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La mercantilización de la democracia

JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y PEDRO RAMIO* // La profunda crisis normativa en la que nos encontramos se ha convertido en un campo más de experimentación donde transformar el Derecho en una armadura jurídica de dominación, pasando a formar parte –de manera expresa y con funcionamiento autónomo– del conjunto de mecanismos de opresión de las mayorías sociales. La mercantilización de la democracia es una de sus expresiones más preocupantes.

Con la crisis económica y financiera que se inició en 2008 se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. Y así parece que la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales. No podemos olvidar que, al fin y al cabo, las constituciones son “mecanismos estabilizadores” que formalizan jurídicamente las relaciones de fuerza en el combate socio-político.

Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una “constitución económica” que se impone –en la mayoría de las ocasiones sin ninguna oposición de los gobiernos– a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberanía popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la mera interpretación de esa sacrosanta constitución económica. Como afirman Laval y Dardot, se sustituye el gobierno de las personas por el gobierno de las leyes privadas.

Esta constitución económica, eso sí, no se encuentra formalizada en ningún texto jurídico. Es una suma de normas, disposiciones, decisiones, pactos, tratados, resoluciones judiciales, planes, recomendaciones, rescates, deudas soberanas, indicadores riego-país, tratados comerciales y acuerdos de inversión, laudos arbitrales, etc. Todos ellos entrelazados, “amontonados” y superpuestos, de forma que desacoplan las reglas de la jerarquía normativa, el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

De la reforma del artículo 135 de la constitución española hasta la aprobación del CETA, pasando por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón que se ha anunciado hace unos días, se trata de normas que se sustraen a la democracia y a los derechos de las mayorías sociales. Un nuevo marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatización y la desregulación de los derechos sociales. Y que se vincula, a la vez, con acciones públicas que incorporan a la armadura jurídica de dominación la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la austeridad fiscal, el no endeudamiento, la “independencia” de los bancos centrales, el pago de la deuda… Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, al margen de los vaivenes de la democracia representativa. Lo que resulta novedoso es que se formaliza constitucionalmente la protección de los intereses de las clases dominantes y se disciplina la soberanía popular a las reglas de derecho privado.

Esta es una tendencia que viene fraguándose desde hace años y que el modelo neoliberal ha ido implementando poco a poco. Sería muy interesante disponer de un análisis detallado sobre los límites que las armaduras jurídicas globales heredadas por los gobiernos progresistas en América Latina han supuesto para el ejercicio de las políticas públicas a favor de las mayorías sociales, ya que nos podría dar mucha luz respecto a las dificultades que conlleva poner en práctica la voluntad popular. En cualquier caso, la Unión Europea es un ejemplo paradigmático en esta línea. Recordemos aquellas palabras de Juncker hace tres años cuando dijo que no podrían celebrarse elecciones que contravinieran los tratados europeos.

Esta afirmación implica limitar los cambios sustanciales que pueda generar la alternancia electoral y, al mismo tiempo, consolidar de facto las reglas económicas por encima de las normas que protegen los derechos humanos y socioambientales que también forman parte de los mismos tratados. Y como nos demuestra la experiencia reciente de Grecia, representa una amenaza latente para toda opción política que pretenda modificar los intereses corporativos constitucionalizados. ¿Qué papel jugaron la Carta Europa de Derechos Fundamentales de la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos en las decisiones que la troika impuso al pueblo griego que, por cierto, había ejercido su soberanía por medio de un referéndum democrático? Absolutamente ninguno.

Además, la propuesta de las instituciones comunitarias y de la mayoría de los gobiernos miembros de la Unión incide en la necesidad de filtrar la voluntad de las mayorías al ejercicio “responsable” de la política de los gobernantes, que deben ajustar la soberanía popular a las reglas privadas de carácter económico que consolidan la armadura jurídica de dominación. La aprobación de la reforma constitucional exprés para limitar el déficit público del gobierno Zapatero es nuevamente un ejemplo paradigmático al respecto.

La privatización de las normas jurídicas está dislocando los núcleos centrales y garantistas del Derecho. Así, el “derecho oficial” pierde su centralidad y se desestructura al coexistir con otro derecho no oficial dictado por diversos legisladores –no democráticos, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, el Banco Central Europeo, etc.– en el ámbito de la globalización neoliberal. A eso hay que añadir la “contractualización” de la ley y de las relaciones económicas, lo que provoca la anulación de los procedimientos legislativos, la dislocación de la separación de poderes y la mutilación de la soberanía de los pueblos y naciones. De este modo, se van suprimiendo las normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión, muy especializados, fragmentados y de una altísima complejidad técnica. Todos ellos, atravesados por las relaciones de poder que imponen las clases dominantes.

Como colofón, los acuerdos y tratados de comercio e inversiones van privatizando el poder judicial mediante los tribunales arbitrales. Igualmente, van “administrativizando” el poder legislativo, subordinándolo a instituciones y procedimientos que profundizan en la libre competencia y en la mercantilización de todas y cada una de las esferas del sector público y el interés general.

