You are here

El gremio contra la ‘startup’

Parada de taxis I La Marea

El martes, taxistas de toda España se dieron cita en Madrid para realizar actos de protesta por lo que consideran competencia desleal de las multinacionales Uber y Cabify, dedicadas al alquiler de vehículos de transporte con conductor. Afirman los taxistas que este nuevo modelo de negocio no solo pone en peligro el sector sino que tendrá un impacto negativo en la fiscalidad nacional. El taxi cuenta con 70.000 licencias en España, cifra que se ha mantenido estable estos diez últimos años.

Los taxistas se quejan de que las nuevas compañías incumplen la regulación al estacionar y circular a la espera de pasajeros, cuando su función debería ser la de realizar viajes programados entre dos puntos y volver a su base cuando no tienen más servicios. Asimismo consideran que la relación de 10 a 1 entre taxis y VTC (vehículos turismo con conductor) tampoco se cumple. La tensión fue en aumento a lo largo de la jornada, un reflejo de las acusaciones cruzadas por actuaciones de acoso y violencia que se producen cotidianamente entre estos dos colectivos.

En el sector del taxi, el 90% de sus trabajadores son autónomos, por lo que es difícil precisar cuáles son sus condiciones laborales debido al marcado carácter local del servicio. En todo caso, los taxistas podrían entrar en el epígrafe de los trabajadores cualificados que operan aún bajo regulación, con jornadas de ocho a diez horas al volante, donde los beneficios obtenidos pueden variar de los 1.500 a los 3.000 euros. El mayor desembolso es adquirir una licencia, lo que supone alrededor de 150.000 euros. No se puede decir que estos profesionales gocen de una situación privilegiada, aunque tampoco sufren la precariedad que se ha adueñado de otros sectores. Hasta el momento.

El servicio del taxi no ha sido nunca especialmente popular por una cuestión económica, con tarifas más elevadas que las del resto de transportes públicos. Su uso habitual corresponde o bien a profesionales y empresas que lo utilizan para cubrir trayectos cortos en las grandes ciudades, o bien a personas mayores con una situación económica desahogada. El resto de usuarios lo usan en ocasiones muy concretas (hospitalizaciones, trayectos al aeropuerto), así como en horarios nocturnos y festivos. Sobre su imagen, aunque el sector ha hecho esfuerzos por modernizar su flota, adecuar su trato e introducir nuevas tecnologías, aún pesan las consabidas malas prácticas de alargar los recorridos, seleccionar clientes y un estereotipo conservador, seguramente injusto, aunque difícil de cambiar por su poca predisposición histórica a secundar huelgas generales (y cambiar el dial de la radio).

Con la puesta en marcha el pasado año de Cabify y el regreso de Uber, tras cesar su actividad a finales de 2014 por orden judicial al no contar los conductores con licencia, su notoriedad ha ido en aumento. Fundamentalmente por unas tarifas algo más bajas pero también más sencillas, ya que se pueden conocer con antelación. Aunque los taxis cuentan con aplicaciones similares, parece que ese concepto de supuesto lujo al alcance de todos (coches de alta gama, chóferes de traje y botellitas de agua) hace que el consumidor prefiera la novedad premium al servicio de toda la vida. Además la CNMC, no sin discrepancias internas, ya se ha manifestado a favor de la economía colaborativa tanto en el mundo del transporte como en el del alojamiento turístico. La prensa ha aportado el resto hablando del imparable signo de los tiempos, la modernidad y el fin de la excesiva regulación.

El conflicto se está tratando desde una óptica donde el lenguaje, de nuevo, juega un papel fundamental: las nuevas startups contra los viejos gremios, la liberalización contra el burocratismo, la oportunidad contra el anquilosamiento. Lo cierto es que cada nueva desregulación fue precedida de debates similares cuyas consecuencias en la práctica han sido empeoramientos de los servicios y una mayor precariedad para los profesionales que los realizaban. El propio concepto de economía colaborativa, procedente de los institutos de neolengua californiana, no es más que un parapeto tras el que ocultar un modelo económico donde la tecnología es de todo menos neutra.

