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Sobreseída la causa contra el histórico ecologista Juan Clavero

El Juzgado Mixto de Ubrique ha dictado un auto por el que se sobresee la causa iniciada contra el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero tras haberse encontrado una bolsa con cocaína en su furgoneta. “Existen elementos de juicio que llevan a concluir que el investigado no resulta autor de los hechos que se están investigando, y que muy al contrario de lo que parece en un primer momento, puede ser víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros, que pretenden alejar al mismo de sus actividades habituales, involucrándolo en un delito del que no existe indicio alguno que permita conducir a su imputación”, dice el auto.

El juez hace referencia a la campaña en defensa de los caminos públicos en la que participa Clavero: “Es un conocido activista medioambiental, y constan en este Juzgado denuncias que son formuladas por su parte y por miembros de su agrupación, contra diversos propietarios de tierras que, siempre bajo el contenido que se desprenden de las denuncias del investigado, ocupan coladas y demás vías pecuarias que son de uso público. Estas constantes actividades son puestas en conocimiento de la opinión pública mediante marchas y otros actos multitudinarios”.

Y añade: “Precisamente el hecho de ser tan conocido por su activismo, unido al hecho de que las actuaciones se inician por una denuncia anónima, ya conducen a pensar que estamos ante un posible modo de tratar de menoscabar el nombre, reputación y las actividades del denunciado“. Además, el auto incluye también un reproche a las administraciones, que deben garantizar el uso público de vías pecuarias y caminos públicos.

En un comunicado, Ecologistas en Acción muestra su satisfacción y asegura que seguirán adelante para exigir el esclarecimiento total de los hechos: “Gracias a la colaboración ciudadana se ha identificado a la persona presuntamente responsable de la introducción de la droga, y se ha requerido al Juzgado para que le tome declaración al tiempo que se realizan averiguaciones sobre las personas que hubieran podido colaborar en estos hechos, sin olvidar las extrañas circunstancias que rodearon al operativo de la Guardia Civil que detuvo al activista ecologista”, concluye la organización.

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‘Dirty Week’, una pasarela ecologista ante la Fashion Week de Madrid

Pasarela de la 'Dirty Week' en Madrid. Foto: Nerea de Cos.

MADRID // Coincidiendo con la gran semana de la moda en España, la Mercedes-Benz Fashion Week, este miércoles las organizaciones Ecologistas en Acción y Movemos Europa han celebrado en paralelo la Dirty Week, una pasarela alternativa creada para dar visibilidad a los abusos sociales, laborales y medioambientales causados por la industria textil y de la moda.

Esta pasarela alternativa ha tenido lugar en la céntrica plaza de Callao (Madrid) y por su alfombra roja han desfilado varios activistas ataviados con camisetas reivindicativas con mensajes como “Fashion Victim”, “Toxic style” o “Inditex contamina”, en alusión a la compañía textil de Amancio Ortega, patrocinadora de la Fashion Week, y una de principales consumidoras de viscosa procedente de fábricas asiáticas con condiciones laborales extremas. Estas factorías, además, están causando graves daños al medio ambiente, tal y como detalla en un reciente informe Ecologistas en Acción. La viscosa es un compuesto clave para la fabricación de fibras textiles artificiales, y se produce mediante reacciones químicas altamente contaminantes que generan ácidos y otros residuos con un alto impacto en el medio ambiente.

Los activistas que han desfilado por esta alfombra roja alternativa también denuncian que solo 11 compañías controlan el 75% de la producción mundial de viscosa, entre ellas H&M e Inditex, aunque esta última ya se ha mostrado dispuesta a revisar el consumo y producción de este producto.

La Dirty Week forma parte de la campaña Dirty Fashion (Moda Sucia) que Ecologistas en Acción lleva desarrollando varios años con la colaboración de otras organizaciones ecologistas y sociales.

