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PP, PSOE y Ciudadanos rechazan vetar la venta de armas a Arabia Saudí

En el centro, el rey Felipe VI junto a Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, rey de Arabia Saudí. FOTO: CASA REAL.

España seguirá vendiendo armamento a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la Convención de Ginebra en Yemen gracias a los votos en contra del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos durante la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso celebrada este martes. Unidos Podemos, PDCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) votaron a favor del veto a la exportación de armas a Arabia Saudí y también a Iraq, mientras que el PNV se abstuvo.

Actualmente España es el tercer mayor proveedor de material militar al régimen saudí, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, con unas exportaciones de armas que superaron los 1.360 millones de euros entre 2013 y 2016, es decir, 26 veces más que en el trienio anterior (2009-2012).

En 2016 las organizaciones Oxfam Intermón, FundiPau, Aministía Internacional y Greenpace pidieron por carta al Gobierno que vetara la venta de armas españolas a Arabia Saudí después de comprobar que estaban siendo utilizadas para atacar objetivos civiles en Yemen y violar varias ‘leyes de la guerra’ recogidas en la Convención de Ginebra, contribuyendo así a la grave crisis humanitaria que vive ese país. Además, alertan de las violaciones a los derechos humanos de la petromonarquía saudí contra sus propios ciudadanos. Arabia Saudí es, junto a Qatar, uno de los países más relevantes en la difusión del wahabismo, la corriente del islam fundamentalista que nutre el ideario de los combatientes de DAESH.

Entre los principales contratos armamentísticos de España con Arabia Saudí está la fabricación de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz, con el beneplácito del consistorio gaditano de Podemos. Oxfam Intermón advirtió de que el ejército saudí planea emplear estos buques militares para asediar y bloquear la entrada de víveres al puerto de Saná, capital de Yemen, una acción prohibida por los tratados internacionales por su devastador efecto sobre la población civil.

En la votación de este martes la Comisión de Defensa aprobó dos propuestas para prohibir la venta de armas a países que violen los derechos humanos (una medida ya contemplada en tratados firmados por España) y para mejorar el seguimiento parlamentario de la venta de armas a otros países una vez realizada la entrega del material bélico. No obstante, la negativa del PP, PSOE (preside la Comisión) y Ciudadanos para poner fin a la exportación de armas a la monarquía saudí llega apenas 10 días después de que Civio revelara que en septiembre de 2016, los gobiernos de España y Arabia Saudí firmaron un acuerdo sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, un secretismo que varias organizaciones denunciaron por última vez en mayo de este año. Este pacto entró en vigor en agosto y tendrá una duración de cinco años.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014, con Pedro Morenés al frente del Ministerio de Defensa, el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Actualmente España es el sexto mayor exportador de armamento a nivel mundial y es uno de los principales proveedores militares de Egipto, Turquía, Bahréin, Israel, Brasil y Colombia, con gobiernos acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. A pesar de los votos en contra de PP y Ciudadanos, la Comisión de Defensa aprobó este martes pedir al gobierno más detalles sobre las armas exportadas a estos países.

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Defensa infla su presupuesto en más de mil millones

armamento Dolores de Cospedal I La Marea

El BOE recoge la ejecución presupuestaria a 31 de julio, esto es, la diferencia entre lo presupuestado y aprobado en Las Cortes con el gasto real de cada ministerio. Una vez más, las cuentas de Defensa se han inflado a lo largo del año y ya superan en más de 1.100 millones las previsiones. Y esto pese a que el presupuesto asignado había crecido en unos 2.000 millones con respecto a 2016.

Así, aunque se presupuestaron 7.639 millones –frente a los 5.788 del año anterior–, los créditos ascienden ya a más de 8.800 millones de euros, 1.168 millones extra. El gasto total a 31 de julio se acerca a la mayor cifra de los últimos años, la de 2012, cuando el coste final fue de nueve mil millones.

