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Nuevas infraestructuras de gas deficitarias con dinero público a costa del clima

Planta de ciclo combinado en Fawley (sur de Inglaterra). Foto: Gillian Thomas / CC BY 2.0.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez // En noviembre de 2017 la Comisión Europea presentó la lista de Proyectos de Interés Común de interconexión energética entre países de la Unión Europea, una serie de infraestructuras que recibirán financiación pública comunitaria y se beneficiarán de una tramitación agilizada -por ejemplo, trámites de Evaluación de Impacto Ambiental simplificados-. Aunque en principio esta lista debe de estar integrada principalmente por obras de interconexiones eléctricas, en la lista de la Comisión se pueden encontrar hasta 95 proyectos de gas, incluyendo grandes gasoductos y nuevas terminales para importar gas natural licuado por barco.

La apuesta europea por el gas es evidente. Desde 2014 el mecanismo financiero ‘Conectar Europa’ ha dedicado más de 1.000 millones de euros a financiar infraestructuras de gas (el doble que a planes de conexión eléctrica). Algunos de los proyectos planteados en la nueva lista son absolutamente faraónicos. Destaca el Corredor Meridional del Gas, una tubería de 3.500 kilómetros que pretende traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia, vía Turquía, y que ha estado inmersa en polémicas de corrupción. Este proyecto de 34.000 millones de euros pretende beneficiarse de préstamos de instituciones financieras europeas. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ya dio luz verde a partidas económicas para financiar los tramos caucásico y turco, y ahora el Banco Europeo de Inversiones está por decidir si concede 2.000 millones de euros para el tramo transadriático. La empresa española Enagás tiene participación en el proyecto. Enagás también está detrás de los dos proyectos españoles que integran la lista -el MidCat, que duplicará la capacidad de interconexión con Francia, y la tercera interconexión con Portugal-.

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿necesitamos estas infraestructuras? La demanda europea de gas cayó un 20% entre 2010 y 2016. Diversos estudios muestran cómo el sistema gasista europeo actual es robusto y resiliente, capaz de hacer frente, solo introduciendo algunos cambios menores, a nuevas situaciones de estrés como las que se vivieron hace unos años a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia. Uno de estos estudios, encargado por la propia Comisión Europea, señala precisamente que los gasoductos españoles mencionados tendrían escaso o nulo flujo de gas.

El sistema gasista español ya está de por sí bastante sobredimensionado. Somos el cuarto país del mundo en capacidad de regasificación (plantas que transforman el gas líquido -licuado- que se transporta en buques), y sin embargo estas terminales funcionan a menos del 40% de su capacidad. Tenemos un amplio parque de centrales de gas de ciclo combinado que están la mayor parte del tiempo paradas. Las proyecciones de consumo pre-crisis fueron exageradamente optimistas en nuestro país y nuestro sistema nacional gasista retribuye esas inversiones aunque la infraestructura no se utilice. Eso, sumado a indemnizaciones como la del almacén Castor, ha generado un déficit del sistema que pagamos -y que pagaremos durante las próximas décadas- los usuarios en la factura del gas. En este contexto parece suicida generar nuevas infraestructuras deficitarias con dinero público.

La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿es el gas la energía que necesitamos en un contexto de crisis climática? El gas es un combustible fósil y por tanto debe permanecer en su mayoría bajo tierra, como el petróleo o el carbón, de acuerdo con lo planteado por la ciencia para cumplir con los objetivos de París. A pesar de la retórica del Comisario Arias Cañete, que pretende presentar al gas como un combustible relativamente limpio, su huella climática es muy significativa si se consideran las fugas de metano, como muestra de forma creciente la evidencia científica. Según un reciente estudio del Tyndall Centre for Climate Change, Europa no debe construir una sola infraestructura de gas más si quiere tener posibilidades de cumplir con el objetivo global de no superar un aumento de temperatura de 2ºC a final de siglo.

La tercera y última pregunta que nos surge es: si no necesitamos más gas, y además el gas es enemigo del clima, ¿porqué se toman estas decisiones en la política energética europea? Incomprensiblemente la normativa europea establece que un organismo denominado ENTSO-G es el encargado de hacer la planificación de las infraestructuras de gas necesarias para satisfacer la demanda. La demanda futura también la estima este organismo, a pesar de que año tras año la tosca realidad se empeña en demostrar que sus previsiones estaban sobrestimadas. ENTSO-G es la coalición europea de operadores de transporte de gas: operadores como la española Enagás. Es decir, este organismo está integrado por las mismas empresas que luego son las encargadas de construir, con el dinero de todos los ciudadanos europeos, las infraestructuras que ellas mismas han determinado que son necesarias.