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Ecologistas en Acción denuncia un montaje en la detención de un histórico activista en Cádiz

El ecologista gaditano Juan Clavero fue detenido el pasado sábado por un presunto delito contra la salud pública tras una marcha reivindicativa en defensa de los caminos públicos y vías pecuarias. “Al finalizar la misma y dirigirse a su casa, en una vía secundaria y poco antes de las cinco de la tarde, se encuentra con un coche de la Guardia Civil. No le piden identificación, le dicen directamente que se baje del coche porque van a realizar un registro ‘rutinario’ que, ante su sorpresa, se convierte en exhaustivo. Tras pedirle que se retire del coche, un agente le enseña una bolsa y le pregunta si es suya, a lo que Juan responde que no. El agente le dice, sin abrirla, que es droga y, ante la incredulidad de Clavero, la abre y hay varias bolsitas, que el agente asegura que son de cocaína“, explica Ecologistas en Acción en una nota, que denuncia un montaje en torno a la detención de Clavero.

“Un montaje de novela negra que muestra los métodos mafiosos que usan algunos cuando se sienten atacados en sus comportamientos o en sus negocios. Alguien ha fabricado una prueba falsa contra un ecologista a la que han dado credibilidad algunos componentes de la Benemérita”, afirma la organización ecologista. Clavero, exdirector del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, es una persona reconocida dentro y fuera del ecologismo en Cádiz. Es geógrafo, biólogo, catedrático de instituto, ha trabajado como experto para diversos organismos internacionales y fue fundador de la antigua Federación Ecologista Pacifista Gaditana y posteriormente de Ecologistas en Acción de Cádiz.

“Pensamos que no será difícil investigar quién ha creado la prueba dado que el coche en el que apareció la cocaína estuvo todo la mañana aparcado en el carril del Espino, punto donde se inició la marcha. Resulta además curioso que la cantidad [de droga encontrada] excede en poco los 40 gramos, cantidad mínima para que se considere tráfico y no consumo”, añade Ecologistas en Acción. Clavero pasó la noche en las dependencias de la Policía Local de Ubrique y estuvo declarando el domingo ante el juez de 10.30 a 13. Fue puesto en libertad sin ninguna medida cautelar. También declararon como testigos dos de sus acompañantes en la citada marcha.

“Estos hechos nos muestran –prosigue Ecologistas en Acción– que en Andalucía aún actúan verdaderas mafias y Juan las ha puesto en evidencia muchas veces, pero en esta ocasión es preocupante la impunidad con la que parecen actuar, y el hecho de que manejen droga con esta facilidad. En la Sierra de Cádiz se están y comprando y vendiendo muchas fincas con un gran movimiento de dinero de dudosa procedencia. Hay propietarios que han usurpado vías pecuarias deslindadas y caminos públicos confirmados por sentencias judiciales, propietarios que creen poder hacer lo que les parece y, además, se creen impunes”.

La organización solicitará una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz para demandar “rigor y ecuanimidad en las investigaciones, defensa de lo público y de la tranquilidad y honestidad de los que lo reclaman, y que se aclare la actuación de los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a Juan”.

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Los ecologistas exigen su sitio en la comisión: “El clima no es de izquierdas o derechas”

clima ecologistas

El Gobierno ha creado una comisión de expertos para elaborar un informe sobre los escenarios de la denominada transición energética en la que no habrá ningún representante de organizaciones ecologistas. Conversamos con Héctor de Prado, de Amigos de la Tierra, una de las ONG junto con Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que han exigido esta semana al Ejecutivo su inclusión como voces autorizadas.

¿Por qué es necesaria vuestra participación?

