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Día de la absolución del CETA: se culmina el divorcio con la realidad

Encuentro 'CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá'. Foto: Comisión Europea.

Una de las características más inquietantes del presente momento histórico es la absoluta complacencia con los excesos del capitalismo global, forjado gracias a la arquitectura que despliega el comercio internacional. La forma de legitimarse de este orden en un estadio tan avanzado supera cualquier concepción que tengamos sobre el propio espectáculo, se borran las fronteras entre la realidad que decreta y lo que percibe el imaginario popular como tolerable. Estas son las impresiones que se desprenden de la jornada “CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá,” el evento que abre la veda a una nueva campaña de relaciones públicas de la Comisión Europea llamada “Hablemos de comercio”. Ante las turbulencias populistas, la idea parece presentar la globalización neoliberal impulsada desde los años ochenta como nuevo sentido común de época o, como señalaba la nota de prensa de un evento que contaba con dos visiones -la empresarial y la institucional-, intentar “establecer un debate informado sobre el comercio internacional.” El equilibrio no es un rasgo fundamental de este tiempo.

La opinión pública se está haciendo más favorable a estos tratados”, celebraba durante la sesión Christian Burgsmüller, del gabinete de la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Con la llegada de Donald Trump, los acuerdos comerciales no sólo han parecido adquirir completa legitimidad como contraveneno al multimillonario, sino que conceden al establishment bruselense todas las excusas para borrar de un plumazo un pasado molesto. La consciencia de aquellas batallas en la calles de Seattle en 1999, un “referente” contra las dinámicas de la globalización que de por sí eran una distopía de lo que fueron luchas pasadas, se ve ahora progresivamente cercada. De aquello sólo quedan las crónicas y decenas de miles de quejas en forma de ‘tuit’. Y “veremos — añadía Burgsmüller— cuando pasen dos o tres años y la visión apocalíptica de algunos críticos no se haya cumplido.” La realidad desaparece —es privatizada— ante una incesante sucesión de eventos que hablan del futuro de “las sociedades prósperas e igualitarias”.

“Existe una inquietud en proyectar un tipo de integración económica global, que es la base de la prosperidad creada en nuestros países desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos razón para la celebración de hoy,” explicaba Matthew Lewis, embajador de Canada en España, desde su tribuna en la Casa América, que en su patronato cuenta con el BBVA, Gas Natural, Telefónica y las Fundaciones del Banco Santander, Iberdrola y Repsol. Pareciera como si hubieran desaparecido los dislocados por los excesos de la globalización y el ataque al estado de bienestar nacional iniciado en los años ochenta; como si obtuvieran en los acuerdos de comercio como el CETA la receta homeopática a sus males.

El comercio es desde los recuerdos más lejanos de este Viejo Continente el gran motor de su integración. Asentada bajo la garantía de un mercado libre como forma de alcanzar un mundo pacífico y próspero frente a la devastación de la guerra, un grupo de estados europeos trataron de demostrar al mundo la viabilidad de su ideal de progreso ilustrado, fundamentado en la realización de la razón como liberación de la industria. Pese a que José Vicente González, vicepresidente de la CEOE, expresó que “es radicalmente falso que los tratados de comercio están hechos a medida de las grandes empresas”, el producto europeo actual es aquel en el que los jefes de grandes corporaciones se reúnen en Bruselas eminentemente para hacer negocios y, capitaneados por el superávit generado por la industria alemana, alzarse como un bloque comercial que plante cara al resto del mundo. A eso lo llaman Unión Europea. Y precisamente en ese mismo sentido apelaba Matthew Lewis al componente excepcional de nuestro tiempo: “es un acuerdo histórico que refleja la visión de sociedad que queremos, que se beneficia del dinamismo y la creatividad de la apertura económica”.

Precisamente haciendo un recorrido histórico por la posmodernidad, el historiador Perry Anderson concluyó que cuando existe una grieta entre la experiencia existencial y el conocimiento científico, “la ideología asume la función de inventar alguna forma de articular entre sí esas dos dimensiones distintas”. En este caso concreto, la ilusión de que “lejos de beneficiar a las grandes empresas, este tratado está centrado en las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, en palabras de Carlos Molina, periodista de Cinco Días. O en las de José Luis Kaiser, de la Secretaría de Estado de Comercio: “yo he trabajado casi 15 años negociando acuerdos como el CETA y este acuerdo está enfocado sobre las pymes.” Todo aderezado de una nota de prensa que sostenía la cifra de que las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones de euros en aranceles gracias al acuerdo. Cabe destacar que la única referencia al dato se remonta a un comunicado de 2016 de la Comisión Europea. Según fuentes oficiales, supuestamente esa cifra es producto de descontar de las exportaciones totales hacia Canadá el ahorro que se deriva de la reducción de los aranceles en los próximos años. Un artificio propio de ilusionistas.