La cuestión es que este conflicto trasciende el propio tema del taxi. Uber y Cabify representan el último proyecto del neoliberalismo, donde la empresa únicamente se dedica a labores de marketing así como a proporcionar la infraestructura técnica mínima, quedando exenta de contratar la mano de obra, que es tratada bajo una relación mercantil, e incluso de poseer los medios de producción. No solo se atomiza un peldaño más a los trabajadores, sino que el nuevo contexto tiende a llevarse por delante las formas reales de trabajo autónomo, sustituyéndolas por un sucedáneo donde la independencia queda relegada a normativas de la casa emprendedora, procesos opacos (como la distribución del trabajo mediante la aplicación) y la aparición de intermediarios con capacidad para subcontratar la actividad. Un sueño final donde los trabajadores devienen en unidades subempresariales que compiten para ofertar su trabajo a la baja y donde la asociación es una rémora de un remoto pasado.

Donación a La Marea

Más en lamarea.com

Read More

La CNMC multa a cuatro eléctricas por cambiar contratos sin consentimiento

MADRID // La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con una multa de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. La CNMC recibió siete reclamaciones de usuarios, quienes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su aprobación.

En consecuencia, el regulador procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural por incumplir varios artículos del sector eléctrico y de hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador, y asimismo, las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento de los clientes.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios.

Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica —sobre todo en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores—. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Esta sanción a las eléctricas llega horas después de que el Tribunal Supremo ratificara la sanción de 600.000 euros a Iberdrola, impuesta en 2012 por la Comunidad de Madrid, por ocultar información sobre los procedimientos que siguió durante 2010 para cortar el suministro eléctrico por impago a usuarios acogidos a la tarifa regulada (actual PVPC), en aquel momento mayoritaria entre los consumidores.

 

Más en lamarea.com

Read More

La CNMC lamenta que “muy pocas empresas del Ibex” se hayan apuntado al registro de lobbies

CNMC

En marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creó el Registro de Grupos de Interés en España, siguiendo los estándares extendidos en Europa para asegurar una mayor transparencia en la labor de los lobbies industriales. Un año después, unas 400 empresas se han inscrito, según contó el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. “Pero hay muy pocas del Ibex”, añadió el jefe del supervisor en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) este lunes en Madrid.

Marín Quemada resaltó que muchos de estos lobbies de las grandes empresas sí están inscritos en un registro de la Unión Europea en Bruselas, ya que es obligatorio, “pero no lo han considerado necesario aquí”. En España el Registro de Grupos de Interés se hizo por una resolución del presidente de la CNMC y tiene carácter voluntario y gratuito. En este sentido, Marín Quemada lamentaba que el Gobierno no reforzara esta medida haciéndola obligatoria por ley.

“El objetivo esencial, y por tanto la necesidad que da origen a este Registro, es crear un mecanismo institucional que permita alejar la capacidad de cualquier grupo de influir a la CNMC de forma improcedente o, simplemente, contraria a los intereses generales”, reza el superregulador, creado por el Gobierno del PP en 2013, en su página web. Marín Quemada subrayó que la actividad de los grupos de interés industriales es legítima, siempre y cuando se haga con transparencia.

Las empresas del Ibex 35 que ya se han apuntado al registro de la CNMC son Telefónica, Red Eléctria Española y Cellnex.

“En todo caso, no estamos satisfechos porque no están todos los que deberían y que han hecho de la RSC [Responsabilidad Social Corporativa] o el Buen Gobierno su forma de presentarse públicamente. Es cierto que en su gran mayoría aparecen representadas por su patronales sectoriales, pero también es cierto que cuando acuden a esta Comisión para la defensa de sus intereses societarios lo hacen de forma no asociada”, afirma el supervisor en la web.

El presidente de la CNMC, a quien le quedan dos años de mandato, dijo en varias ocasiones que le constan importantes presiones por sectores industriales al gobierno y defendió la independencia de la institución que preside.

Actualmente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está preparando una reforma profunda de la regulación que prevé volver a dividir la recién creada CNMC en varios organismos. Además, pretende restarle ciertas competencias en algunos sectores. En este sentido, Marín Quemada criticó que el Gobierno no esté a favor de un supervisor totalmente independiente. “Es curioso que tenga esta visión ya que no la comparte ningún otro gobierno europeo”.

Más en lamarea.com

Read More