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Impunidad en Honduras

Tegucigalpa (Honduras) // A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer a periodistas que estaban en el punto de mira de los sicarios que hacen el trabajo sucio. En contadas ocasiones se detienen a los autores materiales de los asesinatos. Casi nunca a los hombres poderosos que han dado la orden y han pagado la sangre derramada.

Un día de abril de 1990 tuve ocasión de charlar largo y tendido con mi amigo Lucho Morales en el departamento de Ayacucho (Perú). Volvíamos de una zona muy conflictiva empotrados en un convoy militar por carreteras ideales para las emboscadas cuando me dijo entre murmullos: “Sé que un día me matarán, pero qué puedo hacer para evitarlo”. Sabíamos tanto él como yo que la única solución era huir de aquella ciudad, capital del departamento en el que había nacido y crecido Sendero Luminoso, el ISIS de la época, y donde el terror y la muerte, ejercidas por el grupo guerrillero y las fuerzas armadas, eran pasatiempos diarios. Pero no me quiero ir de la ciudad donde nací, crecí y me hice periodista”, cortó cuando se cansó de escuchar a un joven periodista español que le rogaba que se marchara a Lima, la capital peruana donde ya vivía su familia.

Quince meses después, el 13 de julio de 1991, me llegó la noticia de su asesinato. Había sido tiroteado cuando abandonaba su casa en Ayacucho. Nadie reclamó la autoría del crimen, pero se consideró responsable a Sendero Luminoso aunque también pudo ser el Ejército. Recuerdo que un reguero de lágrimas me acompañó mientras escribía un texto recordando mi relación con aquel valiente periodista.

Una compañera de Reporteros sin Fronteras me dio sus datos y subrayó que se trataba de “una mujer amenazada de muerte que es valiente como ella sola”. Al encontrarme con Dina Meza en un hotel de Tegucigalpa pienso inmediatamente en esas palabras: “Amenazada de muerte y valiente”. Me viene a la memoria Lucho Morales: él también estaba amenazado de muerte y era muy valiente. Pero, evidentemente, no se lo comento.

Dina Meza, nacida en diciembre de 1962 y madre de tres hijos, es una periodista independiente que defiende sin tregua los derechos a la libertad de expresión e información en un país roto por la violencia y la inestabilidad. En el año 2007 recibió el premio especial de Amnistía Internacional de Reino Unido para periodistas en riesgo y, en 2014, fue galardonada con el premio Oxfam Novib/PEN International a la Libertad de Expresión. Hoy es la presidenta del Centro Pen Honduras y ejerce de corresponsal de Reporteros sin Fronteras, y desde mayo de 2014 es acompañada permanentemente por miembros de Brigadas Internacionales de Paz, una organización internacional que brinda protección a personas que sufren amenazas y hostigamientos continuos.

Dina es poco partidaria de hablar de su situación personal. Sabe que ser periodista en Honduras es peligroso si denuncias los excesos del Estado, la corrupción de las grandes empresas hidroeléctricas y mineras y las vinculaciones del narcotráfico con sectores gubernamentales. Pero también lo es ser activista o abogada de derechos humanos, ser líder indígena que lucha por que no te esquilmen tu tierra, ser lesbiana o, simplemente, ser mujer.

Por ejemplo, si eres mujer y te matan, tu asesinato tiene un 95% de posibilidades de quedar impune, como ha ocurrido con los 417 casos de mujeres asesinadas entre 2017 y los primeros días de 2018, según el Centro de Derechos de la Mujer. Las autoridades solo investigaron 15 de los 483 casos de mujeres asesinadas en 2016 y solo en dos casos se obtuvieron sentencias condenatorias. “Vamos a impulsar desde la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos una red de periodistas en siete departamentos del país con el objetivo de formar comités locales que defiendan la libertad de expresión y comunicación y presenten denuncias ante la fiscalía contra los perpetradores de las amenazas”, me cuenta a los minutos de conocernos y saludarnos cariñosamente como si fuéramos viejos amigos.

Dina se tuvo que marchar del país entre enero y mayo de 2013. Aprovechó para realizar una maestría en la Universidad de York. “Me fui porque las amenazas eran muy intensas e insoportables”, recuerda. En aquellos años estaba denunciando en sus reportajes el comportamiento de terratenientes que habían arrebatado las tierras ancestrales a los pobladores indígenas.

