Uwe Kollmar. Algunos de […]

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El Gobierno y la gestión del dolor

bono social luz vela pobreza energética

El viernes, en Las Mañanas de Cuatro se informaba: “Mientras la luz sube un 10% en el año 2017, las pensiones se empobrecen. Mientras el IPC queda en el 1,1%, las pensiones suben un 0,25%, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. También se han empobrecido los sueldos, esta vez los sindicatos luchan por una subida del 3%, pero se está negociando una subida de tan solo el 1%”.

Todo esto venía a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acababa de avisar de que el recibo de la luz había subido ese 10% en 2017. Y pedía que se limite el beneficio de las eléctricas.

Podemos quedarnos en el pasmo, o pasar a la luz.

La luz es un bien de primerísima necesidad, como el agua. En una sociedad como la española, dichos suministros deberían estar garantizados para absolutamente todas las familias. En cambio, en muchas ocasiones es Cáritas quien paga los recibos de luz y agua en los hogares en los que se han cortado los suministros. De hecho, fue Cáritas la que, en su informe de 2017, alertó de que 7 de cada 10 familias en España no han notado eso que llaman el “fin de la crisis”.

¿Qué pasa si te cortan el suministro eléctrico? Más allá de quedarte a oscuras, en la mayoría de los casos te quedas sin calor, es decir, sin calefacción y agua caliente. Pero se dan pocos casos en los que a una familia le corten solo la luz. Normalmente, si te cortan el suministro eléctrico, también lo hacen con el agua y el gas. Eso, además del sufrimiento que supone para las personas, sobre todo la infancia, es causa habitual de enfermedades, y no precisamente psicológicas, que también.

¿Puede España permitir que miles de familias vivan sin suministro de luz o que este tenga que ser abonado por la “caridad cristiana”? Por su puesto que no. Y ese es un fallo del gobierno de la nación. No del Gobierno, que también, sino del gobierno, de cómo se gobierna.

Gobernar un país significa gestionar el bienestar –en la medida de sus posibilidades, que en España son muchas– de la mayor parte posible de la población, algo que tras años de mala gestión e ideología ultraconservadora se nos ha olvidado. Pero, sobre todo, sobre todas las cosas, cualquier buen gobierno exige evitar el dolor de las familias, mucho más si se trata de algo tan sencillo como que tengan acceso a la luz y el agua.

¡La luz y el agua!

¿En qué momento olvidamos que todas las familias españolas tienen derecho a luz y agua y que el Gobierno es el responsable último de que así sea? En el momento en el que se cedió la gestión de los suministros de primerísima necesidad a empresas privadas y se renunció a vigilar y controlar su gestión. Y sí, ahí están las puertas giratorias, en las que se echa a rodar el dolor de las familias sin ningún escrúpulo a cambio de que el ministro o la ministra de turno tengan asegurado unos cientos de miles de euros anuales de por vida.

El frío, la oscuridad y el hambre provocan dolor. Son, junto con la violencia, la mayor fuente de dolor en nuestra sociedad, que llamamos civilizada, culta, occidental, europea y demás martingalas. Pues bien, los sucesivos gobiernos españoles –PP y PSOE– han permitido que sean empresas privadas quienes gestionan el dolor de la población, entre otros, de los 3 millones de niños que viven en situación de pobreza en España. Y ellos –los sucesivos gobiernos de PP y PSOE– son los responsables sin excusas del dolor de cientos de miles de familias.

La gestión del dolor que las eléctricas perpetran aquí ni siquiera es cruel. “Es el mercado, amigo”, como dijo Rato el otro día en su infame comparecencia. Y nosotros hemos permitido que nuestros gobiernos, uno detrás de otro, deleguen el manejo del sufrimiento de la población en “el mercado”.

 

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¿Qué le pasa a Gas Natural Fenosa en Colombia?

Pedro Ramiro y Erika González* // El año pasado solo en el municipio de Barranquilla se produjeron 142 acciones de protesta contra Gas Natural Fenosa. Pero la historia de esta multinacional en Colombia, jalonada por dos décadas de movilizaciones sociales en las que se han venido denunciando la mala calidad y los fallos en la prestación del servicio eléctrico por parte de la compañía, nunca ha ocupado grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Hasta que de pronto todo cambió: “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”, leíamos en todas las portadas el pasado 15 de noviembre.

