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Robaron (presuntamente) perteneciendo al Partido Popular

Cuando Francisco Granados robaba (presuntamente), lo suyo no se llamaba Púnica, eso vino después. Lo suyo se llamaba PP y él era nada más y nada menos que consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre.

Cuando Francisco Correa robaba (presuntamente), lo suyo no se llamaba Gürtel, eso vino después. Lo suyo se llamaba PP y él era quien, tras reinar en la boda de la hija del presidente Aznar, manejaba millones de euros propiedad de los ciudadanos y los repartía entre políticos del PP.

Cuando Luis Bárcenas robaba (presuntamente), lo suyo no se llamaba caso Bárcenas ni Gürtel, eso vino después. Lo suyo se llamaba PP y él era quien repartía dinero negro entre altos cargos del partido, dinero procedente de todos los ciudadanos. Entre otras lindezas.

Cuando Ignacio González robaba (presuntamente), lo suyo no se llamaba Lezo, eso vino después. Lo suyo se llamaba PP y él era el presidente de la Comunidad de Madrid, además de secretario general del partido allí.

Cuando los miembros del Partido Popular arrugan la nariz y reniegan de, entre otros, los anteriores señores, tratan de vender la idea de que entre sus robos (presuntos) y el partido no hay ninguna conexión. La forma que tienen los medios de comunicación de representar los casos de corrupción, haciendo suyo el nombre que los investigadores les dieron, contribuye a marcar distancias con el partido al que pertenecían cuando cometieron sus tropelías. Pero no. Granados, Correa, Bárcenas o González –por ser breve— no robaron (presuntamente) mientras pertenecían a la Púnica, Gürtel o Lezo. Robaron (presuntamente) perteneciendo y representando al Partido Popular.

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Gürteliana

Pablo Crespo (izquierda) y Francisco Correa, en el banquillo de los acusados de la trama Gürtel. POOL

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“Yo estaba trabajando con la mujer de Paco [Francisco Correa], y luego conocí a Paco más profundamente y empezamos a trabajar en Majadahonda. En ese momento, yo pensé que alguien que había estado en la boda del presidente [Aznar], que era amigo del presidente, que todo el mundo se lo rifaba como amigo y como todo… pues jamás pensé que podía ser una persona corrupta”. Al teléfono, José Luis Peñas recuerda el arranque de todo. Él fue el primer denunciante, el que puso en marcha la Gürtel.

A estas alturas, justo diez años después de que, en noviembre de 2007, arrancara el proceso, la Gürtel viene a ser tan popular como La Lola de España. Nadie necesita muchas más explicaciones para saber lo básico: que el Partido Popular utilizó el dinero público de forma fraudulenta. ¿Para qué? Eso es algo más borroso. Para financiar elecciones cuyos resultados ya sabemos dudosos, para untar a miembros de la dirección del partido, para repartir sobres con dinero negro, para premiar a empresarios amigos, para corromper a presidentes/as autonómicos o alcaldes y alcaldesas… Se podría escribir un abecedario: A de Aznar, B de Bárcenas, C de Correa, e incluso darle dos vueltas.

Corría diciembre de 2005, y Peñas, a la sazón concejal del PP en el ayuntamiento de la localidad madrileña de Majadahonda, estaba a punto de enterarse de algo que iba a cambiar la política española. O al menos, la imagen que los españoles tienen de lo que significa la corrupción. “Empezamos a tener más confianza Paco [Correa] y yo”, continúa, y jadea porque ha respondido a la llamada en mitad de una ruta en bicicleta con su esposa.

“En diciembre de 2005, él estaba viviendo en un hotel porque se había ido de su casa. Estábamos allí juntos y le llamó Martín Vasco, concejal de Arganda del Rey. Tuvieron una conversación larga con el teléfono en manos libres. En esa conversación fue la primera vez que oí… Bueno, Benjamín [Martín Vasco] le dijo a Correa que si no le daban sus 300 kilos, nada de nada… En ese momento, uno, por muy pueril que sea, se da cuenta de que ahí hay un lío importante. Y te digo la verdad, lo pensé mucho esa noche con mi mujer, porque yo soy funcionario y lo más fácil habría sido quitarme de en medio, teníamos que tomar una decisión, pero tenemos hijos, sabía que iba a afectar de una manera clara al resto de nuestras vidas… Ella no lo dudó en ningún momento y me dijo que ya sabía lo que íbamos a hacer. Tras una noche intranquilo me dije: voy a hacerlo, voy a denunciar, pero lo que no puedo hacer es ir mañana a comisaría y decir, ‘es que hay unos tíos muy malos aquí’. Esa misma noche me vino a la cabeza que tenía una memoria USB antigua que usaba básicamente para oír música…”.

