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El final del imperio de Endesa en Galicia

Zona de almacenamiento del carbón con la central térmica al fondo. Foto: Toni Martínez.

Dos ñandúes salen al paso de los caminantes que pasean por la estrecha acera situada cerca de las macro instalaciones que Endesa posee en As Pontes de García Rodríguez, un municipio en la frontera que separa A Coruña y Lugo. Junto a estos dos exóticos animales hay también gallinas, avestruces, un pavo real y varios ciervos, todos ellos a escasos metros de cuatro gruesas chimeneas que no dejan de echar vapor de agua, y otra mucho más fina y alta que expulsa humo producto de la quema de carbón. Con este pequeño zoo, que mengua año tras año, Endesa quiso demostrar a principios de la década de los 80 que era posible la convivencia feliz entre los seres vivos y su producción de energía.

La multinacional posee en la villa coruñesa una central térmica, una hidroeléctrica, un parque de carbón, dos presas y una amplia extensión de terreno que incluye un lago artificial creado en la antigua mina. La central y la mina asociada a ella han sido las infraestructuras más contaminantes del Estado español en los últimos años. La bonanza económica que vivía la zona tapaba cualquier denuncia de contaminación. Luis [no quiere que su nombre verdadero aparezca publicado en el reportaje] pertenecía a un pequeño grupo ecologista y asegura que la contaminación se notaba en las aldeas cercanas. “El polvo que flotaba en la atmósfera quemaba las cosechas; caía en una col y estaba perdida”, apunta. “Además –continúa– destrozaron muchas mámoas [dólmenes funerarios] de una riqueza patrimonial muy importante”. Luis señala a las presiones de Endesa y al carácter gallego la falta de presión social sobre la central, incluso ahora, cuando asegura que toda la contaminación que todavía produce la central acaba en el río y llega a Pontedeume, un municipio cercano.

Lee el reportaje completo en la web de #YoIBEXtigo.

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La Guardia Civil investiga a Iberdrola por alterar el precio de la luz

Juan Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola I La Marea

MADRID // La Guardia Civil investiga si la compañía eléctrica Iberdrola se lucró por alterar el precio de la luz en el año 2013. La investigación surge a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, y ha llevado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hasta las sedes de la empresa en Bilbao y Madrid para requerir información sobre los hechos, informa Efe.

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta “muy grave”.

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor.

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La CNMC multa a cuatro eléctricas por cambiar contratos sin consentimiento

MADRID // La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con una multa de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. La CNMC recibió siete reclamaciones de usuarios, quienes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su aprobación.

En consecuencia, el regulador procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural por incumplir varios artículos del sector eléctrico y de hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador, y asimismo, las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento de los clientes.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios.

Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica —sobre todo en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores—. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Esta sanción a las eléctricas llega horas después de que el Tribunal Supremo ratificara la sanción de 600.000 euros a Iberdrola, impuesta en 2012 por la Comunidad de Madrid, por ocultar información sobre los procedimientos que siguió durante 2010 para cortar el suministro eléctrico por impago a usuarios acogidos a la tarifa regulada (actual PVPC), en aquel momento mayoritaria entre los consumidores.

 

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Las grandes eléctricas aumentan beneficios y evitan dar la cara

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Foto: IBERDROLA

MADRID // 2016 fue un buen año para las tres grandes empresas eléctricas de España. En su conjunto, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa obtuvieron un beneficio neto de 5.463 millones de euros, un 9% más que el año anterior. La eléctricas confirman o incluso aumentan los dividendos en los próximos años.

Endesa, cuyo accionista principal es la empresa semipública italiana Enel con el 70%, ganó 1.411 millones de euros, un 30% más que en 2015. Unas cifras millonarias, pese a que la producción de electricidad en la península Ibérica —el único mercado donde opera después de que los italianos se hicieran con todo el negocio en Latinoamérica—, cayó un 7,7%. La compañía presidida por Borja Prado dedica el 100% del beneficio al pago del dividendo, del que el Estado italiano se lleva una buena parte.

Gas Natural Fenosa ganó 1.347 millones de euros, un 10% menos que en 2015, algo que la empresa atribuye al impacto negativo de las divisas latinoamericanas. España aporta el 55% al resultado operativo (Ebitda), y la producción de electricidad bajó un 9,7%. La empresa, que ha sido controlada desde hace décadas por La Caixa y Repsol, dedica el 74,3% de su beneficio a dividendo, en total 1.001 millones de euros.