Porque en efecto es ilusorio creer que quienes comenzaron a negociar este acuerdo en 2009 —concretamente, el entonces presidente de la Comisión Europea y actual presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, José Manuel Durão Barroso— lo hicieron con la intención de beneficiar a las pymes. Si bien algunas cuestiones (la reducción de trabas administrativas o eliminación de aranceles) podrá resultar beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que el acuerdo final no contiene ni un solo capítulo específico con obligaciones para apoyar a las pymes. De hecho, como revela un trabajo académico de 2016, las pymes solo se mencionan en el acuerdo final ratificado por España en tres ocasiones: en los capítulos sobre inversión, comercio electrónico y compras gubernamentales. Y es más: según los datos, en la actualidad existen más de 20 millones de pymes en la Unión Europea (el 93% de estas, con menos de 10 empleados), pero sólo 619.000 exportan fuera de esta. Sin considerar que las dinámicas de liberalización sin freno impulsadas también por el CETA serán feroces para estas empresas, expuestas a la competencia de las grandes corporaciones transnacionales, y deberán hacer malabares para asegurar los 90 millones de puestos de trabajo (67% del empleo total en Europa) que generan.

Al parecer hemos entrado en la era moderna, y van a llegar muchos acuerdos “modernos y progresistas”. En conversaciones con La Marea, Christian Burgsmüller aclaraba que desde Bruselas se han dado de frente con la realidad de que la presente arquitectura de la globalización ya no se adapta a los tiempo actuales y es hora de negociar nuevos tratados de forma ambiciosa con países como Canadá, con los que compartimos valores tales como el “compromiso con la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental”. Dejando de lado que Canadá acogiera a más refugiados en medio año que cualquiera de los veintisiete estados europeos, en lo que respecta al contenido concreto del CETA no hay ninguna cláusula que salvaguarde los derechos humanos, una exigencia que realizó el Parlamento Europeo durante las negociaciones del TTIP.

También la cuestión ambiental es más que discutible. No sólo porque la ampliación de derechos de los inversores que contempla el tratado con Canadá podría desencadenar demandas de compañías contaminantes cuando los gobiernos traten de regular o acabar con la actividad de minas sucias o poner fin a los combustibles fósiles, sino porque cualquier disposición para implementar las políticas ambientales y climáticas de forma urgente puede chocar con las reglas que establece el tratado. Además, contrariamente a las exigencias llevadas a cabo por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en el TTIP, el CETA sólo protege parcialmente las indicaciones geográficas, no contiene disposiciones sobre la reducción de los antibióticos en la ganadería, no promueve las energías renovables y utiliza listas negativas que dificultan el derecho a regular el sector energético. En una línea similar caminaban las conclusiones del Comité de expertos establecido por el presidente francés, Emmanuel Macron, para evaluar el impacto ambiental del acuerdo al concluir que, en el marco del texto final, “existen riesgos para invocar el principio de precaución europeo” o sus implicaciones serán “desfavorables para el clima.” Preguntado por ello, Burgsmüller insistió en que “el CETA no va a acarrear políticas contrarias al clima”.

Ha llegado un punto en la lógica discursiva del capital en la que pareciera que son las élites económicas, y no sólo los populistas de ultraderecha, quienes están comenzando a desembarazarse del concepto de ‘verdad’. De nuevo José Vicente González, de la CEOE, entidad poco conocida por su defensa de los derechos laborales de los trabajadores, señalaba en el evento la falacia de que el CETA va a arruinar puestos de trabajo, “cosa que no tiene ninguna constancia empírica,” señaló antes de avisar que improvisaría su intervención. “La desventaja es que estará poco estructurada, pero será sincera,” aseguraba en términos orwellianos. Sobre estas palabras, la Comisión del Parlamento Europeo de Asuntos Sociales y Empleos, tiene algo que decir en lo que respecta a la creación de empleo. Según los datos empíricos de uno de los estudios citados en sus recomendaciones para votar en contra del CETA, en el mejor de los casos se producirán aumentos marginales en el empleo de la Unión Europea de no más del 0,018% en un período de ejecución de entre 6 y 10 años. También otros estudios han presentado el argumento de que la creación de empleos no es tan segura y se pueden producir pérdidas de en torno a 204.000 empleos para la Unión Europea en su conjunto. En cuanto a los salarios, proseguía la recomendación parlamentaria, “la evidencia demuestra que el acuerdo contribuiría a ampliar la brecha de ingresos entre trabajadores no especializados y calificados, aumentando así las desigualdades y las tensiones sociales.”