Es fundamental contar con la visión de los grupos ecologistas para la transición energética. Somos propositivos, atesoramos experiencia, y tenemos una visión a medio y largo plazo. Es necesario reconducir la influencia del lobby empresarial que aboga por la inacción frente al cambio climático, y nuestra visión con las personas y el planeta en el centro es básica para lograr una transición positiva para el interés general. Además, en el caso de Amigos de la Tierra, llevamos casi diez años exigiendo una ley integral para abordar el cambio climático, sin importarnos el color que represente el partido de turno. El clima no es algo de izquierdas o derechas. No estar en la comisión es correr el riesgo de que los presupuestos de carbono (objetivos de reducción anuales), la mejor herramienta que hemos encontrado para planificar la paulatina descarbonización de la economía española, no aparezca en los debates ni el texto final, o la creación de un grupo independiente de expertos ajenos a los “amiguismos”. 

¿Por qué cree que el Gobierno no ha contado con vosotros?

Nuestras propuestas basadas en la evidencia científica y en la promoción de alternativas efectivas suelen chocar con los intereses corporativos y del sistema tal y como lo conocemos. Es posible que por este motivo no hayan querido incluirnos, por resultar un incordio en sus planes para mantener la transición energética en niveles muy bajos, con gran falta de ambición. Para estar a la altura de la magnitud del problema climático, necesitamos tomarnos en serio lo que nos dicen los informes científicos, especialmente cuando se refieren a la vulnerabilidad de España y a los eventuales impactos socioeconómicos y ambientales que sufriremos este siglo. Llevamos años llamando la atención sobre el tema porque nuestro interés por el medio ambiente es genuino, no lo concebimos como otra manera de hacer negocio con mecanismos financieros especulativos.

¿Cuál es el eje de vuestras reivindicaciones en esa transición energética?

Hay que abandonar la importación y quema de combustibles fósiles cuanto antes. Es un despropósito a nivel económico y ambiental y ya existen alternativas. Apostar definitivamente por las energías renovables a todos los niveles, creemos que para mitad de siglo puede ser factible dejar en herencia un sistema energético 100% renovable, eficiente e inteligente, que no trate a los consumidores como meros testigos de piedra.

¿Qué propuestas energéticas deben ser irrenunciables y qué actuaciones hasta ahora vigentes deben ser desterradas?

Necesitamos medidas que sirvan para reducir de manera efectiva las emisiones, que amplíen nuestra capacidad instalada de energías renovables de manera distribuida, y que se cree un fondo para adaptación con el fin de mitigar los impactos que ya se están sintiendo actualmente en diversos ecosistemas del país. Consideramos que debe haber una mayor voluntad política en cuanto objetivos, y una mejor fluidez comunicativa entre carteras ministeriales y entre administraciones centrales y regionales. Finalmente, la ciudadanía debe sentir esta ley como algo beneficioso para él y para sus allegados. Con medidas como el “Impuesto al sol”, lo único que se consigue es desincentivar a personas que, de otra forma, serían partícipes de la deseada transición energética.

¿Cuál es el principal desafío de los gobiernos ante el cambio climático?

Son muchos y muy diversos, pero en el corto plazo el mayor reto es lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su pico en 2020, y a partir de ahí desciendan. Aunque esto actualmente no parece factible trabajando con los actuales instrumentos de mitigación. También tienen delante el Acuerdo de París, muy plural y, aunque poco ambicioso, sigue falto de contenidos que todavía están en fase de desarrollo, por lo que tememos que una vez más sigan llegando tarde.

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El 94% de la población española respira aire contaminado por encima de los límites permitidos

La boina de contaminación es una imagen frecuente en el cielo de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID // El cambio climático, el aumento del tráfico o el rechazo por parte de las administraciones públicas a las energías renovables. Estas son algunas de las problemáticas que Ecologistas en Acción señala como principales causas “de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales”. Se trata de la calidad del aire. La organización ecologista ha presentado este martes su informe estatal sobre esta cuestión, donde señala que cerca de 44 millones de personas (el 94% de la población) respiró aire contaminado durante 2016 en España, según los baremos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La situación, algo mejor que la que evidenció el mismo informe en 2015, sigue, sin embargo, siendo “mala”, en palabras de la propia organización. El estudio analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas por todo el país. Así, concluye que el 90% del territorio estuvo expuesto a unos niveles de contaminación dañinos para el ecosistema.

