You are here

Una Constitución con perspectiva de género

A ver quién la tiene más larga. La frase, tantas veces escuchada en torno al conflicto catalán, revela el exceso de testosterona que gobierna este país y que en su momento llevó incluso a la redacción de un artículo inconstitucional: el de la sucesión a la Corona. Charlamos con dos constitucionalistas y la directora del Centro de Estudios Andaluces sobre ello.

Ángela Figueruelo: “Les da miedo abrir la caja de los truenos”

Catedrática de la Universidad de Salamanca

Cuenta Ángela Figueruelo desde su despacho de la Facultad de Derecho de Salamanca que desde hace años siempre inicia de la misma forma el curso: las normas jurídicas responden a los problemas sociales, el problema siempre va por delante de la solución, y cuando las normas no resuelven los problemas hay que cambiarlas. “La Constitución es una buena norma, ha cumplido durante casi 40 años, pero la letra de la ley no ha evolucionado al ritmo de la sociedad”, afirma la profesora. Comenzando por las mujeres. “Entonces, el papel que ocupábamos en el espacio público era muy muy escaso, con todos los muy del mundo. Hemos avanzado pero no hemos llegado a la igualdad real y efectiva, y hay muchos cambios que deben ser reconocidos”.

¿Por ejemplo?

La Constitución está escrita en masculino y está pensada para toda la ciudadanía, pero para que ejerza el poder en las instituciones quienes lo habían tenido hasta entonces, los hombres.

¿Por dónde habría que empezar la reforma?

Tiene que redactarse teniendo en cuenta el lenguaje de género. Porque la palabra mujer creo que se cita dos veces. Sería una cuestión global que afectaría a todo el texto y no creo que fuera tan difícil encontrar un consenso. Es necesario introducir en el lenguaje constitucional la perspectiva de género y para ello la Constitución debe recoger en femenino aquellos términos que pueden ir en femenino.

¿Por qué se reformó el artículo 135 y cuesta tanto lo demás?

Las dos veces que se ha reformado ha sido por mandato de Europa. Si la Constitución no se reforma es porque nuestros representantes políticos no quieren. Nos merecemos políticos de más calidad y preparación. Hace falta mucha pedagogía. Les da miedo abrir la caja de los truenos. Dicen que hace falta el consenso del 78. Pero lo que habrá que hacer es buscarlo. La de EEUU tiene 200 años y la han cambiado tropecientas veces. Ocurre lo mismo con la ley electoral. No se quiere cambiar. Y a los ciudadanos no nos dejan tomar la iniciativa porque la Constitución no admite el procedimiento de reforma por ILP.


MERCEDES DE PABLOS: “Ignoramos en nombre de España a muchos españoles”

Directora del Centro de Estudios Andaluces

“Las comunidades tienen deudas históricas, las ciudadanas también. No concibo una reforma de la Constitución sin una comisión  paritaria… y ya te digo, si nos ponemos revanchistas, tal vez les dejemos asistir de oyentes”. Obviamente es una broma, pero Mercedes de Pablos no da bromas sin hilo. Hace cuatro años el Centro de Estudios Andaluces abrió un seminario permanente sobre federalismo y la conclusión fue clara: la Constitución había tocado techo.

¿Seguimos aferrados al 78?

Ese es un mantra falso, por una y otra parte. Los que fueron inmovilistas quieren convertir la Transición en la fórmula mágica que todo lo arregla. Se hizo lo que se pudo, mucho y con kilos de piedras atadas al pie para evitar la confrontación social desde la violencia. Así de claro. Para mí fue ejemplar, con todos los errores. ¿Hicieron sus deberes los que vinieron después? Hay un vacío que da vértigo: el reconocimiento de quienes habían sido víctimas y a quienes les debíamos los valores en cuyo nombre convivimos.

¿Cambiaremos?

De 40 años para abajo las encuestas lo dicen claro, todo está en cuestión: el sistema de representación democrática, el sistema jurídico, el mercado. Todo. Como creo que estamos en el mejor de los mundos posibles, hay que sentarse y defender lo prioritario. Porque mientras tenemos miedo a cambiar, el mundo está cambiando. ¿Dónde han ido a parar los derechos laborales, por ejemplo?