Aquel 15 de diciembre de 2005, siempre según su versión, José Luis Peñas decidió no solo denunciar, sino tomarse el tiempo necesario “para que nadie echara atrás esa acusación”. Nada menos que 80 horas de conversaciones grabadas en aquella USB. “Entonces decidí, juntamente con mi mujer, que íbamos a cambiar nuestra vida. Lo que no sabíamos es que íbamos a cambiar también muchas cosas en el país”.

Dos años después de ese momento, en 2007, se presentó con sus documentos ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Y poco después, a la Fiscalía. “Fue una de las tres decisiones más importantes de mi vida… si no la más importante”, resopla. “Y me siento muy orgulloso por haber logrado sentar al Partido Popular en el banquillo, que se haya descubierto cómo se ha dopado durante años y años y años, y cómo ha ganado de manera ilegal e ilegítima elecciones. Ese es el gran logro. Haberle visto la cara al verdadero PP”.

Grandes logros

La abogada Lara Carrasco, presidenta de Lucha Contra la Corrupción (Corruptil) y una de las primeras profesionales implicadas en la denuncia, suele asegurar que la Gürtel es “un milagro”. Afirma: “Somos un gran país capaz de hacer cosas como esta”.

No resulta demasiado frecuente oír alabanzas a la llamada Operación Gürtel, muesca negra en el saqueo de lo común, de lo público y de la idea democrática de lo político. Sin embargo, aquellos que han hecho posible el proceso ofrecen una visión positiva. Yendo hasta el momento más feroz, aquel 26 de julio de 2017, cuando Mariano Rajoy Brey se sentó ante el tribunal para declarar como testigo en la causa.

El responsable de que el presidente del Gobierno de España se sentara ante los magistrados que juzgan la Gürtel y, de paso, ante decenas de periodistas internacionales, es Mariano Benítez de Lugo, al frente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El mismo letrado que el 28 de junio de 2013 recibió una amenaza de Luis Bárcenas por mandarlo a la cárcel. “El socialista me va a encontrar”, desafió entonces el extesorero del Partido Popular. Hoy, Benítez de Lugo se cuenta entre los que celebran la Gürtel. “Ha puesto muy de manifiesto una trama de corrupción que podía no haber sido desvelada”.

A falta solo de los informes finales y de la sentencia, que previsiblemente llegará a finales de la primavera de 2018, el abogado no puede sino sentirse satisfecho. Valgan los jalones de su satisfacción para dibujar uno de los posibles retratos positivos de la Gürtel.

La satisfacción

Para empezar a enumerar méritos, Benítez de Lugo rinde un homenaje al juez Baltasar Garzón, condenado en 2012 por prevaricación y apartado del ejercicio judicial. “El primer mérito en la Gürtel hay que atribuirlo al juez Garzón”, asegura, “que rápidamente tomó conciencia del caso y ordenó una serie de registros que supusieron la obtención de importantísima documentación de cara a la estructuración del caso”.

En segundo lugar está Bárcenas. ADADE consiguió que se revocara el sobreseimiento sobre el extesorero y, por lo tanto, en 2009, el caso no terminara sin pena ni gloria. Algo más de tres años después, el 27 de junio de 2013, Benítez de Lugo pidió prisión para Bárcenas, a lo que se sumó la Fiscalía. Sin ese paso, resulta difícil pensar que en julio de 2013 el propio extesorero reconociera la autoría de los llamados Papeles de Bárcenas. “Yo pido su cárcel y se adhiere el Ministerio Fiscal”, explica el letrado. “Entonces, él cambia de abogado y quiere declarar y el 10 de julio, cuando había dicho que los papeles eran fotocopias que no eran suyos, reconoce la autoría”. En esos papeles figuraban las entregas de dinero en efectivo a toda la plana mayor del Partido Popular.

Después llegaron la aceptación de la exministra Ana Mato y el PP “como beneficiarios a título lucrativo de los delitos de otros”. Y, por fin, la petición con éxito de la declaración del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, como testigo pese a las negativas por parte del juez instructor.

Decepciones, ruina y dolor

Si bien aquellos que han hecho posible la Gürtel celebran los resultados y, más allá de eso, la existencia misma de los juicios que han puesto en evidencia la corrupción existente en diversos gobiernos del PP, nacionales y autonómicos, también ha habido decepciones.

“La reciente negativa del careo ha sido una gran decepción”, manifiesta Mariano Benítez de Lugo. “Si hay una persona, como es Bárcenas, que dice que ha entregado dinero en efectivo, en concreto y entre otros, a Mariano Rajoy, y este, cuando yo le pregunto, lo niega, lo lógico, y así está previsto en la ley, es que se confronten ambas personas para que el tribunal decida cuál de los dos considera que tiene una versión más fiable. Ese es el objetivo del careo”. Sin embargo, el presidente del tribunal consiguió que dicho careo no tuviera lugar y dejó la participación de Rajoy en la de un mero testigo.