El 18 de abril de 2012, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional emitió una acción urgente con el fin de salvaguardar la vida de la periodista y defensora de los derechos humanos tras recibir amenazas de violencia sexual por teléfono. Semanas más tarde, a su hijo de 19 años le obligaron a entregar el teléfono en un autobús y le quitaron la tarjeta. “Manténte tranquilo porque hay hombres armados vigilando desde la parte de atrás del bus”, le dijo el hombre mientras le abría el teléfono. A su hija la siguieron por la calle y le tomaron fotografías. La propia Dina sufrió un intento de secuestro en un taxi y la presencia   de hombres armados cerca de casa era constante. Un hombre y una mujer se presentaron un día en su casa haciéndose pasar por funcionarios públicos. Fue la primera vez que decidió cambiarse de casa. Desde 2012 ya lo ha hecho cinco veces.

“¿Hay que tomarse las amenazas en serio en Honduras?”, le pregunto. “A veces cometemos el error de no hacerlo, pero es importante tenerlas en cuenta siempre. Pensábamos que nunca matarían a Berta Cáceres, ambientalista respetada mundialmente, y lo hicieron hace dos años”, explica con sencillez.

El día anterior se lo pasó en la Dirección General del Sistema de Protección, que es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, acompañando a dos de los 38 periodistas hondureños que tienen medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o están bajo la tutela de la hondureña Ley de Protección a defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, en vigencia desde mayo de 2015.

Varios periodistas tienen causas abiertas y otros, como Milton Robles, han tenido que abandonar el país después de publicar reportajes de investigación sobre bandas armadas conectadas con la policía. Vive en España desde diciembre de 2016 con el apoyo de Reporteros sin Fronteras. También se fueron Félix Molina después de ser baleado en las dos piernas en mayo de 2016 y Fred Alvarado tras sufrir un intento de secuestro por encapuchados. Fred, que recibió en 2016 el Premio Escribir sin Miedo, que promueven Pen Canadá y Pen Honduras, con el patrocinio de la Embajada británica de Guatemala, es hijo del también periodista Julio Ernesto Alvarado, quien ha sido víctima de la criminalización judicial e intento de inhabilitación de su oficio por denunciar un caso de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Carlos Alejandro Ponce tuvo que marcharse a Argentina en septiembre del año pasado gracias a la ayuda económica conseguida por sus compañeros hondureños. Sus reportajes sobre la corrupción en el gobierno y en la UNAH le habían supuesto serias amenazas de muerte que le obligaban diariamente a cambiar de casa. Algunos periodistas han preferido abandonar el país en silencio, sin hacer ruido.

Uno de los proyectos de la red de apoyo a periodistas es establecer un área de protección para el informador con acogidas temporales en otras zonas del país. “Queremos crear una casa de acogida para periodistas y defensores de derechos humanos que le permitan seguir trabajando y recibir terapia psicosocial ya que llegan muy afectados por la tensión que sufren. Costaría unos 85.000 dólares (70.000 euros) al año y protegería a cinco personas”, me explica Dina.

El número de periodistas asesinados por el ejercicio de la profesión es una incógnita. Desde 2003 han matado a 71 periodistas o trabajadores de la comunicación aunque en muchos casos no está claro si la causa del asesinato estaba vinculada al periodismo. Dina cree que, al menos, diez de ellos sí que murieron porque sus reportajes incomodaban. “¿Vale la pena arriesgar la vida por tus principios?”, vuelvo a preguntarle a Dina. “Tienes que tenerlo muy claro. Me ofrecieron exiliarme a varios países en 2013. Pero el exilio no está en mi agenda. No lo descarto pero ahora mismo mi objetivo es fortalecer nuestra organización  y proteger a las personas más amenazadas antes de que las maten”, contesta con gran entereza.

Las amenazas siguen persiguiendo a Dina. El 31 de marzo de 2017, un hombre se sentó a su lado en el autobús en el que se desplazaba por la capital y le dijo al oído: “Vengo bien armado y atrás hay otras cuatro personas armadas. Hay órdenes de matarla”. Dina intentó ganar tiempo y preguntó con calma: “¿Por qué me quieren matar?”. El hombre le respondió: “Porque hay una orden y yo no la puedo detener”. “Pero yo no he hecho nada”, le recriminó Dina. Cuando el hombre le quiso tomar una fotografía con el teléfono móvil, Dina se levantó apresuradamente y le dio la mano con la intención de verle la cara antes de bajarse del autobús.