Esto se llama ‘poner al zorro a cuidar de las gallinas’. Se trata de una muestra del enorme poder que tiene la industria fósil en las decisiones sobre política energética. Una política que debería estar sujeta a criterios ambientales y de bien común. El Parlamento Europeo, que debe regirse por estos valores, tiene en los próximos días una oportunidad única de votar en contra de esta lista de Proyectos de Interés Común. Porque visto lo visto, el gas no es de interés común.

El viernes 26 de enero Ecologistas en Acción y el ODG organizan la mesa redonda ‘¿Qué papel debe jugar el gas natural en el modelo energético?’ en el Ateneo de Madrid.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez es responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.

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Jacob Lebel: “Nuestro sistema legal reconoce que el cambio climático amenaza nuestros derechos”

El activista climático Jacob Lebel. Crédito: Andrea Willingham

Cuando en 2015 empezó a escuchar noticias de un gasoducto que se iba a construir a sólo un kilómetro y medio de la granja de sus padres, Jacob Lebel ya tenía conciencia ecológica. Sin embargo, fue esa amenaza la que le hizo unirse al caso que enfrenta a 21 jóvenes estadounidenses contra el gobierno federal. Sus derechos, afirman, no han sido protegidos como manda la constitución.

Sé que creciste en una granja en Oregón. ¿Cómo influyó tu educación para que te convirtieras en activista climático?

Mis padres me educaron en casa, así que tenía mucho tiempo para explorar los bosques y las cañadas alrededor de la granja. Me ocupé de los animales desde que tenía 9 o 10 años, y con 15 años ya cuidaba algunas plantas y tenía a cargo uno de los negocios de la granja, vendiendo frutas y verduras en la comunidad. No creo que nunca pensase en ser activista, en el sentido tradicional de la palabra, pero es cierto que me crié muy cercano a la naturaleza. Creo que eso me dio una base, aunque no me diese cuenta, para ser lo que soy ahora. Puede que otras personas que no tengan esa experiencia tengan más dificultades en entender lo que hacemos.

¿Cómo te sientes afrontando esta responsabilidad a los 20 años?

Puede que no te lo creas, pero me siento mayor. Soy el segundo mayor del grupo, después de Kelsey Juliana, que tiene 21. La mayoría de mis compañeros y compañeras son muy jóvenes, el menor tiene 10 años, y son increíbles. ¡Hablan en público mejor que yo!

También estoy muy agradecido. Cuando Trump fue elegido presidente, sentí que tenía una plataforma desde la que canalizar mi energía y la de muchos otros. Siento que estoy haciendo algo, cambiando las cosas. No he buscado nada de esto, pero estoy encantado. Es una auténtica suerte poder estar aquí.

¿Has sufrido alguna consecuencia a nivel de comunidad por enfrentarte a los combustibles fósiles?

Yo no he vivido nada demasiado reseñable, pero para una de mis compañeras, Jayden Foytlin [que vive en un condado petrolero en Louisiana] está siendo muy duro. La madre de su mejor amiga, por ejemplo, le impidió verla, por ejemplo, porque está enfrentándose a Trump. No sé si le importaba tanto cuando el denunciado era Obama.

Yo vivo en una zona predominantemente republicana. Todos mis vecinos votaron por Trump. Sin embargo, nunca he pasado por eso. Lo cierto es que aquí las personas se respetan unas a otras, hay mucho espíritu de comunidad. Intento educarme lo más posible para, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, poder convencerlo de que estamos haciendo lo correcto.

Intento también no culpar a nadie a nivel individual. No sabes de dónde viene cada uno. No todos han tenido la posibilidad de entender este problema. Excepto a Trump. Con él hago una excepción.

Os estáis enfrentando a algunas de las personas más poderosas del mundo. ¿Por qué crees que vais a ganar?

La organización legal que nos ayuda, Our Children’s Trust, ya ha trabajado y ganado en casos similares en el pasado, contra gobiernos estatales. Hay muchos jueces que parecen receptivos a este discurso. Y hay otros casos en los que los jueces están tomando en cuenta los impactos climáticos de las emisiones de gases de efecto invernadero para otros asuntos, como dejar a manifestantes en libertad sin cargos. Nuestro sistema legal reconoce que ésta es una amenaza para nuestros derechos.

Creo que el poder ejecutivo en Estados Unidos está terriblemente corrompido en este momento. No se trata sólo de ganar y obligar legalmente a reducir las emisiones. Se trata de llamar la atención sobre el problema. Hacemos todo lo que podemos, y eso es todo lo que podemos hacer.

