You are here

Corrupción en Convergència: el país, el partido y la persona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por cobrar comisiones de Ferrovial para financiar el partido. CDC se montó a finales de los 70 en torno a la figura de Jordi Pujol, quien estuvo al frente de la formación y de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 2003. Le sucedió Artur Mas, hasta hace seis días presidente de las siglas herederas de CDC, PDeCAT. De hecho, esta historia podría empezar con Artur Mas saliendo del Palau de la Generalitat el pasado 25 de octubre, solo horas antes de que Puigdemont rechazara la posibilidad de convocar elecciones, y por lo tanto se lanzara a proclamar la República Catalana. Podría.

Sin embargo, es de recibo arrancar con Pasqual Maragall. Con una frase de todos conocida, y con la inmediatamente posterior, siempre olvidada. Era jueves, 24 de febrero de 2005. El entonces president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, se levantó de su asiento en el Parlament y, en respuesta a una puya de Artur Mas, denunció: “Pienso que efectivamente hemos tocado el tuétano. Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama 3 por ciento”. Acto seguido se sentó. Hasta aquí lo que se ha repetido miles de veces.

Ahora lo que siguió:

Artur Mas se levantó entonces, estaba a poquísimos metros de su interlocutor, un Maragall, sentado, que le miraba desde abajo. El de Convergència tomó la palabra: “Usted ha perdido completamente los papeles”, le dijo. “Si el president de la Generalitat hoy tiene que acabar este turno parlamentario de esta manera, usted ha perdido completamente los papeles”. Y repitió: “Usted ha perdido completamente los papeles, señor Maragall. Si era para esto, se podría haber ahorrado esta intervención. Usted manda la legislatura a hacer puñetas, supongo que es consciente. Por lo tanto, le pido, formalmente, con modestia y pleno respeto, que retire esta última expresión y podamos volver a restablecer el mínimo de confianza que este país necesita”.

Maragall pidió la palabra, se levantó y dijo: “Honorable señor diputado, accedo a su demanda”.

Punto.

El president Maragall acababa de denunciar públicamente en sede parlamentaria el cobro de comisiones por parte de Convergència Democràtica de Catalunya –algo que la mayoría de los allí presentes parecía saber o sospechar– y accedió inmediatamente a retirar lo dicho. ¿Por qué? En principio, porque estaba negociando la aprobación de un nuevo Estatut. Aunque hay quien opina que lo retiró porque lo dicho, dicho está.

Tiempos de Mas y Pujol

Es precisamente Artur Mas quien marca la línea de puntos que une aquella denuncia de Pasqual Maragall y la condena de hoy a CDC, pasando por el Palau de la Generalitat donde Carles Puigdemont estaba a punto de decidir que se iba a declarar la independencia de Catalunya “de forma unilateral”. Y era preciso detenerse en aquel “accedo a su demanda” pronunciado por Maragall. Retrata una peculiar relación entre política, corrupción e identidad. O nacionalismo, si se prefiere.

La sentencia condenatoria de la Audiencia de Barcelona conocida este lunes 15 de enero denuncia un “acuerdo criminal” estable entre Convergència y la empresa Ferrovial que va de 1999 a 2009.

Vamos con las fechas.

En 2003, Artur Mas, mano derecha de Jordi Pujol, lo sustituye al frente del partido. Han perdido la Generalitat, que pasa a ser presidida por un tripartito “de izquierdas”: PSC, ERC e IC. O sea, que el “acuerdo criminal” del que habla la sentencia transcurrió durante los últimos cuatro últimos años de Pujol al frente del partido, y los primeros seis de Mas.

Pero no fue la acción de este quien puso fin al crimen, sino la intervención policial.

El jueves 23 de julio de 2009 –año en el que el juez dictamina que finaliza el “acuerdo criminal”–, los Mossos d’Esquadra entraron en el Palau de la Música Catalana por orden de un juez de Barcelona. Se investigaba el desvío de más de dos millones de euros de los fondos del Orfeó Català. Y, tirando de ese hilo, se llegó a la financiación ilegal de Convergència. De la Convergència de Jordi Pujol y de la de Artur Mas.

La sentencia ha confirmado las tesis de la acusación del fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, quien denunció dicha financiación ilegal a través del Palau. Así pues, queda probado que Daniel Osácar, tesorero de CDC en aquella época, recibía sobres con dinero en efectivo procedente de la constructora Ferrovial utilizando como vía de entrada el Palau de la Música. Exactamente lo que confesaron Fèlix Millet y Jordi Montull ante el juez. En este caso, se trata de 3,7 millones de euros. Habría que añadir, según el juez, facturas falsas y donaciones varias a CatDem –fundación de CDC– hasta alcanzar los 6,6 millones que se exige pagar al antiguo partido de Mas y Pujol.