En conferencias como esta, donde la clase política y económica puso el broche a la sesión entre vinos españoles, uno tiene la impresión de contemplar ante sus ojos aquel fenómeno que Anderson denominó como el “encanallamiento general de las clases poseedoras.” Esas élites verdaderamente intelectuales o academicistas que caracterizaban a la era moderna han sido suplidas hoy por una especie de populismo estético, característico de las élites cosmopolitas contemporáneas, donde la endogamia tecnocrática se vislumbra de forma perfectamente definida. Al final iba a acabar siendo verdad lo que dijo entre risas Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España: “los empresarios se creen más a los empresarios que a las instituciones.” Y al parecer, gracias en parte al mimetismo ético de los círculos de poder, sucede también a la inversa: las instituciones europeas se creen más a los empresarios.

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Los lobbies corporativos de Europa vuelven al ataque por el TTIP

"Ten cuidado con la vía de Trump". Publicidad en la prensa alemana del partido ultraliberal INSM.

Al principio las negociaciones secretas del TTIP y el CETA parecían ir en viento en popa, pero una serie de filtraciones y el trabajo de cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos, periodistas, asociaciones de consumidores, sindicatos e incluso jueces pusieron en alerta a la opinión pública acerca de los riesgos de estos acuerdos para la soberanía y el bienestar social. Ante la falta de ideas para rebatir los argumentos políticos y científicos en contra de estos tratados, los grandes lobbies corporativos y think tanks liberales han puesto en marcha una nueva estrategia: la difamación para deslegitimar a toda costa a quienes se muestran críticos con los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), y defienden la democracia y la justicia social y medioambiental en la política comercial europea. Incluso los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, o el exdirector general de Comercio de la Comisión Europea, Pierre Defraigne, están siendo difamados por ser contrarios a estos acuerdos comerciales.

La reacción de estos lobbies es similar a la que tuvieron las industrias tabacalera y petrolera cuando ciudadanos y gobiernos empezaron a preocuparse por los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de sus negocios: primero intentaron sembrar la confusión con estudios precocinados; también promovieron la división entre sus críticos (se trata de un tema solo para expertos); después probaron a expulsarlos del debate, más adelante pusieron en duda su integridad y finalmente atacaron a sus fuentes de financiación.

Como en aquel entonces, en un primer momento los defensores del TTIP y el CETA intentaron debatir con argumentos sobre los supuestos beneficios económicos de, por ejemplo, crear tribunales supranacionales con jueces nombrados por las multinacionales, priorizar los intereses de mercado frente al calentamiento global, o eliminar las restricciones a químicos y otras sustancias prohibidas en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud y el ecosistema. Pero desde que en 2013 comenzaron las primeras filtraciones, los grupos de presión empezaron a abandonar el debate público y pasaron a la calumnia para deslegitimar a sus críticos.

Lobbies de la talla de BusinessEurope, Bertelsmann Stitung o el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, integrado por Bayer, Google, ExxonMobil, Repsol, Pepsico…) ejercen cada vez más presión en medios de comunicación, redes sociales y conferencias contra las organizaciones contrarias a la negociación secreta del TTIP y el CETA. Para restar credibilidad al trabajo de los detractores de estos tratados, estos lobbies están desplegando una batería de falsas acusaciones, acusando a académicos y activistas que piden democracia en los acuerdos comerciales de estar trabajando codo con codo con los partidos de extrema derecha que tomaron fuerza en los últimos años. Otro bulo frecuente sostiene que Rusia está financiando a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “No hay una sola prueba, pero los representantes de los intereses corporativos siguen esgrimiento esa acusación en los debates”, explica Max Bank, de la organización LobbyControl. Además, acusan a los críticos del TTIP de ser alarmistas y manipular a un público “poco instruido” para obtener más dinero para sus campañas.

Esta y otras conclusiones aparecen en el informe ‘Matar al mensajero’, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (ECO por sus siglas en inglés) y la organización LobbyControl. El documento analiza con detalle y casos documentados el cambio de táctica de los grupos de poder que operan en Europa para sacar adelante el TTIP y el CETA. A continuación exponemos algunos ejemplos de este documento:

La batalla en las redes sociales: en mayo de este año el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, escribió que haría falta “un mayor uso de validadores externos para propagar mensajes favorables al libre comercio y la globalización”, en referencia a los medios de comunicación y las redes sociales. Unos meses antes, la Cámara de Comercio Americana en la Unión Europea representa a 160 compañías estadounidenses con la ayuda de lobbies como el Transatlantic Business Counsil (40 multinacionales de EEUU y Europa, entre ellas BP, PwC, Telefónica…), o la gran patronal BusinesEurope, la más activa en la defensa del TTIP (Bayer, BP…). en 2015 iniciaron una campaña en Twitter para defender los supuestos beneficios de este tratado comercial, pero en dos años apenas lograron aglutinar a 2.000 seguidores. Con la ayuda de la organización Foro de Jóvenes Liberales Europeos (European Liberal Youth Forum), en 2015 lograron organizar una protesta a favor del TTIP, pero su seguimiento fue mínimo en comparación con las 250.000 personas que se manifestaron en Berlín ese mismo año en contra del CETA y el TTIP.