Con esa decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, como bien podía deducirse del hecho de que los grandes diarios españoles apenas le dedicaran titulares beligerantes —como, por el contrario, sí habían hecho en ocasiones anteriores para hablar de situaciones parecidas en Argentina y Bolivia—, se apuntaba desde el principio no tanto a una nacionalización de Electricaribe, nombre de la filial de la multinacional española en Colombia, sino más bien a una intervención pactada. Pero, al final, parece que no ha sido exactamente así: tras finalizar las negociaciones entre el gobierno colombiano y la compañía española, la Superintendencia de Servicios Públicos —el organismo público que estaba al frente de la intervención de la eléctrica desde noviembre— anunciaba el martes “la liquidación de Electricaribe”.

Cuatro meses de negociaciones

“Seguimos deseando un acuerdo que permita resolver los grandes problemas de morosidad y fraude que somos incapaces de afrontar sin ayuda del gobierno”, decía el consejero delegado de la multinacional, Rafael Villaseca, el pasado 8 de febrero en la presentación de los resultados económicos anuales de Gas Natural Fenosa. Eso sí, por si acaso pudieran fracasar las conversaciones y quisiera desprenderse de ella, la corporación presidida por Isidre Fainé ya puso precio entonces a su filial colombiana: 475 millones de euros.

Después de que se produjera la toma de posesión de la empresa a mediados de noviembre, la Superintendencia de Servicios Públicos fijó el 15 de enero como plazo inicial para decidir el futuro de la compañía eléctrica. Una vez llegada esa fecha, anunció que en base a su propia normativa se daba una prórroga adicional de dos meses para tomar la decisión definitiva. El futuro de Electricaribe quedaría pues establecido, en uno u otro sentido, el 15 de marzo.

Durante estos dos últimos meses el gobierno colombiano ha sido tibio en sus posicionamientos y siempre ha manifestado que barajaba todas las posibilidades, desde la liquidación de la empresa —aunque señalaba que era “un proceso larguísimo”— hasta la coadministración de la compañía “de la mano de los accionistas” o “cualquier otra alternativa legal”. Al terminar este plazo y por sorpresa para buena parte de los colectivos sociales y organizaciones de afectados por la compañía, las autoridades colombianas anunciaron la liquidación de la empresa.

Electricaribe, según el superintendente, “no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”. De ahí que se vaya a iniciar el proceso de búsqueda de otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio. Y, mientras eso ocurre, seguirá siendo Electricaribe quien gestione la electricidad en la región caribeña, continuando con la intervención del Estado colombiano hasta su liquidación definitiva.

Gas Natural Fenosa, por su parte, ya había situado el 3 de marzo como tope para, en el caso de no llegar a un acuerdo, iniciar un litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Apenas diez días después, efectivamente, ha puesto en marcha la maquinaria jurídica para defender sus intereses utilizando todos los mecanismos que la lex mercatoria pone a su disposición.

El primero, la demanda ante el CIADI: en ella plantea una reclamación por su valor contable, que según afirma la multinacional en un comunicado sería muy superior a los 475 millones de su valor financiero. Además, la CEOE ha presionado a la Comisión Europea —en una carta enviada por su presidente Juan Rosell, la patronal española considera que “se establecería un precedente que podría tener consecuencias devastadoras en las actuales y futuras inversiones europeas en todo el mundo, al mandarse una señal equivocada a nuestros socios globales”—, y ha conseguido que la comisaria de Comercio aceptase la solicitud de mediar entre la eléctrica española y el gobierno colombiano. La Comisión ha asegurado que está analizando con el gobierno español los pasos a seguir.

Deudas, subvenciones y quejas

En el origen de toda esta controversia entre la transnacional de matriz española y el gobierno de Santos se encuentra la deuda. En cada comunicado de la compañía se ha venido señalando la elevada morosidad de sus clientes del Caribe colombiano, que se traduciría así en unas deudas acumuladas de más de 1.300 millones de euros. Para Gas Natural Fenosa, esta es la única causa tanto de la baja calidad del servicio prestado como de la situación de quiebra de su filial.