Este crecimiento de los presupuestos, que se repite cada año, se ha producido incluso sin créditos extraordinarios, un sistema que se ha venido utilizando en los últimos ejercicios y que inyectaba cientos de millones extra en verano vía decreto-ley para el pago de programas especiales de armamento, y que el Constitucional tumbó en 2016.

En la sentencia, que responde a un recurso presentado por varios grupos parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no hubo marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).

Así, en 2016 el Gobierno no pudo aprobar ese crédito extraordinario, y aplazó a 2017 el pago de 717 millones de euros destinados a sufragar estos programas de modernización de las fuerzas armadas. El presupuesto inicial de 2017, así, incluye después de muchos años de ocultarlo en la aprobación de los PGE, una previsión sobre el coste de estos programas especiales: unos 1.800 millones para los pagos atrasados de 2016 y los correspondientes a 2017.

Pese a que ese coste ya estaba contemplado en los presupuestos iniciales y a que la cuantía destinada a Defensa para este año ha crecido casi 2.000 millones, el gasto final sigue inflándose, como en años anteriores. Por el momento, y a 31 de julio, 1.168 millones extra. En 2016, el cierre del año dejó 1.395 millones más que los presupuestados.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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Jody Williams: la nueva batalla de una premio Nobel y activista veterana

Jody Williams en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Foto: José Bautista.

Esta entrevista forma parte de #LaMarea45. Consíguela aquí.

Esta semana más de cien nombres destacados del mundo de la tecnología pidieron por carta a la ONU que prohíba las armas autónomas letales, más conocidas como robots asesinos. Recuperamos esta entrevista* con la premio Nobel de la Paz Jody Williams, una de las voces más firmes en contra de esta nueva tecnología militar, realizada durante la reunión de la ONU para revisar la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales que tuvo lugar en diciembre de 2016 en Ginebra.

GINEBRA // Mirada penetrante, voz firme, verbo conciso y gesto enérgico. “Hacen esto en nombre de los ciudadanos, pero los ciudadanos no quieren que un robot pueda apuntarles y dispararles”. Las palabras de la profesora Jody Williams caen como agua fría sobre una audiencia repleta de diplomáticos, acostumbrados a los discursos calculados de las maratonianas reuniones de Naciones Unidas.

Williams recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo contra las minas antipersona y las bombas de racimo. Ahora, además de liderar la Iniciativa de las Mujeres Nobel, Williams es una de las coordinadoras de la Campaña contra los Robots Asesinos, que agrupa a varios colectivos contrarios a esta tecnología militar.

¿Por qué cree que deberían ser prohibidos los robots asesinos?

Porque personalmente pienso que es moral y éticamente inaceptable que los seres humanos crean que está bien crear armas que pueden seleccionar a sus objetivos y matar a seres humanos.

A pesar de las pruebas, varios países siguen negando la existencia de armas autónomas letales. ¿Por que deberían ser prohibidos ahora y no después de ser desarrollados?

Porque ahora mismo, en teoría, no hay carrera armamentística ni proliferación. Es más fácil parar algo antes de que suceda que tratar de lidiar con las consecuencias posteriores.

La ONU ya habla de guerra híbrida en sus documentos, a pesar de que muchos países niegan la existencia de los robots asesinos, entre ellos Israel, que ya ha usado este tipo de tecnología, y EEUU, que la ha empleado en Afganistan e Iraq. ¿Qué sabe al respecto?

Creo que estamos más cerca de lo que dicen. Sabemos que EEUU ha invertido mucho en el cazabombardero no tripulado X-47B, capaz de despegar y aterrizar sin intervención humana en un portaaviones, la parte más difícil del vuelo. Si mal no recuerdo, puede volar durante más de 200 horas y repostar en el aire. Sabemos que esta tecnología ya existe, y aquí [en referencia a la ONU] también habría que debatir sobre lo que ya se está haciendo con ella.

¿Por qué EEUU, China, Rusia, Reino Unido y otros países que normalmente tienen diferentes puntos de vista en el ámbito internacional, en esta ocasión coinciden en posponer una decisión?

