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Sadismo institucional y humillación

La construcción de la identidad femenina hoy pasa por el trabajo. Tenemos asumido nuestro ser trabajadoras. Ganar dinero resulta imprescindible. Ninguna espera que se lo den, aquello que las abuelas llamaban “que te mantengan”. Por eso, cuando te despiden, cuando dejas de trabajar, cuando dejas de ganar el dinero que necesitas para vivir, aparecen las primeras grietas. Si al cabo de un tiempo te quitan el piso, algo se rompe y luego parece que podrías olvidarte.

Esta semana se han cumplido cinco años desde que un hombre apareció en casa para decirnos que estábamos desahuciados. Y que no, no había nada que hacer. Luego parece que podrías olvidarte, pero no es verdad.

¿Qué era yo hace cinco años? ¿Qué es una? ¿Qué responde una cuando le preguntan “tú qué eres”? Podría decir que soy periodista. No es cierto. Ni eso ni nada. Ahí está la grieta. La identidad femenina, desde cierto momento del siglo XX, pasa por su profesión, por el trabajo que desempeña, o sea, por su forma de ganar dinero. Y no es una idiotez, porque la lucha anterior a nosotras fue larga y peluda, y porque una forma más o menos fija de ingresos a cambio de tiempo (trabajo) proporciona la independencia negada durante tantísimos siglos. De ahí que una tienda a identificarse con su trabajo. No decimos trabajo de periodista, sino soy periodista; no trabajo de enfermera, sino soy enfermera, o jueza, profesora, cirujana, investigadora. Aceptamos la identificación entre nosotras y aquello que nos da el dinero suficiente para llevar una vida: cubrir los gastos de vivienda, suministros, transporte y avituallamiento. Poco más hace falta.

Estos cinco años me han servido para darme cuenta de algo más duro. La certeza llega cuando recuperas, hasta cierto punto, la vida laboral, parte de la vida social que perdiste, algunos amigos que desaparecieron, y sin embargo algo dentro sigue roto, sin explicación. Si la pérdida del trabajo supone una grieta, la pérdida de tu casa, del techo bajo el que vives con tus hijos, es una humillación de la que no te sobrepones, al menos no pronto. En gran medida, porque resulta incomprensible.

No me había parado a pensarlo hasta el pasado martes 14, cuando alguien recordó en Internet que habían pasado cinco años desde la huelga general del 14-N, la última. De repente caí en la cuenta de que justo la tarde anterior llegó mi desahucio. “¿Cómo va a hacer solo cinco años?”, recuerdo que pensé. Pero si han pasado un par de vidas. A mordiscos, un par de vidas.

Llevaba días dándole vueltas a la idea del Estado sádico, y ahí estaba, la idea del sistema actual como construcción sádica.

Sádico es quien práctica el sadismo. Sadismo, según la RAE –definición sexual aparte–, significa “crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta”. Aquel sobre el que se ejecuta dicha crueldad sufre una humillación que toma impulso y se lanza hacia delante en el tiempo, no se sabe hasta cuándo. De eso se trata.

Lo evitable

Se trata de las violencias “legales”, institucionales, que llevamos viviendo desde hace algunos años y son difíciles de explicar si no se miran desde el sadismo.

En nuestra sociedad actual, dejar a miles y miles y miles de familias en la calle es un acto de violencia. Disparar balas de goma contra manifestantes desarmados, apuntar a la cara, es un acto de violencia e impunidad. Negar década tras década a decenas de miles de familias la posibilidad de honrar y enterrar a sus muertos, que permanecen en fosas, es un acto de violencia. Alimentar la llamada “pobreza energética” e impedir sus soluciones es un acto de violencia. Darle poder absoluto a la policía para que condene a ciudadanos por entelequias tales como “respeto” u “obediencia” es un acto de violencia.

Todos los anteriores actos de violencia brutal, continuada e institucional solo pueden entenderse como muestras de un sadismo de Estado en el que han participado la inmensa mayoría de los partidos políticos de este país, con aquellos que han gobernado (en cualquier instancia) a la cabeza. O sea, que no cabe ninguna otra razón, ni siquiera electoral o “ideológica” que pueda explicar dichos actos. Solo el placer que aquel que inflige dicho dolor siente al hacerlo.

Y ahora, la humillación

Aquella población empobrecida, aquellos a quienes quitaron sus casas; los que llevan décadas mirando hacia una cuneta bajo la que están los huesos de; los que han perdido un ojo por alzar la voz en una manifestación; los que tienen, por lo mismo, o por realizar su trabajo, multas pendientes que no pueden ni podrán pagar; las ancianas a las que les cortan el suministro eléctrico; las madres cuyos hijos van al colegio sin los libros necesarios, etc. saben que en la sociedad actual eso podría fácilmente evitarse.

