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“Menos AVE y más cercanías y regionales”

Trenes del AVE.

El AVE llega este martes a Castellón. Lo hará 11 años más tarde de lo prometido -la fecha inicial para el tramo desde Valencia era 2007, inmediatamente antes de que estallara la crisis- y lo hará, también, a medias: hasta 2022 no se completarán las obras de la segunda vía de ancho internacional. Mientras tanto, los trenes circularán por la misma plataforma que los de mercancías, los cercanías y los diversos trenes rápidos, lo que en boca de los expertos augura no pocos problemas e impedirá que los trenes superen los 220 km/h, muy lejos de los 350 que alcanzan en otros tramos.

Los retrasos y los sucesivos problemas de la infraestructura no han hecho sino encender aún más los ánimos de los que se han opuesto al proyecto desde el principio. Entre ellos, diversos movimientos sociales y sindicatos, que denuncian que el AVE no sólo no es necesario, sino que lejos de vertebrar, ahonda en las carencias de los ciudadanos en materia de transporte. Entre los convocantes, la plataforma de defensa del ferrocarril junto a la CGT, Iaio Flautes, Acció Ecologista Agrò, Ecologistas en acción, València en Bici, Asociación por el Medio Ambiente y contra el cambio climático y un largo etcétera.

Para Juan Ramón Ferrandis, de CGT, el AVE es una infraestructura “totalmente innecesaria que solo beneficia a una pequeña parte de la población”. El sindicato denuncia lo que se considera “un despilfarro encaminado al ‘postureo’ político que van a pagar los trenes de cercanías, media distancia y mercancías”. Y señala los datos: “El 96,2% de los usuarios y usuarias utilizan el ferrocarril convencional, frente al 3,8% que utiliza AVE y Larga Distancia (LD), pero las inversiones son inversamente proporcionales: el 71% va destinado al AVE y solo el 29% al ferrocarril convencional”, explica.

En opinión del portavoz de CGT, el AVE “fomenta un modelo de vida y sociedad donde se acrecentan las diferencias sociales, impulsando la masificación en las grandes ciudades en detrimento de la vida rural y de las poblaciones pequeñas, desvertebrando comarcas enteras que ven pasar el AVE mientras les quitan el tren convencional”. El AVE es un medio de transporte “devorador de recursos, que nos obliga a depender de la energía nuclear, consumiendo mucha más que el tren convencional, destrozando ecosistemas en la construcción de las obras faraónicas que se necesitan para alcanzar las velocidades a las que circulan”.

Una factura costosa

Los convocantes de la protesta no sólo esgrimen motivos sociales o medioambientales para oponerse al AVE. También ponen sobre la mesa argumentos de índole económica. ”Nunca llegaremos a amortizar las infraestructuras ya realizadas, y que han costado al erario público 93.000 millones de euros. Un solo kilómetro de línea de alta velocidad cuesta entre 18 y 50 millones de euros, según la orografía. Somos el segundo país del mundo en kilómetros de líneas AVE y el que tiene una ocupación más escasa, a muchísima distancia en kilómetros y ocupación del resto de países, que solo invierten en alta velocidad cuando es estrictamente necesario. Si no lo impedimos, cuando finalice el plan de infraestructuras habrá una doble red ferroviaria prácticamente paralela a la actual, con 10.000 km de líneas AVE que no servirán ni para mercancías, ni para regionales, ni para cercanías, y que nos habrá costado unos 300.000 millones de euros, una cantidad desorbitada que nos hipotecara el futuro. Sólo el mantenimiento de esta línea costara 1500 millones de euros anuales”.

Si toda esa inversión redundara en un ahorro de tiempo, quizá algunos pensarían que merece la pena. Pero Ferrandis recuerda que, en este caso, ni siquiera es así. “La llegada del AVE a Castellón no va a significar ningún avance, ya que en términos prácticos el AVE va a tardar 6 minutos más de lo que tardan ahora los Talgo y Euromed, y va a realizar un servicio que ya estaba cubierto por los Alvia y los Intercity, con unos tiempos de viaje mas racionales y con una calidad comparable”.