Bueno, también están de acuerdo sobre las bombas nucleares. No quieren deshacerse de ellas a pesar de que el mundo sí quiere. Creo que en este sentido son terroristas, puesto que ponen en riesgo el futuro de la humanidad en este planeta en su afán por tener armas nucleares. Los países con capacidad tecnológica para desarrollar robots asesinos, los quieren. Los EEUU tienen superioridad tecnológica y militar desde hace décadas, por lo que simplemente no quieren que nadie les diga qué pueden o no hacer. Por eso estos países se oponen juntos: porque quieren esas armas y las quieren los primeros.

Su campaña contra las minas antipersona fue un éxito y te granjeó el Nobel de la Paz. Ahora se percibe poco interés social por los robots asesinos, ¿cómo cree que será la lucha contra su desarrollo?

Creo que la mayor parte de la sociedad todavía no conoce el tema, y eso lo complica todo. Es duro decirlo, pero creo que esta lucha es mucho más difícil.

¿Por qué?

Porque es un tema desconocido, porque los cinco o seis países que los quieren están muy avanzados respecto al resto. En el caso de mi país [Estados Unidos], al Gobierno le gusta invadir otros países, por lo que quieren equipos militares más rápidos y efectivos para invadir, matar y ahorrarse la imagen de miles de americanos volviendo a casa y denunciando a las autoridades públicas, como sucedió con la guerra de Vietnam.

¿La creación de un Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) podría ser un intento de ganar tiempo?

Sí, pero es una moneda con dos caras. Cuando empecé la campaña contra las minas antipersona, una de las herramientas que usamos fue trabajar en el GEG para crear el Protocolo 2 y prohibir las minas antipersona, lo que dio lugar a un tratado a mitad de los 90. Pensamos que podríamos presionar para que el Protocolo 2 estableciese una moratoria contra las minas antipersona, pero no funcionó. Sin embargo, ese proceso nos dio una plataforma para unirnos, seguir presionando a los gobiernos, continuar explicándole a la sociedad este problema. Sin esa plataforma, es mucho más difícil. Es importante, pero creo que los gobiernos jugaran en contra, por supuesto. Nunca confié en los gobiernos.

¿Qué podría haberse hecho aquí?

Si hay un GEG, en el mejor de los casos, esto daría lugar a limitaciones a los robots asesinos. En el peor escenario, se seguirán diciendo tonterías y no pasará nada. Pero esto nos da tiempo para seguir atrayendo el apoyo de gobiernos, y de momento* ya hay 19. No sabíamos que serían cinco más durante este evento, pues eran 14 cuando llegamos esta semana. Sucedió lo mismo con la campaña contra las minas antipersona.

Aquí veo que la mayor parte de representantes de organizaciones contrarias a los robots asesinos son mujeres. ¿Cómo influye eso en esta batalla?

Muchos estudios demuestran que hasta que el 30% del equipo no está formado por mujeres, raramente hablan y se dedican a apoyar lo que los hombres dicen. En las campañas a favor del desarme siempre hubo un gran número de mujeres. En esta campaña todas las coordinadoras son mujeres. Creo que cuando hay un número significativo de mujeres, la conversación es distinta.

* La conveción duurante la cual se hizo esta entrevista tuvo lugar en diciembre de 2016.

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La guerra del mañana: los enjambres de drones autónomos de Estados Unidos

Prototipo del dron Kratos Valkyrie XQ-222. Foto: US Airforce Research Labs.

Un piloto en un cazabombardero seguido por un escuadrón de decenas de drones autónomos (sin supervisión humana) capaces de liberar a su vez enjambres de drones más pequeños en plena batalla. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está desarrollando batallones de aviones no tripulados capaces de entrar en combate de manera independiente, orientados por un solo ser humano a bordo de un avión de combate o de carga.

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea estadounidense y la empresa de productos militares Kratos trabajan desde hace algún tiempo en esta combinación humano-robot para desplegar formaciones aéreas más baratas (no necesitan entrenamiento y no implican compensaciones familiares si caen en batalla), sin aversión al riesgo, capaces de decidir más rápido que el ser humano gracias a los avances informáticos y con un margen de maniobrabilidad en el aire muy superior al que tolera el cuerpo de una persona.

