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Marea Granate: “Se está impidiendo que mucha gente en el exterior vote”

Protesta de Marea Granate contra el voto rogado frente al consulado de España en París.

“Son las novenas elecciones en las que aportamos información detallada para cada caso y atendemos las irregularidades y trabas que están surgiendo”, explica María Almena, de Marea Granate. Faltan pocos días para las elecciones catalanas del 21-D y una vez más este colectivo de emigrantes españoles pone en marcha una campaña de información y ayuda que, en teoría, correspondería a los consulados y al propio Ministerio de Asuntos Exteriores.

Marea Granate asegura que las elecciones autonómicas catalanas serán “muy poco garantistas” y registrarán “una participación muy baja” entre la población catalana que vive en el extranjero, una constante que se repite desde que en 2011 PP, PSOE y la extinta CiU aprobaron el voto rogado, un engorroso protocolo burocrático que obliga a rogar el voto como requisito previo a la participación electoral, obstaculizando este derecho fundamental a 2,4 millones de electores españoles en el extranjero y desalentando la participación electoral desde el exterior. Además, en los comicios catalanes hay varios problemas añadidos: las demoras en el envío de papeletas y sobres debido al puente, las impugnaciones registradas en la provincia de Barcelona y, de nuevo,  la escasez de recursos y la falta de previsión en los consulados, agravan aún más la carrera de obstáculos para ejercer el derecho a voto.

Marea Granate es un colectivo apartidista y horizontal presente en más de 20 países que defiende los derechos de los españoles que viven en el extranjero. Este miércoles representantes del colectivo emigrante acuden por primera vez al Congreso para denunciar la larga lista de trabas que enfrenta la emigración española a la hora de votar y exponer distintas soluciones. María Almena, científica residente en Francia y portavoz del Grupo de Voto de Marea Granate, da más detalles sobre el asunto.

¿A qué habéis venido al Congreso?

Hemos venido a comparecer en la Comisión Constitucional, que se encarga de la reforma de la Ley Electoral, para exponer nuestra propuesta sobre la parte que afecta al voto exterior, que ha sido un problema desde que se reformó la ley en 2011. La participación cayó un 85%, pasando del 35% en elecciones generales a no llegar al 6% ahora. Se está impidiendo que mucha gente en el exterior vote, con el agravante de que cada vez hay más emigrantes fuera del país. Estamos hablando de cerca de dos millones de personas en el censo electoral exterior que no pueden votar con garantías.

¿Es habitual que los partidos os escuchen?

No es habitual que nos escuchen, nos ha costado bastante interaccionar con ellos. No hay canales fáciles y hemos tenido que protestar mucho estos años atrás para provocar un escándalo mediático y que el problema fuera escuchado. Aunque muchos partidos se hayan comprometido y lleven la derogación del ruego del voto en sus programas, nos preocupa que se antepongan cálculos partidistas y electorales frente a la necesidad democrática de hacer una reforma electoral adecuada para quienes estamos fuera. Les pedimos que dejen de lado los cálculos electoralistas, que sean valientes y justos a la hora de legislar. Nos preocupa mucho que promuevan una reforma parcial que no arregle nuestros problemas. Cuesta mucho hacer llegar la problemática de los emigrantes al Estado español, por la lejanía, la falta de contacto con los medios de comunicación… Esto sucede también con los partidos y con la sociedad en general.

¿Cómo ha cambiado la participación electoral de la emigración española desde que se aprobó el voto rogado?

Cuando se reformó la Ley Electoral en 2011, se introdujo el voto rogado, que ya estaba establecido para el voto municipal. Había muchas irregularidades antes, sobre todo por las redes clienterales de los partidos en le exterior, y se daba sobre todo en el voto municipal, porque ahí era más fácil cambiar el sentido del voto, ya que solo hacían falta unos pocos votos. Propusieron introducir el protocolo del ruego del voto, que hacía caer la participación en los comicios municipales, y además se eliminó el derecho a voto de los emigrantes españoles en las municipales. Ahora solo podemos votar en las autonómicas y las generales, y tenemos unos índices de participación antidemocráticos.

¿Qué partidos muestran más reticencias para derogar el voto rogado y por qué?