La fragilidad de los mecanismos de control, la irresponsabilidad de los poderes públicos, la sustitución de instituciones democráticas por instituciones tecnocráticas y la aprobación de técnicas y procedimientos que evalúan los derechos en función de su eficacia económica, además, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y “confusión democrática”. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del nuevo Derecho Corporativo Global y forman parte de su metabolismo funcional. De hecho, las reglas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y muy alejadas de la ciudadanía. Casi nunca se conocen los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”. Las decisiones se toman a espaldas de las mayorías sociales y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

Todo ello va alejando a la ciudadanía del control de los centros reales de poder, consolidando mecanismos autoritarios y debilitando la legitimidad de las instituciones representativas. Y es que la privatización de las normas jurídicas y la mercantilización de la democracia están provocando que los derechos humanos sean expulsados del imaginario colectivo y que se esté procediendo a una reconfiguración de quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Lo que nos conduce a una nueva etapa en la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos: las normas privadas están desplazando a los derechos humanos, protegiendo la “seguridad jurídica” de unos pocos frente a los intereses de la mayor parte de la población.

Frente a la hegemonía del proyecto neoliberal, los movimientos sociales y las comunidades en resistencia tenemos el reto de diseñar nuevas formas de participación para todas aquellas personas que viven en los márgenes del modelo político y económico. Y eso requiere, de entrada, reconstruir la democracia y los derechos humanos desde abajo y para las de abajo.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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Kasparov y Jodorkovsky, las dos caras de la oposición rusa en el exilio

Kasparov (izquierda) y Jodorkovsky (derecha). Foto: Web Summit / Vygintas Skaraitis.

LISBOA // El próximo año Rusia vivirá dos grandes acontecimientos que la pondrán en el centro de la atención mundial: las elecciones presidenciales (marzo y abril) y el Mundial de Fútbol  (junio y julio). La Marea tuvo ocasión de escuchar y hablar con dos de las caras más conocidas de la oposición contra Vladímir Putin en el exilio, la leyenda del ajedrez Gari Kasparov y el oligarca ruso Mijaíl Jodorkovsky, que participaron esta semana en la Web Summit de Lisboa (conocido como el Foro de Davos de la tecnología) para opinar sobre política, tecnología, derechos humanos y el futuro de la segunda potencia militar.

Kasparov y Jodorkovsky tienen una relación fluida y se definen como ‘amigos’ a pesar de sus marcadas diferencias. Kasparov alcanzó la fama al convertirse en campeón de ajedrez de la URSS con solo 12 años, mientras que Jodorkovsky se convirtió en el hombre más rico de Rusia con solo 40 años gracias a las privatizaciones de la perestroika y sus vínculos con el poder. Ambos aprietan con firmeza al estrechar la mano, saben lo que es recibir amenazas de muerte y tienen un objetivo común: echar a Putin del Kremlin. Sin embargo, las dos caras más visibles de la oposición rusa en el exilio defienden estrategias muy diferenciadas para relevar al ex espía de la KGB, que rige Rusia desde 1999.

Kasparov tiene mente de estratega, valora el simbolismo de cualquier gesto y mira a largo plazo. Jodorkovsky es lo que muchos denominarían un ‘pragmático’, el hombre de negocios que busca resultados inmediatos y que está dispuesto a usar cualquier carta sobre la mesa para ganar la partida. “Lo más interesante que pasará en Rusia próximamente es esa dramatización llamada ‘elecciones’”, opina Jodorkovsky, que llegó a estar en el puesto 15 de la lista de fortunas mundiales que elabora Forbes, y fundador de la organización Open Russia, que cuenta con consejeros como Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado de EEUU, y el banquero Jacob Rothschild.

Aunque Putin todavía no ha confirmado si concurrirá a las presidenciales de 2018, los medios más cercanos al presidente dan por sentado que se presentará. Kasparov y Jodorkovsky no tienen dudas de que en ese caso volvería a ganar holgadamente, como viene sucediendo desde 1999, pero mientras el ajedrecista pide boicotear ampliamente estas elecciones, el oligarca apuesta por animar a una participación masiva para “mandar un mensaje” a Putin, a pesar de estar seguro de que “el recuento de votos está totalmente controlado por el gobierno”.

“No estoy de acuerdo con mi amigo Jodorkovsky, creo que el boicot no es algo pasivo sino activo, un desafío, porque todos sabemos que esas elecciones son una farsa”, dijo Kasparov en una rueda de prensa celebrada apenas una hora después de la que ofreció el oligarca. El ajedrecista, conocido por sus partidas contra super ordenadores y por ser campeón mundial durante 15 años, trabaja ahora como embajador de la empresa de ciberseguridad Avast y dirige la Fundación Derechos Humanos, con sede en Nueva York.