La compañía ha avanzado que estos nuevos drones autónomos, bautizados Valkyrie, se inspiran en un modelo que ya utiliza el Ejército de EEUU: el BQM-167, con una autonomía superior a los 5.500 kilómetros (la distancia de de Madrid a Nueva York) y capaz de alcanzar los 14.000 metros de altura a 1.110 kilómetros por hora. Los cambios realizados permitirán a este nuevo dron portar misiles aire-aire en sus alas, bombas convencionales, tanques de combustible e incluso “enjambres de pequeños drones”, según Seteve Fendley, director de la división de sistemas no tripulados de Kratos. De esta forma, los drones amplificarán el poder destructivo del “caza líder” que les sirva de guía. Debido a su pequeño tamaño —la mitad que un caza F-16— y su sistema de despegue vertical —tiene un motor similar al de un jet privado—, el BQM-167 puede ser lanzado desde plataformas de aproximadamente un metro cuadrado.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de dólares. Fuentes del Departamento de Defensa han elogiado el programa y destacan que el riesgo financiero es bajo, según recoge la revista Popular Science, ya que Kratos es una empresa especializada en fabricar drones militares relativamente baratos y fáciles de reparar. Los Valkyrie estarán fabricados por piezas remplazables y también servirán para atraer ataques y evitar que impacten contra cazabombarderos pilotados por seres humanos, según Fendley. “Si un ataque con misiles destruye el ala, [el dron] abre un paracaídas, aterriza, y solo tenemos que cambiar ese ala”, explica Fendley en Popular Science.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) trabaja en el despliegue de “enjambres” de drones autónomos desde 2015, mismo año en que la Fuerza Aérea de EEUU empezó a exhibir drones de combate de bajo coste. Un año después, Kratos ganó el concurso del Departamento de Defensa para desarrollar el primer prototipo de Valkyrie, que ya ha sido probado con éxito con la guía de un cazabombardero Harrier y que tiene un precio 30 veces inferior al F-15, el caza táctico preferido del Pentágono. De momento existe poca información acerca de este plan (en este vídeo aparecen varios prototipos) y todavía no hay pruebas ni confirmación oficial sobre su puesta en marcha en escenarios bélicos reales, aunque esta semana Kratos mostró algunos prototipos en público en el Salón Internacional de la Aeronáutica de París.

Actualmente los aviones de combate estadounidenses dotados de tecnología autónoma requieren la autorización de un humano antes de abrir fuego, aunque fuentes diplomáticas de Afganistán y Pakistán aseguraron en diciembre a La Marea que Washington ya ha probado tecnología militar autónoma en su territorio. Entre los países que ya disponen de armas autónomas letales, popularmente conocidas como robots asesinos, figuran Israel, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Corea del Sur. Por otro lado, en 2015 una filtración masiva (‘Drone Papers’) reveló que Estados Unidos emplea aviones no tripulados para eliminar objetivos en Afganistán, Yemen y Somalia, a menudo ocasionando numerosas bajas civiles que no son reportadas.

Una industria creativa

En 2013, el presidente Barack Obama congeló el mastodóntico presupuesto del Pentágono (representa el 38% del gasto militar mundial). Su decisión, sumada a los recortes en defensa de varias potencias militares europeas afectadas por la crisis, generó el primer parón del mercado global de armas desde la caída de la Unión Soviética. Entonces la industria de la guerra, acostumbrada a crecer incluso en momentos de paz, dio una nueva muestra de creatividad y decidió adaptar su tecnología mortífera al mercado civil y potenciar el negocio de la ciberseguridad, hoy en auge.

El viento sopla a favor de este negocio, que ya representa más del 2% del PIB mundial. Los conflictos en Oriente Próximo y Europa del Este, así como la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el creciente temor a la amenaza yihadista, han servido para que la industria armamentística reciba un nuevo impulso por parte de los países de la OTAN (en 2017 el gasto militar de España crecerá un 30%) y de potencias militares como Rusia, China e incluso Japón, que en 2014 modificó su Constitución para poder inmiscuirse en guerras externas.