¿Qué España quiere usted?

La de la pluralidad y la igualdad. Un territorio vertebrado en pacto social y en derechos, la que quieran quienes la habitan. Crecí en el internacionalismo y cada vez que un emigrante muere en el Mediterráneo me dan ganas de quemar mi pasaporte. Me pasa cuando leo a Zweig. En nombre de España ignoramos a muchos españoles.

¿Qué pasará tras el 1-O?

No me gusta lo que ha pasado antes. Asistimos como espectadores, y víctimas, a una confrontación que podía haberse evitado si hubiéramos sido los Suárez que algunos mitifican. No me gusta el esencialismo, es catalán quien piensa como yo, es español quien piensa como yo. Con madurez social y política lograremos recomponernos; si no, la fractura social lo será también en nombre de las naciones y no de los derechos. Steiner dice que hay momentos lúcidos e idiotas en la historia de la humanidad. Ojalá esta vez, otra vez, seamos inteligentes. Por pura supervivencia.


JULIA SEVILLA: “Hay demasiada testosterona”

Presidenta honorífica de la Red Feminista de Derecho Constitucional

El desarrollo del Estado autonómico ha superado con creces el proyecto plasmado en el texto constitucional, pero no es lo único. “Hay aspectos que no se consideraron cuando la Constitución se aprobó, algunos ni se plantearon y otros han sufrido una evolución que está lejos de parecerse al propósito para el que fueron creados”. Por esa sencilla y contundente explicación hay que reformar la Constitución, reflexiona la profesora de la Universidad de Valencia Julia Sevilla, presidenta honorífica de la Red Feminista de Derecho Constitucional.

¿Hay demasiada testosterona en el conflicto sobre Cataluña?

Sí, claro, hay demasiada. Casi el 100% de los líderes de los partidos son hombres, que ocupan también la mayoría de las presidencias de las comunidades y las cúspides de casi todo. Y, sin embargo, en el debate sobre Cataluña también hay mujeres que hablan en nombre de sus partidos y con la misma o mayor destreza que los hombres. Pero, ¿quién tiene la última palabra y pone el punto final del debate? Los que ocupan esa cima. Y son “los” y no “las”. Y en casi todos los partidos, por dejar abierta la posibilidad, el liderazgo lo desempeña un hombre. Pero también los medios colaboran en ello, por una parte reafirmando lo que existe y, por otra, reforzando los roles que la sociedad asigna ¿tradicionalmente? a las mujeres.

¿Cualquier reforma de la Constitución debe pasar por una reforma con perspectiva de género? 

Indudablemente. Desde hace años las constitucionalistas, que defendemos la igualdad de mujeres y hombres, consideramos que es necesaria una reforma que reconozca la existencia, real, de dos sujetos constitucionales como lo han hecho las constituciones de algunos Estados europeos (Alemania, Italia, Portugal, Francia). Y, también, que se incorporen los derechos que se han reconocido en las leyes de igualdad y contra la violencia de género. Las últimas reformas estatutarias han desarrollado nuestra condición de sujetos de derecho que debería incorporar la Constitución. Es su lugar.

¿Por qué sigue vigente el artículo machista de la sucesión a la Corona?

La respuesta es obvia: porque no se ha reformado la Constitución. Y es tan posible como el resto de las propuestas que desde hace tiempo venimos haciendo la Red Feminista de Derecho Constitucional. Este artículo, de la sucesión a la Corona, unió a todas las diputadas y senadoras constituyentes que, unánimemente y por encima de las diferencias ideológicas, abandonaron el Pleno para expresar su disconformidad con él. Es más, se podría haber resuelto sin necesidad de vulnerar la propia Constitución, que prohíbe la discriminación por razón de sexo. Solo permaneció en el Pleno la diputada que defendió el voto en contra, Dolors Calvet. Además, pienso que existe un gran acuerdo sobre esta materia.

¿Cuándo se hablará de las madres de la Constitución? 