“Me refugié en una farmacia y espere un rato, pero al salir había cuatro hombres en la esquina y un coche con los cristales oscurecidos estaba parado justo enfrente. Llamé a la oficina de Brigadas Internacionales de Paz y les pedí que me viniesen a buscar”, recuerda. Tuvo que esperar siete meses hasta noviembre de 2017 para que la institución del Estado encargada de la protección de personas amenazadas hiciera el análisis de riesgo de su caso.

Dina no olvida que “es una institución del Estado que incluye a funcionarios de la secretaria de seguridad, un organismo muy oscuro”. No ha aceptado el acompañamiento de policías “porque lo tendrían fácil para seguir mis movimientos”. Y ha pedido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que averigüen por qué no hay constancia en la fiscalía de las doce denuncias que ha hecho hasta la fecha contra los perpetradores de las continuas amenazas. Desde noviembre, Dina tiene un enlace policial y se mueve con un botón de asistencia para auxilio urgente. Amenazada de muerte y muy valiente.

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Retrato de un país con El Fary de fondo

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Foto: Ministerio del Interior. Gobierno de España

En España siempre se vuelve a El Fary. O a Felipe González. Esta semana que va del 15 al 21 de enero, las palabras salidas del ámbito político han compuesto un retrato sin calificativos. Un retrato es un retrato, ni bueno ni malo, ni triste ni jacarandoso. Un retrato de España en pelotas.

Este, en muy resumido:

Lunes 15

Artur Mas: “¿Qué responsabilidades políticas puede haber más, cuando el propio partido ha desaparecido?”

La Audiencia de Barcelona acababa de declarar culpable de financiarse ilegalmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Aquello del 3 per cent de Maragall, sobre lo que nadie parecía tener dudas, tomaba cuerpo justo 13 años después de su denuncia pública. Tan poca era la duda, que los convergents habían liquidado convenientemente el partido dejando una raspa de estructura que absorbiera la culpa, habían trasladado la enjundia a unas siglas nuevas (PDeCAT) y habían colocado a Mas de presidente. De presidente… hasta seis días antes de la condena. Así que el muy Mas, sin sonrojo ni titubeo, respondió a la sentencia con un airado: “¿Qué responsabilidades políticas puede haber más, cuando el propio partido ha desaparecido?”.

Responsabilidades. Políticas. Je, responsabilidades políticas.

Martes 16

Felipe González: “Podríamos proponer que un elefante fuera presidente porque no lo impide el reglamento”

Al más rollizo ex de nuestra democracia se le podría aplicar el cuento aquel de Monterroso: Cuando despertó, Felipe todavía estaba ahí.

Cuando los problemas en España pesan, se inventa un argumentario. Cuando el argumentario no funciona, se inventa un pacto de Estado. Y cuando ni uno ni otro dan de sí, se saca en la SER a Felipe González. Así funcionan las cosas aquí. Da igual que el problema se plantee a diestra que a siniestro, González vale para todo, fenómeno del cual podría sacar algunas conclusiones quien se anime. A la pregunta de si Puigdemont podría ser president, que viene siendo LA pregunta, nadie encuentra una respuesta. Así que… Felipe a la SER. Y como los ex presidentes en España tienen –igual que en general los ex ministros de Industria, Interior, Fomento o Economía– dispensa para la majadería, dejó escapar un “elefante” que, si bien evidenciaba la dispensa recién citada, llenó titulares e incluso llenó argumentos.

Celia Villalobos: “Dos euros al mes, menos que una cajetilla de tabaco”

Bien es cierto que parece más ofensiva esta otra frase que la inefable Celia Villalobos dejó caer el Los Desayunos de TVE: “Hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando”. Más teniendo en cuenta que es la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.

Cabe explicar el retrato que ofrece esta señora en solo dos pasos:

Paso uno: El Pacto de Toledo se ocupa del “análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse”.

Paso dos: La presidenta de tan “estructural” acuerdo recomendó “a los jóvenes” españoles de hoy empezar, de forma inmediata y quién sabe si con alborozo, a ahorrar dos euros al mes. Sin duda como “principal reforma que debe acometerse”.

Dos pasos y este bonus track: En la página web Sueldos Públicos, el periodista y politólogo Carles Torrijos puso la guinda: “este mes, Villalobos tendrá unos ingresos brutos de casi 8.500 euros (8.491) y 3.647 euros para gastos, libres de impuestos. En total, 12.139 euros”.

