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La Sanidad madrileña asignó sin concurso la mitad del presupuesto para contratos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso público el pasado año 698,9 millones de euros para contratos menores, es decir, inferiores a 18.000 euros. Las contrataciones de mayor cuantía, asignadas por concurso público, ascendieron a 703,3 millones de euros. Así, el presupuesto destinado a los contratos menores ‘opacos’ representaron el 49,8% de toda la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, según los datos recopilados por la organización madrileña Audita Sanidad basados en información del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el Portal de Contratación Pública madrileño.

Desde Audita Sanidad se sorprenden de que los contratos menores tengan un importe similar al de los contratos mayores, que por ley sí son asignados a través de concurso, y denuncian que “puede haber indicios de corrupción o de ilegalidad y fraude”, entendiendo por ‘corrupción’ la definición que aporta la organización Transparencia Internacional, es decir, aquellas prácticas que “perjudican a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad depende de la honradez de quienes ocupan puestos de responsabilidad”. “Pensamos que los contratos menores pueden ser una puerta abierta al despilfarro y la mala gestión de recursos”, señaló esta organización, que de momento está auditando los 485.119 contratos menores -la mayoría relativos a la compra de bienes- asignados por la sanidad madrileña durante 2016. Según sus estimaciones, los sobrecostes por “prácticas corruptas” en la sanidad madrileña se situaron entre 140 y 350 millones de euros.

A la opacidad de este tipo de acuerdos menores (solo se pueden consultar los adjudicados a partir de julio de 2015), se suma la pérdida de poder de negociación por parte de la Administración y la dificultad añadida que supone que estos contratos no aparezcan en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, lo que obliga a las personas voluntarias de Audita Sanidad y a cualquier periodista a tener que solicitar información caso por caso al Portal de Transparencia.

Esta organización sin ánimo de lucro también destaca que “el 35% del importe total de la contratación se concentra en 10 empresas, sobre todo farmacéuticas; sin embargo, las empresas que producen genéricos se llevaron el 3,2% de esa contratación”, explicó Cathy Boirac, del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), en la rueda de prensa celebrada este martes en la capital española, en la que detallaron los pormenores del informe ‘Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016‘, publicado en octubre.

Otro dato revelador es el del número de concursos públicos (1.443, es decir, el 0,3% en total) comparado con el de las asignaciones sin licitación (485.119 contratos menores, el 99,7% del total). Las grandes multinacionales farmacéuticas, la mayoría extranjeras, aparecen como las principales beneficiadas tanto de los contratos menores como de los mayores (85,1% del total de contratos firmados), y ocho de cada 10 contrataciones fueron adjudicadas a grandes compañías presentes en los principales lobbies (grupos de presión) del sector sanitario.

El informe de Audita Sanidad revela que otra práctica habitual por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid es el fraccionamiento de contratos, que “está prohibido según la Ley de Contratos del Sector Público actual y la nueva, pero es una práctica habitual en la Administración en general”, según la organización, y que permite “trocear” contratos para que no superen los 18.000 euros, a partir de los cuales es obligatorio convocar concurso público. Los contratos mayores (adjudicados mediante concurso) y los menores (sin concurso) sumaron un coste de 1.402 millones de euros para la sanidad madrileña, cuyo presupuesto total en 2016 fue de 7.449 millones de euros. Según los datos más recientes de la Comisión Europea, en 2013 la sanidad pública tuvo sobrecostes de entre el 10% y el 25% debido a prácticas corruptas “que no han sido investigadas” en 15 países europeos.

La publicación de estos datos coincide con varias movilizaciones en Madrid convocadas por los sindicatos CCOO, Satse, CSIT, Amyts y UGT por los “incumplimientos” de la Consejería de Sanidad en materia de precariedad laboral dentro del sector sanitario, tales como impago de guardias, el establecimiento de la jornada de 35 horas (hoy la media es de 37,5 horas) y altos índices de temporalidad (33% en la Comunidad de Madrid), entre otros problemas. Si las autoridades y los sindicatos no alcanzan un acuerdo en los próximos días, convocarán dos días de huelga, el 13 y 14 de diciembre.

Uno de los escándalos de corrupción más destacados de los últimos años en la Sanidad madrileña saltó a los medios tras la confesión de dos funcionarios que aseguraron que el Partido Popular habría recibido el 1% de los contratos para la construcción de ocho hospitales y 57 centros de salud en Madrid (23 millones de euros en total) cuando Esperanza Aguirre presidía la comunidad autónoma.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los recortes del presupuesto de sanidad en Madrid han ido aparejados con una creciente privatización de servicios e infraestructuras sanitarias, y un mayor traspaso de competencias al sector privado, en el que es frecuente encontrar puertas giratorias, según denunció el Observatorio Madrileño de la Salud.

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Cinco consecuencias de una década de privatización de la sanidad madrileña

MADRID // Diez años después de que el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid comenzase el proceso de privatización de la atención sanitaria, la región “se ha convertido en un parque temático sanitario donde conviven diversos modelos de gestión”. Quien lo denuncia es Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Esta organización, junto a la Asociación Madrileña de Salud Mental, ayuntamientos, entidades sociales, CCOO y UGT que conforman el Observatorio Madrileño de Salud, han presentado este viernes el informe La privatización hospitalaria en Madrid: balance de 10 años.