Prácticamente todos salvo el PP proponen la derogación del voto rogado. Nosotros suponemos que el PP no quiere porque el voto emigrante se puede transformar en un voto protesta por tanta gente que ha tenido que salir tras las políticas que se llevaron a cabo en el país. Queremos subrayar que simplemente derogar el ruego del voto no sirve, ya que hay muchísimos problemas adicionales y esto necesita una reforma profunda y seria. Tememos mucho que hagan un parche de reforma simplemente derogando el ruego y que no se solucionen el resto de problemas, como la barrera de la inscripción consular, que mucha gente evita para no perder la sanidad si vuelven a España, además de dotar de más medios a los consulados y ampliar los plazos en los sistemas de envíos para que de verdad se haga una reforma efectiva y garantista.

Ya hay más de 2,4 millones de españoles en el extranjero, dos millones en el censo, ¿por qué creéis que sería positivo tener una circunscripción exterior?

Esa es una de nuestras demandas porque cuesta mucho llevar la problemática emigrante a las instituciones. Ha habido un recorte general de derechos y una problemática que viene de antaño y que no se trata. No solo hablamos de los derechos civiles, como es el derecho a voto, sino que también se han recortado las pensiones, ya que los pensionistas emigrantes están doblemente gravados con la ‘Ley Montoro’, y además perdemos la sanidad a los tres meses de estar fuera; perdemos derechos educativos, por ejemplo las ALCE [Agrupaciones de Lengua y Cultura Española, imparten clases en el exterior] o los programas Erasmus. Son problemas que no se tratan en sede parlamentaria por la lejanía y porque no hay nadie que lleve las demandas específicas de la emigración. Hay países como Italia y Francia que tienen una circunscripción exterior, con diputados que representan a la emigración y que intervienen en las decisiones del Parlamento. Pensamos que tener una circunscripción exterior ayudaría a tener canales de rendición de cuentas para la emigración, por eso es una de nuestras demandas. La emigración es hoy en día la tercera provincia del Estado, por detrás de Madrid y Barcelona.

¿Crees que la administración tiene medios para ampliar plazos de envío, hacer más transparentes los procesos, agilizar las inscripciones al censo, facilitar el voto en persona, por correo…?

No, no los tiene. La administración exterior está completamente abandonada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por el Gobierno. Desde que comenzó la crisis se han eliminado consulados como el de Manchester, a pesar de la cantidad de emigración española que ha recibido Inglaterra en los últimos años. El aumento del censo exterior, que ha pasado de 1,4 a 2,4 millones de personas, no ha ido acompañado de una dotación similar para la administración en el exterior, ni en medios humamos ni en medios tencológicos. Por eso hemos visto las colas de cinco horas para poder rogar el voto en algunos consulados, la saturación contínua en cualquier tipo de trámite que haya que hacer, las citas electrónicas a tres o cuatro meses vista… Y lo que es muy grave también: las condiciones laborales del personal en el exterior, tanto en consulados como en el Instituto Cervantes y otras instituciones. Hay personal exterior cobrando por debajo del salario mínimo de los países donde están, viviendo en condiciones de pobreza, e incluso han organizado una huelga internacional de servicios exteriores. Creemos que deberían tener medios acordes a los niveles de emigración y condiciones laborales dignas.

¿Por qué estáis en contra del voto electrónico?

Una de las soluciones fáciles que proponen algunos partidos es el voto electrónico. Nosotros estamos en contra porque no cumple garantías democráticas y es un parche más que lo que hace es recortar derechos. Para empezar, el voto electrónico es inseguro: llevamos más de 30 años desarrollándolo sin que haya garantías al respecto. De hecho la tendencia en muchos países es a eliminarlo, como hicieron Francia, Holanda… Hoy en día solo se usa en tres países, que son Estados Unidos, Venezuela y Brasil. El voto por internet solo lo aplica Estonia, donde también se demostró que el sistema no es seguro y puede ser manipulado. Nos preocupa la seguridad pero también el derecho a la auditoría por parte de los ciudadanos. El voto electrónico es una caja negra que no arroja más transparencia al proceso, sino que lo vuelve mucho más opaco, y además ataca al secreto del sufragio del voto, algo que reconoce la propia Junta Electoral. Que el sistema no pueda ser auditado por la ciudadanía ha hecho que países como Alemania o Noruega lo declaren anticonstitucional. Eso sin mencionar también el problema de universalidad, teniendo en cuenta que hay una brecha digital muy evidente. Nos parece que el voto electrónico es un parche que no solucionaría problemas, recortaría derechos y generaría nuevos riesgos. Se puede hacer una reforma garantista modificando plazos, facilitando inscripciones, derogando el ruego y dando medios, sin tener que utilizar este tipo de soluciones que representan un atraso para nuestras garantías democráticas.