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Madrid amplía las medidas contra la contaminación: prohibido aparcar a los no residentes

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El Ayuntamiento de Madrid ha activado el nivel 2 del protocolo contra la contaminación –hay cuatro escenarios– ante los nuevos episodios de polución. Este viernes estará prohibido aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes. Además, el consistorio mantiene la limitación a 70 km/h como velocidad máxima en la M-30 y en los accesos dentro de la M-40.

La medida ha sido adoptada tras comprobar que siete estaciones de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire superaban los 180 microgramos/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2) durante dos horas consecutivas (nivel de preaviso), y que la previsión meteorológica era desfavorable.

El Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y el vehículo compartido. La última activación del protocolo fue el pasado 29 de septiembre y las limitaciones de velocidad se mantuvieron hasta el 1 de octubre.

Puedes leer el dossier El coche o la vida en #LaMarea46.

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¿Puede un lobby secuestrar la verdad?

Al Gore, durante el rodaje de su nuevo documental. JENSEN WALKER

La derecha estadounidense suele llamar a los activistas contra el cambio climático watermelons (sandías), porque a su juicio son “verdes por fuera y rojos por dentro”. La batalla por el clima es, pues, política, y enfrenta dos visiones del mundo: la de los que creen que hay que tomar medidas para evitar un desastre global, y la de los que consideran esas medidas un ataque comunista a sus libertades y su modo de vida. El eminente watermelon Al Gore retoma su papel de refinado agitador ecologista en la segunda parte de Una verdad incómoda (2006), el documental en el que alertaba sobre los peligros del calentamiento global y que prosigue ahora haciendo un recuento de las catástrofes relacionadas con el clima que han golpeado al planeta en los últimos años. España, por desgracia, aparece en la película: los realizadores incluyen imágenes de las riadas que azotaron la provincia de Almería en septiembre de 2015 como ejemplo de eso que la activista canadiense Naomi Klein ha llamado “los desastrosos efectos climáticos de la era del libre comercio”.

En Una verdad muy incómoda: ahora o nunca (2017), el exvicepresidente norteamericano llama a la acción, la de los gobiernos y la de los individuos, y señala con el dedo a un elemento perturbador que amenaza con acelerar la hecatombe: Donald Trump, que prometió a sus votantes eliminar la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que ha desmantelado la política de Obama de reducción de emisiones y que anunció la retirada de EEUU de los Acuerdos de París. El líder del mundo libre nos tiene con el agua al cuello. Y los fanáticos incondicionales del 1% más rico de la población aplauden todas sus decisiones.

El documental Merchants of Doubt (Robert Kenner, 2014) demostraba que los mismos lobbies (¡incluso las mismas personas!) que negaban la adicción y los efectos nocivos del tabaco (a cambio de un sustancioso cheque por parte de las tabacaleras, claro está) están hoy embarcados en una cruzada contra los ecologistas. Lo aterrador es que esos negacionistas han entrado en tropel en la Casa Blanca. Es el caso de Rick Perry (secretario de Estado de Energía) o de Scott Pruitt, que Trump ha colocado a la cabeza de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (no se la ha cargado, como dijo que haría en campaña; quiere dinamitarla desde dentro), y que no solo niega que la acción del hombre esté detrás del cambio climático sino que, en un surrealista tirabuzón ideológico, niega lo innegable: que la inmensa mayoría de científicos ha concluido que así es.

Víctima de la ira ultra

Fotograma del nuevo documental de Al Gore.Fotograma del nuevo documental de Al Gore.

Una de las estrategias de estos think-tanks ultraconservadores es la de arruinar la reputación de los activistas contra el cambio climático. Gore, por supuesto, ha sido uno de sus blancos favoritos. El National Center for Public Policy Research (en español, el Centro Nacional de Investigación de las Políticas Públicas; sus nombres camuflan su carácter reaccionario tras una denominación juiciosa y patriótica) lo ha acusado recientemente de “hipocresía” porque su mansión en Nashville gasta “21 veces más energía” que la media de un hogar americano. Expertos en la manipulación y con gran acceso a los medios de masas, lo que no cuentan esos think-tanks es que la residencia de Gore (que es enorme) no puede compararse con la media de un hogar americano. Tampoco cuentan que la casa funciona esencialmente como oficina, y que en ella trabajan varios colaboradores. Y tampoco mencionan que Gore paga un generoso suplemento de 432 dólares al mes para que su suministro de electricidad provenga de fuentes de energías renovables. Pero todo eso son matices, y no hay matices en la guerra ideológica.