Este impago generalizado del que habla la compañía, sin embargo, no se refleja en sus informes anuales. De hecho, las cifras de cobro no son tan malas: la recaudación se mantuvo en torno al 90% hasta 2015, cuando se redujo al 84%. Precisamente ese año hubo un incremento del 34% en el precio de la electricidad por la escasa producción hidroeléctrica, debido a que el fenómeno de El Niño produjo unos efectos climáticos que repercutieron en la capacidad de pago de la población. También en 2015 Electricaribe integró en su estructura a la empresa Energía Social —la filial creada en su momento por Unión Fenosa para atender a la población más empobrecida, la más deudora—, que suele tener recaudaciones en torno al 50% aunque, gracias a los subsidios estatales con los que se financia parte del consumo de esta población, se ha mantenido alrededor del 80%.

Así, mientras la multinacional publicita unas cifras en las que la deuda aumenta de manera acelerada —según sus propios informes anuales de 2011 y 2012, la deuda a corto plazo acumulada por Electricaribe se multiplicó contablemente por cinco en un solo año—, los propios datos de la filial no parecen respaldar la versión empresarial.

Las organizaciones sociales y las instituciones públicas de la Costa Atlántica, por su parte, no creen que la empresa tenga pérdidas, ya que recibe cuantiosos subsidios del Estado colombiano. Electricaribe recibe el 87% del total del presupuesto público destinado a las empresas eléctricas para reducir la factura de las familias más empobrecidas. Y las ayudas estatales no se quedan únicamente en el ámbito del consumo, pues abarcan también programas de apoyo a la construcción de infraestructuras.

Razones como estas llevan al antiguo alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, a desconfiar de la versión oficial de la empresa: “A pesar de las pérdidas que achaca a la falta de pago de la población más pobre, Gas Natural Fenosa es compensada por el Estado colombiano con subsidios, de manera que no se justifica la pésima prestación del servicio”. Según distintos colectivos sociales y comunidades afectadas, todo apunta a otros motivos como el incremento continuo del precio, el mal estado de las redes, las suspensiones continuas del servicio y el enfrentamiento cotidiano entre trabajadores —empleados o subcontratados— como las verdaderas raíces del conflicto.

La Superintendencia de Servicios Públicos recibe 85.000 quejas al año en contra de Electricaribe. La Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos ha contabilizado 529 muertes por electrocución entre 2004 y 2012 por problemas derivados de las malas infraestructuras eléctricas. Y, según los cálculos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sectores comerciales e industriales pierden 3.215 millones de pesos por cada hora sin luz en una ciudad como la capital del departamento del Atlántico. En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas.

¿Un acuerdo para la inversión?

Tras la intervención de su filial, Gas Natural Fenosa declaró su deseo de llegar a “un acuerdo entre las partes que le permita retomar el control de la empresa (Electricaribe) y acometer a la mayor brevedad el necesario plan de inversiones”. Una afirmación paradójica, porque su liquidación y la retirada de la gestión de la compañía ha sido motivada, precisamente, por la falta de inversión y la ausencia de liquidez para acometerla.

El problema de la inversión viene de lejos. El Estado colombiano intentó abordarlo a través del Plan 5 Caribe, un programa público que se vino desarrollando en alianza con Electricaribe. El objetivo de este plan, en palabras del ministro de Minas y Energía, era “resolver el problema de fondo, una calidad deficiente en la prestación del servicio que se origina por una baja inversión”. De esta forma en 2015 el gobierno autorizó una inversión pública por valor de dos billones de pesos para mejorar la infraestructura y redes eléctricas. Naturalmente, estas inversiones no mermaban los subsidios existentes en el sector de la electricidad y la búsqueda de alternativas para el pago de las deudas de la población y los entes territoriales. Según el Estado, estas ascienden a medio billón de pesos —unos 164 millones de euros al cambio actual—; según la empresa, a un billón de pesos —unos 329 millones de euros—. En cualquier caso, ambas cifras quedan lejos de los más de 1.000 millones de euros en deudas que dice tener Electricaribe por impagos.