Francisco Correa: Todo lo que nosotros hemos facturado a los empresarios que han pasado por aquí, eran trabajos reales hechos para el PP, ninguno inventado”

Ni el dinosaurio ni Celia Villalobos pudieron tapar con sus sandeces la evidencia del barro. Y el barro, el irremediable, empezó el martes en Valencia, como cualquiera podía imaginar desde el momento exacto en el que el PP perdió el Gobierno. Si pierdes el poder, o sea la capacidad para seguir alimentando a las bestias, será a ti a quien se zampen. Es de Primero de Corrupción. Como es de Primero de Retrato de España que tras las acusaciones directas del jefe de la mayor trama de corrupción política conocida por estos democráticos lares no pasó nada.

Pero la cosa sigue…

Miércoles 17

José María Vázquez Honrubia: “correcto, procedente y prudente”

Entre los comederos periodísticos y sus alrededores el concepto “cantar” para referirse a alguien que confiesa y delata –como el de “tirar de la manta” o “poner el ventilador”– provoca un cosquilleo cercano al que precede al orgasmo, o al estornudo, según los hábitos de cada cual. Así que como Correa había “empezado a cantar”, pareció procedente afirmar que Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, iban a “tirar de la manta”. Así lo dejaron entender ellos el miércoles, por lo que el presidente del tribunal que juzga el caso, José María Vázquez Honrubia, consideró “correcto, procedente y prudente” aplazar un par de días el juicio. A nadie le pareció feo que se diera por hecho “un pacto con la Fiscalía” para que, a cambio de la manta, se les ofrecieran beneficios a los acusados.

Jueves 18

Juan Ignacio Zoido: “A Catalunya se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta”

De lo del ministro Zoido no tiene la culpa el ministro Zoido. Cualquiera que siga sus impericias se habrá dado cuenta de que, sencillamente, él es así. De lo del ministro Zoido tiene la culpa quien lo puso ahí –siendo él así– y de quien lo mantiene –siendo él así–. O sea, Mariano Rajoy. Porque siendo uno así, qué duda cabe que alguna tarea podrá desempeñar, incluso remunerada. Sobre todo, alguna que no pase por el ministerio de Interior, es un ejemplo.

Total, que el jueves Zoido dijo ante la Comisión de Interior en el Senado que la cifra de los “numerosos efectivos” enviados a Catalunya “no es exacta”. Sin embargo, sí era exacta, además de brutal en lo que se refiere a este retrato, lo que le costó a la ciudadanía la operación: 87 millones de euros. Y lo voy a poner en pesetas para mis coetáneos y anteriores: 14.475.582.000, más de catorce mil millones y medio de pesetas, ya me perdonarán la edad y esta licencia. Catorce mil millones y medio de pesetas para dejar en evidencia la incapacidad de dichos “efectivos” para encontrar unos miles de urnas. Golpes aparte. Portadas informativas internacionales aparte.

Él es así, y también nuestro retrato.

Viernes 19

Álvaro Pérez, El Bigotes: “Aquí lo que no han dicho es lo que conseguían cuando les soltaban la mandanga”

Que la declaración de El Bigotes iba de espectáculo chusco era de esperar. Hasta qué punto nos retrata, suele escapársenos entre las risas de barra grasa que nos provoca. Dijo que a él le daban las “heces, caca de vaca”. Dijo que delante de él “llamaban al presidente [Camps] y le decían: ‘oye que está aquí Álvaro’. Y decía: ‘pues dadle el acto del domingo’. Y ya está, otro cacahuete al mono”. Dijo y dijo y dijo, pero entre todos los dijos, sin duda su alusión a “la mandanga” es la mejor instantánea de en manos de quién estamos, hemos estado y probablemente estaremos.

Me permito remitirme a El Fary para ilustrar este último punto. En el vídeo que aparece aquí debajo, el artista cuenta cómo se le ocurrió la letra de su tema La Mandanga. Entre otras frases memorables, esta: “Déjales que camelen como ellos camelan, si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos”. Y pasa a interpretarla. Aquí la dejo, a mayor gloria de Mas, Felipe, Villalobos, Correa, Zoido, Rajoy y El Bigotes.

Va por nosotros:

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La Sanidad madrileña asignó sin concurso la mitad del presupuesto para contratos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso público el pasado año 698,9 millones de euros para contratos menores, es decir, inferiores a 18.000 euros. Las contrataciones de mayor cuantía, asignadas por concurso público, ascendieron a 703,3 millones de euros. Así, el presupuesto destinado a los contratos menores ‘opacos’ representaron el 49,8% de toda la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, según los datos recopilados por la organización madrileña Audita Sanidad basados en información del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el Portal de Contratación Pública madrileño.