La línea de puntos

Pero la línea de puntos trazada por Mas no se queda ahí. El 29 de septiembre de 2016, el Ministerio del Interior registró un nuevo partido, el Partit Demòcrata Europeu Català, el PDeCAT. Su presidente: Artur Mas. Dos años antes Jordi Pujol había confesado irregularidades en sus fondos en el extranjero. Ese fue el principio del fin.

A día de hoy, PDeCAT encabeza su página web con el lema “Un partit compromés amb la transparència”. Y si de transparencia se trata, valga recordar que, entre que Mas deja la presidencia del PDeCAT y la Audiencia hace público el “acuerdo criminal” CDC-Ferrovial, solo han pasado seis días. Dice adiós, además, en una fecha señalada: cuando se cumplen exactamente dos años desde que el 9 de enero de 2016 cediera la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont.

Las palabras de Mas en su marcha, la semana pasada, fueron más que elocuentes: “Primero es el país, después el partido y después la persona”.

Así que la línea de puntos se podría resumir de la siguiente manera:

En 2003 –con el “acuerdo criminal” en marcha, según el juez–, Pujol cede la dirección del partido a Artur Mas.

Dos años después, en febrero de 2005, Maragall deja en evidencia algo que parece era conocido: CDC cobra comisiones del 3%, acusación que retira de inmediato a petición de Mas.

En 2009, con el tripartit aún en el Govern, los Mossos entran en el Palau y ponen en marcha una investigación que acabará en las arcas de CDC.

En julio de 2014, Pujol confiesa su fechoría en el extranjero, lo que supone un golpe mortal a Convergència y a una cierta idea de la “honorabilitat” en la política catalana.

En enero de 2016, Artur Mas cede la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont.

En verano de 2016, se funda el PDeCAT, en la práctica un cambio de nombre de la antigua Convergència, que mantiene a Artur Mas como presidente.

En marzo de 2017, Millet confiesa la financiación ilegal de Convergència y su participación en ella.

El pasado 9 de enero de 2018, hace una semana, Artur Mas renuncia a la presidencia del PDeCAT.

Este 15 de enero de 2018 la Audiencia de Barcelona condena a Convergència Democràtica de Catalunya por cobrar comisiones de Ferrovial para financiar el partido. Lo llama “acuerdo criminal”, y afirma que fue “ininterrumpido” entre 1999 y 2009, o sea, con Pujol y Mas al frente de la formación.

País, partido, persona

La línea argumental que se impone en este momento en el entorno del PdeCAt y Junts Per Catalunya, su plataforma electoral, es que no existe nexo entre la vieja Convergència y la actual formación. Basta seguir la línea de puntos que marca Artur Mas.

Pero cabe recoger, además, ese momento en el que, el pasado 25 de octubre por la tarde, Puigdemont se reunía con Mas en el Palau de la Generalitat. Unas cuantas horas después, el que pasa por ser “president en el exilio” rechazaría la posibilidad de convocar elecciones, y por lo tanto se lanzaría a proclamar la República Catalana.

El paso que ha dado la Audiencia de Barcelona certifica, por primera vez, aquella financiación irregular de Convergència que el president Maragall le espetó a un estupefacto Artur Mas en el Parlament de Catalunya. La del 3 per cent. La que le espetó e inmediatamente retiró.

Como diría Mas, “primero es el país, después el partido y después la persona”.

Más en lamarea.com

Read More

¿Equidistante? Pues vale

El Rabal, Barcelona. Foto: Fran Urbano.

Artículo escrito por Xavier Dilla, filólogo y columnista.

De un tiempo para acá, por discrepar del ideario independentista, en Cataluña te cae el sambenito de “unionista”. A mí no me lo han dicho nunca –al menos no a la cara–, aunque tampoco me importaría mucho: pocas cosas me la traen tan al pairo como “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, según proclama el artículo 2 del Título preliminar de la Constitución con pomposidad que trasluce diáfanamente la inquietud de que, en realidad, la Nación teme disolverse y dividirse. Tampoco me importa que me llamen o declararme yo mismo español: lo soy, lo que no significa sino que soy ciudadano de España. Me parece ridículo el eufemismo “Estado español”, muy usado en Cataluña, porque, al menos por ahora, Cataluña forma parte administrativamente de España (un hecho sin más, no una verdad metafísica y eterna). Soy catalán y no dejaré de serlo, y me defino como catalanista, categoría ahora un tanto en desuso y vilipendiada por la excitación del independentismo. Podría dejar de ser español si se diera el caso –improbable, pero, al paso que vamos, cada vez menos imposible– de que Cataluña dejara de formar parte de España. Y eso es todo.