“Denegar la legitimidad de esta farsa es muy importante porque, sin importar cuántos se muestren en contra, el régimen se sentirá sacudido”, asegura. Kasparov esgrime la facilidad del Gobierno ruso para acallar voces opositoras (él mismo fue candidato en 2007 pero fue excluido por “obstrucción oficial” y burocrática). Por eso cree que “si continuamos generando un frente común y unido contra el régimen, negando su legitimidad y asegurando que se debilite a nivel internacional, estaremos más cerca del cambio”.

La estrategia que defiende Jodorkovsky es distinta. Además de llamar a una participación masiva, el oligarca ruso también apoya medidas de “influencia útil”, más allá de las sanciones contra dirigentes del Kremlin que, a pesar de contar con su respaldo, llevan a la sociedad rusa “a sentir que tiene que agruparse en torno al líder”, según sus propias palabras. Jodorkovsky, que pasó ocho años en una cárcel en Siberia acusado de varios delitos económicos -Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia-, explica tres líneas de acción: la educación política -que incluye animar a la participación en elecciones-, la protección de los derechos humanos, y la batalla de la información.

“Los medios de Putin ofrecen interpretaciones simplistas y no siempre honestas de la realidad, por desgracia la mayoría de la gente [en Rusia], el 80%, se cree esas informaciones sin contrastar. Hay que dar interpretaciones alternativas”, sostiene Jodorkovsky. En ese punto sí coincide con el ajedrecista, que se muestra preocupado por cómo las actuales “habilidades casi ilimitadas para que un individuo difunda su mensaje” conviven con “nuestra incapacidad para protegernos de ciertos discursos dañinos”. En este sentido, Kasparov cree que es necesario explorar cómo “miles de potenciales ciberactivistas anónimos podrían organizarse” y acusa abiertamente a Twitter, Facebook, Amazon y otras grandes del sector tecnológico por su responsabilidad en las limitaciones que enfrentan esos ciberactivistas porque, a su entender, “están minando la normalidad democrática”, aunque matiza que “no es lo mismo que la información la recolecte Facebook o la KGB”.

Sin embargo, a diferencia de Kasparov, Jodorkovsky no tiene reparo en mencionar y aplaudir varias veces las acciones del Congreso estadounidense contra Rusia, y en mostrar su preocupación por cómo la inseguridad jurídica merma la actividad económica en su país. Son ideas que el oligarca defiende desde que trabajó como asesor económico del expresidente Boris Yeltsin.

En los últimos meses la oposición extraparlamentaria rusa, aglutinada en torno al inhabilitado Alexei Navalni, protagonizó varias manifestaciones contra la corrupción, la crisis económica y el autoritarismo del Kremlin que acabaron con decenas de detenidos, algunos de forma ‘preventiva’ antes de comenzar las marchas -entre ellos el propio Navalni, detenido el mismo día del 65 cumpleaños de Putin-, y con una afluencia menor de la que se esperaba.

En verano de 2018 Rusia acogerá el Mundial de Fútbol y, tal y como sucedió en Brasil, las autoridades estarán listas para apagar posibles disturbios. Jodorkovsky está en contra de boicotear el Mundial de Rusia, una acción sobre la que Kasparov aún no se ha pronunciado y que sí defienden decenas de colectivos y organizaciones pro-derechos humanos dentro y fuera del país.

Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, ¿hará falta otra revolución para poner fin al periodo Putin? “Los que recuerdan la historia de la revolución rusa no quieren otra: demasiada sangre, demasiada destrucción económica”, opina Jodorkowsky, rival declarado de Putin desde que en 2003, durante un programa de televisión al que asistieron ambos, el oligarca criticó la corrupción endémica en Rusia. El antiguo presidente de Yukos Oil (la mayor petrolera privada rusa) cree que el sistema legal ruso está tan viciado que es imposible arreglarlo desde dentro. “Por eso creo que hay que para cambiar Rusia, hay que dar un paso hacia fuera. Viviendo en Suiza he visto cómo funciona una democracia correcta”, argumenta.

“No tengo las respuestas, nadie las tiene, pero creo que lo importante es precisamente eso: hacer las preguntas correctas”, argumenta Kasparov. Está convencido de que si los líderes de lo que denomina “mundo libre” tuvieran la mirada de largo alcance que atribuye a Winston Churchill, “Putin nunca habría llegado a donde está”. ¿Cree que su experiencia como campeón de ajedrez le ayudará a navegar las aguas revueltas de la política rusa? Kasparov, que prefiere que le definan como activista por los derechos humanos en vez de como político, lleva años respondiendo la misma pregunta: “Para nada, porque en ajedrez tenemos normas fijas y resultados impredecibles, pero en la Rusia de Putin sucede todo lo contrario”.