Una de las grandes esperanzas actuales de los fabricantes de armas es su apuesta por los sistemas autónomos letales o robots asesinos. En diciembre de 2016, la comunidad internacional decidió posponer la prohibición de esta tecnología, para la que aún no existe un marco regulatorio. Los detractores de los robots asesinos, entre ellos la premio Nobel de la Paz Jody Williams, aluden al principio de prevención para evitar su proliferación, esgrimen las limitaciones existentes por razones técnicas (el robot aún no puede discriminar objetivos civiles y militares), opinan que una máquina no debería tener capacidad para matar a un ser humano de manera independiente y preguntan quién será el responsable jurídico en caso de que el robot viole las leyes de la guerra.

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El Tribunal de Cuentas carga contra los créditos extraordinarios para armamento

armamento Dolores de Cospedal I La Marea

Desde el punto de vista Constitucional, el uso del Decreto-Ley para aprobar de forma reiterada –cade verano– créditos extraordinarios para pagar los compromisos adquiridos hace años por la compra de armamento no se sostiene, tal y como aclaró el Tribunal Constitucional hace un año. Desde el punto del control y el buen uso de las cuentas públicas, tampoco, como afirma en su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas.

El BOE publica las conclusiones de la Comisión Mixta de Las Cortes para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización de los Programas Especiales de Armamento (PEAs). La primera de ellas insta al Gobierno a realizar un presupuesto “realista de los programas especiales de armamento dentro de los Presupuestos Generales del Estado, evitando el recurso a créditos extraordinarios y suplementarios mediante Real Decreto-ley”.

Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional coinciden: este gasto anual es más que previsible e ignorarlo en los presupuestos que aprueba el Congreso para luego incluirlos vía Decreto-Ley no solo es inconstitucional, puesto que esta figura está prevista solo para situaciones excepcionales no previsibles; sino que además se salta reglas básicas de la contabilidad pública.

Por un lado, afirma el informe del Tribunal de Cuentas, que analiza el gasto en estos programas en 2012, 2013 y 2014, este mecanismo se salta la división de competencias -puesto que es el Congreso quien debe aprobar los presupuestos y no el Gobierno mediante Decreto-Ley, aunque luego se convalide-; por otro, crea presupuestos que, a priori y de forma conocida por todos, no son realistas y falsean la realidad de la contabilidad del Ministerio de Defensa y del Gobierno.

El informe se basa, entre otras, en varias pruebas que demuestran que son gastos más que previsibles y que se podían haber incluido en los presupuestos iniciales sin problema. Una de ellas es el hecho de que el pago de estos programas y su reparto anual se aprueba en Consejo de Ministros con tiempo suficiente, y en muchos casos se trata de contratos firmados en los años 90, por lo que ha habido tiempo suficiente para planificar el gasto.

Además, el mecanismo de financiación de los PEAs es, en buena parte, público: el Ministerio de Industria adelanta la totalidad o buena parte de las necesidades de inversión a las empresas, un dinero que estas devuelven -a coste cero- cuando Defensa les paga por las unidades entregadas.

Pero si hay algo que demuestra que la no inclusión de estos pagos en los Presupuestos Generales del Estado falsea de forma voluntaria las cuentas públicas que se aprueban en Las Cortes y se presentan a la ciudadanía es que se conoce su coste: cada año analizado, como recalca el informe, el Ministerio de Defensa, en los créditos que solicita para el proyecto de presupuestos, incluye estos pagos. El Gobierno ignora esta petición, los excluye de los PGE que presenta y acaba pagando casi exactamente lo mismo vía crédito extraordinario.

En 2012, Defensa pidió 1,787 millones para el pago de estos programas (885 en 2013 y 890 en 2014). El Gobierno no incluyó estas partidas en su proyecto de PGE, pero acabo pagando 1.783 millones (877 en 2013 y 884 en 2014) vía créditos extraordinarios.