Desde Audita Sanidad se sorprenden de que los contratos menores tengan un importe similar al de los contratos mayores, que por ley sí son asignados a través de concurso, y denuncian que “puede haber indicios de corrupción o de ilegalidad y fraude”, entendiendo por ‘corrupción’ la definición que aporta la organización Transparencia Internacional, es decir, aquellas prácticas que “perjudican a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad depende de la honradez de quienes ocupan puestos de responsabilidad”. “Pensamos que los contratos menores pueden ser una puerta abierta al despilfarro y la mala gestión de recursos”, señaló esta organización, que de momento está auditando los 485.119 contratos menores -la mayoría relativos a la compra de bienes- asignados por la sanidad madrileña durante 2016. Según sus estimaciones, los sobrecostes por “prácticas corruptas” en la sanidad madrileña se situaron entre 140 y 350 millones de euros.

A la opacidad de este tipo de acuerdos menores (solo se pueden consultar los adjudicados a partir de julio de 2015), se suma la pérdida de poder de negociación por parte de la Administración y la dificultad añadida que supone que estos contratos no aparezcan en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, lo que obliga a las personas voluntarias de Audita Sanidad y a cualquier periodista a tener que solicitar información caso por caso al Portal de Transparencia.

Esta organización sin ánimo de lucro también destaca que “el 35% del importe total de la contratación se concentra en 10 empresas, sobre todo farmacéuticas; sin embargo, las empresas que producen genéricos se llevaron el 3,2% de esa contratación”, explicó Cathy Boirac, del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), en la rueda de prensa celebrada este martes en la capital española, en la que detallaron los pormenores del informe ‘Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016‘, publicado en octubre.

Otro dato revelador es el del número de concursos públicos (1.443, es decir, el 0,3% en total) comparado con el de las asignaciones sin licitación (485.119 contratos menores, el 99,7% del total). Las grandes multinacionales farmacéuticas, la mayoría extranjeras, aparecen como las principales beneficiadas tanto de los contratos menores como de los mayores (85,1% del total de contratos firmados), y ocho de cada 10 contrataciones fueron adjudicadas a grandes compañías presentes en los principales lobbies (grupos de presión) del sector sanitario.

El informe de Audita Sanidad revela que otra práctica habitual por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid es el fraccionamiento de contratos, que “está prohibido según la Ley de Contratos del Sector Público actual y la nueva, pero es una práctica habitual en la Administración en general”, según la organización, y que permite “trocear” contratos para que no superen los 18.000 euros, a partir de los cuales es obligatorio convocar concurso público. Los contratos mayores (adjudicados mediante concurso) y los menores (sin concurso) sumaron un coste de 1.402 millones de euros para la sanidad madrileña, cuyo presupuesto total en 2016 fue de 7.449 millones de euros. Según los datos más recientes de la Comisión Europea, en 2013 la sanidad pública tuvo sobrecostes de entre el 10% y el 25% debido a prácticas corruptas “que no han sido investigadas” en 15 países europeos.

La publicación de estos datos coincide con varias movilizaciones en Madrid convocadas por los sindicatos CCOO, Satse, CSIT, Amyts y UGT por los “incumplimientos” de la Consejería de Sanidad en materia de precariedad laboral dentro del sector sanitario, tales como impago de guardias, el establecimiento de la jornada de 35 horas (hoy la media es de 37,5 horas) y altos índices de temporalidad (33% en la Comunidad de Madrid), entre otros problemas. Si las autoridades y los sindicatos no alcanzan un acuerdo en los próximos días, convocarán dos días de huelga, el 13 y 14 de diciembre.

Uno de los escándalos de corrupción más destacados de los últimos años en la Sanidad madrileña saltó a los medios tras la confesión de dos funcionarios que aseguraron que el Partido Popular habría recibido el 1% de los contratos para la construcción de ocho hospitales y 57 centros de salud en Madrid (23 millones de euros en total) cuando Esperanza Aguirre presidía la comunidad autónoma.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los recortes del presupuesto de sanidad en Madrid han ido aparejados con una creciente privatización de servicios e infraestructuras sanitarias, y un mayor traspaso de competencias al sector privado, en el que es frecuente encontrar puertas giratorias, según denunció el Observatorio Madrileño de la Salud.

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