Iberdrola, por su parte, subió el beneficio neto un 11,7%, hasta alcanzar los 2.705 millones de euros. España aporta el 45% a la producción eléctrica. La generación de energías renovables aumentó ligeramente (ya representa el 40,8% del total de la producción de Iberdrola en el mercado doméstico) y la producción hidráulica se disparó un 48,2%. La falta de viento y de lluvias es uno de los factores que se han alegado para explicar la fuerte subida del precio de la luz a principios de este año (aunque esto se verá reflejado en las cuentas del 2017). El resultado operativo subió un 5% gracias a la mayor producción de energía. La empresa presidida desde hace más de una década por Ignacio Sánchez-Galán ha anunciado que subirá el dividendo de aquí hasta 2020 un 30%, y dedicará entre el 65% y el 75% de su beneficio a la retribución del accionista.

Hasta aquí las cifras. Los periodistas no tuvieron la oportunidad de preguntar a los máximos responsables de las eléctricas por temas controvertidos como la subida de la luz en enero o la pobreza energética porque hace tiempo que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que dedican amplios recursos a campañas publicitarias y están entre los principales anunciantes de muchos medios de comunicación, no ofrecen ruedas de prensa para presentar sus cuentas anuales. Se limitan a dar explicaciones en conferencias telefónicas a los analistas, que no suelen preocuparse por cuestiones sociales.

En otros sectores existe más transparencia. Los bancos, por ejemplo, no solo convocan una rueda de prensa para presentar las cuentas anuales, donde comparece el presidente o presidenta de la entidad. También invitan a los medios cada trimestre para que el consejero delegado dé cuenta de la marcha de los negocios.

En el pasado, Endesa —antes de que cayera en manos de Enel— e Iberdrola sí celebraban ruedas de prensa anuales donde daban la cara. Sánchez-Galán se limitó este año a dar una entrevista a la agencia norteamericana Bloomberg TV. Esta práctica de esconderse de preguntas incómodas de los periodistas no es exclusiva a las eléctricas. La petrolera Repsol acompañó esta semana la nota de prensa de sus resultados del 2016 con un videomensaje de su presidente Josu Jon Imaz, expresidente del Partido Nacionalista Vasco. Algunos medios de comunicación publicaron este mensaje por plasma en sus páginas web, tal cual.

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Cádiz ultima un bono social eléctrico alternativo al del Gobierno

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La reforma del bono social eléctrico pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada esta semana en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos, puede acabar nuevamente en los tribunales, pero esta vez por iniciativa de las pequeñas comercializadoras, como Eléctrica de Cádiz, que ya ha anunciado que recurrirá el decreto ley tras su desarrollo reglamentario. A partir de ese momento, en unos tres meses, estas compañías tendrán que financiar también la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Hasta la fecha, la ayuda ha tenido un coste anual de unos 200 millones de euros y ha beneficiado a unos 2,4 millones de clientes. El PSOE asegura que está buscando una fórmula en el reglamento para evitar que las pequeñas comercializadoras salgan perdiendo. Podemos no sólo rechaza el modo de financiación, sino el bono en sí porque considera que no responde a la pobreza energética y se trata de una ayuda caritativa más.

“Es un disparate y un atropello para las comercializadoras como la nuestra, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”, denuncian desde Eléctrica de Cádiz, de mayoría municipal, que calcula que tendría que asumir un importe anual de 542.885 euros, la mitad de sus beneficios: “Ello nos obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y, por tanto, conllevaría la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.

Además, la eléctrica, que da servicio al 80% de las familias gaditanas según los datos aportados por el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono -que a partir de ahora será aplicado según la renta familiar- porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento. Es decir, los potenciales beneficiarios de las pequeñas eléctricas tendrán que cambiarse de compañía para poder acceder a la ayuda. “Obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”, afirma el concejal de Hacienda y presidente de la compañía, David Navarro. En el pleno anterior a la aprobación del decreto en el Congreso, el Ayuntamiento (Podemos y Ganar Cádiz) llegó a votar por unanimidad una moción para instar al Gobierno y a todos los partidos a no validarlo hasta corregir estas cuestiones.