Las zonas más afectadas son las áreas urbanas, sobre todo Madrid, el Área Metropolitana de Barcelona, Bilbao, Valencia y Granada, donde la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado. Todas ellas superaron el límite legal en 2016. En las áreas cercanas a las centrales termoeléctricas de carbón, son estos combustibles fósiles los que generan la polución. Pero el mayor contaminante es, según Ecologistas en Acción, el ozono troposférico, que aumenta con el incremento de las temperaturas medias así como con las situaciones meteorológicas extremas. Según la ONG, los datos sobre calidad del aire durante la ola de calor de esta primavera sugieren que subirán los niveles de contaminación durante este año.

Según cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año se registran más de 24.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas del aire contaminado. Además, los gastos sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB, según el Banco Mundial. Y esto sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

A pesar de ello, desde Ecologistas en Acción denuncian que “la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”. “Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción a corto plazo para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente, pero, en muchos casos no existen y en otros son inefectivos por falta de voluntad política”, añaden.

El Plan Aire del Gobierno expiró en 2016, “sin que se haya elaborado su correspondiente sustituto”, lamenta la ONG. La disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público son las medidas necesarias para la mejora de la calidad del aire, apuntan los ecologistas. Y recuerdan la necesidad de adoptar las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.

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La producción de lindano “ha dejado una carga tóxica de difícil gestión”

Ecologistas en Acción ha publicado un informe sobre la fabricación y el uso del lindano en España. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Durante décadas y hasta principios de los años 90, España produjo lindano, una sustancia tóxica que es la base de un insecticida persistente, contaminante y bioacumulable prohibido en la UE desde 2008. Su producción “ha dejado una carga tóxica de difícil gestión”, según denuncia Ecologistas en Acción en su informe Fabricación y uso del lindano. Crónica de un envenenamiento persistente y silencioso, publicado este miércoles.

Este proceso, tal y como explica la organización, generaba entre 6 y 10 toneladas de residuos por cada tonelada de producto final en sus principales fábricas, ubicadas en Bizkaia, Huesca y Pontevedra. La de Huesca, localizada en Sabiñánigo, no ha sido desmantelada todavía y Ecologistas en Acción señala este lugar como un “punto de contaminación bien conocido y altamente preocupante”. Se trata, explica la ONG, de “miles de toneladas de residuos conectados a nivel hidrológico con el río Gállego que constituyen una bomba química y cuya costosísima gestión es una lucha contra el tiempo que plantea retos aún sin solucionar”.

Además de las zonas localizadas, desde Ecologistas en Acción denuncian que “se sabe que los residuos de lindano viajaron a diferentes puntos de la geografía española, sin que en muchos casos se conozca la ubicación de los vertidos, la cantidad depositada y las condiciones en que se realizaron”. “Esto explica que años después de su prohibición se siga detectando su presencia por parte de las confederaciones hidrográficas en bastantes cursos de agua distribuidos por casi todo el país“, añaden.

En este sentido, la organización señala casos como el del embalse de Oiola, en Barakaldo, donde “tras un considerable gasto económico por parte del gobierno autonómico, a fecha de hoy todavía no se ha localizado el foco de contaminación, que aumenta en épocas de fuertes lluvias”.

La ONG exige al Gobierno y al resto de administraciones afectadas que asuman la responsabilidad de dibujar el mapa del lindano en España y pongan medios para erradicar esta carga contaminante.

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El CSN avala la apertura de Garoña e indigna a los ecologistas

La puerta para que la central nuclear de Santa María de Garoña siga funcionando está hoy un poco más abierta. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió este miércoles por mayoría dar el visto bueno a una reapertura que estará, eso sí, sujeta a que el operador de la planta (Nuclenor, participado por Endesa e Iberdrola) cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. La decisión sienta un precedente histórico hasta ahora en España, ya que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan operar durante 60 años.

