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Día de la absolución del CETA: se culmina el divorcio con la realidad

Encuentro 'CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá'. Foto: Comisión Europea.

Una de las características más inquietantes del presente momento histórico es la absoluta complacencia con los excesos del capitalismo global, forjado gracias a la arquitectura que despliega el comercio internacional. La forma de legitimarse de este orden en un estadio tan avanzado supera cualquier concepción que tengamos sobre el propio espectáculo, se borran las fronteras entre la realidad que decreta y lo que percibe el imaginario popular como tolerable. Estas son las impresiones que se desprenden de la jornada “CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá,” el evento que abre la veda a una nueva campaña de relaciones públicas de la Comisión Europea llamada “Hablemos de comercio”. Ante las turbulencias populistas, la idea parece presentar la globalización neoliberal impulsada desde los años ochenta como nuevo sentido común de época o, como señalaba la nota de prensa de un evento que contaba con dos visiones -la empresarial y la institucional-, intentar “establecer un debate informado sobre el comercio internacional.” El equilibrio no es un rasgo fundamental de este tiempo.

La opinión pública se está haciendo más favorable a estos tratados”, celebraba durante la sesión Christian Burgsmüller, del gabinete de la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Con la llegada de Donald Trump, los acuerdos comerciales no sólo han parecido adquirir completa legitimidad como contraveneno al multimillonario, sino que conceden al establishment bruselense todas las excusas para borrar de un plumazo un pasado molesto. La consciencia de aquellas batallas en la calles de Seattle en 1999, un “referente” contra las dinámicas de la globalización que de por sí eran una distopía de lo que fueron luchas pasadas, se ve ahora progresivamente cercada. De aquello sólo quedan las crónicas y decenas de miles de quejas en forma de ‘tuit’. Y “veremos — añadía Burgsmüller— cuando pasen dos o tres años y la visión apocalíptica de algunos críticos no se haya cumplido.” La realidad desaparece —es privatizada— ante una incesante sucesión de eventos que hablan del futuro de “las sociedades prósperas e igualitarias”.

“Existe una inquietud en proyectar un tipo de integración económica global, que es la base de la prosperidad creada en nuestros países desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos razón para la celebración de hoy,” explicaba Matthew Lewis, embajador de Canada en España, desde su tribuna en la Casa América, que en su patronato cuenta con el BBVA, Gas Natural, Telefónica y las Fundaciones del Banco Santander, Iberdrola y Repsol. Pareciera como si hubieran desaparecido los dislocados por los excesos de la globalización y el ataque al estado de bienestar nacional iniciado en los años ochenta; como si obtuvieran en los acuerdos de comercio como el CETA la receta homeopática a sus males.

El comercio es desde los recuerdos más lejanos de este Viejo Continente el gran motor de su integración. Asentada bajo la garantía de un mercado libre como forma de alcanzar un mundo pacífico y próspero frente a la devastación de la guerra, un grupo de estados europeos trataron de demostrar al mundo la viabilidad de su ideal de progreso ilustrado, fundamentado en la realización de la razón como liberación de la industria. Pese a que José Vicente González, vicepresidente de la CEOE, expresó que “es radicalmente falso que los tratados de comercio están hechos a medida de las grandes empresas”, el producto europeo actual es aquel en el que los jefes de grandes corporaciones se reúnen en Bruselas eminentemente para hacer negocios y, capitaneados por el superávit generado por la industria alemana, alzarse como un bloque comercial que plante cara al resto del mundo. A eso lo llaman Unión Europea. Y precisamente en ese mismo sentido apelaba Matthew Lewis al componente excepcional de nuestro tiempo: “es un acuerdo histórico que refleja la visión de sociedad que queremos, que se beneficia del dinamismo y la creatividad de la apertura económica”.

Precisamente haciendo un recorrido histórico por la posmodernidad, el historiador Perry Anderson concluyó que cuando existe una grieta entre la experiencia existencial y el conocimiento científico, “la ideología asume la función de inventar alguna forma de articular entre sí esas dos dimensiones distintas”. En este caso concreto, la ilusión de que “lejos de beneficiar a las grandes empresas, este tratado está centrado en las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, en palabras de Carlos Molina, periodista de Cinco Días. O en las de José Luis Kaiser, de la Secretaría de Estado de Comercio: “yo he trabajado casi 15 años negociando acuerdos como el CETA y este acuerdo está enfocado sobre las pymes.” Todo aderezado de una nota de prensa que sostenía la cifra de que las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones de euros en aranceles gracias al acuerdo. Cabe destacar que la única referencia al dato se remonta a un comunicado de 2016 de la Comisión Europea. Según fuentes oficiales, supuestamente esa cifra es producto de descontar de las exportaciones totales hacia Canadá el ahorro que se deriva de la reducción de los aranceles en los próximos años. Un artificio propio de ilusionistas.