Es imposible, por muy lerdos lerdísimos que lleguen a ser los gestores de lo nuestro, que no se hayan dado cuenta de lo barato que sale solucionar esos problemas. Baratísimo en comparación con lo que han destinado a obras faraónicas, a pagar a quienes ni siquiera las han terminado, a “rescatar” autopistas, bancos, amiguetes y volquetes, etcétera. El solo hecho de plantear esto es una idiotez.

La humillación que sienten las personas antes enumeradas al ver que no es que se desatienda su sufrimiento, sino que, siendo tenido en cuenta y resultando evidente, aquellos que lo infligen y/o lo permiten, piensan seguir haciéndolo. Y lo gozan. Porque no cabe otra posibilidad. Porque si no, no se entiende.

Dicha humillación, y a eso me refería al principio del artículo, cala hasta el tuétano y echa raíces entre las víctimas del sadismo institucional. No sé cuál es la causa exacta de su permanencia, la razón por la que una no puede sacudírsela de encima. Quizás sea la incomprensión, la falta de argumentos con los que enfrentarla. O la falta de explicaciones para tus hijos, que se dan cuenta de todo, de que es una tortura, de que todos lo sabemos, de que aun así nada sucede, de lo muy humillante que resulta eso.

Y va un día y preguntan: ¿Y por qué nos dejamos?

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La crisis de la vivienda no ha terminado… y menos aún para las mujeres

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Vanessa, de 34 años y con dos hijas, fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, y actualmente reside en Móstoles en el inmueble ocupado La Dignidad. “Alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”, declara. Asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social. “La trabajadora social me dice que no me puede ayudar porque tengo un piso en propiedad con una persona que me daba palizas, consumía drogas y bebía mucho”, denuncia. Es uno de los testimonios con los que Amnistía Internacional retrata la situación de la vivienda en España diez años después del inicio de la crisis.

En su informe La crisis de la vivienda no ha terminado denuncia cómo está afectando la violación de este derecho constitucional especialmente a las mujeres, y en particular a las que encabezan hogares monomarentales y a las víctimas de violencia de género. “No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, afirma la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos.

La organización lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta -añade- las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres. Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1%, asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de ellas encabezadas por mujeres.

“La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia. Y aunque en teoría, según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consiguen el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda”, prosigue.

La organización señala, además, el oscurantismo en torno al asunto: “No existen datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”, denuncia Suárez-Llanos.

“La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”, sostiene el autor del informe, Koldo Casla. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, añade.

Los fondos buitre

Del total de desahucios registrados en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente. En Madrid la situación es especialmente preocupante para las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que se produjo entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento, denuncia Amnistía Internacional. Más de cuatro años después, continúa Casla, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.

Es el caso de Paula, de 39 años y con tres hijos. Sin haber sido informada del proceso, cuenta que un día recibió una notificación de cómo la vivienda social en la que vivía desde hacía ocho años había sido vendida a la empresa Encasa Cibeles por parte del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid). “Era desesperante pensar que no podíamos luchar y teníamos que aceptar las condiciones que el nuevo propietario nos imponía”, declara. Después de que se le subiera el precio de alquiler, Paula no pudo seguir pagando y finalmente fue desahuciada. Actualmente vive en una casa  que no reúne las condiciones adecuadas, especialmente para su hijo. “Después de decirle que no podría solicitar una nueva vivienda social porque ya había sido adjudicataria de una, el consejo para poder volver a serlo era sobrecogedor: ser desahuciada de nuevo para acceder a una vivienda de emergencia social”, afirma la organización en un comunicado.

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Sin ingresos no hay derechos

ISABEL FRANCO CARMONA* // No se puede vivir del aire. Es imposible. Aunque en nuestro país, a dos millones y medio de personas no les quede más remedio que intentarlo cada día, no se puede vivir del aire. No se alimenta una persona de aire, ni se busca trabajo con aire, los coches no usan aire como combustible, tampoco el aire nos viste, ni los bancos dejan que paguemos nuestros alquileres e hipotecas, o las eléctricas, nuestras facturas de la luz, con aire.

La ciudadanía lo sufre cada día. Cuando te quedas sin empleo y sin prestación o cuando tu pensión o salario es tan bajo que no te da para llegar a fin de mes, pierdes todos tus derechos democráticos. Aquellos derechos de mínimos que bien describe el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta pérdida de derechos democráticos, es el día a día de nuestro pueblo.

Las consecuencias son aún peores si pensamos en el futuro. Con casi cuatro millones de desempleados, con unos empleos cada vez más precarios y con una temporalidad creciente, es cada vez más difícil que las pensiones públicas vayan a ser sostenibles durante mucho más tiempo. De hecho, el Fondo de Reserva, conocido como la “hucha de las pensiones”, ya no llega para la paga extra de finales de 2017 y, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el déficit de la caja de la Seguridad Social será de 20.000 millones de euros al acabar el año.