Good thought for the weekend!

Have u read what the EU chemical industry really expects from #TTIP? #Yes2TTIP
READ: https://t.co/iuzWACnU25 pic.twitter.com/MZu3gqDV16

— Cefic (@Cefic) 23 de septiembre de 2016

Emociones contra argumentos: Una filtración de 2013 de la estrategia de comunicación de las autoridades europeas que negocian el TTIP reconocía que “la Comisión expresó explícitamente su preocupación por la naturaleza del debate público” y defendió la necesidad de reprimir “objeciones potencialmente basadas en valores y emociones”. Los lobbies corporativos y la propia Comisión Europea sostienen que los datos de sus previsiones económicas (cuántos empleos creará el TTIP, por ejemplo) se basan en “evidencias”, mientras que los argumentos y cifras de sus críticos son “mitos” irracionales, según organismos como el CEFIC (patronal de la industria química europea), propios de personas con un escaso nivel de conocimiento en la materia y que solo pretenden causar miedo. Los datos y pronósticos divulgados por el Ejecutivo europeo y los grupos de presión están basados en modelos de equilibrio general computacional, que “defienden el potencial impacto de desregular la economía” y “sirven a intereses pro liberales de la agenda de la Comisión Europea y otros defensores del TTIP”, según explican Ferdi De Ville y Gabriel Siles-Brügge, del Centro de Estudios de la Unión Europea y la Universidad de Warwick (Inglaterra). Estos cálculos reflejan “expectativas ficticias” y “altamente especulativas”, opina Clive George, profesor y economista de la Universidad de Manchester.

Desprestigiar a toda costa: la organización europea de consumidores BEUC es una de las pocas entidades sociales invitadas por la Comisión Europea para opinar sobre el TTIP. La estrategia de los lobbies corporativos para minar su trabajo consiste en acusarla de forma constante de financiarse supuestamente por vías ilícitas. BEUC dedica gran parte de su tiempo a rebatir esas acusaciones y a explicar su política de transparencia financiera, pero las quejas no cesan. De esa forma, los lobbies hacen que esta ONG pierda el tiempo que, en circunstancias normales, emplearía para exponer por qué está en contra del TTIP. “Una vez que la integridad de una ONG está en duda, incluso si presenta contraargumentos sólidos y pruebas, mucha gente siempre pensará ‘¿y si los financia Rusia?’, explica Léa Auffret, del BEUC.

La lista de ejemplos es extensa. Después de que Greenpeace filtrara borradores secretos de la negociación del TTIP, el representante comercial de Estados Unidos en Europa, Michael Froman, compareció ante los medios para asegurar que esa información era “en el mejor de los casos engañosa, en el peor, errónea”. Hablando sobre el TTIP en rueda de prensa, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, empleaba un tono burlesco para definirlos como unos “no nos gusta el comercio, no nos gusta el libre comercio y no nos gusta EEUU”. En Alemania, el partido ultraliberal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) paga anuncios publicitarios en los que pone en relación a los manifestantes contrarios al TTIP con el presidente Trump, a pesar de que este último defiende la desregularización de la economía.

Ataques ad hominem: en un reportaje titulado ‘El hombre que mató al TTIP’, la revista POLITICO cargó duramente contra Thilo Bode, fundador de Food Watch. En el texto, cargado de ataques personales que pasan por alto los argumentos de Bode, POLITICO aseguraba que “vive de la escandalización” y de promover el miedo.

La política del lenguaje: en un artículo en defensa del TTIP, el semanario The Economist definía a la organización ATTAC como un “grupo antiglobalización”, mientras que para el New York Times se trata de “un movimiento global que promueve un impuesto sobre las transacciones financieras para apoyar a los países pobres”. Paradójicamente, dos años antes de emprender una amplia campaña a favor del TTIP, The Economist se había mostrado muy crítico con dicho acuerdo comercial.