Ya es hora y lo fue cuando se impulsó desde la Vicepresidencia del Gobierno [María Teresa Fernández de la Vega] la recuperación de la labor que hicieron en el libro Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. Y que no fue poca pese a que solo eran 21 diputadas y seis senadoras. Pero, indudablemente, es necesario reivindicar la presencia y aportaciones de las mujeres en todos los campos, especialmente en las instituciones que representan a la ciudadanía.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Los faroles de Rajoy y Puigdemont

Juego de naipes. Foto: Nacho Gonmi.

Un conflicto en los términos que el Estado español planteó el pasado 1 de octubre en Catalunya no va a ser tolerado en el seno de la Unión Europea. Ese día, a primera hora de la tarde, cuando las imágenes de la brutal represión policial ya ocupaban las portadas de toda la prensa digital de referencia internacional, alguien dio la orden de parar esa barbaridad que el gobierno y las fuerzas policiales habían previsto mantener hasta la noche. Aquel día, la Unión Europea (UE) estableció unas nuevas reglas de juego para la cuestión catalana: respeto a la constitución, sí; violencia contra ciudadanos pacíficos, no. Se trata de una presión de mínimos, puesto que la UE sigue en la línea de no intervención en un “problema interno”, pero supone un duro condicionante para un gobierno del Partido Popular que estaba dispuesto a justificar tanta violencia policial como fuera necesaria para acabar con el movimiento independentista amparándose en la legislación española. Al fin y al cabo, según la Constitución, España es indisoluble e indivisible y las fuerzas armadas tienen la misión de defender la unidad territorial.

El plan represivo de Mariano Rajoy, apoyado por amplios sectores del nacionalismo español y muy bien resumido por el ‘a por ellos, oé’, es inaplicable a día de hoy. Una reacción violenta por parte de algunos sectores del independentismo habría cambiado el relato por completo, abriendo así la vía de la impunidad para la policía española. Pero, a pesar de la campaña de manipulación posterior, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, las imágenes de la brutalidad de ese día merecen pocos matices en el ámbito mediático y político internacional. Rajoy jugó la carta de la represión sin tener en cuenta que la prensa internacional no iba a ser tan servicial como los periodistas de El País o La Razón, y se quedó sin juego.

Por su parte, Carles Puigdemont ya había previsto este escenario violento, consciente de la presencia de miles de policías antidisturbios en el puerto de Barcelona que habían llegado con la misión de evitar el referéndum. Obviamente, el día 1 de octubre no se iban a quedar en el barco, y la represión, según la planificación de los sectores independentistas, supondría el punto de inflexión para que la comunidad internacional intermediara finalmente en el conflicto catalán. Esta era la última buena carta con la que contaba el gobierno catalán: mostrarle al mundo hasta dónde estaba dispuesto a llegar el ejecutivo de Rajoy para evitar la expresión de una voluntad política legítima. Y, a pesar de las condenas, la jugada a Puigdemont también le salió mal. La Unión Europea no cambió ni una sola coma de su argumentario a la hora de justificar la no intervención en esta cuestión, más allá de hacer un llamamiento a la no violencia.

El día 2 de octubre, Rajoy y Puigdemont se quedaron sin juego y, desde entonces, han ido de farol, hasta que finalmente hemos descubierto sus cartas. Conocedores de que ni uno ni el otro podía ganar en esta ronda, el día 26 de octubre casi se llegó a un acuerdo de rendición mutua y temporal para que Puigdemont convocara elecciones a cambio de una aplicación suave, casi simbólica, del 155. Tanto Rajoy como Puigdemont se encontraron entonces entre la espada y la pared. Por una parte, las bases españolistas pedían a gritos arrasar con saña la autonomía catalana, no un 155 descafeinado. Por otra, con la mera difusión del rumor de la convocatoria de unas elecciones autonómicas por parte del presidente de la Generalitat, muchos independentistas ya señalaron a Puigdemont como el gran traidor de la causa. Ante tal presión interna, los dos gobernantes optaron por doblar la apuesta y seguir con el farol.