 
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El aparato cultural del Estado español: hacia una ensoñación totalitaria

Concentración Parlem, en Barcelona, el 7 de octubre. Foto: Jorge Lizana / Fotomovimiento

“Debe imponerse la fuerza de la razón”, le dijo Donald Tusk a Mariano Rajoy sobre la forma de lidiar con el conflicto catalán. Ocurre que la razón perdió su significado cuando desde Bruselas se instigó a que coincidiera con las máximas de la austeridad. Cuando la lógica política del Gobierno es superada por aquellas que establecen las fuerzas económicas, al Estado sólo le queda tratar de encontrar la legitimidad para responder a este momento histórico de crisis de Régimen mediante el uso de medios autoritarios y jerárquicos. Y el independentismo catalán lo ha sacado a relucir. Ya sólo queda movilizar al eficaz aparato cultural con el fin de eliminar cualquier atisbo de disidencia e imponer definitivamente la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy para mantener el orden y la ley. Sólo existe un límite, y nada tiene que ver con consideraciones democráticas, sino con una cuestión de marca internacional: que el conflicto no escale hacia el uso de la fuerza policial y genere mala prensa en los medios extranjeros.

Interpretar el pasado para impedir un presente alternativo

No obstante, cuando hablamos de la batalla por el relato, también nos encontramos ante una lucha por la forma en la que entendemos la historia; el camino mediante el cual hemos llegado hasta aquí. De esta forma, Javier Cercas recuperó de forma cínicamente inteligente “el momento en que el Gobierno de la Generalitat se rebeló contra la legalidad democrática, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal española y cortó con el Gobierno de Madrid”. En la misma línea, pero ampliando las fronteras de su enfoque, Fernando Savater apuntaba recientemente que “el comunismo y el nazismo son la mugre política que la Unión Europea trató de erradicar. Pero ahí siguen”. Además definió con absoluto desprecio a la eurodiputada Marina Albiol como un “error histórico”. No es casualidad.

Los intelectuales de este débil y caduco momento buscan aquellos patrones similares en el tiempo anterior con dos finalidades: recuperar la conformidad del pasado para los valores del presente e impedir el surgimiento de un momento histórico que desemboque en grandes modelos alternativos. Algo que el propio Nietzsche ya criticó en sus segundas consideraciones intempestivas allá por el siglo XIX: “La historia solo resulta prometedora cuando nace de una nueva cultura naciente”. Cercas y Savater son parte de un amplio elenco de sacerdotes de una historia que se ha revelado inservible para establecer un ideal de democracia real en España. Tratan de usar el conocimiento del pasado para desarraigar un futuro, no ya que permita a los pueblos obtener su libertad, sino siquiera tener la capacidad para intentarlo.

Se da otro suceso curioso. En el mismo momento en que el Estado trata de hacer hegemónico el relato presente sobre la crisis catalana polarizando las posiciones de forma que quede enterrado cualquier matiz, observamos que el relato futuro que quedará sobre el conflicto vasco trata de asentarse sobre las mismas bases. Es una casualidad del destino que el Premio Nacional de Narrativa lo recibiera la Patria de Fernando Aramburu -esa novela ensalzada por todo el aparato patrio que presenta una idea de Euskadi en la que están las víctimas y aquellos cuya pistola sólo parecía conocer una patria-. Legítimo, desde luego, pero como ocurre con el relato que promueve el Estado, cualquier tinte intermedio es desdeñado. Cuando se tiene aprensión del contenido subversivo que posee todo recuerdo del pasado, el precio que pagamos no es otro que el olvido. El mismo que ya permite a Alfonso Alonso amenazar a Euskadi con aplicar el 155 o a Pablo Casado, enfant terrible del neoconservadurismo, dar un aviso a navegantes (léase ‘disidentes’). Oriol Junqueras y los otros siete consellers enviados a prisión sin fianza son otro de los ejemplos de represión que trata de justificar el relato cultural hegemónico.

España pasó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, entró a formar parte de la actual Unión Europea en pocos años y, sin disfrutar la memoria española de lo que se denominaron los «Treinta Gloriosos», pronto se vio obligada a pagar con sus derechos sociales la factura de la austeridad. Fiel a Angela Merkel, el Ejecutivo de Rajoy cargó todo el peso de la supuesta recuperación sobre la clases más bajas, eliminó de forma sucesiva distintas libertades civiles y cerró la puerta a cualquier ideal de avance democrático en nuestra sociedad. Lejos de cambiar de idea, el reorden del establishment español -que coincide con un proceso de expansión global del capitalismo- trata ahora de que cualquier futura agenda económica o antisocial, por dura que sea, no reciba oposición alguna. Los conservadores usarán toda la fuerza de la Constitución, y en caso de que deba hacerse una reforma, la encabezará una derecha desbordada de poder gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos. Aquello que esté a la izquierda o tenga tintes discrepantes tratará de ser barrido.