La técnica de Göebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, dijo el ministro de propaganda nazi. El informe de ECO y LobbyControl expone varios ejemplos de cómo desde los grupos de presión se mezclan ideas sin fundamento (“un día después de que se firme el acuerdo, solo podremos comer carne hormonada”) con análisis serios realizados por asociaciones de consumidores, universidades y otras instituciones. Por ejemplo, el conservador alemán Joachim Pfeiffer define a las organizaciones Food Watch y Campact, que defiende la justicia social y el respeto al medio ambiente, como parte de la “industria de la atrocidad”.

Think tanks y grupos de presión como BusinessEurope, Bertelsmann y el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), financiados por patronales y grandes multinacionales, sostienen que los detractores del TTIP están movidos por un sentimiento antiamericano. “Es una cortina de humo más que un argumento válido, busca desacreditar al mensajero [los manifestantes] para devaluar su punto de vista”, explica Daniel Lüchow, de la Fundación Heinrich-Böll, afiliada al Partido Verde alemán.

“Es peligroso que los lobbies corporativos traten de minar la credibilidad de los actores de la sociedad civil con acusaciones falsas (…) esas prácticas injustas envenenan el debate político democrático a largo plazo”, advierte Pia Eberhardt, experta en política comercial del Observatorio Corporativo Europeo.

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La difamación: la nueva estrategia de los ‘lobbies’ contra los detractores del TTIP

"Ten cuidado con la vía de Trump". Publicidad en la prensa alemana del partido ultraliberal INSM.

Al principio las negociaciones secretas del TTIP y el CETA parecían ir en viento en popa, pero una serie de filtraciones y el trabajo de cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos, periodistas, asociaciones de consumidores, sindicatos e incluso jueces pusieron en alerta a la opinión pública acerca de los riesgos de estos acuerdos para la soberanía y el bienestar social. Ante la falta de ideas para rebatir los argumentos políticos y científicos en contra de estos tratados, los grandes lobbies corporativos y think tanks liberales han puesto en marcha una nueva estrategia: la difamación para deslegitimar a toda costa a quienes se muestran críticos con los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), y defienden la democracia y la justicia social y medioambiental en la política comercial europea. Incluso los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, o el exdirector general de Comercio de la Comisión Europea, Pierre Defraigne, están siendo difamados por ser contrarios a estos acuerdos comerciales.

La reacción de estos lobbies es similar a la que tuvieron las industrias tabacalera y petrolera cuando ciudadanos y gobiernos empezaron a preocuparse por los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de sus negocios: primero intentaron sembrar la confusión con estudios precocinados; también promovieron la división entre sus críticos (“se trata de un tema solo para expertos”); después probaron a expulsarlos del debate, más adelante pusieron en duda su integridad y finalmente atacaron a sus fuentes de financiación.

Como en aquel entonces, en un primer momento los defensores del TTIP y el CETA intentaron debatir con argumentos sobre los supuestos beneficios económicos de, por ejemplo, crear tribunales supranacionales con jueces nombrados por las multinacionales, priorizar los intereses de mercado frente al calentamiento global, o eliminar las restricciones a químicos y otras sustancias prohibidas en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud y el ecosistema. Pero desde que en 2013 comenzaron las primeras filtraciones, los grupos de presión empezaron a abandonar el debate público y pasaron a la calumnia para deslegitimar a sus críticos.

Lobbies de la talla de BusinessEurope, Bertelsmann Stitung o el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, integrado por Bayer, Google, ExxonMobil, Repsol, Pepsico…) ejercen cada vez más presión en medios de comunicación, redes sociales y conferencias contra las organizaciones contrarias a la negociación secreta del TTIP y el CETA. Para restar credibilidad al trabajo de los detractores de estos tratados, estos lobbies están desplegando una batería de falsas acusaciones, acusando a académicos y activistas que piden democracia en los acuerdos comerciales de estar trabajando codo con codo con los partidos de extrema derecha que tomaron fuerza en los últimos años. Otro bulo frecuente sostiene que Rusia está financiando a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “No hay una sola prueba, pero los representantes de los intereses corporativos siguen esgrimiento esa acusación en los debates”, explica Max Bank, de la organización LobbyControl. Además, acusan a los críticos del TTIP de ser alarmistas y manipular a un público “poco instruido” para obtener más dinero para sus campañas.