El día 27 de octubre Puigdemont permitió la votación en el Parlament de Catalunya para declarar la independencia e impulsar el proceso constituyente de la República Catalana, entre muestras de júbilo y celebración histórica en las calles de Barcelona. En Madrid, Rajoy realizó una soflama constitucionalista en un Senado enfervorecido que sirvió para satisfacer a aquellos sectores sociales y políticos que exigían mano dura. Pero todo era un gran farol. Mariano Rajoy sabía que, con periodistas de todo el mundo en Barcelona, con una oposición absolutamente pacífica y con la advertencia europea, su idea de un 155 duro era inviable, más allá de la destitución del gobierno y el control titular y provisional de las instituciones catalanas, que no es poco pero es una ínfima parte de lo que a priori se anunció.

Rajoy no ha entrado en Catalunya como advirtió porque sabe que es imposible sin un grado de violencia, represión e intervención inauditas en democracia. De ahí que convocara elecciones en Catalunya lo antes posible, como casi había acordado el día anterior con Puigdemont. El gobierno catalán, por su parte, después de la declaración de independencia, ha cedido de facto a las demandas del 155, ha abandonado sus despachos y parte de él se ha presentado ante la justicia, motivo por el cual ocho de sus miembros se encuentran encarcelados. Además, va a presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. El suflé, a pesar de los graves acontecimientos de estos días, se ha rebajado y lo que se preveía un escenario de violencia y resistencia en las calles de Barcelona es ahora una nueva ronda de la larga y tediosa partida de póquer llamada ‘procés’.

Los recursos políticos son casi inexistentes en el bando gubernamental, que se ha jugado el éxito de su estrategia a la represión institucional, la persecución judicial y el despliegue de su diplomacia internacional. Por otra parte, Puigdemont juega a día de hoy una buena pero arriesgada carta, la de la internacionalización forzosa. Un cuestionamiento del ordenamiento jurídico español por parte de la Justicia belga en el contexto del proceso de su extradición y la de sus consellers incrementaría la presión sobre la Unión Europea, que asiste a este choque institucional en un silencio casi inquebrantable.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, titulaba su querella contra el gobierno catalán y los miembros soberanistas de la mesa del Parlament con un jocoso ‘más dura será la caída’. Cabe que nos preguntemos: ¿la caída de quién? Con Rajoy y Puigdemont reforzados por sus formaciones y sus socios eventuales, quien de momento muestra más flaquezas es el régimen del 78, germen de una disputa política impropia de un estado moderno y democrático. El presente ordenamiento jurídico nos aboca a un tenebroso callejón sin salida. Como ya ha anunciado el triunvirato constitucionalista (PP, PSOE y Ciudadanos), si las fuerzas independentistas vuelven a ganar y a implementar sus programas electorales, se aplicará más 155 y se producirán más encarcelamientos. No hay democracia que pueda aguantar tal aberración por mucho tiempo, así que tan sólo hay dos salidas: la reforma progresista y el reconocimiento del soberanismo catalán como movimiento político legal y legítimo o la deriva hacia un autoritarismo selectivo, respaldado por una legislación que bien puede reformarse en este sentido, aplicable a determinados territorios o ideologías. El tiempo de los faroles está expirando.

Más en lamarea.com

Read More

Rajoy disuelve el Parlament de Cataluña y convoca elecciones en diciembre

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su intervención en el Senado. Foto: Moncloa / Diego Crespo.

Horas después de que el Parlament de Catalunya declarase la independencia de la República catalana (70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco -y el resto de parlamentarios ausentes-), el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha calificado como “acto delictivo” la decisión unilateral del legislativo catalán. Durante su comparecencia sin preguntas, Rajoy ha anunciado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, una decisión que esta misma tarde había recibido el visto bueno del Senado (81% de los votos a favor) y que justo después ratificó en sesión extraordinaria el Consejo de Ministros.

El presidente español ha avanzado que el Gobierno central asume la gestión de las competencias de la Generalitat catalana. Rajoy ha dado la orden de cesar a todo el Govern, incluyendo al president catalán, Carles Puigdemont, así como a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros. Además, Rajoy comunicó que el Parlament queda disuelto y convocó elecciones autonómicas “libres, limpias y legales” para el próximo 21 de diciembre para, según sus propias palabras, “restaurar la democracia en la comunidad autónoma”.

Rajoy pidió tranquilidad a los ciudadanos de España y Cataluña y aseguró que “las cosas se harán bien, con mesura, con eficacia, como hemos hecho hasta ahora”, y subrayó que “España es un país serio”.