A modo de conclusión, los convocantes exigen “la apertura del necesario debate social que nos hurtaron en su momento.  Un debate en el que estén representados todos los actores: usuarios y usuarias, colectivos ciudadanos, ciclistas, ecologistas, sindicatos alternativos, trabajadoras del sector y un amplio abanico de movimientos sociales. Y un debate que nos debería llevar a decidir cuál es el modelo de ferrocarril que queremos para los próximos decenios. Nnos impusieron un modelo liberalizado encaminado a la privatización: ahora es el momento de revertirlo y luchar por un transporte y un futuro social y sostenible”.

 

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Así era el convenio laboral que regulaba el calor (y la lluvia) en 1936

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“La jornada será de seis horas diarias y treinta y seis semanales, desde el primero de octubre hasta el 30 de marzo se repartirá de nueve a doce de la mañana y de una a cuatro de la tarde. En los meses de primero de abril a treinta de septiembre la jornada será de seis a doce de la mañana”. Es el artículo 6 del convenio colectivo firmado por la sección de albañiles del Sindicato Único de la Construcción (SUC) y la patronal de la industria el 26 de junio de 1936 en Sevilla, a menos de un mes del golpe de Estado franquista. El documento está recogido en uno de los primeros trabajos de investigación realizados por el grupo de memoria de GCT-A, que lo recupera ahora como ejemplo de las conquistas sindicales ante la última muerte, en julio de 2017, de un trabajador en Morón de la Frontera en plena ola de calor. Se titula La jornada de seis horas de 1936 y está escrito por los historiadores Antonio Miguel Bernal Rodríguez, José Luis Gutiérrez Molina y el catedrático de Derecho Manuel Ramón Alarcón Caracuel. Tras el triunfo del Frente Popular, explica Bernal Rodríguez en el prólogo, los trabajadores anarcosindicalistas de la construcción comenzaron a elaborar nuevas bases de trabajo de acuerdo a las orientaciones y directrices establecidas en el congreso confederal de la CNT, donde la reducción de la jornada era la cuestión prioritaria. “Las bases negociadas en 1936 son un magnífico ejemplo de la madurez del movimiento obrero sevillano y de la trayectoria del anarcosindicalismo, de la ‘idea’ como compromiso de transformación y creación de un mundo más libre e igualitario”, escribe en la introducción el responsable del grupo de memoria, Cecilio Gordillo. El convenio apenas estuvo en vigor 20 días. 

La reivindicación más importante –y la que más divergencias creaba con la patronal– era, por tanto, la reducción de la jornada a 36 horas. “No sólo por el aumento de trabajadores empleados que su aplicación implicaba, sino también porque el salario real –con relación al tiempo trabajado– aumentaba”, sostiene Gutiérrez Molina. Frente a las 12,24 pesetas diarias que se pagaban hasta entonces por ocho horas, los sindicalistas pedían ahora 12 pesetas por seis horas. Además, con la idea de reducir el paro, exigían la prohibición de contratar destajos y realizar horas extras. Aunque este punto ya estaba incluido en las bases anteriores de 1931, ahora la posibilidad de realizarlas por causas extraordinarias –urgencia o peligro– quedaba a la decisión del sindicato.

El convenio también regulaba la paralización del trabajo por lluvia: “[En ese caso] (no considerándose motivo para no empezar el trabajo el que esté nublado) el patrono abonará a todos los obreros el jornal íntegro, estando los trabajadores obligados a permanecer en el tajo durante el tiempo de la jornada, aprovechándose el tiempo que sea posible”, especifica el punto 7. Los jornales perdidos por falta de materiales y causas ajenas a los trabajadores tendrían que ser abonados de manera íntegra. 