Esta y otras conclusiones aparecen en el informe ‘Matar al mensajero’, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (ECO por sus siglas en inglés) y la organización LobbyControl. El documento analiza con detalle y casos documentados el cambio de táctica de los grupos de poder que operan en Europa para sacar adelante el TTIP y el CETA. A continuación exponemos algunos ejemplos de este documento:

La batalla en las redes sociales: en mayo de este año el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, escribió que haría falta “un mayor uso de validadores externos para propagar mensajes favorables al libre comercio y la globalización”, en referencia a los medios de comunicación y las redes sociales. Anteriormente la Cámara de Comercio Americana en la Unión Europea -representa a 160 compañías estadounidenses- con la ayuda de lobbies como el Transatlantic Business Counsil (40 multinacionales de EEUU y Europa, entre ellas BP, PwC, Telefónica…), o la gran patronal BusinesEurope, la más activa en la defensa del TTIP (Bayer, BP…) había iniciado una campaña en Twitter para defender los supuestos beneficios del TTIP, pero en dos años apenas lograron aglutinar a 2.000 seguidores. Con la ayuda de la organización Foro de Jóvenes Liberales Europeos (European Liberal Youth Forum), en 2015 lograron organizar una protesta a favor del TTIP, pero su seguimiento fue mínimo en comparación con las 250.000 personas que se manifestaron en Berlín ese mismo año en contra del CETA y el TTIP.

Good thought for the weekend!

Have u read what the EU chemical industry really expects from #TTIP? #Yes2TTIP
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— Cefic (@Cefic) 23 de septiembre de 2016

Emociones contra argumentos: Una filtración de 2013 de la estrategia de comunicación de las autoridades europeas que negocian el TTIP reconocía que “la Comisión expresó explícitamente su preocupación por la naturaleza del debate público” y defendió la necesidad de reprimir “objeciones potencialmente basadas en valores y emociones”. Los lobbies corporativos y la propia Comisión Europea sostienen que los datos de sus previsiones económicas (cuántos empleos creará el TTIP, por ejemplo) se basan en “evidencias”, mientras que los argumentos y cifras de sus críticos son “mitos” irracionales, según organismos como el CEFIC (patronal de la industria química europea), propios de personas con un escaso conocimiento en la materia y que solo pretenden causar miedo. Los datos y pronósticos divulgados por el Ejecutivo europeo y los grupos de presión están basados en modelos de equilibrio general computacional, que “defienden el potencial impacto de desregular la economía” y “sirven a intereses pro liberales de la agenda de la Comisión Europea y otros defensores del TTIP”, según explican Ferdi De Ville y Gabriel Siles-Brügge, del Centro de Estudios de la Unión Europea y la Universidad de Warwick (Inglaterra). Estos cálculos reflejan “expectativas ficticias” y “altamente especulativas”, opina Clive George, profesor y economista de la Universidad de Manchester.

Desprestigiar a toda costa: la organización europea de consumidores BEUC es una de las pocas entidades sociales invitadas por la Comisión Europea para opinar sobre el TTIP. La estrategia de los lobbies corporativos para minar su trabajo consiste en acusarla de forma constante de financiarse supuestamente por vías ilícitas. BEUC dedica gran parte de su tiempo a rebatir esas acusaciones y a explicar su política de transparencia financiera, pero las quejas no cesan. De esa forma, los lobbies hacen que esta ONG pierda el tiempo que, en circunstancias normales, emplearía para exponer por qué está en contra del TTIP. “Una vez que la integridad de una ONG está en duda, incluso si presenta contraargumentos sólidos y pruebas, mucha gente siempre pensará ‘¿y si los financia Rusia?’, explica Léa Auffret, del BEUC.

La lista de ejemplos es extensa. Después de que Greenpeace filtrara borradores secretos de la negociación del TTIP, el representante comercial de Estados Unidos en Europa, Michael Froman, compareció ante los medios para asegurar que esa información era “en el mejor de los casos engañosa, en el peor, errónea”. Hablando sobre el TTIP en rueda de prensa, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, empleaba un tono burlesco para definirlos como unos “no nos gusta el comercio, no nos gusta el libre comercio y no nos gusta EEUU”. En Alemania, el partido ultraliberal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) paga anuncios publicitarios en los que pone en relación a los manifestantes contrarios al TTIP con el presidente Trump, a pesar de que este último defiende la desregularización de la economía.

Ataques ad hominem: en un reportaje titulado ‘El hombre que mató al TTIP’, la revista POLITICO cargó duramente contra Thilo Bode, fundador de Food Watch. En el texto, cargado de ataques personales que pasan por alto los argumentos de Bode, POLITICO aseguraba que “vive de la escandalización” y de promover el miedo.

La política del lenguaje: en un artículo en defensa del TTIP, el semanario The Economist definía a la organización ATTAC como un “grupo antiglobalización”, mientras que para el New York Times se trata de “un movimiento global que promueve un impuesto sobre las transacciones financieras para apoyar a los países pobres”. Paradójicamente, dos años antes de emprender una amplia campaña a favor del TTIP, The Economist se había mostrado muy crítico con dicho acuerdo comercial.