En Madrid conviven tres modelos de gestión sanitaria

El proceso de gestión privada de la sanidad ha dado lugar a tres tipos de hospitales. En Madrid, actualmente conviven los PFI (llamados así por las siglas en inglés de “iniciativa de financiación privada”), las concesiones administrativas y la cesión de la atención sanitaria de un área a la Fundación Jiménez Díaz —aunque este centro fui inaugurado como una fundación privada en 1955, en 2003 empezó a ser gestionada por una empresa privada (ID salud) y ahora está en manos de la multinacional Quirón, presente en España, Latinoamérica y Oriente Medio—.

El citado informe desgrana las consecuencias que ha tenido esta transformación sobre la calidad de la atención sanitaria en Madrid, tanto para pacientes como para profesionales, y los efectos sobre el gasto público.

Menos camas y personal insuficiente

En los últimos diez años, en Madrid se han abierto diez hospitales nuevos y se ha trasladado uno de ellos. Sin embargo, en este periodo se han cerrado 300 camas. En 2016, el promedio era de 3,33 camas por 1.000 habitantes —en la Unión Europea la media es de 5 camas por 1.000 habitantes. Desde el Observatorio Madrileño de Salud denuncian que este hecho se debe al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes.

El número de personas en lista de espera quirúrgica ha pasado de 27.672 en junio de 2005 hasta los 84.000 en septiembre de 2016. “No existen evidencias de mejora de la asistencia sanitaria en la región”, inciden desde el Observatorio.

En los nuevos centros, el número de trabajadores por cama es inferior respecto a los centros de gestión tradicional. Esto “dificulta su capacidad para garantizar una atención sanitaria de calidad y evidencia que se hacen recortes para mejorar la rentabilidad empresarial sin tener en cuenta la calidad de la asistencia”, concluye el Observatorio.

Además, las plantillas de los nuevos centros proceden fundamentalmente de personal trasladado desde hospitales con una gestión tradicional, por lo que, a su vez, también se ha reducido el servicio de la atención pública.

Los centros de gestión tradicional se han deteriorado

Los centros públicos más cercanos a los nuevos hospitales “han sufrido un especial castigo económico”, prosigue el informe. En 2016, el hospital de Alcalá tuvo una reducción presupuestaria del 10,6% y el de Móstoles vio mermado su presupuesto en un 6,91%. Esta disminución de los recursos públicos tiene como consecuencia el cierre de camas y la reducción de personal, que, según el estudio, favorece la derivación hacia el centro privado.

Aunque no se conocen los datos oficiales sobre estos trasvases, el Observatorio matiza también que “las patologías que no son rentables las mandan al hospital tradicional”. La derivación de los enfermos más graves o que precisan técnicas diagnósticas o tratamientos más costosos a otros centros es “una costumbre de los centros concesionados que se especializan en atraer y tratar a aquellos que presentan patologías rentables”, señalan.

Sobrecostes e irregularidades en la financiación

Según el Observatorio, el modelo PFI incrementa el coste entre 7 y 8 veces respecto a la gestión pública. Asimismo, el de concesiones administrativas supone un sobrecoste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual.

Los costes de construcción de los hospitales, la contratación de empresas privadas para el control de los nuevos centros, la privatización de laboratorios y la externalización de algunos servicios médicos son algunas de las principales claves en las que se basan desde el Observatorio para calcular estos sobrecostes.

Además, denuncian que “existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias de financiación pública hacia estos centros, pero no se ha hecho un análisis sistemático de la situación”.

En este sentido, las entidades que forman parte del Observatorio exigen que se lleve a cabo una auditoría por parte de la inspección sanitaria y el tribunal de cuentas para conocer detalladamente la realidad.

La ausencia de transparencia es la norma

Desde el Observatorio, insisten en la falta de transparencia y de evaluaciones de los últimos hospitales abiertos y denuncian que existe “poca información pública confiable” sobre esta cuestión.

“No hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y se desconoce el cumplimiento de los contratos que mantienen con el sector público”, añaden.

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Detenido Ignacio González por corrupción en el Canal de Isabel II

El expresidente de Madrid, Ignacio González. I La Marea

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), ha sido detenido este miércoles por la Guardia Civil en el marco de una operación anticorrupción en el Canal de Isabel II, el organismo público de gestión de agua que presidió entre 2003 y 2012, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno regional (2012-2015) tras sustituir a su antecesora, Esperanza Aguirre.

En la operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han sido arrestada otras diez personas por su supuesta implicación en la presunta trama corrupta para el desvío de fondos del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid.

Velasco está investigando una denuncia realizada por la propia Comunidad de Madrid tras descubrir la compra irregular de una empresa brasileña por parte del Canal en el año 2013. Así, el Canal de Isabel II habría pagado 21,5 millones por dicha compañía, que al mes quedó valorada en 10 millones, informa Europa Press. Parte del dinero se ingresó a través de una cuenta suiza. Sobre Ignacio González pesarían los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, financiación ilegal y organización criminal.

Entre los arrestados se encuentra el hermano de Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado “el hombre de Ignacio González en Latinoamérica”. Preciosamente, el Canal de Isabel II dispone de filiales privadas en otras ciudades de España y en diferentes países de América Latina, entre ellos Colombia, donde recientemente un juzgado ordenó a Metroagua, la filial del Canal de Isabel II en la ciudad de Santa Marta, transferir la gestión del suministro y saneamiento del agua a la administración de ese municipio colombiano.

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