Sobre las cuestiones de vital importancia para el obrero como enfermedad, vacaciones, movilidad, categoría profesional o situaciones específicas de algunos oficios, el convenio recogía avances sustanciales. Entre ellas, el abono de ocho u once salarios por enfermedad, el disfrute de una semana de vacaciones pagadas al año y la conservación de la categoría con la que se entraba en una obra durante su ejecución. El trabajador también tenía que tener un día pagado por el nacimiento de un hijo estuviera o no casado. Y los detenidos por cuestiones sociales también tenían que conservar los derechos sobre vacaciones y despidos. 

Si la obra iba a acabar o el constructor quería prescindir de algún obrero tendría que avisarle con ocho días de antelación y proporcionarle dos horas diarias libres –o pagarle en la liquidación 16 horas extras– para que se buscara un nuevo empleo. “Era una conquista obtenida en 1931 –aclara Gutiérrez Molina– pero que ahora llevaba anexa la regulación de un problema que se presentaba habitualmente. En muchas ocasiones, el albañil, el palaustre, o el ayudante llevaba consigo su propia cuadrilla de peones. Pero también estaban los peones sueltos contratados por el patrono o que acudían al nuevo tajo en busca de trabajo. Situación que provocaba numerosos conflictos”. El concepto de desplazamiento había generado igualmente controversias por la ambigüedad de las zonas que se consideraban extrarradio, y en este convenio de 1936 fueron especificados los lugares que señalaban el límite de la ciudad. “Los trabajos realizados fuera de la localidad se abonarán con un 50 por ciento de aumento sobre el jornal, viaje y fonda pagada. El obrero tendrá derecho al pago de transporte cada quince días para visitar a su familia. Este transporte correrá por cuenta del patrono sin que éste pueda desquitarle nada al obrero de su jornal”, reza el punto 21. Solo se reconocía como festivo el domingo.

Reconocimiento de los sindicatos

Más allá de las conquistas laborales, el éxito de la negociación de este convenio suponía un logro de especial trascendencia: el reconocimiento de la capacidad representativa de las organizaciones obreras, cuestionadas desde siempre cuando no negadas por los empresarios, reflexiona el historiador: “En los convulsos primeros años veinte y, aun durante la república, había estado presente en casi todos los conflictos. Los socialistas habían intentado la aprobación de una ley de control obrero que encontró una fuerte resistencia de las derechas. En junio de 1936, el contrato propuesto por el SUC significaba que pasaba a sus manos tanto el régimen de trabajo en las obras como la contratación”. 

La reunión entre los sindicalistas y la patronal comenzó el 25 de junio por la tarde. Tras diez horas, bien entrada la madrugada del día 26, patronos y obreros estamparon sus firmas al pie del documento con todas las propuestas. Entre las rúbricas identificables, el libro señala los nombres de Manuel Rojas, familiar del ganadero Gabriel Rojas, José María Jiménez, en representación de la Sociedad Anónima de Construcciones, propiedad de la familia Rojas Marcos, Antonio Durán, Ángel Mensaque y Pedro Colomé. Otro importante dirigente de la patronal sevillana era Barráu. Su aprobación iba a poder extenderse también fuera la capital andaluza. Según Gutiérrez Molina, pocos minutos después de la firma, Juan Arcas, secretario del comité sindical, envió sendos telegramas a los sindicatos de la construcción de Madrid y Valencia en los que les anunciaba que habían alcanzado las 36 horas. En Valencia se acababa de firmar unas bases en las que se recogían las 40 horas. “Y los madrileños, desde comienzos de junio, estaban inmersos en una dura huelga –junto a la Federación Local de la Edificación de la UGT– en la que no solo se jugaba la mejora de las condiciones de trabajo o la jornada de 36 horas, sino también la primacía sindical en la capital del reino en un ramo que reunía a más de cincuenta mil trabajadores”, resume Gutiérrez Molina. 