Probablemente, el suceso más clarividente de cómo el relato gubernamental trata de acallar a los críticos fuera el artículo en donde Antonio Muñoz Molina atacaba frontalmente a un periodista de la talla de Jon Lee Anderson. Incluso el mundo artístico, ese plano subjetivo que crean los grandes novelistas -algunos articulistas ya convertidos en propagandistas del régimen-, trata de impedir la reflexión con el fin de justificar las acciones del Gobierno. En una entrevista con Nueva Revista, Anderson fue apelado sobre este tema de la siguiente forma: “[El artículo de Muñoz Molina] quizá demuestre que la democracia española es frágil, y por eso hay que defenderla”. A lo que respondió: “¿Y van a ganar adeptos a su causa atacando a los que intentan observar el proceso con ojos críticos pero constructivos?”. Cuando la democracia española es tan frágil que no admite crítica, la tendencia antidemocrática queda de manifiesto. Y solo la perspicacia del aparato cultural puede camuflarlo.

España en un mundo post-orwelliano

En un breve texto publicado en What Orwell Didn’t Know, un libro sobre la propaganda y la nueva cara de la política americana, Alice O’Connor apuntaba que si bien George Orwell describió a la perfección la maquinaria de propaganda en los regímenes totalitarios, nunca imaginó que el consenso de Washington establecido después de la Guerra Fría por los ideólogos de la derecha se convertiría en el nuevo pensamiento único de época. En esta suerte de mundo post-orwelliano, donde el libro más vendido ha vuelto a ser 1984, las élites hasta invocan al escritor inglés para eliminar una oposición que es bastante más moderada que aquella representada entonces por Vladímir Ilich Lenin. Pero han ocurrido muchas cosas desde que Orwell ironizó sobre la revolución rusa en Rebelión en la Granja. Y aún más desde que el mismo Lenin escribiera sobre la imposición de las exigencias socialdemócratas que “la libertad de crítica se redujo en el acto no sólo a la falta de crítica, sino a la falta de todo juicio independiente en general”.

En algo menos de un siglo, el triunfo de la democracia burguesa asentada en un liberalismo embridado ha dado lugar a una suerte de nuevo totalitarismo económico impuesto violentamente por la burguesía neoliberal, donde la socialdemocracia que criticaba Lenin es ya una breve distopía de lo que fue. No es ninguna causalidad que su precaria situación coincida con la avanzada bifurcación entre capital y democracia. Sin embargo, en España aún se mantiene viva. Aunque sea al precio de justificar la cara menos democrática del gobierno conservador.

Lo verdaderamente preocupante es que, si bien es cierto que la crisis catalana es la forma en la que se pone de manifiesto la crisis 78, pareciera como si la forma en la que el Estado español ha gestionado el suceso le hubiera permitido superar el eje arriba/abajo y la crisis de un régimen cuyas brechas permitieron emerger a un movimiento contrahegemónico como el que en su momento trató de ser Podemos. Los conservadores han logrado que la idea del “Estado de Derecho” adquiera la suficiente legitimidad como para colocarnos en una especie de momento histórico donde todo vale para legitimar intervenciones sociales radicales que muchos rechazarían en tiempos normales. Todo concepto debe adaptarse a aquel tiempo en que se utiliza, y la unidad de España es cada vez más una idea totalitaria. Lo vislumbraba Iñigo Errejón en conversaciones con La Marea tras las primeras elecciones: “El consenso ha tenido más peso por parte de las élites que el término democracia. El valor consenso se ha abierto camino de una forma totalitaria”.

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El gran teatro del mundo

Contra el régimen del 78 | La Marea

En la España de Franco se decía: “Aquí hay libertad, puedes ser del Madrid o del Atlético”. Ahora esa libertad se ha ampliado mucho, no cabe duda. Ahora puedes votar a Rajoy, a Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, o puedes tirar tu voto en alguna opción minoritaria a la que una amañada Ley Electoral no le da la menor oportunidad de conseguir un representante. Puedes votar a quien quieras, pero la democracia, eso de que manda el pueblo, sigue siendo un ideal lejano. Mandar, lo que se dice mandar, mandan los de siempre, los que tienen la riqueza, los bancos y las grandes empresas. Y a esos no los vota nadie. A todo tirar los votan los accionistas mayoritarios cuando hay que elegir presidente de la empresa. Pero ser accionista mayoritario cuesta una cantidad de millones que, desde luego, no está al alcance de probablemente ningún lector de este artículo.

Pero el teatro les funciona perfectamente. Y les funciona perfectamente porque todos, desde la derecha y la izquierda, siguen hablando de democracia y colaborando con todo entusiasmo para mantener la representación en marcha. Cuando hay elecciones todos compiten democráticamente para conseguir los votos que los lleven al gobierno. Pero ninguno nos dice que no elegimos gobernantes, que realmente solo elegimos administradores al servicio del gran poder económico.

