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Un tremendo anacronismo

Artículo publicado en #LaMarea59, revista dedicada al poder de la Iglesia. Más información, aquí
La Constitución Española establece expresamente la aconfesionalidad del Estado en su artículo 16.3. Esto debiera significar que el Estado ni promueve ni d…

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Despenalizar ciertas conductas en el ámbito de los delitos de expresión

'Sentada silenciosa' contra la Ley Mordaza en la Puerta del Sol. I La Marea

Desde la Comisión de Defensa de ALA, siempre hemos propuesto la despenalización de algunas de las conductas que más están dando que hablar en el ámbito de los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Comenzando con el delito de enaltecimiento del terrorismo, tenemos que recordar que la modificación del Código Penal para la incorporación del delito de enaltecimiento del terrorismo se produce en el marco de un nuevo paradigma en la lucha contra ETA y lo que se dio en llamar “su entorno”, coincidente con la llegada del José María Aznar al Gobierno, y que se inicio con la tramitación del sumario 18/98, que perseguía a las diferentes organizaciones sociales del mundo abertzale en aplicación de la teoría de los distintos “frentes de ETA”, y continuó con normas como la LO 6/2002, promulgada para conseguir la ilegalización de HB, o la LO 1/2003, que estableció unos mecanismos que permitían no otorgar subvenciones a los partidos políticos con representación pública de la órbita abertzale. Es en este marco, como decimos, cuando se aprueba la LO 7/2000 que incorpora el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Desde esta perspectiva, entendemos que supone una legislación de excepción, que si alguna vez estuvo justificada, que no creemos, con el fin de las acciones violentas de ETA parece absurdo que continúe en nuestro Código Penal.

Por otro lado, las acciones más graves de aquellas que actualmente encajan en este delito de enaltecimiento del terrorismo encontrarían su reflejo en la figura de la apología delictiva, que sigue vigente en nuestro Código Penal (la apología es un modo de incitación directa a la comisión del delito mediante el elogio del mismo o del delincuente, y se configura en nuestro Derecho Penal como un acto preparatorio del delito), así como mediante el delito de injurias graves, que protege el honor y consideración de todas las personas, incluyendo a las víctimas del terrorismo, del cáncer, o de las agresiones sexuales, sin distingos artificiales, siempre que se menoscabe gravemente su honor.

De este modo, las acciones que habitualmente se entiende ponen en peligro a la sociedad quedarían castigadas a través de los mecanismos que ya contemplaba la ley antes del año 2000, mientras que otras conductas, como los chistes o las opiniones polémicas, que han dado lugar a imputaciones, enjuiciamientos, e incluso a sentencias condenatorias, quedarían nítidamente fuera del ámbito del Derecho Penal.

En lo que concierne al delito de incitación al odio y a la violencia que contempla el art. 510 del Código Penal, la crítica es distinta: se ha realizado una redacción en la reforma de la LO 1/2015 completamente elefantiásica, a través de decenas de frases subordinadas entre sí que llenan varias páginas, como si de un prospecto farmacéutico se tratara, y que impiden al ciudadano conocer a priori si la expresión de sus pensamientos es delictiva o no.

A ello ha de añadirse que las conductas que el art. 510 del Código Penal recoge y penaliza no precisan estar de algún modo vinculadas a la efectiva causación de un mal o creación de un peligro cierto para la sociedad, de modo que meras opiniones, por el simple hecho de resultar contrarias al sistema actual de valores, podrían ser castigadas, como lo podría ser  –por ejemplo– la defensa de una revolución en nuestro país, o la expresión del simple deseo de que ésta ocurra.

Por ello, con la actual redacción, el delito de incitación al odio está abocado a ser arma arrojadiza entre grupos ideológicos de signo distinto que van a acusarse unos a otros de incorporar un invocado “discurso del odio” en su argumentación, simplemente como medio de evitar la expresión de ideas contrarias al sistema de valores del grupo acusador, con la Administración de Justicia, institución netamente conservadora, como árbitro de la contienda, lo que entendemos resulta una situación altamente preocupante, no solo para las libertades públicas, sino para la propia izquierda si acepta, como ya está haciendo, entrar en esta peligrosa deriva.