El convenio de Sevilla fue ratificado en una asamblea general del sindicato el 28 de junio y entró en vigor al día siguiente. “La duración de este contrato colectivo es por tiempo indefinido mientras los obreros afectos a la Sección de Albañiles del Sindicato Único del Ramo de Construcción no tenga por conveniente su modificación”, finaliza el documento. Menos de 20 días después, el 18 de julio, aquellas conquistas –como tantas otras– saltaron por los aires. “Para los sublevados no se trataba sólo de sustituir las instituciones y personas del régimen republicano sino de borrar de la faz de la tierra a la ‘otra España’ eliminándola físicamente. El anarcosindicalismo formaba parte de los llamados a desaparecer”, concluye el historiador. 

Hasta 1936, Andalucía fue una de las más importantes federaciones del anarcosindicalismo español por el número de sus afiliados, actividad de sus sindicatos y personalidad de sus militantes. “Los oficios de la construcción fueron un vivero constante de destacados militantes del anarquismo sevillano. Algunos de sus nombres más conocidos fueron albañiles, ladrilleros o trabajadores de la fábrica de La Cartuja. La mayoría de ellos nacidos en pueblos de la provincia y que acudieron a la capital atraídos por la posibilidad de encontrar trabajo”, destaca Gutiérrez Molina. Pone como ejemplos a Juan Negroles del Valle, Manuel Viejo Artal y los hermanos Juan, Miguel y Julián Arcas Moreda. “Incluso quien llegaría a ser el político sevillano más destacado de este siglo, Diego Martínez Barrio, hijo de albañil, trabajó en ese oficio durante su juventud e ingresó en los grupos anarquistas antes de convertirse en tipógrafo, republicano y cabeza máxima de la masonería española”. El libro está dedicado a Manuel Ramírez Castillo, maestro albañil y anarcosindicalista. 

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Cecilio Gordillo: “Los sindicatos no pueden estar solo para subir tres pesetas el sueldo, sino para meterse en camisa de once varas”

La entrevista a Cecilio Gordillo forma parte del dossier Sindicatos para el siglo XXI, que puedes descargar por 1,90 euros o adquirir en kioscos por 4,50

Trabajó durante muchos años para el Grupo Rockefeller desde la planta de la Gillette de Sevilla. Lo intentó también como taxista durante cinco años, de cuatro a seis de la madrugada. Hasta que el médico le dio a elegir entre el taxi o su riñón. Vivió cómo eran los sindicatos en dictadura y cómo evolucionaron hacia la democracia. Estuvo en Comisiones Obreras, la CNT y, después de “todas las purgas”, terminó en la CGT, donde coordina ahora el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía. A Cecilio Gordillo hay poca gente que no lo conozca y menos aún que no digan que es incansable. “Yo llevaba un pañuelo rojo grande siempre. Y me decía un hombre: ‘Cecilio, ay que ver el por culo que das con el pañuelo rojo. Con 16 años, en la JOC, le llevaba las notitas bajo cuerda al cura [Eduardo Chinarro, el que fuera responsable del la sección Laboral de El Correo de Andalucía]”, cuenta. Uno de los primeros libros que editó en su nueva etapa al frente del grupo de memoria, estaba dedicado al convenio colectivo de la construcción: “Ese donde se firmó una jornada laboral de 36 horas. Los tres autores, Antonio Miguel Bernal, Manuel Ramón Alarcón y José Luis Gutiérrez, analizan lo que fue aquel convenio en aquel momento y la gente, cuando lo conoció, no se lo creía. Aquello fue una clase práctica de qué coño es el sindicalismo. La guerra civil estalló estando Madrid en huelga por ese convenio. Y eso no lo saben los currelas”.

¿Cómo tiene que ser un sindicato del siglo XXI?