La derecha desde luego no lo va a decir, su idea de democracia es totalmente compatible con la autoridad suprema de los poderes económicos. El PSOE tampoco. Es como el dios griego Jano, el de las dos caras, con la que mira al pueblo pone gesto de agitador de masas y habla de justicia y solidaridad. Con la que mira a la élite económica pone un gesto obsequioso, y cuando esta le ordena modificar la Constitución para asegurar el pago de la deuda por encima de los servicios públicos, no duda en someterse a sus órdenes sin el menor gesto de protesta.

Ahora con el lío de Cataluña se ha montado un gran tinglado a propósito de la soberanía. Pero soberano de verdad solo es el gran capital, la Trilateral y compañía, que hablan por boca de sus testaferros políticos o económicos, la señora Merkel o Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Y ese poder va a seguir teniendo la verdadera soberanía, se independice Cataluña o no. Y si no, que se lo pregunten a los griegos.

Los líderes de los grupos políticos a la izquierda del Partido Socialista creo que son conscientes de esta situación, pero prefieren callárselo  o decirlo tan bajito que no se entera ni el cuello de su camisa. Quizá piensen que si la gente es consciente de esta realidad se va desanimar y no les votará. Pienso que es un grave error político. Si confiando en sus promesas de cambio, la gente les vota, y luego ve que tienen que rendirse ante el poder de los mercados, la frustración y el desencanto van a tener peores consecuencias.

Solamente sobre la verdad se puede construir algo sólido y duradero. Sobre la verdad que proclamaban los carteles del 15-M: “Le llaman democracia ¡y no lo es!”. Luchar para que la sociedad tome conciencia de la situación, no disimularla. Poner claramente de manifiesto que hemos llegado a esta democracia minusválida porque engañaron al pueblo y le llevaron a tomar una serie de decisiones políticas equivocadas. Pero, si nos hacemos conscientes de cuál es la realidad de hoy en el mundo, podemos dar los pasos adecuados para revertir esas decisiones políticas tan perjudiciales

Porque solo partiendo de la verdad podremos llegar a disfrutar de una auténtica y real democracia. Recordar que ¡En un mundo de engaño universal, decir la verdad ya es revolucionario!

Antonio Zugasti es socio cooperativista de ‘La Marea’.

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Poder judicial y democracia, por Isabel Elbal

La consagrada Transición que, como relato para equilibrar un periodo inestable de posible “ruido de sables”, se instauró en nuestro país hace cuarenta años, procuró no solo salvar los muebles, sino dar apariencia de democracia, de forma rotunda e inminente ante la comunidad internacional. No en vano, incluso antes de que se promulgara la Constitución española, ya se firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por si acaso y para que no cupiera ninguna duda acerca del firme compromiso de adentrarnos en un periodo abiertamente democrático y respetuoso con los Derechos Humanos.

Hubo referéndum, hubo elecciones, hubo legalización del Partido Comunista de España, hubo proceso constituyente. Sin embargo, era necesario transformar a fondo las estructuras del Estado. Prueba de esta necesidad, lo constituye la sentencia ejemplar que dictó en 1988 la Audiencia Provincial de Madrid contra tres mandos policiales por la detención ilegal, desaparición y torturas de Santiago Corella, El Nani. Este hecho marcó un antes y un después, acompañado de un vivo debate público, dinamizado por los medios de comunicación, muy activos en la investigación del caso de la desaparición de El Nani. Así, a finales de los años 80, se pudo apreciar un verdadero esfuerzo por modificar las estructuras policiales y adaptarlas a las propias de un sistema democrático y de Derecho.

Sin embargo, si hubo una estructura apenas modificada, esa es la judicial. Los jueces en nuestro país pasaron de acatar las Normas Fundamentales del Movimiento a acatar la Constitución española. ¿Cómo se realizó la labor de adaptación al nuevo sistema constitucional? Se estableció en nuestra Carta Magna que la Justicia emana del pueblo, sin embargo, la exigencia de apariencia de imparcialidad y de independencia, hizo que el Poder Judicial se alejara cada vez más del ciudadano medio y se aproximara más y más al defensor técnico del sistema establecido. El juez, como aplicador técnico del Derecho, no es distinto en una época que en otra: es el mismo quien aplica técnica y asépticamente una ley franquista que quien así aplica una ley en el marco constitucional. Para establecer el matiz constitucional, de nueva impronta, a los jueces ya existentes durante la Transición, se creó el Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional, por cuanto sus miembros son elegidos por las dos Cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y con misión de interpretar el dictado de los jueces bajo el prisma del mandato constitucional.

Sin embargo, la figura del “juez técnico”, como reminiscencia del juez que no debía cuestionar el sistema franquista –era apolítico y/o sumiso del régimen– es el que pervive hasta nuestros días. Traducido a términos de Transición: el juez que no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente, frente al juez que se halla inserto en una sociedad plural, sujeta a relevantes cambios que pujan por superar o mejorar el actual sistema vigente. Este último es el juez social, involucrado en una sociedad democrática no ajeno a los cambios que se producen y, por tanto, adaptado a lo que razonablemente se espera de él: que su legitimidad constitucional no se aleje del ciudadano a quien sirve y de quien emana su propio poder.