Por eso, desde nuestra Comisión proponemos retomar la regulación original del delito, que al penalizar la provocación al odio o a la violencia permitía desvincular la comisión del delito de la simple emisión pública de opiniones y lo asociaba, una vez más, a la incitación directa a la comisión de actos de violencia o discriminación, que es donde reside el peligro que sí es conjurable a través del Código Penal, a nuestro juicio.

Opiniones homófobas, machistas, supremacistas, racistas, etc., que no sólo no compartimos, sino que son abiertamente contrarias a nuestras creencias y valores, entendemos deben confrontarse en el debate, deben vencerse con educación, con tolerancia y con libertad, pues la prohibición de la expresión de opiniones, aun cuando sean execrables, paradójicamente nos acerca un poco más a los regímenes en donde se defendieron.

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La precaución y el ‘youtuber’

El youtuber ReSet I La Marea

La precaución es una excelente cualidad adaptativa, esa que nos anticipa los peligros para que podamos hacerlos frente. No es ningún sexto sentido sino tan sólo un análisis casi automático de las amenazas posibles basado en experiencias anteriores. En ocasiones nos negamos a ser precavidos porque la comodidad de lo que creemos estable se ha hecho fuerte en un mundo demasiado autosatisfactorio y a menudo estúpido, donde pensamos que podemos conjurar los problemas con cuadritos de frases motivacionales en tipografías variadas.

Ya es raro no ver cada mes a uno de esos anémicos emocionales llamados youtubers metido en la espiral de la polémica tras subir un vídeo donde ejecutan lo considerado por ellos como bromas. Raro sería que no hubieran visto al cara-anchoa, al niñato que daba galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo o al último gracioso que ha atacado con un spray urticante a un repartidor de pizzas. Raro será que en quince días no suceda otro caso similar donde, sin broma ni gracia, tenga lugar otra agresión moral o física grabada para ser distribuida en la plataforma de vídeos. Puede que el asunto nos parezca poco relevante o que lo despachamos con una ristra de adjetivos e insultos —merecidos— hacia los perpetradores. Puede incluso que nos conformemos con esa versión de columnista conservador que habla de que nunca nuestra moralidad estuvo tan por los suelos, en esa versión interesada en la que existe un supuesto progreso o modernidad que en esencia siempre es negativo porque atenta contra las tradiciones que son las que nos han mantenido a salvo.

El caso es que estos columnistas me recuerdan a esos propietarios de taberna mohosa que intoxican a medio barrio con una tortilla en mal estado y al final echan la culpa a cualquiera menos a ellos mismos, que son los que tenían los alimentos en condiciones deficientes sin importarles demasiado. Es curioso que para los conservadores cualquier síntoma evidente de degradación social siempre pertenece al ámbito individual y de la modernidad. Nunca, en todo caso, la relación será directa con su modelo de sociedad, el único, por otro lado, a considerar y existente. Una transposición, no sé si obvia o inteligente, de la mitología judeo-cristiana, donde Dios es responsable de todo lo virtuoso que ocurre en el mundo y el hombre, con su libre albedrío, el único causante de sus desgracias. La moralidad, para los conservadores, funciona de la misma forma que el Estado con la economía: mientras que obtienen beneficios con sus empresas no debe inmiscuirse, pero ahí debe estar siempre raudo al rescate con el dinero de todos cuando el negocio marcha mal.

El tipo que se dedica a agredir a los demás con una cámara en la mano a mí me parece una destilación bastante pura de criterios que definen bien nuestro estado de las cosas. No se trata de eximirles de lo que son, cretinos de primer orden cuando no delincuentes, sino de entender que su estupidez y su delito son consustanciales a los valores dominantes en nuestra sociedad. Para empezar chapotean gustosos en esa postura fanática que asume que el mero hecho de captar una imagen significa poder apropiarse del objeto, en este caso la persona, que posee su derecho. De ahí que el desconocido pase a ser una materia prima en la producción de sus aberraciones, carente del más elemental derecho no ya a la rectificación, sino a decidir si quiere formar parte de las mismas. Pocas veces se ha explicado, en aquellos extintos programas de bromas con cámara oculta y en cualquier otro, que quien aparece en televisión firma siempre un papel donde da el consentimiento para ceder su imagen.

