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“La violencia nunca puede ser un instrumento en política”

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. | La Marea

“Más allá de los aspectos puramente legales, la Comisión Europea cree que son tiempos de unidad y estabilidad, no para la división y la fragmentación. Apelamos a todos los actores relevantes para que se muevan desde la confrontación al diálogo. La violencia no puede ser nunca un instrumento en política”. Las palabras las ha pronunciado este lunes en Bruselas el portavoz jefe de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas.

En este comunicado oficial redactado por la CE, Schinas ha recordado que “según la Constitución española, el voto de ayer en Cataluña no fue legal. Para la Comisión Europea, como [el presidente de la Comisión, Jean-Claude] Juncker ha reiterado repetidamente, es un asunto interno de España que debe ser gestionado de forma acorde al orden constitucional. También reiteramos la posición legal mantenida por esta Comisión y sus predecesoras: si un referéndum fuera organizado de acuerdo a la Constitución [y el resultado fuera un “SÍ”] implicaría que el territorio que se fuera quedaría fuera de la UE”.

El portavoz jefe del Ejecutivo ha pedido “a todos los actores relevantes para que se muevan con prontitud de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser una herramienta en política”.

La CE ha vuelto a mostrar su apoyo público al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “para gestionar este difícil proceso desde el respeto absoluto a la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Schinas no ha querido comentar las declaraciones del presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, quien ha pedido a las autoridades de la UE que “dejen de mirar hacia otro lado”. “Es un asunto europeo, no doméstico. Creo honestamente que nos hemos ganado el derecho a ser escuchados, a ser interpelados directamente desde las instituciones europeas”, ha señalado el president.

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La UE impone una multa récord a Google de 2.400 millones de euros

Buscador de Google I La Marea

La Comisión Europea (CE) ha impuesto este martes a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador.

La cifra duplica la multa de 1.060 millones de euros que el Ejecutivo comunitario impuso en 2009 al grupo informático estadounidense Intel, entonces la mayor de la historia de la Unión Europea, también por abuso de posición dominante al tratar de expulsar a sus rivales del mercado de microprocesadores.

Bruselas envió un primer pliego de cargos a Google en abril de 2015, en el que denunció que la empresa reserva sistemáticamente un trato favorable a su comparador de precios en sus páginas de resultados de búsquedas generales. Tras la investigación, la CE concluye que Google ha adjudicado a su servicio de Google Shopping una ventaja “ilegal” al otorgarle una posición “prominente” en los resultados de búsqueda, al mismo tiempo que “degradaba” la visibilidad de los resultados sobre sus rivales.

Google ha mostrado su disconformidad con la multa. A través de un comunicado, la multinacional explica que está en desacuerdo con “las conclusiones anunciadas” y anuncia que va a “revisar con la Comisión la decisión en detalle”. “Consideraremos apelar y continuar exponiendo nuestros argumentos”, añade.

Google argumenta que “cuando compras online quieres encontrar los productos que estás buscando de manera fácil y rápida, y los anunciantes promocionarlos”. Por eso, justifica la muestra Shopping Ads, “con el objetivo de conectar a usuario con miles de anunciantes, pequeños y grandes, de una manera que sea útil para ambos”.

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Europa maniobra para meter al Sáhara en el acuerdo comercial con Marruecos

En 2016 el Tribunal de Justicia europeo dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio “separado y distinto (…) del Reino de Marruecos”, tal y como establece Naciones Unidas desde los años 1960. Sin embargo, contraviniendo dicha sentencia, las autoridades alauíes y la Comisión Europea han empezado a diseñar una estrategia para que no se haga efectiva. Además, la Justicia europea dejó abierta la puerta a la inclusión de la antigua colonia española en el acuerdo siempre que “el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento”, pero los últimos acontecimientos indican que ni Marruecos ni el Ejecutivo europeo adoptarán esa vía.

El pasado 19 de abril la Comisión pidió permiso a los 28 estados europeos para renegociar con Rabat el acuerdo comercial, vigente desde 2012. La información fue desvelada por el digital argelino Tout sur l´Algérie, que cita a varios funcionarios y diputados europeos, y subraya que en ningún momento las autoridades europeas incluyeron en ese diálogo al Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas.

La treta legal que preparan la Comisión y Marruecos se centra en la terminología de la sentencia del Alto Tribunal europeo. Una pequeña modificación en el veredicto o en el cuerpo del acuerdo comercial, estableciendo “población del Sáhara” donde actualmente se lee “pueblo del Sáhara Occidental”, reconocería a efectos legales que la población de ese territorio se expresase a través de instituciones marroquíes. Según esta fórmula, los diputados de las circunscripciones del Sáhara serían los encargados de aprobar el acuerdo, y no el pueblo saharaui, como establece la sentencia.

El pasado martes, a iniciativa del eurodiputado Florent Marcellesi (Equo, Grupo Verde Europeo), 23 miembros del Parlamento Europeo de cinco grupos parlamentarios de la izquierda y la derecha europea enviaron una carta conjunta a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y a los comisarios de Economía y Comercio, Pierre Moscovici y Cecilia Malmström, instando a un diálogo transparente (actualmente se negocia en secreto) ante los supuestos intentos de la Comisión por esquivar la sentencia de la Corte europea. Un día después el intergrupo para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo intercedió ante António Guterres, Secretario General de la ONU, aprovechando su visita a esa institución.