El esfuerzo que hay que dedicar a desmontar las mentiras es el gran triunfo de la nueva caverna. Y la tradicional presencia en los medios de los (dicharacheros) lobbistas en plano de igualdad con los (quizás aburridos pero irreprochables) científicos es una felonía que el periodismo comete contra sus propios principios básicos. Conviene recordar el diálogo escrito por Aaron Sorkin para el protagonista de The Newsroom, un presentador de televisión interpretado por Jeff Daniels: “Si a sabiendas permites que alguien mienta en tu programa, quizás no seas un camello, pero sin duda eres la persona que lleva al camello en el coche”.

Además, no hay que inventarse nada para atacar a Al Gore. Su pasado lo persigue. Fue la mano derecha de Bill Clinton, el gran artífice de una desregulación financiera que ha devastado el mercado de trabajo mundial y ha concentrado la riqueza del planeta en unas pocas manos. Además, fue uno de los diseñadores del sistema de comercio de derechos de emisiones en Kioto (1997), mediante el cual los países podían vender (si no contaminaban mucho) o comprar (si necesitaban contaminar más) esos derechos. El sistema, hoy lo sabemos, era insuficiente para detener el cambio climático y beneficiaba a los países más ricos. Para colmo, el congreso de Estados Unidos, convenientemente masajeado por los lobbies, ni siquiera lo ratificó.

Dicho esto, la labor de divulgación realizada por Gore, con todas sus sombras, es innegable. Si no les gusta él, al menos oigan lo que tiene que decir. Es importante. Y es verdad.

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El 94% de la población española respira aire contaminado por encima de los límites permitidos

La boina de contaminación es una imagen frecuente en el cielo de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID // El cambio climático, el aumento del tráfico o el rechazo por parte de las administraciones públicas a las energías renovables. Estas son algunas de las problemáticas que Ecologistas en Acción señala como principales causas “de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales”. Se trata de la calidad del aire. La organización ecologista ha presentado este martes su informe estatal sobre esta cuestión, donde señala que cerca de 44 millones de personas (el 94% de la población) respiró aire contaminado durante 2016 en España, según los baremos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La situación, algo mejor que la que evidenció el mismo informe en 2015, sigue, sin embargo, siendo “mala”, en palabras de la propia organización. El estudio analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas por todo el país. Así, concluye que el 90% del territorio estuvo expuesto a unos niveles de contaminación dañinos para el ecosistema.

Las zonas más afectadas son las áreas urbanas, sobre todo Madrid, el Área Metropolitana de Barcelona, Bilbao, Valencia y Granada, donde la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado. Todas ellas superaron el límite legal en 2016. En las áreas cercanas a las centrales termoeléctricas de carbón, son estos combustibles fósiles los que generan la polución. Pero el mayor contaminante es, según Ecologistas en Acción, el ozono troposférico, que aumenta con el incremento de las temperaturas medias así como con las situaciones meteorológicas extremas. Según la ONG, los datos sobre calidad del aire durante la ola de calor de esta primavera sugieren que subirán los niveles de contaminación durante este año.

Según cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año se registran más de 24.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas del aire contaminado. Además, los gastos sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB, según el Banco Mundial. Y esto sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

A pesar de ello, desde Ecologistas en Acción denuncian que “la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”. “Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción a corto plazo para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente, pero, en muchos casos no existen y en otros son inefectivos por falta de voluntad política”, añaden.

El Plan Aire del Gobierno expiró en 2016, “sin que se haya elaborado su correspondiente sustituto”, lamenta la ONG. La disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público son las medidas necesarias para la mejora de la calidad del aire, apuntan los ecologistas. Y recuerdan la necesidad de adoptar las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.

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Desinversión, el movimiento mundial que planta cara a los combustibles fósiles

Acción por la desinversión en Sudáfrica. FOTO: Jennifer Bruce/350Africa

MADRID // El pasado 15 de mayo, mientras en España se celebraba el aniversario del 15-M, en 45 países se cerraban diez días de movilizaciones contra la inversión en combustibles fósiles. Casi 300 eventos reunieron a miles de personas, apoyando una de las estrategias con más fuerza del movimiento climático internacional: presionar a fondos de inversión, bancos y fondos públicos para que retiren el apoyo financiero a las compañías petroleras, gasísticas y de carbón.

El movimiento por la desinversión nació en 2012 en varios campus estadounidenses, en los que grupos estudiantiles exigían a las universidades que cortaran sus lazos con empresas como Exxon, Shell o BP. La estrategia buscaba convertir estas inversiones en “socialmente inaceptables”, siguiendo una táctica ya probada durante otras protestas internacionales. Esta misma idea se utilizó con éxito contra el apartheid en Sudáfrica, y también está en marcha contra el estado de Israel. Sin embargo, esta vez la campaña ha llegado más allá de los círculos activistas, adquiriendo una dimensión financiera global.

