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Fragatas españolas ‘made in Australia’

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con la tripulación de la fragata Cristóbal Colón en Australia. Foto: Jose I. Gómez/MDE

El Gobierno de España lleva décadas apostando fuerte por la industria armamentística nacional. Este martes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, finalizó su viaje oficial a Australia para “reforzar los lazos de cooperación en materia de Defensa” y promover la venta de nueve fragatas antisubmarinas F-100 de Navantia al ejército australiano. A diferencia de la venta de corbetas a Arabia Saudí, en este caso la controversia no reside en el respeto a los derechos humanos en Australia, sino en otro aspecto: si prospera el acuerdo, las fragatas serán fabricadas íntegramente en los astilleros de la ciudad australiana de Adelaida.

La información contrasta con el argumento de la creación de empleo, uno de los que con más frecuencia esgrimen la TEDAE, la patronal armamentística española, y las distintas administraciones, desde el Gobierno central del PP hasta el Ayuntamiento  de Cádiz, regido por Podemos. Según TEDAE, la producción de armas mantiene 51.000 puestos de trabajo en España. En el caso del posible contrato con Australia, el rol de Navantia se limitaría a la cesión del conocimiento técnico necesario para fabricar las fragatas F-100.

Navantia responde que Australia tiene una industria naval en crecimiento y que “lógicamente” quieren dejar la carga de trabajo en su país. “Por supuesto que en España se podrían construir, las [fragatas] de las armadas española y noruega sí se construyeron, pero Australia quiere hacerlo en su país”, explicó vía email la responsable de prensa de Navantia, compañía propiedad del Estado español a través del holding estatal SEPI. La empresa no publicó notas de prensa al respecto y su último informe de cuentas data de 2015. La Marea aguarda las respuestas del Ministerio de Defensa sobre sus gestiones, aparentemente fallidas, para que la fabricación tuviera lugar en astilleros españoles.

En los tres días que duró la visita oficial, Cospedal también visitó la fragata española Cristóbal Colón, atracada en Sidney desde enero de este año. Permanece en aguas australes como parte del plan de apoyo institucional a Navantia para obtener el contrato y para instruir a los marines australianos en el manejo de sus destructores Hobart, diseñados por Navantia junto con la británica BAE Systems y la estadounidense Raytheon. El apoyo de las autoridades españolas a la industria armamentística va desde las gestiones de la Casa Real en Arabia Saudí hasta la cesión de soldados para que ejerzan de comerciales en beneficio de compañías como General Dynamics.

ABC asegura que el despliegue del Cristóbal Colón fue costeado por el Gobierno australiano, aunque no cita fuentes y el Ministerio de Defensa no desglosó detalles como el coste de mantener el Cristobal Colón y su tripulación durante más de cuatro meses en Australia. El anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés (ahora embajador en Washington), realizó un viaje similar en 2013 que también contó con la presencia de un buque de guerra español. A finales de mayo varias organizaciones internacionales lanzaron una petición al gobierno contra el secretismo de la venta de armas españolas.

 

El HMAS Canberra y el HMAS Adelaida en 2016 en Fort Denison, Australia. Foto: Printjockey.

Desde 2007 Australia es, junto con Noruega, Arabia Saudí y Turquía, uno de los principales destinos de las armas españolas. El plan de modernización naval de la Real Marina Australiana (proyecto SEA5000) está valorado en aproximadamente 20.000 millones de euros. Australia ya desembolsó más de 3.000 millones de dólares por la compra de dos buques de Navantia (ver foto), construidos en sus astilleros de Ferrol, que ya han sufrido averías en sus propulsores, causando un considerable debate en los medios de ese país. En esta ocasión, los buques de guerra españoles compiten con los de la italiana Fincantieri y la británica BAE Systems, segundo mayor contratista militar del mundo.

Cospedal regresa a España un día después de que El País informara de los planes de la Fuerza Aérea para renovar la flota de aviones de combate con los F-35 de la estadounidense Lockheed Martin, más caros que los Eurofighter previstos inicialmente, en cuyo desarrollo España ya ha invertido 10.630 millones de euros.

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Cospedal reconoce la “responsabilidad” de Defensa en el accidente del Yak 42

Dolores de Cospedal I La Marea

MADRID // “Desde el Ministerio de Defensa vamos a admitir la responsabilidad patrimonial por parte del Estado y la reparación moral” a los familiares de las víctimas del Yak-42. Así se ha expresado esta mañana la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien ha anunciado un cambio en la “línea tradicional” del Ministerio en lo relativo a esta tragedia aérea, que costó la vida a 62 militares en mayo de 2003.

Durante una entrevista en la Cadena Cope, Cospedal ha reconocido la “responsabilidad objetiva” que tuvo Defensa en el accidente del Yak-42 porque considera “importante” la “reparación moral” a las víctimas. Tal y como sostiene el Consejo de Estado, la “responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla“, ha incidido la ministra. “Obviar que hay una relación entre cómo funciona la Administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería. Eso es bastante evidente”, ha afirmado la responsable de Defensa.

La ministra ha aclarado que el informe del Consejo de Estado recoge que las reparaciones que se plantean no son económicas, porque las indemnizaciones están saldadas y recuerda que “el ministerio no tendría por qué haber hecho nada porque el dictamen no es vinculante y no supone la implicación de culpa con relación a ninguna persona”. Pero sí reconoce que la reparación moral “es importante”, de ahí el hecho de que se admita la responsabilidad patrimonial del Estado. “Esto es un tema de fuero, hay que reconocérselo a los familiares de las víctimas y es lo que el Ministerio va a hacer”, ha remachado.

En cuanto a Federico Trillo, ministro de Defensa cuando ocurrió la tragedia, Cospedal entiende que, habiendo sentencias absolutorias en las que se ha visto afectado, sería sorprendente que a “una persona que tiene un puesto de funcionario público se le vaya a quitar el derecho al trabajo”.

Sobre las recientes declaraciones del exministro de Defensa José Bono, en las que ha insinuado que existió reparto de mordidas por parte del equipo de Trillo a la hora de adjudicar los contratos de las aeronaves, Cospedal no entiende que, de conocer esta información, no la hubiera presentado ante los tribunales. La ministra de Defensa ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar los contratos de compra del Yak 42 para determinar si hubo irregularidades en el proceso de contratación de la misma.

Cospedal comparecerá el próximo lunes a las 16:00 horas ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las decisiones que va a adoptar a raíz del dictamen, según han informado fuentes parlamentarias.

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