Además, según explicó, el Ejeutivo va a estar “a la altura de las circunstancias” y ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la declaración unilateral de independencia aprobada este viernes por el Parlamento catalán, y señaló también la destitución de Pere Soler, director de los Mossos d´Esquadra. Entre los cargos que quedan relegados de sus funciones también se encuentran los delegados de la Generalitat en Madrid y ante las instituciones europeas en Bruselas, así como los cargos directivos de Diplocat (servicio exterior de la Generalitat). “El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal”, aseguró el presidente español, que agradeció el apoyo del PSOE y Ciudadanos a la decisión del Ejecutivo central.

Más en lamarea.com

Read More

La balanza y el mazo, la legalidad como garantía, política y represión

Si para algo está sirviendo la crisis catalana, incluso lejos de solucionarse o llegar a término, es para conocernos mejor. La afirmación, que suena amable como un lema de autoayuda, solo nos habla de que hemos destapado lo que llevábamos tiempo ocultando. Si el 15-M fue en parte una gran terapia de grupo, este momento es como un monólogo interior que carece de esperanzas pero al que le sobran frustraciones. Cataluña, el gran chivo expiatorio de las Españas, tras sefardíes y moriscos, comunistas y masones, está siendo la excusa propicia para la vuelta de todos aquellos que añoraban el Amanecer en Cegama. Pero no solo.

Si hay un argumento que ha tenido un éxito arrollador, además de transversal, ha sido el de la legalidad. El conflicto territorial ha revelado que la connivencia con lo existente es mucho más profunda de lo esperado y que lo que comienza en la parte más reaccionaria de la sociedad es un discurso repetido por sectores de todas las capas y todas las ideologías.

Y dejen que les diga algo. Esto de apelar a la legalidad, desde la abstracción interesada, muestra una preocupación sincera unida a un desarrollo político endeble, pero también es un pretexto para tapar españolismos, miedos al cambio e incluso vulgares resituaciones profesionales que, anticipando la que se nos viene encima, buscan el blanqueamiento de lo sensato para no quedar atrapados en la represalia. Ya les adelanto, no valdrá de nada.

La legalidad es una buena idea. Yo mismo he recurrido a ella muchas veces para intentar promover el laicismo tras la ola siguiente a cada atentado yihadista. La legalidad es un avance histórico que nos permite no estar a expensas de los caprichos del reyezuelo o el santón, saber a qué atenernos, darnos un marco de convivencia. Parece lógico que si alguien –en este caso los independentistas– es acusado sin descanso de no respetar la legalidad concite críticas adversas y un descrédito a sus fines. La legitimidad que da la capa de lo legal sigue siendo importante para la mayoría de la población, es decir, se entiende que no basta que una propuesta política sea razonable, sino que para alcanzarla hay que seguir unos cauces pautados.

Esto no es una novedad histórica. El propio Lenin, que anda de aniversario, trató la cuestión de la legalidad en sus escritos llegando a la conclusión de que era un factor a tener en cuenta para conseguir el respeto y la atención de los ciudadanos. Efectivamente el Partido de los socialdemócratas rusos, del que el padre de la URSS formaba parte, utilizó las escasas herramientas legales que el régimen zarista le permitía como forma no de lograr ningún avance, debido a la inutilidad programada de las mismas, sino sobre todo como altavoz de legitimidad. También, obviamente, hizo uso de otras muchas herramientas ilegales, al igual que el zarismo, al que ni siquiera su propio aparato jurídico le valía para mantener el orden establecido.

Este ejemplo histórico no intenta hacer un símil con nuestro contexto. Lo que se vive en Cataluña no es una revolución obrera ni España es el Estado postabsolutista de los Romanov. Pero sí nos vale para ir haciéndonos una idea de qué es eso a lo que se llama legalidad y cuál es su relación con la política. La legalidad, de lo único que nos previene, es de la arbitrariedad del poder, y por lo general ni eso, ya que puede ser torcida, enmendada o directamente obviada cuando quien la ostenta lo decide. El segundo elemento es que la legalidad, aun intentando expresar equidistancia, razón y justicia, es sobre todo la expresión de unos intereses de clase. El tercero es que la legalidad es una herramienta dúctil que adopta la forma de la mano de quien la empuña, primando más la habilidad para encontrar sus resquicios y usos interesados que los significados concretos de sus artículos.