La técnica de Göebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, dijo el ministro de propaganda nazi. El informe de ECO y LobbyControl expone varios ejemplos de cómo desde los grupos de presión se mezclan ideas sin fundamento (“un día después de que se firme el acuerdo, solo podremos comer carne hormonada”) con análisis serios realizados por asociaciones de consumidores, universidades y otras instituciones. Por ejemplo, el conservador alemán Joachim Pfeiffer define a las organizaciones Food Watch y Campact, que defiende la justicia social y el respeto al medio ambiente, como parte de la “industria de la atrocidad”.

Think tanks y grupos de presión como BusinessEurope, Bertelsmann y el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), financiados por patronales y grandes multinacionales, sostienen que los detractores del TTIP están movidos por un sentimiento antiamericano. “Es una cortina de humo más que un argumento válido, busca desacreditar al mensajero [los manifestantes] para devaluar su punto de vista”, explica Daniel Lüchow, de la Fundación Heinrich-Böll, afiliada al Partido Verde alemán.

“Es peligroso que los lobbies corporativos traten de minar la credibilidad de los actores de la sociedad civil con acusaciones falsas (…) esas prácticas injustas envenenan el debate político democrático a largo plazo”, advierte Pia Eberhardt, experta en política comercial del Observatorio Corporativo Europeo.

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Un informe advierte que el CETA fortalecerá el papel de los lobbies

El poder de los lobbies I La Marea

El Acuerdo Económico y de Comercio (CETA) que la Unión Europea ha cerrado con Canadá fortalecerá aún más a los grupos de presión lobbistas, proporcionándoles un acceso temprano y exclusivo al proceso legislativo, según un informe publicado por el Corporate Europe Observatory (CEO).

El estudio concluye que el objetivo es que el CETA funcione como una plataforma para que los lobbies influyan en las propuestas legislativas de la UE y Canadá, incluso antes de que los parlamentos nacionales hayan tenido la oportunidad de expresar su opinión. Los autores del informe recuerdan que, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (NAFTA), los lobbistas consiguieron la autorización de pesticidas tóxicos, prohibidos en otros países de la OCDE, en territorio canadiense. Debido a estas presiones, Canadá cedió el puesto a la UE como principal baluarte en la salud y la protección ambiental.

El informe también advierte que el Foro de Cooperación reguladora del CETA promoverá con los lobbistas unas negociaciones muy similares a las del NAFTA. El investigador Stuart Trew, uno de los autores del documento, denuncia los “procesos turbios dominados por lobbistas” que conllevan este tipo de tratados de libre comercio. Y asegura que el CETA “pone en juego una amplia gama de normas de salud pública, de consumo y de medio ambiente, ya que pueden ser influenciadas, inhibidas, retrasadas o incluso bloqueadas por los intereses comerciales”.

“El CETA está vinculado a altos riesgos para la salud pública y la protección del medio ambiente”, coincide la activista Lora Verheecke, quien recuerda lo que sucedió con el NAFTA. “Cuando las Administraciones de Canadá y EEUU evaluaron conjuntamente seis productos químicos bajo la cooperación regulatoria del NAFTA, su grupo de trabajo estaba dominado por lobbies de grandes empresas, entre ellas algunos que habían contribuido a retrasar la propuesta de prohibición de plaguicidas dañinos en la UE”, argumenta. 

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Se acaban las fiestas, continúa el consumo

Versión actualizada y editada del dossier del nuevo número de la revista mensual de La Marea, a la venta en kioscos y aquí.

“Es un momento de excesos. La gente tiene más dinero y las convenciones sociales hacen que sea el tiempo para gastarlo”, reflexiona Esteban Hernández, periodista y autor del ensayo Los límites del deseo. Instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI. “El aumento del consumo en Navidad tiene un aspecto compensatorio. Mucha gente compra, porque puede, para sentirse mejor y mitigar otras insatisfacciones. No es algo negativo en sí mismo, el problema está cuando nos creemos representados a través de los bienes que poseemos. Cuando sólo nos diferenciamos por lo que tenemos. Ahí, el consumo sí puede resultar pernicioso. Sea Navidad o cualquier día del año”.

La recuperación económica conlleva un aumento en el dinero que se gasta la ciudadanía en regalos y alimentos en esta campaña. La Confederación Española del Comercio (CEC) ha adelantado que esta será la mejor temporada navideña de los últimos ocho años, con un incremento de la facturación de hasta un 5%. La consultora Deloitte, en su Estudio de consumo Navideño 2016, publicado en noviembre, indicó que como media cada hogar gastará 682 euros en Navidad, lo que supone un 4% más respecto a los 655 euros de 2015. El ranking de los regalos más frecuentes sigue encabezado por ropa, libros y perfumes y cosméticos entre adultos, y juguetes educativos, libros, ropa y calzado para los niños y niñas. El mal dato para los comerciantes es que mucha gente opta simplemente por regalar dinero contante y sonante.