Otras pequeñas comercializadoras, como la cooperativa Som Energia, coinciden en el análisis: “Si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida”, analiza. “El criterio debe ser la energía que vendan, no los clientes que tengan, igual que sucede en cualquier mercado de bienes, en el que se valora el volumen del negocio según las unidades totales vendidas, sea al cliente que sea, y no solo por a cuántos clientes venden sus unidades”, añade la cooperativa. De momento, Som Energia no se plantea recurrir el decreto “no porque no sea oportuno hacerlo sino por falta de medios”.

La propuesta de Cádiz

En el caso de Cádiz se suma otra circunstancia: el consistorio prepara un bono alternativo que financiaría una parte de los beneficios de la suministradora local. Anualmente, unas 2.000 familias solicitan ayuda municipal para pagar sus recibos de la luz, en los que el Ayuntamiento invierte cada año entre 500.000 y 600.000 euros, detallan desde el consistorio. En este nuevo contexto, Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo ponerlo en marcha. “El Gobierno propone sacar dinero a las pequeñas comercializadoras para enriquecer al oligopolio energético y excluye al 80% de los gaditanos y gaditanas. Tenemos derecho a poner en marcha el bono social de Cádiz”, afirmó el alcalde, José María González Kichi, el día que el Congreso validó el decreto ley.

La propuesta de bono municipal, basado en la renta familiar, progresivo y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, consiste en la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada. Los beneficiarios pagarán el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

Tiene previsto incluir dos tipos en función de la renta familiar: en el primero se bonificará el 100% de una cantidad de energía suficiente para cubrir los servicios energéticos básicos (cocinar, aseo, iluminación, comunicación y estudio) y un tramo de potencia de 2,3KW; y en el segundo se bonificará el 50% de dicha cantidad. “Es decir, que si la familia se ajusta a la cantidad de energía bonificada pagará una factura muy reducida, que no llegaría a los 10 euros mensuales”, asegura la coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, Alba del Campo. Los beneficiarios deberán asistir a talleres sobre ahorro y eficiencia energética y se les enseñará a entender el recibo eléctrico.

La propuesta está basada en un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que analiza una muestra de familias que han recibido ayudas del ayuntamiento entre 2015 y 2016 para pagar la luz. “Vemos de qué manera se consume la energía en los hogares y diferenciamos entre estructurales, es decir, consumos básicos de la vida, y los no estructurales, los que se pueden prescindir. Se trata de un informe objetivo y técnico que hemos elaborado de forma altruista para que se aproveche políticamente y se le dé la forma necesaria para construir un bono social más justo y más universal”, explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y decano del Colegio de Cádiz, Domingo Villero. “En algunas casas hemos encontrado situaciones penosas: con apenas una bombilla en el techo y un hornillo de gas”, describe.

“El objetivo es asegurar que todos los hogares tengan acceso a una cantidad de electricidad suficiente para cubrir sus necesidades domésticas más básicas: cocinar, aseo personal y doméstico, iluminación, climatización y estudio y que, en consecuencia, ninguna familia quede excluida del acceso a la energía por razones económicas o de vulnerabilidad”, resume la Mesa contra la Pobreza Energética. Hasta el momento, todos los representantes políticos y miembros técnicos del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz han apoyado el bono, a excepción del PP y Endesa, que aún no han manifestado su posición. En los próximos días, el alcalde realizará una segunda ronda de contactos. 

A la espera del reglamento

El nuevo bono estatal está pendiente ahora del desarrollo reglamentario en los próximos tres meses, donde quedarán definidos los consumidores vulnerables y los baremos de renta. La nueva propuesta amplía el plazo de dos a cuatro meses para proceder al corte de la luz en caso de impago y establece la obligatoriedad de avisar desde el primer momento al consumidor y los servicios sociales, que gestionarán los casos. 

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que el real decreto es un parche que no acabará con la pobreza energética: “La electricidad constituye solo el 35% del consumo doméstico. Es necesario un bono social energético que incorpore, además, suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles con los que se calientan el 65% de los hogares”. Facua llega a la misma conclusión: “Es un decreto carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo”.

La validación de este decreto se ha producido la misma semana en que millones de ciudadanos han recibido la abultada factura de la luz de enero y el mismo día que se hizo público el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España, un cargo propio de puerta giratoria que le reportará en torno a 150.000 euros brutos al año. Según los datos de Eurostat de 2015, la electricidad en España es la cuarta más cara de toda Europa, por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y la subida de los precios supera a la media europea (un 4,1% frente al 2,9%). Un 11% de los hogares, es decir, 5,1 millones de españoles, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio sitúa al 7% en una situación de pobreza energética. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones señaladas con mayor grado de afección.

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