Imagino que ahora debo formar parte de lo que la retórica independentista llama “equidistantes”, que suena menos a insulto que unionista pero que también resulta un tanto impreciso. En fin, tanto da. Sólo he votado nacionalista una vez, en 1980, cuando casi nadie hablaba de independencia: tenía dieciocho años recién cumplidos y voté convencido a un partido que me gustaba porque se reclamaba de izquierdas y republicano, y me parecía estupendo que esa izquierda republicana fuera catalana. Nunca me he arrepentido tanto de mi voto: tras obtener unos resultados espectaculares, que situaron al cabeza de lista como presidente del Parlamento catalán, el partido en cuestión acabó abriendo una autopista a Jordi Pujol y a Convergència i Unió para que convirtieran Cataluña en un enorme chiringuito privado. No he vuelto a votar a esa gente desde entonces.

Con estos antecedentes, estoy viviendo todo el follón del ‘Procés’ (menudos somos los catalanes con los palabros) entre la perplejidad, la indignación y un necesario pesimismo (a cierta edad, según qué ilusiones son propias de iluso). De entrada, me parece haber regresado al siglo XIX o poco menos. Ni globalización, ni tecnología digital ni realidad virtual: la jerga política suena muy anticuada. En quince días, dicen, hemos vivido, al menos, dos “golpes de Estado”: uno de Junts pel Sí y la CUP, en el Parlamento catalán, y otro del aparato del Gobierno central, al registrar varias sedes oficiales catalanas para requisar material o documentación pro referéndum y cerrar el grifo del dinero no sólo al Departamento de Economía, sino también a peligrosísimas células subversivas como la Institució de les Lletres Catalanes, las bibliotecas públicas o la Coordinadora de Castellers. Estos días se habla también de separatismo, de sedición, de declaración unilateral de independencia, de esas temibles turbas de los documentales franquistas, de tumultos, y parece como si nos sumergiéramos en el túnel del tiempo retrocediendo décadas.

Lo peor es que se habla mucho, manoseándola, de democracia. Como un valor absoluto: por un lado, la democracia es la Constitución y la legalidad (vigente, como se suele decir, demostración inequívoca de que la legalidad no es eterna, sino cambiante); por otro, la democracia se resume en votar esta vez, como si no nos hubiéramos hinchado a votar en el último lustro y como si nos hubieran privado alguna vez de este derecho.

Que se me acuse de equidistante por decirlo, pero el independentismo y el gobierno de la Generalitat hace tiempo que actúan con un ventajismo y una deslealtad extraordinarios que dudo que les reporten el aplauso de esa Europa a la que tanto invocan. Artur Mas convocó unas elecciones para guiarnos hasta el Paraíso, perdió diez escaños y ni por esas dimitió: siguió adelante pese a haber sido desacreditado en las urnas. Quiso hacer un referéndum y lo hizo en 2014 llamándolo “consulta participativa”. ¿Resultado? Incluso dejando votar a quienes tenían dieciséis años y contando el sí-sí prestado del voto descontento de quienes como Ada Colau no están por la independencia, se consiguieron sólo 1.897.000 votos por la independencia. Sí, sólo. Claro que son muchos, pero no bastan porque el censo electoral de Cataluña es de cinco millones y medio. Luego, en las elecciones “plebiscitarias” de 2015, Junts pel Sí y la CUP rozaron los dos millones de votos. El propio Antonio Baños reconoció esa noche electoral que no era suficiente para seguir adelante. ¿Resultado? Se ha seguido adelante. En nombre del “pueblo”, un pueblo en el que no se cuenta a la mitad de la población. Y así estamos. Ahora vamos por la tercera, a ver si ahora sí sale el medio millón o el millón de votos que faltan. Y aprobamos, antes de votar, una Ley de transitoriedad que ya prevé el incuestionable sí. Y si todo esto no es ventajismo, añadamos la jeta de Oriol Junqueras o del catedrático de Derecho constitucional Joan Queralt afirmando que cuando seamos independientes seguiremos siendo europeos porque no pueden desposeernos de esta condición (que tenemos como ciudadanos españoles). O sea, que nos vamos, pero nos quedamos con las ventajas de ser español. Somos los putos amos.