La contraprestación que debía asumir Electricaribe era llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio eléctrico, pero tales acuerdos no llegaron siquiera al 30% de lo pactado para el año 2016. Electricaribe no cumplió su compromiso de inversión ni tampoco contó con la liquidez necesaria para comprar la electricidad que debía llegar a la población, lo que a ojos del actual gerente de la compañía intervenida, nombrado por el Estado colombiano, constituía el principal problema para garantizar el servicio a lo largo de este año. Por eso, las primeras medidas derivadas de la intervención consistieron en inyectar 120.000 millones de pesos del erario público a la empresa y aumentar el tamaño del fondo público con el que tendrían que cubrirse futuros compromisos de pago y deuda.

¿Y ahora qué?

Desde que Unión Fenosa tomó las riendas de Electricaribe en el año 2000, dos aspectos clave han marcado su negocio: la deuda, procedente de los impagos, y los subsidios e inversiones públicas que han ido alimentando las cuentas de la compañía. Cada vez que Electricaribe se encontraba con una mala situación financiera, ya fuera por las deudas o por la propia gestión de la compañía —algo difícil de determinar debido a la ausencia de datos públicos—, reclamaba fondos al Estado colombiano y este respondía. Así pasó con el Acuerdo de Malambo en 2003 y así lo intentaron, además de con otras medidas, con el Plan 5 Caribe en 2015. Pero eso, en esta ocasión, no ha sido suficiente.

¿Qué ha cambiado para que el gobierno y la multinacional, esta vez, no se hayan puesto de acuerdo? Difícil saberlo, porque todo el proceso de negociación ha sido a puerta cerrada, aunque todo apunta a que ambos actores tienen nuevos planes para la empresa: el gobierno podría querer beneficiar a otro operador —extranjero o incluso estatal—, mientras que Gas Natural Fenosa podría haber dado por amortizada su filial caribeña y estaría interesada en obtener la mayor cantidad de dinero posible por ella. En todo caso, lo que sí es seguro es que a partir de ahora se abren tres escenarios.

Primero: a pesar del anuncio de liquidación por parte del gobierno de Santos y la demanda internacional por parte de la compañía, es posible que los representantes del Estado colombiano y de Gas Natural Fenosa vuelvan a sentarse a negociar y puedan llegar a un acuerdo con el que seguir gestionando la empresa. Es una posibilidad que aún no está definitivamente cerrada, porque como decía ayer José Miguel Mendoza, máximo responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos, “la ley establece la posibilidad de negociación, en procesos de liquidación como el de Electricaribe se puede corregir el rumbo y frenar la liquidación si se cumplen las exigencias, en este caso inversiones que superen la obsolescencia de las redes de Electricaribe”. Dicho de otro modo: si la compañía invirtiera parte de lo que le exige el gobierno colombiano, se acabaría el problema.

Segundo: que la multinacional española dé por perdida su filial Electricaribe y se centre en conseguir la mayor cifra posible de compensación, negociando con el gobierno colombiano la indemnización a la vez que esgrime la demanda ante el CIADI como amenaza. El ejecutivo de Santos, por su parte, podría vender la empresa tras liquidarla y con eso conseguir liquidez para pagar a los acreedores; después, si quedasen “recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa”, ha confirmado Mendoza. Es decir, que el monto de la compensación a la española aparece como la cuestión principal a debatir a partir de este momento.

Y tercero: que el Estado se haga cargo de la empresa eléctrica, en lo que vendría a ser una nacionalización, bien sea a través de una de las compañías públicas ya existentes, bien creando una nueva y corresponsabilizando a las diferentes instituciones estatales implicadas en su gestión. Como defiende el exalcalde de Santa Marta, “nuestra propuesta es que si el Estado avanza con la reestructuración sea para nacionalizarla, que cese la presencia de Gas Natural Fenosa”. Y eso, además, tendría que hacerse tras la realización de una auditoría socioeconómica de la compañía, que hiciera público qué deudas tendrían que pagarse y cuáles no, incluido el monto que exige la transnacional.