Por su parte, el denunciante José Luis Peñas considera que “ha habido grandes líneas rojas”. Explica: “Llevo mucho tiempo denunciándolas. A los investigadores se les impusieron grandes líneas rojas que no podían traspasar, y desde luego a las fiscales”. Y se pregunta: “¿Por qué no ha declarado José María Aznar? ¿Por qué no se ha imputado a gran cantidad de dirigentes del PP que sí están en las cuentas? ¿Por qué a Francisco Álvarez Cascos no se le interpeló después de que Correa declarara que Cascos le había dado la cuenta de Aena? En este país las cuentas públicas no se dan, se ganan por concurso. Ese es el gran fallo, un fallo político hecho de líneas rojas…”.

Sin embargo, no solo han existido decepciones, sino altísimos costes para las vidas de aquellos que han denunciado y, por lo tanto, hecho posible que esta causa que ahora termina haya sido posible. El caso más sangrante es el de Ana Garrido.

Siendo Garrido funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en enero de 2009 denunció una trama de corrupción que acabó manchando al PP en todo el territorio español. Así lo recuerda: “Yo conocía la corrupción que ocurría en mi ayuntamiento. Cuando empecé a hacer una labor de investigación antes de denunciar, pensaba que afectaba solo a Boadilla del Monte. A medida que fui avanzando esta investigación, en la que me ayudaron compañeros aportando expedientes, a medida que fui cruzando empresas… También había nombres conocidos que no han sido imputados, por ejemplo, exministros de la época de Aznar como Acebes y Michavila, que yo no me imaginaba al principio lo que suponía. Cuando denuncié ya sí vi que era algo muy gordo que afectaba, sobre todo, a alcaldes de otros municipios y a empresarios importantes, pero nunca llegué a imaginar que era una trama de corrupción de un partido entero y a nivel nacional”.

A partir de entonces, empezó una cacería contra ella, como denunciante, que incluye incluso amenazas de muerte. Al teléfono, valora si ha valido la pena: “Qué pregunta más difícil. Para mí, no, en el sentido de que me han arruinado la vida. Antes de denunciar era una persona con una vida profesionalmente estable, feliz, me encantaba mi trabajo, no podía pedir más. Ahora no tengo tiempo para salir de la miseria, a día de hoy todavía me paso el tiempo de juicio en juicio… A nadie le compensa pasar por esto porque no hay nada que lo pague”.

Sin embargo, Garrido asegura que volvería a hacerlo. “En mi cabeza no cabe hacer otra cosa: o entras en la rueda o denuncias. Yo tenía una responsabilidad profesional como técnica municipal”. Sin embargo, puntualiza: “Volvería a denunciar, sí, pero lo haría porque no tengo hijos”.

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Ecuador se suma a la lista de gobiernos de izquierda ‘sospechosos’ en Latinoamérica

lenín moreno ecuador se suma

Es difícil calcular cuántas veces se habrá proyectado la sombra de la duda sobre el resultado electoral de un país latinoamericano. Sobre todo si el vencedor representa a una opción política de izquierda. Ocurre en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Brasil y, por supuesto, en Ecuador. De hecho, cuestionar el triunfo de un candidato progresista en América Latina forma parte de la crónica negra ya no solo de las corrientes de opinión más neoliberales del continente americano sino también de un importante sector de la prensa española que desde hace algunos años ha desarrollado un instinto especulador con la verdad de los movimientos de izquierda con ambiciones de poder que brotan en nuestro entorno cercano. Hay muchos ejemplos pero el caso de Venezuela es el más insistente. En España es una cuestión de Estado y, por extensión, implica a aquellos líderes regionales que se animen a pedir en público un poco de respeto hacia el proceso político bolivariano.

Algo de eso le ha comenzado a suceder al nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a quien el exiguo margen de su victoria sobre el banquero Guillermo Lasso, poco más de tres puntos porcentuales y 200.000 votos, le ha acarreado digerir el resultado entre acusaciones de fraude y brotes de violencia desmedida. En la calle 6 de Diciembre de Quito, el lugar donde se encuentra la sede central del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano (CNE), cientos de simpatizantes de la opción conservadora derrotada clamaban contra un resultado que consideraban como la prueba de que Ecuador va camino de convertirse en otro Leviatán latinoamericano como ya lo es Venezuela. El propio Lasso apelaba en las redes sociales a la manipulación de actas electorales detectada por sus observadores para justificar una lucha destinada “a recuperar la libertad, la democracia y la prosperidad”, se supone que secuestrada por una década de “correísmo”. Suele decirse que, por mucho que se repita una mentira, esta no se convierte en verdad, pero parece claro que, si una consigna tan nítida como la del banquero guayaquileño se repite día y noche existe un serio riesgo de que acabe representando la realidad para mucha gente.