Riesgos financieros

Las instituciones que se han comprometido ya a desinvertir al menos parte de sus activos controlan, en total, más de 5 billones de dólares. Alrededor de la mitad de esa cifra se ha sumado a la campaña durante 2016, de acuerdo con un informe de la consultora financiera estadounidense Arabella Advisors. Según el mismo documento, ya son 688 instituciones, y casi 60.000 inversores individuales en 76 países los que han aceptado retirar al menos parte de su fondos de empresas de combustibles fósiles.

Las universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, con las que comenzó el movimiento, aportan el 54% de los fondos retirados. Incluso el Fondo de los Hermanos Rockefeller, fundadores de la industria petrolera moderna, desinvirtió en 2014. Steven Heintz, presidente del fondo, aludió a razones financieras, afirmando que el propio John D. Rockefeller hubiese aprobado el movimiento “como inversor astuto que era”.

Ryan Strode, director de Arabella, y uno de los autores del estudio, confirmó a La Marea que los riesgos financieros derivados de la inversión en combustibles fósiles cada vez pesan más a la hora de distribuir los activos de los fondos y empresas: “Al principio eran sobre todo universidades, iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro, que desinvertían por motivos éticos. Ahora vemos cada vez más fondos de pensiones, aseguradoras y otros grandes inversores comprometiéndose, como resultado de una conciencia de los riesgos financieros que supone invertir en combustibles fósiles”.

En el futuro, según Strode, podrían existir incluso restricciones legales relacionadas con la obligación fiduciaria (la obligación de gestores de fondos de invertir siguiendo unos principios de prudencia cuando el capital invertido pertenece a otros). Sin embargo, afirmó que dichas interpretaciones “aún se están desarrollando”.

Hoda Baraka, portavoz de la plataforma ecologista 350.org, explicó a La Marea que el objetivo de la campaña “no es la bancarrota financiera de la industria de los combustibles fósiles, sino su derrota política”. Baraka se mostró optimista acerca del ritmo de la campaña, pero afirmó que el ritmo de desinversiones debe aún acelerarse para evitar que los efectos negativos del cambio climático sigan multiplicándose: “Nuestro mayor enemigo es el tiempo. Los impactos del cambio climático se están desarrollando a un ritmo cada vez más rápido y necesitamos evitar que haya nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles”.

Fondos de pensiones

A nivel internacional, los fondos de pensiones están tomando la delantera al retirar al menos parte de su capital de las industrias causantes del cambio climático. Tras la firma del Acuerdo de París en 2015, se espera que los gobiernos incrementen los impuestos sobre la energía procedente de petróleo, gas y carbón, e instauren barreras económicas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Análisis Financiero y Económico de la Energía (con base en Cleveland, Estados Unidos), afirmó recientemente, en declaraciones al diario económico Financial Times, que “las acciones de petróleo y gas han sido uno de los principales pilares de los fondos de pensiones durante décadas, pero eso está cambiando”. Sanzillo añadió que “cualquier fondo que no esté debatiendo de forma interna su exposición a los combustibles fósiles, no está cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias”.

Los planes de pensiones privados españoles, ajenos a la desinversión

En España, el movimiento por la desinversión aún no se ha desarrollado al nivel de otros países, ni en la calle ni en las bolsas. A pesar de ello, la ley prohíbe al fondo de pensiones soberano del Estado (la hucha de las pensiones) invertir en deuda o acciones de empresas privadas, por lo que, indirectamente, no tiene ninguna participación en combustibles fósiles. La hucha de las pensiones tan sólo puede adquirir deuda pública del Estado.

En cuanto a los planes de pensiones privados españoles, ninguno de entre que más dinero tienen a su cargo confirmó haber movido ficha en cuanto a la desinversión. VidaCaixa, que gestiona cuatro de los ocho mayores fondos, no ha considerado todavía un cambio en este sentido. Una portavoz de la compañía confirmó a La Marea que la institución catalana se ciñe a los Principios de Inversión Responsable, una iniciativa privada apoyada por las Naciones Unidas, que no ha emitido, por el momento, ninguna recomendación al respecto.

Los planes de pensiones gestionados por BBVA, Ibercaja y Fonditel (el fondo de los empleados de Telefónica) también confirmaron que no tienen ninguna política de empresa que les impida adquirir activos de combustibles fósiles.

El Grupo Santander rechazó informar sobre los posibles cambios en sus carteras, y Bankia no respondió a las preguntas de este medio.
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