Honor contra derechos #TodasSomosDatxu

JESÚS FRARE* // El 9 de julio de 2016, el torero Víctor Barrio moría en la plaza de torturas de Teruel. Al día siguiente, Datxu Peris publicaba en su cuenta de Facebook una reflexión acerca de este hecho tan lamentable que ha acabado por llevarle hasta el juzgado de Sepúlveda, el pueblo segoviano del torero. Además de este viaje de 470 kilómetros que ya es un castigo, además de todos los gastos que ya le han sido generados y que se acercan a los 3.000 €, reclaman que se le imponga una rectificación pública y una indemnización para la familia del torero de 7.000 €. Nosotras y nosotros proponemos la lectura de aquella reflexión de una persona que es animalista y que lucha contra la masacre de toros en las plazas, hecha espectáculo y negocio. Es el pensamiento de alguien que condena lo que Víctor Barrio hacía en vida como lo hace con el resto de toreros y esto es muy importante, porque la parte denunciante ha querido aprovechar su muerte para convertir el rechazo a la tortura taurina en un ataque al honor de esta persona en concreto.

Hace tiempo que las organizaciones taurinas persiguen la libre opinión. Para justificarse ante su público, se han acostumbrado a instrumentalizar la justicia con denuncias contra cargos públicos e instituciones que toman medidas en contra de los intereses taurinos y también contra personas que se expresan en las redes, gracias a sus censores especializados en monitorearlas. Se aprovechan, sobre todo, de hechos tristes como la enfermedad del pequeño Adrián o la muerte de Víctor Barrio. La Fundación del Toro de Lidia, que tiene como carta de presentación el número de denuncias que gestiona (suelen acabar sus notas de prensa con ese dato, que actualmente sitúan en “más de 60 causas judiciales abiertas”) quiere rentabilizar esta tragedia aprovechándose del hallazgo de Datxu, una concejala de Catarroja que inmediatamente han identificado como “de Podemos”.

Hasta ahora, fracaso tras fracaso, siempre lo habían intentado por la vía penal. En la búsqueda desesperada de una sentencia favorable, han optado por la vía civil como “asesores” de la familia del torero. En el texto de la demanda, sin embargo, vuelven a cargar contra “una corriente o tendencia” que quiere promover la desaparición de la tortura taurina y que, según ellos, “pretende imponer arbitrariamente la voluntad de un sector muy minoritario”. Hablan de campañas contra las subvenciones a la tortura que luego niegan, de las manifestaciones que quieren prohibirlas, de acciones directas no violentas como los saltos a las plazas, del activismo en las redes sociales e, incluso, de las consultas ciudadanas o de las declaraciones de municipios antitaurinos. Según ellos, si encajas en esta “corriente o tendencia” debes ser objeto de denuncia y sufrir una condena. Todo su argumento se fundamenta en la tergiversación del texto de Datxu.

Así, han conseguido aislar los dos “titulares” que repiten machaconamente la acusación, la Fiscalía o los medios del régimen, incluso después de entrevistar a Datxu o las personas que le damos apoyo. Silenciando el conjunto de aquella reflexión, repiten hasta la saciedad que Datxu “ve aspectos positivos en la muerte de una persona” y que la llamó “asesino que ha dejado de matar”. El post, repito que disponible para todo el mundo, muestra que Datxu no deseó la muerte de nadie. Lejos de eso, lo que hace es lamentar todas las muertes, considerando a Víctor Barrio como una víctima más de esta máquina de matar que es el negocio taurino y preguntándose cuantas muertes más harán falta para llegar a la abolición.

Por supuesto, Datxu lamenta tanto como ésta las muertes de todas las víctimas que dejan tras de sí los toreros como Víctor Barrio, y eso es lo que siempre ha querido perseguir el negocio taurino. El proceso contra Datxu es otro intento de perseguir la opinión libre, otro intento de instrumentalizar la justicia que tenemos que rechazar en defensa de los derechos civiles de todo el mundo. Es cierto que Datxu considera que los toreros son asesinos de toros, como lo consideramos todas las personas animalistas. Lamentablemente para nosotras, los toros no son sujetos de derecho: si lo fueran, estaría prohibido torturarlos, venderlos para que sean torturados o pagar para ver cómo los torturan.

Denunciar este asesinato es fundamental desde el pensamiento 6 de 9 animalista y, por supuesto, expresa la evidencia de lo que pasa en las plazas de torturas. Es un argumento político que no ha inventado Datxu, que defendemos mucha más gente además de Datxu. Es una defensa de los derechos de los otros animales y es libre opinión. No es una calumnia, ni una injuria, ni un ataque al honor de nadie, pese a que el negocio de la tortura quiera que lo sea para silenciar la lucha antitaurina. En su intento de conseguirlo, se escudan en el hecho de que la tortura es legal, pero también lo son las centrales nucleares, los desahucios, el uso de los servicios mínimos contra el derecho de huelga o las pelotas de goma que disparan al aire los antidisturbios, esas que “accidentalmente” caen tantas veces en los ojos de las personas que se manifiestan. También lo quieren presentar como un choque entre la libertad de expresión y el derecho al honor, pero de lo que se trata es de una lucha legítima contra una práctica arcaica, extremadamente cruel, degradante e injusta.

Ver y escuchar cómo la Fiscalía hace uso de esa tergiversación de la que hablamos, asusta. En la vista, la Fiscalía llegó a defender que el mero hecho que Datxu citara en el texto a Víctor Barrio ya lo convertía en un ataque al honor, porque incluso se documentó para explicitar el número de toros que él había matado hasta el día de su muerte. Desde la escuela aprendemos que las tesis se sostienen con argumentos, y que los ejemplos concretos son argumentos para sostener afirmaciones generales. La opinión de Datxu fundamenta el rechazo a la tortura taurina en el ejemplo de la muerte de Víctor Barrio, explica el número de muertos que acumulan los toreros con las que acumuló Víctor Barrio durante su vida. Por lo que parece, la fiscal quiere que se condene el hecho de que un dato haya sido correctamente verificado. La denuncia a Datxu Peris quiere utilizar la muerte de Víctor Barrio para blindar todavía más la tortura taurina, y esta vez quieren pasar por encima de los derechos civiles de la ciudadanía. Se quieren escudar en una muerte para tergiversar palabras y suprimir un derecho universal como es el de expresar ideas y opiniones sin censura, mediante un castigo que genere temor en quienes se planteen ejercerlo.

*Jesús Frare es miembro del Grupo de Apoyo a Datxu Peris.

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