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Elecciones en Honduras: la lucha contra el fraude

Protesta contra el fraude electoral en Honduras. Foto: Orlando Sierra.

MANUEL-FABIEN ALIANA // Dos semanas después de las elecciones generales del 26 de noviembre, Honduras sigue sin presidente electo y el pueblo sigue en las calles protestando contra el gobierno. Según los últimos datos emitidos por el Tribunal Electoral, después de un primer recuento parcial de 1.006 actas en el que no participaron los partidos políticos, el conservador Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional, mantiene una ventaja de 1,5 puntos por delante del candidato de centro-izquierda Salvador Nasralla (Partido Alianza). Pero ante la presión de las calles y la determinación política de la oposición, el Tribunal no se ha atrevido a proclamar a Hernández vencedor. Para desmovilizar las protestas, el Consejo de Ministros decretó el 2 de diciembre un toque de queda nocturno de diez días que suspendió las garantías constitucionales, justificando la medida por los disturbios causados durante las protestas.

Este decreto, que no fue firmado por el presidente Hernández y fue calificado de ilegal por la oposición, no consiguió amedrentar al pueblo, que siguió protestando pacíficamente en todo el país. Pero fue la noche del 11 de diciembre cuando las relaciones de fuerza se invirtieron, y unidades especializadas de la policía (Los Cobras), así como sectores enteros de la Policía Nacional, se declararon de brazos caídos, rechazando órdenes de reprimir al pueblo, permitiendo las manifestaciones nocturnas, y exhortando a los políticos a resolver sus problemas entre ellos con el fin de encontrar una pronta salida a la crisis post-electoral que atraviesa el país.

Dadas las pruebas contundentes de fraude presentadas por la oposición, las criticas emitidas por los observadores internacionales, con la policía en huelga y un saldo de 14 muertos, 51 heridos y mas de 800 arrestados, el Gobierno hondureño y el Tribunal Electoral se encuentran arrinconados. Por ende, se han visto obligados a dar marcha atrás, primero revocando progresivamente el toque de queda, y ahora aceptando un segundo recuento parcial de 4.753 actas que el Partido Alianza señalaba como irregulares.

Sin embargo, siguen sin ceder a la exigencia de abrir los cuadernos de votación, por lo cual Alianza no participará en este recuento y ha optado por rechazar la legitimidad de un Tribunal Electoral desacreditado. Dentro de las exigencias de esta formación política están la creación de un tribunal internacional que supervise el recuento las mas de 18.000 actas y el acceso a los cuadernillos de votación para poder verificar el numero de papeletas y las firmas de los delegados de cada mesa, así como una auditoría forense sobre las causas que produjeron las múltiples “caídas” del sistema de cómputo informático del Tribunal Electoral. En ese sentido, la crisis política se ha agudizado, puesto que la oposición ya no acepta a este tribunal como interlocutor válido.

Lo que pasa en Honduras se enmarca en un contexto de inestabilidad democrática que sufren varios países de la región. Como bien lo escribe Joaquín Mejía, abogado hispano-hondureño especialista en derechos humanos, el fraude comienza con el control de las instituciones. En otras palabras, la partidización de las instituciones genera parcialidad y clientelismo, y da una clara ventaja al partido que busca perpetuarse en el poder. Por ser el fraude un delito complejo, solo puede prepararse desde una hegemonía partidista, y requiere para su éxito una participación eficiente y piramidal, desde los representantes políticos, pasando por los cargos públicos, y movilizando hasta las bases del partido en cuestión.

Además de Honduras, la partidización de las instituciones latinoamericanas concierne hoy países como Nicaragua, Paraguay y Venezuela, en donde se denunciaron fraudes electorales durante los últimos comicios presidenciales. Es menester incluir a México en esta lista, que a pesar de permitir un acceso relativamente equitativo y transparente a la función publica, sigue caracterizándose por sus persistentes fraudes electorales, sus transiciones pactadas, su corrupción institucionalizada y sus atentados a la libertad de prensa.