Además, el hecho de que se haya usado cada año (también en 2015, aunque no sea objeto de este análisis) muestra que no es una situación coyuntural para paliar un problema puntual, sino estructural. Un uso habitual. En total, esos créditos extraordinarios suman unos 4.500 millones de euros en los últimos años.

El crédito de 2012, que incluyó los pagos de 2011, es el más abultado. Aunque en 2016 no se pudo aprobar un Decreto-Ley como los anteriores, porque el Constitucional ya había declarado su ilegalidad, el presupuesto de Defensa engordó casi 1.400 millones de euros durante el año. Y es que, incluso sin contar esos créditos extraordinarios, todos los años se producen modificaciones, que no pasan ni siquiera por la convalidación del Congreso, que hacen que las cuentas de este ministerio siempre sean muy superiores a lo que se presupuestó de forma inicial.

Como no pudo aprobar el tradicional Decreto-Ley el año pasado, el Gobierno ha traspasado esa anualidad del pago de los PEAs, que suma 717 millones) a 2017. El proyecto de PGE del Gobierno para 2017 ha subido, por primera vez, la cuantía prevista para Defensa. Serán 7.573 millones. Si se aprobara, nada hace pensar que ese presupuesto inicial, como ha pasado en años anteriores, no engorde, lo que elevaría aún más esa cifra.

Con cargo a la deuda pública

Otra de las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas en su informe es que estos créditos extraordinarios siempre se costean con Deuda Pública. Según las normas vigentes, debería haberse sufragado con cargo al fondo de contingencia o restando de otros créditos.

El informe afea al Gobierno que cada año justifique ese uso de la Deuda Pública de forma distinta. En ocasiones, Hacienda ha alegado que el fondo de contingencia no es suficiente para cubrir esos pagos, pero el Tribunal de Cuentas considera que ese motivo no es suficiente y que, al ampliar la deuda, se está poniendo en juego la estabilidad financiera y el principio de reducción del gasto.

En paralelo, critica que la excesiva rotación del personal y la falta de planificación y de recursos lleva al Ministerio de Defensa a aprobar encomiendas de gestión para gestionar estos programas. Además, afea que se tenga en cuenta el beneficio industrial a la hora de calcular el pago a Navantia, una sociedad mercantil estatal financiada con fondos públicos que no debería ser tratada como una empresa privada, puesto que puede ser considerado un “exceso de financiación pública de la sociedad”.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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Petición colectiva contra el secretismo de la venta de armas españolas

Vehículo de combate Pizarro de fabricación española. FOTO: JONATHAN FINEGOLDl

El lucrativo mercado de la guerra es también uno de los más opacos. En el caso de España, sexto exportador mundial de armas, destaca la ausencia de información pública en comparación con otras democracias occidentales. Este martes varias asociaciones no gubernamentales de renombre han pedido información sobre la autorización de armas a países como Arabia Saudí e Iraq, así como el cese de estas ventas a países en conflicto o con regímenes autoritarios. La petición coincide con la comparecencia en el Congreso de Marisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014 el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Entre los principales clientes de las armas hechas en España están los regímenes de Arabia Saudí, Egipto y Bahréin, además de gobiernos como los de Israel, Turquía, Brasil y Colombia, acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, integrantes de la campaña Armas Bajo Control, pidieron que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso publique las actas de la Junta Interministerial que dio luz verde a la exportación de armas a esos países y exigieron el cese de esas ventas.

En 2016 la industria armamentística española exportó misiles, equipos de mortero, municiones, carros de combate, buques de guerra y otros artilugios bélicos por valor de 4.362 millones de euros, operaciones que contaron con el beneplácito del Gobierno (la ley establece que el Ejecutivo ha de validar la venta de “material de defensa” al extranjero). Según las organizaciones citadas, es necesario “que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación del riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional”.