Muy diferente a como es hoy. Aunque parezca mentira, y no tiene nada que ver con mi vinculación con la memoria, el sindicalismo actual todavía está muy ligado al franquismo. Las estructuras del funcionamiento de la representación, que es el sistema en el que se basa el sindicato actual, es una continuación del sindicato vertical. Las elecciones sindicales, los enlaces… ¡que todavía hay alguno que habla de los enlaces sindicales! y todas estas cosas dejan sobre el tapete que no se ha roto con aquel sistema en todos los aspectos. Ni en el modelo de representación ni en la dinámica de formación interna de lo que es una formación sindical. Muchos que hemos tenido representación en la estructura de los sindicatos hemos visto que lo que faltaba realmente era formación. No se conocía la historia del sindicalismo, ni de las propias organizaciones en las que tú estabas. Se cambiaba de sindicato como el que cambia de moneda, no implicaba ningún compromiso de ningún tipo. La cuota sindical era casi una limosna que se daba, no se valoraba en su justa medida lo que es una cuota sindical y, en este sentido, todavía llegamos hoy a situaciones como las siguientes: te vas a Canal Sur y hay un programa sindical que antes se llamaba Sindicados y ahora Empleados. Sindica-dos. Emplea-dos. ¿No sería mejor Empleatres o empleacuatro? Lo que ocurre es que ese espacio es inamovible como pago del servicio del Estado a dos organizaciones, al sistema,  que son sus organizaciones. Eso lo hemos llevado nosotros a la calle, a las instituciones  y no hay manera. 

¿Y cómo se cambia esa estructura?

Hay que hacer un cambio de fondo, pero también de forma y pasa por una participación más activa, con un estar más pendiente de los trabajadores que de las instituciones. Ahora mismo los sindicatos están más pendientes de lo que dice el gobierno de turno que de la negociación colectiva. Y las alternativas que algunos nos atrevemos a hacer, porque el movimiento sindical tiene que dar alternativas a muchas cosas y a los problemas de la sociedad, son rechazadas. Recuerdo que en Construcciones Aeronáuticas (CASA) había una crisis y era cuando empezaba a hablarse de los incendios forestales y no había aviones. Nosotros dijimos que por qué Construcciones Aeronáuticas no podía hacer aviones contra incendios forestales. Y no fue posible. Las alternativas siempre han sido marginadas, rechazadas fundamentalmente por los otros sindicatos, ojo. Yo me reuní con altos responsables de la empresa porque entonces era el responsable de Sevilla de la CGT. Llevamos al Parlamento andaluz la propuesta, que se aprobó por unanimidad y al final el Gobierno no apretó lo suficiente. Algo similar pasó con los aerogeneradores, que al final se lo dio a una empresa pública vasca, que tenía que partir de cero cuando CASA ya tenía la infraestructura necesaria. Los sindicatos no pueden estar solo para que suban tres pesetas el salario, sino para meterse en camisa de once varas. Así tienen que ser los sindicatos del siglo XXI porque ya lo fueron los del XX y XIX. Ha habido una brecha (la guerra civil y la dictadura) que se ha comido todo el movimiento creativo que tenía el movimiento sindical en los años 30. 

¿Habría que cambiar el sistema de representación?

Por supuesto. A los sindicatos se les “regala” una representación por decreto ley basada en los resultados las elecciones sindicales a niveles de CCAA y nacional que otorga el título de “más representativo”. Pero es que los jornaleros, por ejemplo, no tienen representación sindical directa, elegidos por ellos. No hay elecciones sindicales entre los jornaleros, entre los pensionistas… ¿Quién los representa? Tú puedes tener miles de afiliados en el campo, pero como no se hacen elecciones tú no negocias el convenio colectivo del campo, sino el sindicato con mayor representatividad. Y hay un gran desconocimiento de todo esto. Hubo un intento de pagar una cuota especial por negociación. Había que suscribir casi individualmente el convenio para que te quitaran la cuota y nos la quitaran también a nosotros, los afiliados de otras organizaciones. Aquello se paró, pero lo intentaron en vez de convencer para conseguir afiliación.