En la carta que el Comité por la defensa de los usuarios contra los abusos de Electricaribe remitió a Juan Manuel Santos hace unos días se recordaba que “estos servicios esenciales, por ser un sector estratégico, deben ser prestados por empresas estatales”. Y que “debe garantizarse una transformación estructural del modelo de prestación de estos servicios”, para garantizar “el derecho al acceso y la universalización de los servicios públicos a toda la población, con una administración libre de corrupción y un control social real”. Sin duda, a la vista de la trayectoria neoliberal del actual gobierno colombiano, esta parece la opción más improbable.

* Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Cádiz ultima un bono social eléctrico alternativo al del Gobierno

bono social luz vela pobreza energética

La reforma del bono social eléctrico pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada esta semana en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos, puede acabar nuevamente en los tribunales, pero esta vez por iniciativa de las pequeñas comercializadoras, como Eléctrica de Cádiz, que ya ha anunciado que recurrirá el decreto ley tras su desarrollo reglamentario. A partir de ese momento, en unos tres meses, estas compañías tendrán que financiar también la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Hasta la fecha, la ayuda ha tenido un coste anual de unos 200 millones de euros y ha beneficiado a unos 2,4 millones de clientes. El PSOE asegura que está buscando una fórmula en el reglamento para evitar que las pequeñas comercializadoras salgan perdiendo. Podemos no sólo rechaza el modo de financiación, sino el bono en sí porque considera que no responde a la pobreza energética y se trata de una ayuda caritativa más.

“Es un disparate y un atropello para las comercializadoras como la nuestra, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”, denuncian desde Eléctrica de Cádiz, de mayoría municipal, que calcula que tendría que asumir un importe anual de 542.885 euros, la mitad de sus beneficios: “Ello nos obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y, por tanto, conllevaría la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.

Además, la eléctrica, que da servicio al 80% de las familias gaditanas según los datos aportados por el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono -que a partir de ahora será aplicado según la renta familiar- porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento. Es decir, los potenciales beneficiarios de las pequeñas eléctricas tendrán que cambiarse de compañía para poder acceder a la ayuda. “Obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”, afirma el concejal de Hacienda y presidente de la compañía, David Navarro. En el pleno anterior a la aprobación del decreto en el Congreso, el Ayuntamiento (Podemos y Ganar Cádiz) llegó a votar por unanimidad una moción para instar al Gobierno y a todos los partidos a no validarlo hasta corregir estas cuestiones.

Otras pequeñas comercializadoras, como la cooperativa Som Energia, coinciden en el análisis: “Si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida”, analiza. “El criterio debe ser la energía que vendan, no los clientes que tengan, igual que sucede en cualquier mercado de bienes, en el que se valora el volumen del negocio según las unidades totales vendidas, sea al cliente que sea, y no solo por a cuántos clientes venden sus unidades”, añade la cooperativa. De momento, Som Energia no se plantea recurrir el decreto “no porque no sea oportuno hacerlo sino por falta de medios”.

La propuesta de Cádiz

En el caso de Cádiz se suma otra circunstancia: el consistorio prepara un bono alternativo que financiaría una parte de los beneficios de la suministradora local. Anualmente, unas 2.000 familias solicitan ayuda municipal para pagar sus recibos de la luz, en los que el Ayuntamiento invierte cada año entre 500.000 y 600.000 euros, detallan desde el consistorio. En este nuevo contexto, Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo ponerlo en marcha. “El Gobierno propone sacar dinero a las pequeñas comercializadoras para enriquecer al oligopolio energético y excluye al 80% de los gaditanos y gaditanas. Tenemos derecho a poner en marcha el bono social de Cádiz”, afirmó el alcalde, José María González Kichi, el día que el Congreso validó el decreto ley.

