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Datos escandalosos sobre la Frontera Sur (que no escandalizan al Estado)

Una nueva avalancha. Dos mujeres más muertas. Y las autoridades continúan mirando para otro lado. A veces, negando u obviando la realidad. Otras, vulnerando directamente los derechos humanos. El caso de las porteadoras, mujeres que llevan pesadas mercancías que cargan durante horas sobre su espalda y aguantan colas, avalanchas y empujones, representa una de las cuestiones más escandalosas en la frontera de Ceuta y Melilla.  Según el informe audiovisual #DDHHFronteraSur, hacia el restablecimiento de la legalidad, realizado por Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Fotomovimiento y Novact, estas mujeres marroquíes, de en­tre 35 y 60 años, tienen un sa­la­rio que os­ci­la en­tre los tres y los cinco eu­ros por bul­to.

“La vio­len­cia po­li­cial a am­bos la­dos de la fron­te­ra es una de las que­jas re­cu­rren­tes tan­to de las por­tea­do­ras como de las per­so­nas que tra­ba­jan en la zona. Es ha­bi­tual que vean sus bul­tos ras­ga­dos o re­qui­sa­dos, y que se en­fren­ten a si­tua­cio­nes de vio­len­cia ver­bal y fí­si­ca. La ges­tión de los pa­sos se rea­li­za por los po­li­cías que no es­tán pre­pa­ra­dos para di­cho tra­ba­jo, que re­quie­re ca­pa­ci­dad de diá­lo­go y me­dia­ción”, denuncia el informe.

El documento calcula que unos 50.000 tra­ba­ja­do­res trans­fron­te­ri­zos, entre ellos las porteadoras, cru­zan a dia­rio. En la siguiente infografía destacamos otros datos igualmente escandalosos de la Frontera Sur, donde se siguen produciendo también las denominadas devoluciones en caliente, legalizadas por el Gobierno.

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388 muertos en un año: personas que no son tratadas como víctimas

víctimas

Entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016, 388 personas han muerto cuando intentaban llegar a España en patera. De ellas, 122 eran niños, niñas y adolescentes. Son las cifras sobre mortalidad en los accesos por mar a España de personas migrantes que se extraen de un informe elaborado por la ONG Caminando Fronteras. Según la organización, en Canarias hay un mayor porcentaje de muertos y desaparecidos respecto a otras rutas como la del Mar de Alborán, Ceuta o el Estrecho.

Sobre las medidas de salvamento y rescate, desde Caminando Fronteras denuncian que “en todas las alertas recibidas se ha constatado que las relaciones entre el Estado español y Marruecos funcionan mejor cuando se trata de una acción represiva y de control migratorio” que de una de asistencia a las personas en peligro. Así, aseguran que “en algunos de los casos documentados sobre la salvaguarda de la vida en el mar, la colaboración entre los dos países ha sido inexistente y eso ha derivado en pérdidas de vidas humanas”.

Las demoras de las acciones de salvamento una vez se recibe la alerta, el bloqueo del acceso por parte de las autoridades españolas y la suspensión de las operaciones de Salvamento Marítimo durante la noche en algunas zonas son las principales causas “evitables” de estas muertes, según apunta el informe.

Respecto a las personas supervivientes de los naufragios, estas “nunca fueron tratadas como víctimas de una tragedia”, alertan desde Caminando Fronteras. “Ni en Marruecos ni en el Estado español se aplicaron protocolos de víctimas y siempre primaron los de control y extranjería“, matizan.

Más heridos en el acceso por tierra

Los cortes y las fracturas son comunes entre quienes intentan acceder a Ceuta y Melilla a través de las vallas instaladas en sus fronteras. Entre las dos, Caminando Fronteras ha documentado que, entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016, hubo unas 700 personas heridas de gravedad y unas 600 devoluciones en caliente -de las que unas 100 fueron a menores de entre 14 y 17 años-.

Resiliencia frente a la deshumanización

El informe documenta también los procesos por los que pasan las personas migrantes que llegan a España desde el África Subsahariana. La deshumanización, el racismo, la estigmatización y la criminalización son algunos de los problemas que señalan.

Desde Caminando Fronteras, apuntan al trabajo de las familias de las víctimas “por la búsqueda de verdad, reparación y justicia” como un acto de resiliencia, así como “la capacidad de las comunidades migrantes para constituirse como ciudadanía empoderada capaz de reclamar sus derechos” frente a los relatos racistas y xenófobos.

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