La cargada agenda electoral latinoamericana del año 2018 incluye elecciones presidenciales en México y Venezuela, y lo que pase en Honduras tendrá claramente repercusiones en ambos países. En México, el panorama está muy lejos de ser alentador, ya que está por aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que contribuirá a militarizar el país en vísperas de las elecciones, dándole al Ejército la facultad de reprimir las movilizaciones sociales en un marco legal, en caso de que estas presentaran un peligro para la “seguridad del país”. En Venezuela, democracia fragmentada y en crisis, las movilizaciones y las sanciones internacionales parecen haber surtido efecto. Gobierno y oposición están actualmente reunidos en Santo Domingo para negociar una salida a la crisis política que vive el país, y la oposición está decidida a usar este marco para obtener garantías por parte del gobierno bolivariano para la celebración de comicios transparentes. Estas garantías pasarían por una reforma del Consejo Nacional Electoral, con el fin de volverlo transparente e imparcial, reforma esencial si se quiere sanear y legitimar una institución que en 2013, si bien accedió al recuento de las Actas ante las acusaciones de fraude, no aceptó que se abrieran los cuadernos de votación, tal y como está pasando hoy en Honduras.

El caso hondureño nos enseña que la movilización electoral masiva de un pueblo que cree en el cambio y pone su confianza en un partido, junto a la creación de comandos anti-fraude por parte de partidos y organizaciones de la sociedad civil, son dos factores esenciales que permiten desenmascarar un fraude aún cuando este haya sido bien tramado. Disponer de pruebas resulta esencial a la hora de informar al pueblo y llamarlo a las calles, y luego, para coordinar a ese mismo pueblo para que se manifieste pacíficamente y respalde con sus movilizaciones las acciones políticas en contra del fraude. En Honduras se ha seguido ese camino, y el país podría convertirse en el primero en la historia del continente latinoamericano en lograr revertir un fraude electoral. Cierto es que el camino que ha escogido la oposición es el más difícil, pero de mantenerse el pueblo en las calles, la situación podría volverse tan insostenible que obligaría al Gobierno a aceptar el recuento total de los votos, según los términos del partido Alianza.

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El gran negocio electoral de Indra

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Se acercan las elecciones de Cataluña del 21 de diciembre, fecha en la que todos estaremos pendientes del resultado. ¿Saldrá de nuevo una mayoría para el independentismo? ¿Ciudadanos ganará más diputados? ¿Los perderá el PDeCAT? La respuesta a estas preguntas las resolverá Indra, la compañía tecnológica del Ibex 35 que provee sistemas electorales, según informó El Periódico. La decisión del Gobierno ha tenido su miga política: la carrera por la gestión de recogida y difusión de los datos provisionales se ha disputado entre Indra, en la que el Estado es el principal accionista, y Syctel, una empresa catalana fundada en 2001 por un grupo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Ministerio del Interior ha tramitado este contrato por vía de urgencia debido a la falta de tiempo ante la inminente cita electoral, lo que significa que no ha habido concurso público en el que se detallaran las condiciones, servicios solicitados y precios. Es la segunda vez que se aplica esta vía para realizar el escrutinio provisional (no el definitivo). En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, también se optó por este procedimiento e Indra fue la adjudicataria de un contrato de 4,7 millones de euros.

El coste de la tecnología para los comicios varía mucho entre unas elecciones y otras, algo que llama la atención. La periodista Eva Belmonte, de Civio, una organización que lucha por una mayor transparencia, indicó en el programa El Objetivo de LaSexta que el precio de los comicios de 2011 fue tres veces mayor –costaron 16,8 millones por la inclusión de 2.000 nuevas mesas electorales– que el de las elecciones repetidas de 2016. La primera convocatoria de las generales, en diciembre de 2015, también costó más del doble que en 2016: 11,7 millones y estuvo a cargo de Scytl, que batió por primera vez a su competidora Indra en el concurso.

Casi 40 años de experiencia

Civio define a Indra como “un gigante con muy buenas relaciones con el Estado”. De hecho, esta compañía ofrece a la Administración pública una larga lista de productos y servicios, desde tecnologías médicas hasta tareas de mantenimiento de áreas de aterrizaje en buques de guerra, sin olvidar el control de las fronteras, especialmente en lugares como Ceuta y Melilla (Indra ingresó 87 millones desde 2002 por servicios de vigilancia fronteriza, según El Confidencial). Su primer accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 18,7% de las acciones. El segundo es la Corporación Financeria Alba (10,5% de las acciones), seguido por varios inversores internacionales con paquetes de más del 3%.