Sin embargo, el juez, como mero técnico del Derecho, apolítico y neutro es aquel que ha accedido a la carrera judicial tras un gran un esfuerzo memorístico en prodigiosos ejercicios de unas oposiciones que nada dicen acerca de la formación jurídica del examinando: formación jurídica, en sentido amplio, esto es, con enfoque constitucional y Derechos Humanos, sobre todo. Tampoco el ingreso en la Escuela Judicial proporciona más herramientas que las que inoculan el concepto de “autoridad judicial”, sobre todas las demás cosas. Esto, sin duda, también aleja al Poder Judicial del ciudadano.

No ayuda mucho a superar el concepto de juez, como mero técnico del Derecho, la prohibición de afiliación a partidos políticos o sindicatos. Se abrió la mano, sí, al asociacionismo después de un duro debate parlamentario, sin embargo, vemos que esto no fue suficiente.

Otro problema que cuestiona la legitimidad del Poder Judicial como poder emanante de la soberanía popular consiste en ser el único poder del Estado no sujeto a elecciones directas de los ciudadanos. De hecho, el Tribunal del Jurado, como órgano atemperador de esta seria deficiencia y alejamiento social de los jueces, cada vez tiene menos competencias, y las que aún conserva han sido cuidadosamente seleccionadas, a modo de experimento, a fin de que los ciudadanos no creamos que nos es dado invadir las competencias jurisdiccionales del Poder Judicial. Se transmite una total desconfianza hacia la ciudadanía, que es percibida como una masa amorfa, sin la cualidad ni la capacidad de sentido común que, se presume, tienen los miembros de la judicatura.

Hay que salvar las peculiaridades de algunos jueces que han cuestionado el orden vigente, entendiendo que este se deshacía por sus aparentes rígidas costuras y se han atrevido a desafiarlo, planteando cuestiones interesantes que han ocasionado profundas transformaciones –es el caso del juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, sobre la legislación hipotecaria–. Son los menos frecuentes.

En esta situación, la Judicatura, ante la ilegítima utilización que se está haciendo de ella por parte del gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto catalán, se ha limitado a cerrar filas en torno al estricto y exigible cumplimiento de la legalidad, en defensa de “la indisoluble unidad del Estado español”, concepto este que se ha atrevido a desafiar el Govern catalán. No ha habido por parte de los jueces ni un solo cuestionamiento a esta utilización espuria, que, como peones sufridores, les obliga a cargar con el peso de la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Derecho Penal. Algunas voces aisladas sí lo han hecho, pero los mensajes institucionales y de las asociaciones de jueces se han limitado a expresar su firme compromiso de acatar la ley, sin ni siquiera expresar una queja ante esta fraudulenta instrumentalización de la judicatura por parte del Ejecutivo. Tan grotesca ha sido dicha utilización que el propio Rajoy compareció públicamente atribuyéndose el éxito de una operación policial, ordenada por un juez, que se saldó con 14 altos cargos de la Generalitat detenidos.

Solo a un Poder Judicial “tecnificado” y neutro –y sumiso– se le puede ocurrir que un grupo de manifestantes apostados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para protestar por la marea represiva contra el referéndum del 1-O, está inquietando su independencia. Incluso una de las asociaciones judiciales ha llegado a manifestar que este acto de protesta podría ser delictivo. Evidentemente, la ciudadanía no se ve reflejada en este Poder Judicial ni lo percibe legítimamente democrático ni confía, por tanto, en esta institución.

La solución pasa por acometer de una vez los cambios que se requieren, desde las pruebas de acceso a la judicatura hasta la forma de selección y nombramiento de los miembros de los altos tribunales: criterios que combinarían los méritos profesionales con la elección mediante el voto ciudadano. También es necesario implementar  herramientas que faciliten la comunicación con los ciudadanos, mediante un diálogo fluido y constante, como fuerza legitimadora de este Poder. Sí, más democracia.

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Ecos de tiempos no tan lejanos

Franco en Reus (1940). Foto: Joan Barceló.

Miguel García Lerma es doctorando en Historia Contemporánea.

El escenario está montado, y el teatro de guiñol comienza su función sin más guión aparente que un choque de trenes auspiciado por las “derechas” casticistas que poco o nada quieren solucionar,. La liebre ha sido levantada, y nadie se quiere cobrar la pieza. Por un lado, los exconvergentes, que reculan cuando les han quitado la red de un salto que llevan anunciando a bombo y platillo años. Por otro lado, el “Gobierno de la Nación”, que nunca ha aceptado la pluralidad de ésta más que para el voto de los Presupuestos Generales del Estado, siempre que le ha hecho falta pactar con la derecha nacionalista. Ya lo sabíamos, pero hoy día sorprende a muchos el hecho de que la pasta siempre se entienda con la pasta, independientemente de la bandera que la expida.