Sin ingresos, ¿dónde quedan los derechos? Los artículos 35, 40 y 50 de la Constitución Española no se aplican. Es tan grande el abismo entre la situación actual y el cumplimiento efectivo del derecho al empleo y salario digno, a unas prestaciones por desempleo suficientes y a las pensiones públicas, que la propia Constitución parece revolucionaria.

Incluso el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece desdibujado. Borroso. Como si le hubiese pasado por encima una mano sudorosa de agarrar maletines de piel repletos de dinero.

Es urgente aumentar los ingresos, pero eso solo puede hacerse con políticas anticíclicas que permitan a la economía crecer, a las familias volver a consumir y, por consiguiente, a los empresarios volver a producir y vender.

Y a su vez, hay que realizar políticas estructurales que se adapten a la nueva realidad y cambios sociales y garanticen derechos. Caminar hacia una Renta Básica universal, garantizar las pensiones públicas e impedir que estas se conviertan en un negocio y favorecer un cambio de modelo productivo que dote a nuestras trabajadoras y trabajadores de empleos bien remunerados y de calidad.

Conseguirlo no va a ser fácil. Para los grandes poderes políticos y económicos, es mucho más efectivo y cómodo tener a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país empobrecidos y hacer negocio con las pensiones. Y la excusa es sencilla: “No hay dinero”. Sí que lo hubo para el rescate bancario. De la misma forma que lo hubo para proteger a La Trama mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Quieren que vivamos del aire para mantener sus privilegios.

Solo el pueblo organizado en lógicas de fraternidad y sororidad conseguirá defender sus derechos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. De la misma forma que las mujeres conquistamos el derecho a voto y que avanzamos hacia la igualdad, o de la misma manera que la clase trabajadora conquistó el derecho a la jornada de 8 horas. El próximo día 25, salimos a la calle. Nadie sin ingresos. Nadie sin derechos.

*Isabel Franco Carmona es diputada de Podemos por Huelva.

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Varios colectivos de Madrid impulsan una ILP por el derecho a la vivienda

MADRID // La Coordinadora de Vivienda de Madrid, integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas de Stop Desahucios, ha presentado este lunes su Iniciativa Legislativa Popular “por el derecho de todas a una vivienda digna”, que entregará este jueves en la Asamblea de Madrid.

La propuesta, en la que también participan la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), pretende dar paso a una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid que sitúe el acceso a la vivienda en primera línea política y lo garantice para todas las personas residentes en la comunidad autónoma, priorizando a aquellas cuya situación es más vulnerable. “Ya no podemos acudir al argumento de que no hay dinero o no hay viviendas; esta ley supone una reordenación de las políticas públicas”, indica  Alejandro Gámez, de la ALA.

La iniciativa surge fruto de “la inacción política de los poderes públicos”, según denuncia Alejandra Jacinto, de la Coordinadora de Vivienda. Según esta asociación, cada año se ejecutan 10.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, además de 25.000 cortes de agua. Y más de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energética para mantener la temperatura de su hogar. El diagnóstico del colectivo es “alarmante”. El acceso a la vivienda en Madrid, advierte, se ve dificultado por “los continuos lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios, a menudo vinculados a clausulas abusivas, la extinción de contratos de alquiler en vivienda social o la venta de viviendas públicas a fondos de inversión”.

En este contexto, parar los desahucios sin alternativa habitacional y llevar a cabo medidas contra la pobreza energética son dos de los principales puntos de la ILP. “Queremos una ley que dote de eficacia, desarrollo y protección el artículo 47 de la Constitución”, explican sus impulsores, que proponen un régimen de acceso general que reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos y que incluya los gastos de suministro.

En aquellos casos en los que existe un elevado riesgo de desamparo, para personas sin hogar o que se enfrentan un desalojo inminente, la ILP propone un régimen de emergencia habitacional. En este proceso, “la asignación de vivienda es temporal y gratuita, pero su solicitud lleva aparejada automáticamente la solicitud del régimen general”, explican.

Perseguir conductas abusivas

La ILP incluye también un régimen sancionador que persiga los “usos ilícitos de la propiedad privada” cuando el infractor sea un “Gran Tenedor” —entidades financieras y empresarios inmobiliarios—. Así, se aplicarían sanciones económicas de hasta 600.000 euros por las viviendas vacías durante más de seis meses, la omisión de oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo, el incumplimiento de los deberes de conservación de la vivienda, el incumplimiento de los deberes de pago y conservación de fincas derivados de la Ley de Propiedad Horizontal y el incumplimiento del deber de inscripción registral de la titularidad.

Para garantizar que las medidas se cumplen y existe una protección de los consumidores, la ILP propone la creación de la Agencia de Protección al Consumidor, con el objetivo de perseguir conductas abusivas en los contratos.

Para la tramitación como ley de la ILP, deben sumarse un mínimo de 50.000 firmas en tres meses desde que la Asamblea de Madrid dé luz verde a la propuesta.

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