Porque en efecto es ilusorio creer que quienes comenzaron a negociar este acuerdo en 2009 —concretamente, el entonces presidente de la Comisión Europea y actual presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, José Manuel Durão Barroso— lo hicieron con la intención de beneficiar a las pymes. Si bien algunas cuestiones (la reducción de trabas administrativas o eliminación de aranceles) podrá resultar beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que el acuerdo final no contiene ni un solo capítulo específico con obligaciones para apoyar a las pymes. De hecho, como revela un trabajo académico de 2016, las pymes solo se mencionan en el acuerdo final ratificado por España en tres ocasiones: en los capítulos sobre inversión, comercio electrónico y compras gubernamentales. Y es más: según los datos, en la actualidad existen más de 20 millones de pymes en la Unión Europea (el 93% de estas, con menos de 10 empleados), pero sólo 619.000 exportan fuera de esta. Sin considerar que las dinámicas de liberalización sin freno impulsadas también por el CETA serán feroces para estas empresas, expuestas a la competencia de las grandes corporaciones transnacionales, y deberán hacer malabares para asegurar los 90 millones de puestos de trabajo (67% del empleo total en Europa) que generan.

Al parecer hemos entrado en la era moderna, y van a llegar muchos acuerdos “modernos y progresistas”. En conversaciones con La Marea, Christian Burgsmüller aclaraba que desde Bruselas se han dado de frente con la realidad de que la presente arquitectura de la globalización ya no se adapta a los tiempo actuales y es hora de negociar nuevos tratados de forma ambiciosa con países como Canadá, con los que compartimos valores tales como el “compromiso con la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental”. Dejando de lado que Canadá acogiera a más refugiados en medio año que cualquiera de los veintisiete estados europeos, en lo que respecta al contenido concreto del CETA no hay ninguna cláusula que salvaguarde los derechos humanos, una exigencia que realizó el Parlamento Europeo durante las negociaciones del TTIP.

También la cuestión ambiental es más que discutible. No sólo porque la ampliación de derechos de los inversores que contempla el tratado con Canadá podría desencadenar demandas de compañías contaminantes cuando los gobiernos traten de regular o acabar con la actividad de minas sucias o poner fin a los combustibles fósiles, sino porque cualquier disposición para implementar las políticas ambientales y climáticas de forma urgente puede chocar con las reglas que establece el tratado. Además, contrariamente a las exigencias llevadas a cabo por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en el TTIP, el CETA sólo protege parcialmente las indicaciones geográficas, no contiene disposiciones sobre la reducción de los antibióticos en la ganadería, no promueve las energías renovables y utiliza listas negativas que dificultan el derecho a regular el sector energético. En una línea similar caminaban las conclusiones del Comité de expertos establecido por el presidente francés, Emmanuel Macron, para evaluar el impacto ambiental del acuerdo al concluir que, en el marco del texto final, “existen riesgos para invocar el principio de precaución europeo” o sus implicaciones serán “desfavorables para el clima.” Preguntado por ello, Burgsmüller insistió en que “el CETA no va a acarrear políticas contrarias al clima”.

Ha llegado un punto en la lógica discursiva del capital en la que pareciera que son las élites económicas, y no sólo los populistas de ultraderecha, quienes están comenzando a desembarazarse del concepto de ‘verdad’. De nuevo José Vicente González, de la CEOE, entidad poco conocida por su defensa de los derechos laborales de los trabajadores, señalaba en el evento la falacia de que el CETA va a arruinar puestos de trabajo, “cosa que no tiene ninguna constancia empírica,” señaló antes de avisar que improvisaría su intervención. “La desventaja es que estará poco estructurada, pero será sincera,” aseguraba en términos orwellianos. Sobre estas palabras, la Comisión del Parlamento Europeo de Asuntos Sociales y Empleos, tiene algo que decir en lo que respecta a la creación de empleo. Según los datos empíricos de uno de los estudios citados en sus recomendaciones para votar en contra del CETA, en el mejor de los casos se producirán aumentos marginales en el empleo de la Unión Europea de no más del 0,018% en un período de ejecución de entre 6 y 10 años. También otros estudios han presentado el argumento de que la creación de empleos no es tan segura y se pueden producir pérdidas de en torno a 204.000 empleos para la Unión Europea en su conjunto. En cuanto a los salarios, proseguía la recomendación parlamentaria, “la evidencia demuestra que el acuerdo contribuiría a ampliar la brecha de ingresos entre trabajadores no especializados y calificados, aumentando así las desigualdades y las tensiones sociales.”