Un apunte antes de continuar. El mero hecho de que lo legal esté centrando el debate es la consecuencia de cómo se ha tratado el conflicto catalán, esto es, como una cuestión de orden público antes que como un problema político. De ahí que hablemos de cargas policiales, sedición y cárcel y casi nada de las causas profundas que nos han colocado en esta situación. Nadie puede ocultarse detrás de la legalidad para no buscar un consenso cuando todos los gobiernos centrales han negociado con una banda terrorista. Y esta hoja de ruta, como no nos cansamos de insistir por aquí, no es torpeza, sino premeditación. Una que pretende tapar las faltas de los incendiarios y utilizar esta crisis para la cimentación del régimen de Felipe VI.

Hay un factor profundamente hipócrita en las apelaciones a la legalidad, sobre todo en el sector más derechista del bloque monárquico. Y si no, miren la corrupción, algo que ha afectado desde la Casa Real hasta el concejal de urbanismo de la pedanía más recóndita. Que el partido que ostenta el gobierno esté envuelto en un caso de financiación ilegal –que realmente más que financiación es el modus operandi de relación entre élites políticas y económicas– habla de la poca autoridad moral de estos señores para portar la venda y la balanza. La Ley de Memoria Histórica ha tenido una aplicación deficiente boicoteada, una y otra vez, por los herederos del franquismo. En el ámbito más cercano, la legislación laboral es retorcida, ninguneada y moldeada para que el empresariado haga y deshaga a su antojo. Efectivamente, ni todas las leyes valen lo mismo ni la ley es igual para todos.

Sin embargo, este hecho, por sí mismo y por sus protagonistas, siendo justos, no es respuesta al problema. Si buscamos un país más decente, el hecho de que los representantes públicos sean tan dados a la ilegalidad –pregunten también a la derecha catalana independentista– no nos debería otorgar a los demás la capacidad de hacer de nuestra capa un sayo. Hay hipocresía e impudicia, pero sobre todo hay una apropiación del concepto de legalidad con una carga ideológica muy profunda y peligrosa.

No hay líder de Ciudadanos, el partido más extremista del bloque monárquico, que no se arrogue la coletilla de demócrata frente al independentismo. Que el independentismo rompa las costuras legales de lo que realmente nos habla es del agotamiento de un modelo territorial, de un enconamiento prolongado, de la falta de salidas. No de que más de dos millones de personas se levanten un día con ánimos sediciosos. Nos habla de que hay una parte de la población, legalmente española, que no quiere serlo. Y esto, aunque no se reconozca, aunque haya quedado sepultado por lo mediático, es el ineludible fondo. Los independentistas no están abogando por una barbaridad contraria a los derechos humanos, sino por algo perfectamente democrático como la autodeterminación. E insistir en lo contrario lo que busca no es aclarar el panorama, sino crear un enemigo legalmente eliminable.

El independentismo no ha respetado la legalidad del Parlament, pero a lo más que ha llegado ha sido a representaciones políticas de una idea, sin valor jurídico como ellos mismos han reconocido en la de antemano inútil correspondencia con el Gobierno central. Precisamente ha sido este, con la legalidad en la mano, el que ha hecho algo tan ilegítimo como utilizar una violencia desproporcionada contra los votantes del referéndum e incluso forzar la legalidad hasta límites muy poco claros. Así ha ocurrido con el encarcelamiento de los líderes de Òmnium y ANC, donde la competencia del órgano judicial, la figura del delito, así como la prisión incondicional, despiertan dudas entre los expertos.

Pero es en el propio artículo 155 de la Constitución donde se expresa bien el motivo sobre el que gira este texto: la naturaleza de clase de la legalidad. Como apuntaba Julio Anguita en un escrito reciente, el 155 carece de una ley orgánica que lo desarrolle, siendo una carta blanca, esto es, totalmente arbitraria, para intervenir la autonomía. Esta abstracción, no corregida en 40 años, no es casual, ya que responde al deseo de la clase dirigente española de tener un recurso de atribución de plenos poderes para mantener no ya la unidad territorial, sino el dominio sobre las administraciones que no controlen mediante el voto. Que la supervisión de la aplicación del artículo lo vaya a ejercer el propio Ejecutivo ya habla del absolutismo de la medida. Veremos cómo responde el Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por la Generalitat.