El dictamen ha provocado la reacción de toda la oposición parlamentaria, que ha pedido al Gobierno del PP que no autorice la reanudación de la actividad de Garoña. Equo ha calificado la decisión del CSN, en palabras de su portavoz Juan López de Uralde, de “inadmisible”, y ha adelantado que propondrá a  todos los grupos en el Congreso una ley que cierre definitivamente Garoña.

Uralde, que también es miembro de la ponencia nuclear en el Congreso por Unidos Podemos, ha aseverado que “Garoña es una central obsoleta y peligrosa”, al tiempo ha denunciado que la industria nuclear está utilizando la central “de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares”. En su opinión, el hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas debería ser “motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo. Una vez más, el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares”, ha lamentado.

Las reacciones de los ecologistas también han sido inmediatas. Paco Castejón, físico nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, reconoce que la decisión no les ha pillado por sorpresa. “Esperábamos esto, pero no por ser esperado es menos grave”, apunta en declaraciones a La Marea. “Con esta decisión, el CSN está validando una central que está en un estado lamentable. Y además lo hace de una forma que es particularmente preocupante, que es la siguiente: ‘te digo que sí y tienes que hacer esto’, en lugar de ‘si haces esto, te digo que sí’. Con ello se sienta un peligroso precedente, ya que se autoriza el funcionamiento de las centrales más allá de los 60 años”, explica.

Además, la decisión del CSN  desliga la revisión integral de seguridad de la central, que se realiza cada 10 años, del aval para operar, que se ha otorgado para 14 años (hasta 2031). En opinión de Castejón, “esta decisión es un aviso a navegantes, de cara a que el resto del parque nuclear puedan pedir la extensión de sus licencias de funcionamiento, que en el caso de muchas otras centrales llegará entre 2020 y 2024″.

¿Cuáles son los pasos que se pueden esperar a partir de ahora? “Si Nuclenor quiere, realizará las reformas que ha solicitado el CSN, que superan los 200 millones de euros”, explica Castejón.  “En ese momento, el CSN evaluará dichas reformas. Pero la última palabra la tendrá el ministro de Industria, Álvaro Nadal”. Todo este proceso puede llevar, según el miembro de Ecologistas en Acción, un plazo de tiempo indeterminado, por lo que la situación queda en un tenso stand by.

Historia de una controversia

La central de Santa María de Garoña es planta nuclear sin clausurar más antigua de España: comenzó a construirse en 1963, y fue inaugurada el 2 de marzo de 1971. Pertenece, por tanto, a las llamadas centrales nucleares de segunda generación, un grupo que integran aquellas que fueron levantadas con anterioridad al accidente de Three Mile Island (Pensilvania, EEUU), que en 1979 marcó un antes y un después en materia de seguridad nuclear. Entre sus puntos más controvertidos, el reactor de agua en ebullición con el que opera, fabricado en 1970 por General Motors y similar al de la central de Fukushima, en Japón, que en 2011 sufrió el más grave de los accidentes nucleares recientes.

En julio de 2009, el gobierno del PSOE aplazó cuatro años el cierre y desmantelamiento de Garoña, lo que levantó la indignación de los ecologistas. En diciembre de 2012 el reactor se paró completamente y se produjo el desacoplamiento de la Red Eléctrica de España. El cese de la explotación fue publicado en el BOE el 10 de julio de 2013.

Entre los motivos de los ecologistas para pedir el desmantelamiento definitivo de la central destaca la cercanía a grandes núcleos de población, como Bilbao, Vitoria, Burgos, Logroño o Miranda de Ebro, localidad de donde procede la gran mayoría de los trabajadores, que abogan por la renovación de la licencia. Según el comité de empresa de la central, dicha renovación contribuiría a mantener unos 1000 puestos de trabajo, 315 directos y 700 indirectos.

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