Para aquellos que partimos de una perspectiva de izquierdas que asume, en cierto sentido, algunos de los horizontes programáticos e ideológicos de la izquierda rupturista de este país, consideramos que el derecho de autodeterminación es, si me permiten el vulgarismo, “sagrao”. Sagrado porque es un derecho inalienable de los pueblos según varios documentos de organismos internacionales. Sagrado porque también los ciudadanos y ciudadanas debemos participar en la toma de decisiones del encaje territorial de nuestro estado. Sagrado, porque ha sido uno de los principios fundamentales que ha configurado el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y ha permitido la descolonización de países brutalmente explotados por sus metrópolis.

Y pese a las profundas reservas que el que suscribe tiene ante el formato de referéndum que ha propuesto la “Cheneralitá” (usando de modo jocoso como llamaba a la institución un catalán universal como era Ivá), no podemos cerrar los ojos ante la movilización que está dándose en Cataluña. Y como reservas no nos faltan, no tanto por el proceso en sí, sino por los mecanismos legales que se han puesto en marcha para desarrollarlo, y la mano que dirige el timón (una derecha tan nacionalista y corrupta como el Partido Popular)

Pero en este artículo quiero simplemente analizar la otra parte, la gestión del gobierno Popular, desde una perspectiva discursiva. No vamos a entrar en las grandes declaraciones, o en las líneas programáticas, sino en dos elementos que considero elocuentes. Porque, como dice el refranero, ‘de casta le viene al galgo’, y cuando las cosas están mal, las viejas pulsiones salen a la luz. Vamos a ello. Por un lado la preocupación por el Orden Público, y por otro lado la reaparición misteriosa del término “propaganda ilegal”. A aquellos más jóvenes, les sonará a otro elemento del tedioso lenguaje político, pero por mi profesión (investigador histórico), puedo vislumbrar parte de la significación que tiene el uso del lenguaje en esta circunstancia. Con respecto al primer elemento, al menos sobre papel, desde la constitución de 1978 no tenemos unas Fuerzas de Orden Público (FOP), sino unas Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

“¡Es lo mismo!”, dirán algunos, “otro eufemismo para llamar a la misma cosa”. Pero los términos tienen una significación profunda, y hay matices. Si bien ambas definen a “profesionales de la violencia institucional” -por muy polémico que pueda resultar el término-, el uso de FOP está asociado a la judicialización de actitudes políticas (entendiendo que ciertas reivindicaciones políticas alteran el orden público), mientras que el uso de FSE está asociado a la protección de la seguridad de la ciudadanía, partiendo de sus derechos y libertades. O de una manera mas simple, el concepto orden público tiene un elemento represivo, y el concepto seguridad ciudadana, un elemento democrático. O ese fue el cambio que se nos acentuó en el mundo académico y en los investigadores de la Transición Española en un momento que se planteaba el debate sobre la no depuración del personal policial de la dictadura. Cambio que el gobierno del Partido Popular, al parecer, se empeña en olvidar.

El segundo elemento que ha salido estos días a colación es el de la propaganda ilegal. Si bien no existe como elemento en nuestro Código Penal, ha estado presente en boca de nuestros dirigentes en la última semana, con el absurdo de ver a las FSE persiguiendo carteles e imprentas. El concepto de propaganda ilegal, una vez más, asumido por nuestro gobierno de la dictadura, fue un mecanismo contra los vencidos de la guerra en un contexto de represión. Sobre todo a la altura de la década de los años setenta, cuando constituyó una de las principales razones de encausamiento de disidentes políticos por el Tribunal de Orden Público. Quizás estos pequeños “lapsus” terminológicos podrían ser simples construcciones lingüísticas, sin mala fe, ante la celebración de un referéndum que excede el marco legal de nuestro ordenamiento jurídico. O quizás el uso de “viejas palabras” por los herederos de una cultura política que considera, como Fraga expuso en 1976, que la calle es suya.

Pero lo cierto es que el tratamiento del problema ha pasado por una judicialización del hecho político, es decir, se enmarcan actitudes políticas dentro del ámbito judicial, en lugar de ofrecer soluciones políticas a un problema que va más allá de una legislación concreta. Lo que no entiende el gobierno es que dos millones de personas en la calle no pueden constituir un colectivo a encarcelar y reprimir. Y si, recuperando estos ecos de un pasado no tan lejano, quizás de forma leve, pero muy significativa, el gobierno nos está diciendo que no tiene problema en encuadrar, dentro de una democracia, actitudes políticas fuera de la ley, que tiemblen no solo los activistas catalanes, si no cualquier activista social de este país (o país de países, como se prefiera). Porque se va a convertir en un problema de orden público. Porque su propaganda va a ser ilegal. Y hay que estar atentos, porque este giro no es sino el primer paso de una deriva autoritaria, que una vez iniciada, como el mismo ‘Procés’ en sí, no sabemos como va a acabar.

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