La Constitución, que se presenta como un todo inalterable, infalible y ausente de influencia, se cambió cuando los banqueros alemanes así lo desearon, añadiendo una cláusula neoliberal, el 135, que entra en contradicción con el supuesto carácter social y el valor de igualdad que se establecen en el Título preliminar. Que un artículo como el 128, aquel que dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, no haya tenido nunca una utilidad social, lo que nos explica es la capacidad de la izquierda, en las instituciones pero respaldada por la fuerza de la calle, para introducir elementos progresistas, así como su pérdida de poder posterior para hacerlos efectivos. El propio proceso de autonomía andaluza deja constancia de cómo el texto constitucional tuvo que ir variando no tanto por la buena voluntad de sus padres, como se nos ha contado desde el periodismo mitológico, sino por la presión democrática del pueblo movilizado. La Constitución es resultado de una reconfiguración en régimen liberal de la dictadura franquista, no del fin de esa dictadura, por presión interna de la oposición antifascista y por necesidades externas de un contexto internacional que necesitaba una España presentable para el proceso de unidad europea.

Lo que parece, viendo la alegría con la que la derecha amenaza con el 155 a Castilla La Mancha, Euskadi y Navarra, viendo la absoluta falta de mesura y control interno en sus procedimientos punitivos, viendo la adhesión inquebrantable del cuarto poder, no es ya que la crisis actual vaya a tener una resolución dialogada y democrática para todos los catalanes, independentistas y no independentistas, sino que el Régimen del 78 se reencarnará en sí mismo, siendo algo aún más reaccionario, bajo la idea no de que la legalidad es garante de la democracia, sino de que una legalidad muy específica, restrictiva y regresiva, es la única forma de democracia posible.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

Tengo un miedo de Transición

Esto es una opinión. A veces escribo reportajes y otras veces, crónicas. Pero esto es una opinión. La ventaja de la opinión es que una puede enunciar sus miedos sin necesidad de disfrazarlos de realidad con datos. El periodismo y la narrativa, al fin y al cabo, no son más que formas de enunciar nuestros temores. El periodismo, además, da palos de ciego tratando de atinar un futuro en el que sea posible guarecerse. El mayor problema del periodismo es que participa en la construcción de aquello que pretende narrar para guarecerse.

Desde que Pedro Sánchez pactó eso que llaman “aplicar el 155” en Cataluña a cambio de que Mariano Rajoy aceptara eso que llaman “una reforma de la Constitución”, me tiene endurecida un miedo inconcreto. ¿A qué? Los miedos siempre son a algo, me digo. ¿A qué, pues?

Voy a intentarlo.

Creímos que, pasado el tiempo, el trapicheo que llamaron Transición y al que se agarran con uñas y dientes, se revisaría. Creímos que se juzgarían los crímenes franquistas, que se echarían cuentas, que a los miles y miles y miles de asesinados se les daría familiar sepultura, que el cinismo político, en fin, daría paso a otra forma de entender la gestión de lo común, de lo público.

Pues bien, hace ya algunos días que me temo que no. Al pacto que existía entre PP y Ciudadanos para que así fuera, para que nada cambiara, se ha unido el PSOE. Y ya están todos. No creo, de ninguna manera, que el pacto de los socialistas con los ultraconservadores y sus conservadorcitos de misal, tenga como objetivo Cataluña. O no exactamente. Creo –y por eso, esto es una opinión– que el objetivo de los dos partidos mayoritarios es frenar en seco, cortar de raíz, abortar un posible cambio en España, ese cambio que pasa por mirar a la cara a la Transición, redactar con honestidad nuestro pasado y ventilar todos los mohos que a nuestra sociedad le crecen entre los dedos de los pies.

Pero esto es solo una opinión, me digo mientras leo que algunos dirigentes del PP ya han advertido que el 155 se puede aplicar también en Euskadi, por ejemplo, o en Navarra.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More