De manera que impugnando en esos términos el reconocimiento del triunfo de Lenín Moreno, la derecha oligárquica ecuatoriana parece decidida a transformar el país en un escenario bélico y las principales avenidas de sus ciudades, a tenor de lo visto la pasada noche por televisión, en una especie de Madison Square Garden en horario non stop. Buena parte de los españoles que migraron a Ecuador para sofocar el duro castigo infringido por la crisis financiera de 2008 comparten dos certezas sobre esta paradójica situación. La primera es que el país andino tiene una herida sin cerrar con su pasado reciente, el diabólico feriado bancario que entre 1999 y 2001 condenó al exilio a casi el 20% de la población y en el que Guillermo Lasso, como superministro de Economía y Energía del gobierno neoliberal de Jamil Mahuad, jugó un papel estelar.

La segunda certeza es que pese a las profundas desavenencias surgidas en el interior del movimiento de amplio espectro que en 2007 impulsó a Rafael Correa a la presidencia del país, la mayoría del pueblo ecuatoriano está prevenido ante determinados personajes como Lasso, capaces de envenenar con su presencia cualquier alternativa de cambio al modelo actualmente en vigor. Los datos están ahí: en 10 años de Revolución Ciudadana, la pobreza en Ecuador ha disminuido 13 puntos, la desigualdad 27, la economía ha crecido a un promedio anual del 3,9% y el paro es el más bajo de Latinoamérica. Además, las infraestructuras construidas durante este tiempo son la envidia de la región y la normalidad institucional está presente en casi todos los rincones del país.

También es cierto que varios acontecimientos ocurridos en los últimos años, como la liquidación de la iniciativa antiextractivista en la selva del Yasuní y los ásperos enfrentamientos mantenidos con algunas organizaciones sociales e indígenas que resultaron indispensables en el triunfo de Alianza País revitalizó a los sectores más conservadores del país convencidos de que, esta vez sí, contaban con la fuerza necesaria para retomar las riendas del poder del que fueron desterrados hace una década. Tanto es así que en un giro copernicano la izquierda ecuatoriana no “correísta” pidió el voto para el más genuino representante político del capital financiero que hay en el país. Una fórmula repetida por Lasso hasta el último día de su campaña: aperturismo económico y desregulación de los mercados, combate a muerte al déficit fiscal mediante la reducción del Estado y recortes de la protección social, congelación salarial y eliminación de impuestos. Es decir, neoliberalismo puro en un país que ya vivió ese modelo con resultados dramáticos. Todo un contrasentido inexplicable que puede acarrear consecuencias demoledoras para ese sector de la izquierda ecuatoriana que hace años que rompió relaciones con el Estado.

Decía García Márquez, hablando de las leyes del periodismo, que una gota de ficción contamina un océano de realidad. Pues bien, unos líderes iracundos y tan infantiles como su propia incapacidad para valorar el significado del voto nulo en respuesta crítica a la política oficial han estado a punto de destrozar un proceso donde aún existen ventanas abiertas para la profundización de la justicia social. Es verdad que en el periodo de cuatro años que ahora comienza, el nuevo presidente, Lenín Moreno, tiene todo por demostrar y que la comparación con Rafael Correa puede ser tremenda pero ya ha enviado mensajes comprometiéndose a rebajar la tensión que había brotado en los últimos años de mandato de su antecesor.

La izquierda crítica ecuatoriana tampoco puede ser tan ingenua y pensar hoy que Guillermo Lasso iba a aceptar su derrota como sueñan los personajes de las novelas de Luis Landero cuando son jóvenes y todavía conservan sus utopías en estado puro. La verdad es que el multimillonario guayaquileño ha hecho lo que la derecha local y regional exige a un personaje con su reputación y su dinero. Es decir: “Pedir a todos, pacíficamente, que sigamos en las afueras de nuestra delegación del CNE exigiendo transparencia” y “viajaré hoy a Quito para defender la voluntad de los ecuatorianos. Además, estaremos con la prensa internacional denunciando lo ocurrido”, según implora desde las redes sociales. De confirmarse su presencia en la capital, el caso podría acaparar estudios de investigación en un futuro no muy lejano como signo inequívoco de los nuevos tiempos: uno de los banqueros más poderosos de Ecuador cobijado dentro de una tienda de campaña para protestar por un presunto fraude electoral. A la vista de las expectativas creadas en las semanas previas a los comicios del domingo parece que la reacción de Lasso responde más a un intento burdo de encender a sus seguidores que a una forma heroica de defender la democracia. 

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