¿Cómo debería ser el sistema de financiación?

Como se vive de la transferencia económica del Estado, para qué quiero el dinero de los afiliados. Eso hace que no se valore de donde viene. La mayoría del dinero que el Estado da a los sindicatos no es de subvenciones, es la cuota que corresponde por delegado sindical elegido en las elecciones. En cada negociación hay dinero de por medio, en el caso de la Administración esta paga con liberaciones… Se compran voluntades. Yo era de las Comisiones Obreras del metal (Comisión de los 100 durante la clandestinidad). Cuando se convierten en CCOO no aceptan mi afiliación y me meto en la CNT. El pago de las primeras elecciones fue el patrimonio sindical, respaldo institucional y quien no se presentara a las elecciones quedaba sin respaldo, sin garantías y, por lo tanto, despedido. Esa fue la primera purga. Luego vino otra con las reconversiones industriales. Había que despedir a sindicalistas si se quería hacer. Nos mandan a las cloacas. Mucha gente termina muy mal, de psiquiatra, de irse al monte. Incluso años más tarde las políticas de exclusión siguieron. A nosotros vinieron trabajadores de la fábrica de uranio en Andújar (Jaén) diciendo que no sabían por qué sus compañeros se estaban muriendo de cáncer. Nos entrevistamos con la entonces Agencia del Medio Ambiente, vamos al Parlamento… ¿Y qué pasó? Que les dijeron que tenían que afiliarse a UGT y romper cualquier relación con la CNT o la CGT. Era una práctica habitual cuando tenía que ver con asuntos delicados. el amianto, los vertederos industriales (Nerva), contrabando de gasóleo… 

¿Qué hay que resolver de manera más urgente?

Se está perdiendo hasta el término clase obrera. Lo tiene más claro la alta burguesía. Nosotros no decimos ya la clase burguesa. Se pierden conceptos porque interesa. Los sindicatos tienen que cortar amarras con la Administración porque es contaminante y deriva en corrupción. Si te das cuenta, funcionamos como si fuésemos parte de la Administración en cuestiones tan simples como ‘ese día no trabajamos porque no trabaja la Administración’ o ‘nos vamos a las dos en los días de Semana Santa como la Administración’…

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La Audiencia Nacional falla contra Atento por vulnerar derechos laborales

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MADRID // La Audiencia Nacional (AN) ha anulado el cambio de turno impuesto hace unos meses por la compañía Atento Teleservicios España —una empresa de marketing subcontratada por Telefónica— a 1008 trabajadores, que supuso la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo por causas organizativas y productivas. La medida incluso provocó que 107 personas tuvieran que extinguir su contrato laboral, al no poder hacer frente a los cambios de turno impuestos. Ahora, una sentencia de la AN declara nula esta reorganización por vulnerar el derecho de igualdad y la no discriminación por sexo de centenares de trabajadoras que tenían reducción de jornada.

El fallo deja claro que no se acreditan las causas para llevar a cabo la modificación de las condiciones de trabajo, que la información facilitada por Atento a las autoridades laborales era farragosa y no objetivable, y que “no hubo criterios de afectación ni buena fe negociadora”. La Sala de la Social de la Audiencia Nacional también reprocha la “falta absoluta de criterios selectivos, especialmente para trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género”. Por todo ello, Atento Teleservicios España deberá reponer a todos los empleados en sus anteriores condiciones laborales.

Fue el 16 de octubre cuando la empresa comunicó a la plantilla que, debido a la decisión de Telefónica de reducir el horario de atención al cliente —de 8 a 24 horas se pasó de 9 a 22 horas—, se veía obligada  a modificar los turnos. La negociación con los sindicatos finalizó sin acuerdo, y durante dos días hubo paros y movilizaciones en contra de la medida. Los sindicatos decidieron presentar una demanda colectiva ante la AN, que ahora les da la razón.

 

 

 

 

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