El destino más polémico de estas armas es Arabia Saudí, un régimen autoritario de tipo feudal acusado de atacar de manera indiscriminada a objetivos civiles en Yemen y de proveer al grupos armados afines a Daesh. En total, la campaña Armas Bajo Control pone la lupa sobre 16 “operaciones de potencial preocupación” sobre las que apenas existe información pública para “potenciar la transparencia (…) y el escrutinio parlamentario”. Desde 1987 las actas que autorizan estas ventas son secretas, mientras que este año se cumple una década desde la entrada en vigor de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de su doble uso.

Estas y otras peticiones y propuestas de la campaña Armas Bajo Control aparecen plasmadas en un amplio informe publicado este martes, que además recoge los casos pormenorizados de otros controvertidos envíos de material bélico a una amplia lista de países, entre ellos República Centroafricana, Camerún, Guatemala, México, Pakistán y Ucrania.

Además de ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas, el gobierno de España firmó la “regla de oro”, que rige el principio de “no autorizar armas para cometer atrocidades”, una norma que estaría siendo violada en el caso de al menos dieciséis países que importan armamento español, según el informe.

En marzo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció que España duplicará el gasto en defensa en los próximos siete años. Los presupuestos nacionales de 2017, aún pendientes de aprobación, incrementarán en un 30% el gasto militar español respecto a 2016. Este aumento refleja los intentos del Ejecutivo por acabar con la ingeniería contable iniciada en el gobierno de Felipe González para maquillar el gasto armamentístico real de España y que durante décadas se ha beneficiado del secretismo de Estado que ahora denuncian varias ONG.

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Defensa superó su presupuesto en 1.395 millones durante 2016

Militares españoles del Ejército de Tierra I La Marea

El BOE recoge este viernes la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016. Gracias a este documento podemos saber cómo se desviaron los distintos departamentos
del presupuesto original aprobado en el Congreso durante el año anterior. Como es tradicional, el engorde de las previsiones en el Ministerio de Defensa supera los miles de millones de euros.

Así, el presupuesto inicial aprobado por Las Cortes para 2016, de 5.788 millones de euros, engordó 1.395 millones hasta alcanzar los 7.183. Este aumento de los créditos no es nuevo. Lo que lo hace diferente es que, en esta ocasión, el Gobierno no ha podido echar mano del también tradicional crédito extraordinario de verano destinado al pago de Programas Especiales de Armamento (PEAs), que suele justificar buena parte del engorde anual y que en julio fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional.

Si tenemos en cuenta las cifras de lo efectivamente gastado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno en el Congreso concede a Defensa unos 390 millones más de lo gastado el año anterior y lo eleva a 7.573 millones. Si se aprobara, nada hace pensar que ese presupuesto inicial, como ha pasado en años anteriores, no engorde, lo que elevaría aún más esa cifra.

Además, para valorar el gasto de 2017 hay que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa, ante el veto del Constitucional al uso del decreto-ley para aprobar créditos extraordinarios el año pasado, aplazó a 2017 el pago de 717 millones de euros destinados a sufragar estos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

Sin créditos extra para armamento

En la sentencia de 2016, que responde a un recurso presentado por varios grupos
parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no hubo marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).

En el documento, el TC recoge palabras del propio Ministerio de Defensa en el Congreso: “no trata de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, para justificar que no se trata de gastos que no se puedan planificar. En ese sentido, establece que, aunque no se puede saber exactamente a cuánto ascenderá la factura anual a la industria armamentística, sí se conoce el total a abonar hasta 2030: 29.500 millones.

Además, asegura que la urgencia de la que habla el Gobierno, vinculada a que la imagen del país no resulte dañada por el impago de obligaciones como estas, se podría aplicar a cualquier sector y que no está justificado de forma suficiente en este caso concreto. Por todo ello, concluye que el Ejecutivo podría utilizar el trámite de una ley ordinaria y que no hay razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifiquen el uso del
decreto-ley.

Pese a todo, y sin esos créditos extraordinarios, el Ministerio de Defensa aumentó en 1.395 millones el presupuesto inicial de 2016. Por el momento, la cifra queda lejos de los 2.300 millones extra concedidos en 2015. Gracias a ese engorde, el crédito final superó al de 2014 y ascendió a 8.102 millones de euros.

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