La compañía tiene 39 años de experiencia en el negocio electoral en España y ha sido la encargada de realizar la mayoría de recuentos provisionales en elecciones generales, europeas, autonómicas y locales. Además, en las últimas décadas, también se ha encargado de gestionar, prácticamente en solitario, los escrutinios provisionales en unos 400 procesos electorales en el ámbito internacional. Según consta en sus informes anuales, el negocio electoral de este “gigante” al servicio del Estado depende de su división de Administraciones Públicas y Sanidad, encargada, entre otros servicios, de automatizar procesos administrativos que la ciudadanía lleva a cabo en el día a día. Este segmento generó 398 millones de euros el pasado año, equivalentes al 15% de las ingresos totales del grupo.

En 2014, Indra llegó a organizar también las elecciones iraquíes a cambio de 130 millones de dólares, con un contrato de gran envergadura debido a que eran los primeros comicios legislativos de ese país tras la salida de las tropas de EEUU. Desde entonces, sin embargo, el negocio electoral de Indra ha caído de forma constante, principalmente debido al menor número de proyectos “básicamente en España y América”. Durante los últimos tres años, la empresa ha vivido varios sobresaltos ligados a dos de los grandes casos de corrupción que han salpicado (principal pero no exclusivamente) al gobierno de la Comunidad de Madrid: las operaciones Púnica y Lezo.

En el primero de ellos, la detención en octubre de 2014 de José Martínez Nicolás, el jefe de la Agencia de Informática y Comunicaciones del gobierno autonómico madrileño, se relacionó con la compañía tecnológica por la adjudicación de contratos a cambio, presuntamente, de pagar a proveedores de la trama Púnica. Según publicaron varios medios de comunicación de ámbito nacional, estas investigaciones llevaron a la Comunidad de Madrid a paralizar un contrato adjudicado a Indra, por 4,5 millones de euros, para realizar el escrutinio provisional en las elecciones autonómicas de 2015.

Sin embargo, esta misma compañía ya poseía un contrato con el Ministerio del Interior para realizar el mismo servicio, al que se aconsejaba a las comunidades autónomas que se sumasen para evitar un mayor gasto público. Esta licitación directa entre la Comunidad de Madrid e Indra habría supuesto un sobrecoste de un millón de euros, de acuerdo a la información recogida por El Español. Este método ya se había utilizado en 2011: Indra ganó ambos contratos, tanto el de Interior como el de la Comunidad de Madrid, por el que cobró 2,9 millones. El juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye Lezo, sostiene que la empresa recompensó presuntamente al PP madrileño sufragando gastos de campaña y otros servicios.

Las pesquisas de la Púnica llevaron a imputar en abril de 2015 al todavía consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que también se encuentra relacionado con la Operación Lezo a través de su mujer, María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II. La implicación de la empresa en este último entramado supuso el registro de la sede de Indra en abril de este año.

Acusaciones de fraude

Más allá de las fronteras españolas, Indra también ha tenido problemas en el desarrollo de su negocio electoral. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) reportó errores en los sistemas comprados a Indra por 40 millones de dólares (33 millones de euros) en las elecciones generales de 2016, unos comicios que se desarrollaron en medio de grandes manifestaciones.

Los más recientes contratiempos los tuvo en Argentina y Angola, donde los partidos de la oposición criticaron y acusaron a los gobiernos de Mauricio Macri y João Lourenço, respectivamente, de la falta de transparencia en la contratación de los servicios electorales de Indra. La empresa española, que espera remontar sus expectativas de negocio este año, rechazó las acusaciones lanzadas sobre las primarias celebradas en agosto en Argentina y en cualquier otra elección: “Indra no ha llevado a cabo ningún tipo de manipulación en ninguna elección en las que participó, tanto en Argentina como en el exterior”.

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La disparidad del nuevo gobierno de Islandia

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Cuatro semanas después de la celebración de elecciones parlamentarias, Islandia ha presentado su nuevo gobierno, una coalición transversal y sorprendente, si tenemos en cuenta la disparidad ideológica de sus integrantes. Está formada por el Partido de la Independencia –derecha tradicional vinculada a las grandes fortunas y al sector pesquero–, el Partido Progresista –centro derecha conservador vinculado al sector agrario y a algunas grandes fortunas– y el Movimiento de Izquierda Verde. La líder de esta última formación, Katrín Jakobsdóttir, es la nueva primera ministra del país, y sustituye a Bjarni Benediktsson, líder del Partido de la Independencia, que desde ahora se hará cargo del ministerio de Finanzas. El líder del Partido Progresista, Sigurður Ingi Jóhannsson, es el nuevo ministro de Transporte y Administración Local.