La propuesta de bono municipal, basado en la renta familiar, progresivo y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, consiste en la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada. Los beneficiarios pagarán el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

Tiene previsto incluir dos tipos en función de la renta familiar: en el primero se bonificará el 100% de una cantidad de energía suficiente para cubrir los servicios energéticos básicos (cocinar, aseo, iluminación, comunicación y estudio) y un tramo de potencia de 2,3KW; y en el segundo se bonificará el 50% de dicha cantidad. “Es decir, que si la familia se ajusta a la cantidad de energía bonificada pagará una factura muy reducida, que no llegaría a los 10 euros mensuales”, asegura la coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, Alba del Campo. Los beneficiarios deberán asistir a talleres sobre ahorro y eficiencia energética y se les enseñará a entender el recibo eléctrico.

La propuesta está basada en un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que analiza una muestra de familias que han recibido ayudas del ayuntamiento entre 2015 y 2016 para pagar la luz. “Vemos de qué manera se consume la energía en los hogares y diferenciamos entre estructurales, es decir, consumos básicos de la vida, y los no estructurales, los que se pueden prescindir. Se trata de un informe objetivo y técnico que hemos elaborado de forma altruista para que se aproveche políticamente y se le dé la forma necesaria para construir un bono social más justo y más universal”, explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y decano del Colegio de Cádiz, Domingo Villero. “En algunas casas hemos encontrado situaciones penosas: con apenas una bombilla en el techo y un hornillo de gas”, describe.

“El objetivo es asegurar que todos los hogares tengan acceso a una cantidad de electricidad suficiente para cubrir sus necesidades domésticas más básicas: cocinar, aseo personal y doméstico, iluminación, climatización y estudio y que, en consecuencia, ninguna familia quede excluida del acceso a la energía por razones económicas o de vulnerabilidad”, resume la Mesa contra la Pobreza Energética. Hasta el momento, todos los representantes políticos y miembros técnicos del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz han apoyado el bono, a excepción del PP y Endesa, que aún no han manifestado su posición. En los próximos días, el alcalde realizará una segunda ronda de contactos. 

A la espera del reglamento

El nuevo bono estatal está pendiente ahora del desarrollo reglamentario en los próximos tres meses, donde quedarán definidos los consumidores vulnerables y los baremos de renta. La nueva propuesta amplía el plazo de dos a cuatro meses para proceder al corte de la luz en caso de impago y establece la obligatoriedad de avisar desde el primer momento al consumidor y los servicios sociales, que gestionarán los casos. 

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que el real decreto es un parche que no acabará con la pobreza energética: “La electricidad constituye solo el 35% del consumo doméstico. Es necesario un bono social energético que incorpore, además, suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles con los que se calientan el 65% de los hogares”. Facua llega a la misma conclusión: “Es un decreto carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo”.

La validación de este decreto se ha producido la misma semana en que millones de ciudadanos han recibido la abultada factura de la luz de enero y el mismo día que se hizo público el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España, un cargo propio de puerta giratoria que le reportará en torno a 150.000 euros brutos al año. Según los datos de Eurostat de 2015, la electricidad en España es la cuarta más cara de toda Europa, por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y la subida de los precios supera a la media europea (un 4,1% frente al 2,9%). Un 11% de los hogares, es decir, 5,1 millones de españoles, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio sitúa al 7% en una situación de pobreza energética. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones señaladas con mayor grado de afección.

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¿Qué precios aumentarán y cuáles disminuirán en 2017?

gasolina

Comienza un nuevo año y los precios de productos y servicios que utilizamos cotidianamente se encarecerán, se abaratarán o se quedarán igual. En este artículo ofrecemos las previsiones más generalizadas sobre la evolución de los precios más destacados para una familia media. Los precios de algunos productos están fuertemente regulados o están condicionados por una serie de factores sujetos a decisiones políticas y podemos saber más o menos cuál será su comportamiento; otros responden más a factores volátiles de mercado y por lo tanto cualquier previsión podrá errar notablemente.

Combustibles

Casi todas las opiniones coinciden: el petróleo será más caro en 2017 que en 2016. De hecho, ya los primeros días de enero el precio del barril Brent de petróleo ha superado los 57 dólares, algo que no ocurría desde abril de 2015.