La florentina táctica del independentismo, discutible pero muy bien organizada y planificada, se beneficia de enfrentarse al gobierno español más rancio en décadas, formado por el partido más corrupto desde la muerte de Franco (en competencia con el de Jordi Pujol). No sólo vive convencido de los valores de la España eterna, sino que nos los quiere tatuar en la cara, usando torticera e indiscriminadamente al estamento judicial, el que menos ha evolucionado desde el franquismo, como explica muy bien en un libro fundamental alguien tan declaradamente antiindependentista como Carlos Jiménez Villarejo. Además, el PP se ha cargado la imparcialidad del Tribunal Constitucional y ahora se salta la legalidad interviniendo económicamente a la Generalitat sin pasar el artículo 155 por el Congreso y echando mano de la Policía y la Guardia Civil. ¡Y ya promueven la jura de la sacrosanta bandera!

Hace dos semanas el independentismo se privó de razón al abusar de su mayoría en el Parlament, sacándose de la manga una legalidad nueva y paralela a la española, forzando y vulnerando de manera flagrante la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Si este es el país nuevo, democrático y europeo que propugnan, vamos listos. Pero la falta de argumentos políticos y las formas neoautoritarias del gobierno español no sólo han reanimado al independentismo, sino que, además, han certificado el fin del régimen de la Transición, que ya no da más de sí. Algo se movió con el 15M, la irrupción de Podemos y las sucesivas mareas y confluencias. Ahora vuelve a ser su momento. Veo a Rajoy y me acuerdo del inocuo Arias Navarro: un político gris desbordado por los nuevos tiempos. Ha contribuido no poco a facilitar la internacionalización del conflicto y a abrir verdaderamente la puerta a una posible Cataluña independiente (no ahora, no el día 2 ni el 4, pero más cerca de lo que se podía pensar, como han visto Julián Casanova y Enric Juliana, nada sospechosos de independentismo).

Me da igual vivir en una Cataluña independiente o no. Me importa la calidad del Estado, y no tengo ninguna seguridad de que una Cataluña independiente fuera un país mucho mejor que la España actual. Nos privaríamos de la caspa franquista, claro, pero nos quedaría la nuestra (desde el retorno de Tarradellas, hemos tenido más gobiernos de derechas aquí que en Madrid). ¿Para qué quiero un “nuevo país” si tiene la catadura moral de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, quien tras reventar la manifestación de duelo por el atentado de Barcelona, acusó al Rey y al PP de hipócritas por hacer negocios con los países que financian el terrorismo yihadista? ¿Acaso el Barça y el ídolo patrio Pep Guardiola no hacen lo mismo con Qatar y se deshacen en elogios hacia ese país?

No pensaba votar, porque lo del domingo no es votar. Dudé cuando Rajoy pidió que no se votara. Sólo por llevarle la contraria, habría ido a votar en blanco. Pero me niego a aceptar esta política de acción-reacción, estoy harto del victimismo catalán, de tanta sobreactuación y tanto dramatismo de fechas “históricas” (¿cuántas llevamos desde 2014?). Acepto que la independencia sea un objetivo político legítimo, pero abomino del “Procés”.

Estos días el único refugio es el humor: la ridícula historia del crucero de Piolín, los memes que circulan cachondeándose de todo, la enésima versión del vídeo de Hitler cabreado en El hundimiento, el twitter de El Mundo Today, el Polònia o El intermedio. Riamos, sí, pero admitamos que la cosa se está poniendo jodida: dos nacionalismos en colisión. Si detienen a Puigdemont o a algún conseller, que han prevaricado cuanto han querido y más (como han prevaricado Rajoy y su tropa desde el primer día), no sé si la “revuelta de las sonrisas” seguirá tan sonriente. El gran Josep Fontana, utilizado en su momento por el independentismo oportunista (Mas regaló La formació d’una identitat a su mujer por Sant Jordi y se hizo la foto oportuna) dijo hace poco que de este follón todos vamos a salir perdiendo. Cierto que al final de la entrevista dice: “Tengo una gran esperanza en la capacidad de la gente para recuperarse y volver a ponerse en pie”. Me gustaría ser tan optimista como él, pero veo crecer el mal rollo, la mala leche de gente antes sensata señalando con el dedo a los “tibios”, a los que ponen reparos, veo las llamadas a filas de ambos absolutismos pseudodemocráticos y dudo que esto tenga una salida positiva. No quiero escoger entre Félix de Azúa y Bernat Dedéu, por poner dos ejemplos opuestos de rencor ciego. Abróchense los cinturones, que vienen curvas.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More