En los comicios que tuvieron lugar el pasado 28 de octubre, el Partido de la Independencia obtuvo la primera posición con 16 escaños, de un parlamento de 63, perdiendo así cinco diputados. De hecho, la coalición de gobierno que lideraba se rompió por la publicación de un escándalo relacionado con la restitución del honor –proceso burocrático que en Islandia tramita una comisión parlamentaria– a un amigo de su padre condenado por violar a su hijastra durante años. Cuando se supo que Benediktsson había intentado esconder este proceso para beneficiar al amigo de su padre, dimitió y convocó elecciones. Es por esta razón que, a pesar de que el Movimiento de Izquierda Verde no ganó las elecciones sino que obtuvo la segunda posición con once escaños, el presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, decidió encargar la formación de un nuevo gobierno a la líder ecologista en lugar de a Benediktsson.

Desde hace días Katrín Jakobsdóttir ha recibido duras críticas por parte de sectores de la izquierda islandesa por el hecho de negociar un gobierno con los que hasta la fecha fueron sus archienemigos, políticamente hablando. El Partido de la Independencia y el Partido Progresista gobernaron Islandia durante doce años, desde 1995 hasta 2007, y su principal proyecto político fue la privatización del sector bancario que derivó en el cataclismo económico de octubre de 2008, cuando los tres principales bancos privados reconocieron una deuda que alcanzaba diez veces el PIB de la isla. Desde entonces, la izquierda verde ha sido uno de los principales azotes parlamentarios de los partidos que representan el centro derecha conservador, formaciones sobre las cuales pesan constantes acusaciones de nepotismo y corrupción.

Katrín Jakobsdóttir es la segunda mujer en desempeñar el cargo de primera ministra en la historia del país, después que en 2009 Jóhanna Sigurðardóttir, líder por aquel entonces de la Alianza Socialdemócrata, llegara al poder. En ese gobierno, que dirigió el país en los momentos más críticos de la crisis económica, Jakobsdóttir fue la encargada de dirigir el ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Madre de tres hijos, tiene 41 años y estudió en la Universidad de Islandia un máster de literatura islandesa. Antes de dedicarse de lleno a su carrera política, trabajó como correctora lingüística en la televisión estatal RÚV y en el sector editorial.

Como líder de la nueva coalición de gobierno deberá afrontar dos de las problemáticas que más preocupan a la sociedad islandesa: el incremento desmedido del turismo y el aumento de los precios del alquiler y la venta de vivienda en la capital. Durante la presentación del acuerdo de gobierno, Jakobsdóttir ha hecho hincapié en el Acuerdo de París y la necesidad de ir más allá para frenar las emisiones de gas que provocan el cambio climático. También ha subrayado que ha pactado con las demás formaciones una especial inversión en educación así como una rebaja de impuestos para las rentas más bajas. El ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente quedan ahora en manos de miembros de la izquierda ecologista. Finanzas, Asuntos Exteriores, Justicia, Pesca y Agricultura quedan en manos de diputados del Partido de la Independencia, mientras que Transporte y Administración Local, Educación y Bienestar son carteras que obtiene el Partido Progresista.

No es la primera vez que la izquierda y la derecha gobiernan juntas en Islandia. El último caso se dio en 2007 cuando se formó una coalición de gobierno integrada por el Partido de la Independencia y la Alianza Socialdemócrata. Ese gobierno vio interrumpida su andadura por el colapso financiero de octubre de 2008. Más allá de las diferencia programáticas del Movimiento de Izquierda Verde, el Partido de la Independencia y el Partido Progresista, hay grandes temas de país que los unen. El más relevante, su oposición frontal a iniciar el proceso para formar parte de la Unión Europea, algo que en ojos de muchos islandeses sería como volver a la relación de dependencia que tenían con Dinamarca hasta la declaración de la independencia en 1944. Aunque parezca un detalle poco significativo, esta perspectiva nacionalista compartida por las tres formaciones puede ser la base para que la coalición no tenga que disolverse antes de tiempo, como ya ha sucedido en tres de las cuatro últimas legislaturas.

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