Este ascenso comenzó el pasado 30 de noviembre de 2016 debido a que los países de la Organización de los países exportadores de petróleo (OPEP), bajo el liderazgo de Abu Dhabi, Kuwait y Catar, acordaron reducir en un millón de barriles la producción diaria de petróleo. Con menos oferta, el precio tiende a aumentar. No obstante, está por ver cuánto aumentará el precio del petróleo; difícilmente veremos en 2017 unos precios tan elevados como los de 2011, 2012 y 2013 porque hay serias dudas de que el acuerdo de la OPEP llegue a implementarse adecuadamente (algunos países importantes como Libia no firmaron el acuerdo; Arabia Saudí recortará la producción en febrero en vez de en enero como estaba acordado, etc), porque todavía hay elevados stocks de petróleo, porque los hidrocarburos no convencionales (como el obtenido a través de fracking) empujan a la baja los precios, y porque este invierno se prevé menos duro y por lo tanto habrá menos consumo de energía.

Como todo el mundo sabe, el precio del petróleo afecta al de los combustibles de una forma directa, aunque mucho más cuando los precios suben (efecto cohete) que cuando bajan (efecto pluma). La gasolina cuesta ya de media 1,21 euros el litro, cuando hace un año rondaba los 1,14.

Electricidad

Es imposible saber cuánto, pero el precio de la luz también subirá; lo dan por hecho tanto el sector eléctrico como los expertos. Y ello a pesar de que la parte regulada del precio (en torno a un 60%) ha vuelto a ser congelada por el Gobierno. Esto es así porque la parte no regulada depende del precio de la climatología y de la materia prima (gas y petróleo, fundamentalmente), que ya hemos visto que ya se está encareciendo.

Además, la desconexión de varias centrales nucleares francesas ha provocado que le vendamos energía al país vecino, lo que empuja al alza su precio. En las últimas semanas el precio del megavatio ha pasado de 40 euros a más de 60. De hecho, este incremento tan acelerado ha conllevado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue el fenómeno por si han existido irregularidades. Por otro lado, es muy probable que se produzca una leve subida del margen de las comercializadoras de mercado regulado por una sentencia del Tribunal Supremo.

Gas

Existe consenso en creer que el precio del gas aumentará en 2017. Aunque, como en el caso de la luz, el gobierno ha congelado la parte regulada del recibo, el aumento del precio de la materia prima (que ha aumentado más de un 14% desde septiembre) acabará trasladándose previsiblemente al coste del gas. Aquellas familias que tengan contratada una tarifa de último recurso (TUR) verán incrementar su recibo en torno a un 3%.

Agua

Con casi toda probabilidad, el precio del agua se mantendrá inalterado en 2017 en la mayoría de regiones del país. No hay motivos a la vista para pensar que el precio del agua sufrirá alteraciones importantes. El precio depende fundamentalmente de la orografía, ergo hay diferencias notables entre un territorio y otro. De hecho, según un reciente estudio de Facua realizado en 28 ciudades españolas, hay localidades donde el precio es el triple que en otras. Los importes llegan a pasar de los 10,82 euros al mes de Valladolid, la ciudad más barata, para un consumo de diez metros cúbicos mensuales en contador de 15mm, hasta los 48,62 euros en Alicante, que posee la factura más cara encontrada por el estudio, y que llega a suponer importes anuales que alcanzan los 453 euros. En el año 2015, en algunas ciudades el precio disminuyó, en otras quedó igual, y en otras aumentó.

En Barcelona y Madrid las tarifas se han congelado para 2017. En el caso del área metropolitana de la ciudad condal, la factura debía subir un 4,6%, pero el Govern rechazó el aumento, por lo que la situación seguirá igual. En Madrid, además del mantenimiento de las tarifas, se ampliará el alcance de la tarifa social.

Hipoteca

El precio de las hipotecas suscritas a tipo de interés variable no aumentarán en 2017, y puede incluso que experimentan una nueva aunque reducida bajada. Esto es así porque el Banco Central Europeo (BCE) ha dejado claro que no aumentará el tipo oficial del dinero durante todo 2017, y cualquier otro tipo de interés (como el Euribor) depende de ese tipo oficial. De hecho, el Euribor puede incluso que continúe descendiendo este año, aunque en todo caso lo haría en una proporción muy reducida pues no tiene mucho margen para ello.