“El punto clave de la renegociación entre la UE y Marruecos es el consentimiento del pueblo saharaui”, explicó a La Marea Florent Marcellesi, quien además apoya que el Frente Polisario forme parte de la negociación de dicho acuerdo. “La Comisión y los Estados miembros tienen que dejar de considerar que por un lado está el comercio y por otro el proceso de paz (…) es hora de utilizar el comercio para reforzar el derecho europeo e internacional”, declara Marcellesi desde Bruselas.

Justicia sin prisa

La máxima autoridad judicial europea tardó cuatro años en pronunciarse después de que la Unión Europea y Marruecos, que cuenta con importantes aliados en territorio europeo, firmaran un acuerdo comercial que libera el intercambio de productos agrícolas y pesqueros, siendo este último el rubro más destacado en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de realizar un referéndum de autodeterminación para poner fin a su estatus colonial, según las Naciones Unidas. Desde que España abandonó el Sáhara en 1975, Marruecos controla de facto (ningún país del mundo reconoce su soberanía) la mitad oriental del territorio, la zona con más recursos naturales.

Después de que el Tribunal europeo emitiera su veredicto y excluyera al Sáhara Occidental del acuerdo entre Europa y Marruecos, varios altos cargos marroquíes amenazaron con suavizar sus controles en materia de narcotráfico y emigración. Sin ir más lejos, una semana después de que el comisario de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, reconociera “la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”, el ministro de Agricultura marroquí amenazó con la reanudación de “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”. Esta semana Florent Marcellesi y el diputado Jorge Luis Bail pidieron al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis. que trabaje para que España respete las sentencias europeas.

Los intentos de la Comisión europea por esquivar esta sentencia coincide con una de las etapas de mayor riesgo de conflicto bélico entre saharauis y marroquíes desde que firmaron el alto el fuego en 1991. El periodo de alegaciones, deliberaciones, recursos y debates políticos a nivel europeo, nacional y regional podría extenderse de nuevo a varios años. Mientras tanto, todo apunta a que la aplicación de esta sentencia europea seguirá bajo la fuerte influencia de las posiciones políticas de cada país. Por ejemplo, en enero el gobierno de España se negó a interceptar un carguero noruego procedente del Sáhara Occidental que transportaba harina de pescado a Francia y que paró a repostar en Gran Canaria, a pesar de que la sentencia europea. En cambio,  otros buques comerciales y pesqueros procedentes del Sáhara sí fueron interceptados dentro y fuera de la Unión Europea.
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Grecia, Alemania y el fondo monetario europeo

La Unión Europea tiene muchos frentes estos días: el Brexit, la crisis de los refugiados, el auge de la ultraderecha ante las elecciones de Holanda, Francia y Alemania este año o la incertidumbre sobre el rumbo de la administración norteamericana de Donald Trump. Quizás por ello no se está prestando la debida atención a la vuelta de un viejo fantasma que había provocado la mayor crisis de la UE hace poco tiempo: el rescate internacional de Grecia. Estos días, en Atenas se están revisando las condiciones del tercer programa de ayuda entre el gobierno heleno y sus deudores: la famosa troika de Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha convertido en un cuarteto al sumarse el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un vehículo creado por los europeos para coordinar las ayudas.

Son negociaciones muy duras al pie de la Acrópolis. El cuarteto quiere imponer al Ejecutivo de Alexis Tsipras, del partido de izquierda Syriza, una nueva vuelta de tuerca en las políticas de austeridad –como recortes en las pensiones y más impuestos– a cambio de autorizar un nuevo tramo de dinero sin el cual Grecia no sería capaz de devolver los más de 7.000 millones de euros de créditos que vencen en julio. Sin embargo, en el cuarteto de acreedores han emergido serias diferencias en cuanto a cómo proceder con Grecia. Recientemente, el FMI constató que la deuda pública helena era “insostenible”, algo en que coinciden la mayoría de economistas, ya que llega a casi el 180% del Producto Interior Bruto del país, unos 311.000 millones de euros. Por ello, el organismo de Washington exigió una condenación parcial de la deuda a Atenas como condición de seguir participando en el rescate.

Esta demanda del FMI ha chocado frontalmente con la posición de los europeos, especialmente Alemania. El gobierno conservador de Angela Merkel no quiere ni pensar en aligerar la carga a Grecia, a pocos meses de las elecciones parlamentarias alemanas de septiembre. La canciller tiene por delante una dura batalla para mantenerse en el poder ante el inesperado auge de los socialdemócratas liderados por Martin Schulz. Cualquier concesión a Atenas sería inaceptable para buena parte del electorado de Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya ha subido el tono contra Tsipras.

Ante este escenario parece que el FMI ha cedido y se pospondrá la decisión sobre una posible condonación de la deuda para el año que viene, cuando caduque el tercer programa del rescate. En un más que probable cuarto programa, el Fondo ya no participaría. Por ello, los alemanes ya están trabajando en convertir el MEDE en una especie de Fondo Monetario Europeo, un organismo que coordinaría y supervisaría las crisis en el continente en vez de la Comisión Europea, como ahora. En Berlín, al parecer, se plantea que el presidente del MEDE, el alemán Klaus Regling, pueda continuar al frente de este nuevo FME. Eso si los socios europeos se tragan un plan tan germánico.

Artículo publicado en El Heraldo (Colombia)

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