Y aquí entraría el siguiente elemento, ya apuntado en la lucha por los derechos de autor, de cómo las empresas que prestan servicios en Internet parecen estar exentas de cumplir leyes que son de uso común por parte de todos. Con la invención del usuario se dio una paradoja exitosa, ya que millones de personas en todo el mundo, pensando que utilizaban gratis una serie de servicios estaban a su vez trabajando para determinadas compañías, bien cediéndoles sus datos, gustos y tendencias, bien creando contenidos para las mismas. Algo así como si los inventores del cinematógrafo hubieran cedido su sistema gratis a condición de que todos los derechos de explotación de las películas hechas en la historia fueran suyos. Además, y aquí viene lo relevante para el asunto, siempre sin hacerse responsables de los contenidos de sus redes o plataformas. De esta forma las compañías actúan tan sólo a posteriori de las denuncias de otros usuarios, siempre con arbitrariedad y opacidad, alegando una imposibilidad técnica que no parece tal cuando en YouTube se puede encontrar la violencia más explícita pero no hay un solo desnudo en toda su plataforma. Sea como fuere, la primera compañía de vídeo en streaming se pone de perfil ante el derecho a la imagen y la dignidad, así como el debate social nunca se acuerda de ella.

Por otro lado existe una especulación de lo tecnológico en términos de ascenso social. El hecho de poner como ejemplos de éxito a unas cuantas decenas de individuos que consiguen vivir de sus astracanadas en Internet es tendencia porque vale para justificar ese presunto emprendimiento frente a una juventud machacada laboralmente. El problema es que el invento da para lo que da y siempre es necesario ir un paso más allá para destacar entre los miles de aspirantes a vivir de esta fantasía. Es cierto que no todos los youtubers producen contenidos ofensivos, como también que hay una competición permanente para no quedarse atrás, con frecuentes enganchones entre ellos. Así, la simple broma entre amigos —que puede suceder tan sólo unas pocas veces— acaba traspasando por necesidad las fronteras del entorno y de lo razonable, teniendo que tirar de desconocidos y volviéndose más cruenta para resultar efectista y destacar entre los miles de competidores. La cultura del youtuber es cultura basura no por comparación con una serie de criterios elevados y estéticos de la cultura formal, sino porque es tremendamente autorreferencial y cerrada, no enlazando nunca a elementos de fuera de la misma, sino replicando sus propios esquemas llegando, tarde o temprano, a ese punto en que se cruzan las barreras. Y en eso es bastante deudora de la telebasura televisiva.

Por último, y este es quizá el punto más importante y ajeno al propio medio en que se produce, el youtuber refleja nuestro momento en la sociedad de clases y sus relaciones de dominación. No solo por la competitividad intrínseca a la que hacíamos referencia, sino en el propio contenido de sus producciones. Son habituales los comentarios machistas donde la mujer es tan solo un objeto seleccionable, siempre al servicio instantáneo de la sexualidad masculina, provocando incidentes como el de la pasada Feria del Libro de Madrid —interesante ver cómo el youtuber necesita legitimarse con el formato de libro físico— donde una serie de feministas tuvieron que explicar, en términos analógicos, a uno de estos individuos en qué se equivocaba. El clasismo, exarcebado, se refleja en cada una de las agresiones, siempre dirigidas a colectivos susceptibles de ser considerados inferiores en la escala social. Las supuestas bromas no son nunca contra figuras de autoridad como un policía o un juez, ni contra profesiones bien consideradas y remuneradas. Se atenta contra la dignidad del repartidor, no contra la de un banquero. Que quien se ríe de un sin techo, con un elemento tan doloroso y primario como la comida, se justifique diciendo que al menos le dio una buena limosna expresa con claridad la percepción de que, en último término, hasta los derechos más básicos pueden ser burlados previo pago.

Quizá el asunto en sí no tenga más recorrido, quizá en poco tiempo alguien defienda, como se hace en otros ámbitos, que la libertad de negocio está por encima de la dignidad de las personas, quizá alguien responda a una de estas agresiones y la cosa termine mal. La precaución nos dice que cuando en el ámbito del entretenimiento, pensado a menudo para ocultar las tensiones subyacentes, estas se empiezan a manifestar de forma clara es que tenemos un problema con nuestros valores, pero sobre todo con el aparato ideológico que los genera. Tómenselo como quieran, pero nunca dar al play fue menos inocente.

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