Los comportamientos del consumo siempre vienen acompañados del debate sobre las compras de proximidad, tras años de levantamiento de restricciones a las grandes superficies y de constantes polémicas políticas por la liberalización de horarios: ¿merece la pena comprar en las tiendas de mi barrio o me desplazo al centro comercial? ¿Compro en la perfumería de la esquina o en El Corte Inglés? ¿En la tienda de informática de mi vecino o en Mediamarkt? Hace décadas que el enfrentamiento entre el pez grande y el pez chico en el sector del comercio minorista es el pan de cada día. La apertura de una gran superficie comercial en cualquier ciudad española suele generar la consiguiente controversia ante la posibilidad de que afecte al pequeño comercio de dicha ciudad, amenazando incluso su propia supervivencia.

La reciente liberalización de horarios comerciales en muchas ciudades españolas dificulta aún más la competencia del pequeño comercio frente las grandes superficies, sobre todo en épocas señaladas como la Navidad. Durante los años 1990 muchos países –como Inglaterra, Francia o Italia– aprobaron legislaciones de carácter restrictivo para frenar la entrada de este nuevo tipo de comercio que estaba proliferando en sus ciudades. En el caso español, en 1996, se aprobó una regulación comercial que perseguía exactamente este propósito. Pero poco a poco, estas “barreras”, en opinión de la patronal española de las grandes superficies, se han ido limando e incluso eliminando. Pero nunca es suficiente.

El presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Alfonso Merry del Val, criticaba recientemente la “hiperregulación engorrosa” existente y cargaba contra las políticas proteccionistas que “ponen palos en las ruedas del crecimiento”. La plana mayor de la citada Anged, una vetusta organización fundada 1965 y que agrupa a firmas como Ikea, Alcampo, Carrefour, Leroy Merlin o El Corte Inglés congrega a lo más granado del empresariado español de grandes superficies y actúa como un poderoso lobby para evitar “esa receta basada en imponer barreras a los nuevos competidores, limitar los horarios, impedir la apertura de nuevas tiendas o fijar impuestos específicos para los grandes formatos comerciales”, como se ocupan de repetir en cada una de sus comparecencias públicas.

Anged fue presidida durante dos décadas (hasta su muerte en julio de 2013) por el histórico ejecutivo de El Corte Inglés Juan Manuel de Mingo, y entre los miembros de su organigrama destacan el actual presidente de Carrefour, Rafael Arias-Salgado (expresidente de Prosegur, exministro de UCD y del Partido Popular con Aznar e hijo del ministro franquista Gabriel Arias-Salgado), y Javier Millan-Astray, que según publicó el diario El País en 2002, está emparentado con el General José Millan-Astray, fundador de la Legión.

Gracias a la labor incansable de Anged, que saca pecho por acumular el 12,5% del total de empleo en el comercio minorista español, ya son 697 las regiones de gran afluencia turística que se han apuntado a la liberalización de horarios en España. A la cabeza, destaca la Comunidad de Madrid.

Liberalización de horarios

Capacidad para reducir costes y generar descuentos, una mayor oferta de productos, la suficiencia para mantener las tiendas abiertas todos los días del año y facilidades financieras para fraccionar los pagos son las ventajas con las que cuentan las grandes superficies. Desequilibrios con los que el pequeño comercio trata de lidiar a base de “diferenciación”. Helena Schneider, gerente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, en Madrid, opina que el único camino posible es “ofrecer a los clientes algo diferente, original”, además de “una experiencia de compra distinta: combinar el momento de ocio, por ejemplo con una tarde de paseo por el barrio, y el momento de consumo. Eso es algo que un centro comercial no te da”.

En cuanto a la liberalización de horarios, Schneider lamenta que “es imposible competir en igualdad, porque la mayoría de tiendas del barrio son atendidas por una o dos personas”, si bien “lo importante es abrir en los momentos clave”. Además, la portavoz incide en la importancia de “hacer barrio, generar sinergias con los vecinos”. Además, claro está, de la vertiente ecologista y el urbanismo. “Los pequeños comercios consumen mucha menos energía que los centros comerciales”, señala la arquitecta Elena Sarmiento. “Por cada metro cuadrado de espacio en un centro comercial una tienda de barrio consume hasta tres veces menos energía. Los comercios locales y los mercados de barrio cuentan con más productos locales o cultivados en la zona cuando muchos de los productos que encontramos en las estanterías de un centro comercial han recorrido cientos de miles de kilómetros”, añade.

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