Telefonía

El precio medio de la telefonía aumentará en 2017. Esto es así porque la principal compañía operadora, Telefónica Movistar, ha anunciado un incremento en sus servicios (algunos acompañados de mejoras, otros no) como es el caso de su paquete convergente –móvil, fijo e internet- a partir de febrero en un 5%, y también en servicios como el desvío de llamada, mantenimiento o identificación de llamada.

Transporte público

No hay previsto incrementos en el precio del transporte público en 2017, aunque depende de cada región. En las dos ciudades más grandes (Madrid y Barcelona) los precios de todo el transporte público seguirán congelados. En el caso del metro se cumplen ya cinco y tres años con los precios inalterados en Madrid y Barcelona, respectivamente.

Vivienda

Está previsto que el precio de las viviendas se mantenga o aumente ligeramente en 2017. El incremento se producirá en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián o Alicante, mientras en otras localidades menos pobladas la evolución podría seguir a la baja.

Peajes

Por segundo año consecutivo, los precios de las autopistas de peaje dependientes del Estado bajarán. En 2017 caerán de media un 0,4%, frente al 0,6% de este ejercicio. Aunque llama mucho la atención que después del enorme esfuerzo económico que va a realizar el Estado por rescatar muchas de estas autopistas quebradas los peajes no se vuelvan gratuitos como tantas organizaciones están reclamando.

Vuelos

No está previsto que el precio de los billetes aéreos vayan a aumentar en 2017. A pesar de que uno de los costes de producción más importantes de las aerolíneas es el petróleo y que éste previsiblemente aumentará, en el sector las empresas se suelen cubrir de la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. El informe American Express Global Business Travel prevé que los precios de los billetes se mantengan en España. Por otro lado, en marzo se deben negociar las tasas aeroporturarios y está previsto que el resultado sea un descenso en las mismas, lo que en teoría debería presionar a la baja en los precios de los billetes.

Los precios de los vuelos aumentaron hasta 2013 por regla general, pero con el abaratamiento del petróleo comenzaron a descender (entre 2013 y 2015 cayeron un 1% los precios de los destinos nacionales, un 13% los de los destinos europeos, y hasta un 30% en el caso de destinos extranjeros no europeos).

Sellos

El precio de los sellos aumentará un 11,1% en 2017, su mayor incremento de la última década. El sello ofrecido por Correos para su servicio postal público a un destino nacional pasará a costar de 45 céntimos a 50. En el 2015 aumentó un 10,5%, y en 2016 un 7,1%. Los sellos destinados a países europeos también aumentan, un 8,7%, de 1,15 a 1,25 euros. Aquellos sellos para envíos más allá de Europa aumentarán un 3,8%, de 1,30 a 1,35 euros.

Tabaco

El precio del tabaco aumentará en 2017. El gobierno ha incrementado el tipo específico que grava el tabaco un 2,5% para los cigarrillos y un 6,8% para el tabaco de liar, y las compañías ya lo han repercutido en el precio (Altadis ha encarecido diez céntimos el envase blando del Fortuna, Philip Morris ha encarecido sus marcas Marlboro y Chesterfield, también en 10 céntimos de euro).

Alcohol

Las bebidas de alcohol de mayor graduación se encarecerán en 2017. El Gobierno ha incrementado un 5% el impuesto que recae sobre el alcohol, aunque quedan fuera el vino y la cerveza.

Bebidas azucaradas

El precio de la bebidas azucaradas se incrementarán en 2017. El Gobierno ha anunciado un incremento del impuesto sobre este tipo de productos, aunque no ha concretado cuándo lo ejecutará ni en qué proporción. La Organización Mundial del Comercio (OMC) recomienda incrementarlo en un elevado 20%.

Salario mínimo y pensiones

Frente a los citados incrementos de los precios, las pensiones sólo se revalorizarán un 0,25% y el salario mínimo que afecta al 12,9% de los trabajadores aumentará un 8%.

 

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