En conferencias como esta, donde la clase política y económica puso el broche a la sesión entre vinos españoles, uno tiene la impresión de contemplar ante sus ojos aquel fenómeno que Anderson denominó como el “encanallamiento general de las clases poseedoras.” Esas élites verdaderamente intelectuales o academicistas que caracterizaban a la era moderna han sido suplidas hoy por una especie de populismo estético, característico de las élites cosmopolitas contemporáneas, donde la endogamia tecnocrática se vislumbra de forma perfectamente definida. Al final iba a acabar siendo verdad lo que dijo entre risas Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España: “los empresarios se creen más a los empresarios que a las instituciones.” Y al parecer, gracias en parte al mimetismo ético de los círculos de poder, sucede también a la inversa: las instituciones europeas se creen más a los empresarios.

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Los lobbies corporativos de Europa vuelven al ataque por el TTIP

"Ten cuidado con la vía de Trump". Publicidad en la prensa alemana del partido ultraliberal INSM.

Al principio las negociaciones secretas del TTIP y el CETA parecían ir en viento en popa, pero una serie de filtraciones y el trabajo de cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos, periodistas, asociaciones de consumidores, sindicatos e incluso jueces pusieron en alerta a la opinión pública acerca de los riesgos de estos acuerdos para la soberanía y el bienestar social. Ante la falta de ideas para rebatir los argumentos políticos y científicos en contra de estos tratados, los grandes lobbies corporativos y think tanks liberales han puesto en marcha una nueva estrategia: la difamación para deslegitimar a toda costa a quienes se muestran críticos con los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), y defienden la democracia y la justicia social y medioambiental en la política comercial europea. Incluso los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, o el exdirector general de Comercio de la Comisión Europea, Pierre Defraigne, están siendo difamados por ser contrarios a estos acuerdos comerciales.

La reacción de estos lobbies es similar a la que tuvieron las industrias tabacalera y petrolera cuando ciudadanos y gobiernos empezaron a preocuparse por los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de sus negocios: primero intentaron sembrar la confusión con estudios precocinados; también promovieron la división entre sus críticos (se trata de un tema solo para expertos); después probaron a expulsarlos del debate, más adelante pusieron en duda su integridad y finalmente atacaron a sus fuentes de financiación.

Como en aquel entonces, en un primer momento los defensores del TTIP y el CETA intentaron debatir con argumentos sobre los supuestos beneficios económicos de, por ejemplo, crear tribunales supranacionales con jueces nombrados por las multinacionales, priorizar los intereses de mercado frente al calentamiento global, o eliminar las restricciones a químicos y otras sustancias prohibidas en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud y el ecosistema. Pero desde que en 2013 comenzaron las primeras filtraciones, los grupos de presión empezaron a abandonar el debate público y pasaron a la calumnia para deslegitimar a sus críticos.

Lobbies de la talla de BusinessEurope, Bertelsmann Stitung o el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, integrado por Bayer, Google, ExxonMobil, Repsol, Pepsico…) ejercen cada vez más presión en medios de comunicación, redes sociales y conferencias contra las organizaciones contrarias a la negociación secreta del TTIP y el CETA. Para restar credibilidad al trabajo de los detractores de estos tratados, estos lobbies están desplegando una batería de falsas acusaciones, acusando a académicos y activistas que piden democracia en los acuerdos comerciales de estar trabajando codo con codo con los partidos de extrema derecha que tomaron fuerza en los últimos años. Otro bulo frecuente sostiene que Rusia está financiando a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “No hay una sola prueba, pero los representantes de los intereses corporativos siguen esgrimiento esa acusación en los debates”, explica Max Bank, de la organización LobbyControl. Además, acusan a los críticos del TTIP de ser alarmistas y manipular a un público “poco instruido” para obtener más dinero para sus campañas.

Esta y otras conclusiones aparecen en el informe ‘Matar al mensajero’, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (ECO por sus siglas en inglés) y la organización LobbyControl. El documento analiza con detalle y casos documentados el cambio de táctica de los grupos de poder que operan en Europa para sacar adelante el TTIP y el CETA. A continuación exponemos algunos ejemplos de este documento:

La batalla en las redes sociales: en mayo de este año el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, escribió que haría falta “un mayor uso de validadores externos para propagar mensajes favorables al libre comercio y la globalización”, en referencia a los medios de comunicación y las redes sociales. Unos meses antes, la Cámara de Comercio Americana en la Unión Europea representa a 160 compañías estadounidenses con la ayuda de lobbies como el Transatlantic Business Counsil (40 multinacionales de EEUU y Europa, entre ellas BP, PwC, Telefónica…), o la gran patronal BusinesEurope, la más activa en la defensa del TTIP (Bayer, BP…). en 2015 iniciaron una campaña en Twitter para defender los supuestos beneficios de este tratado comercial, pero en dos años apenas lograron aglutinar a 2.000 seguidores. Con la ayuda de la organización Foro de Jóvenes Liberales Europeos (European Liberal Youth Forum), en 2015 lograron organizar una protesta a favor del TTIP, pero su seguimiento fue mínimo en comparación con las 250.000 personas que se manifestaron en Berlín ese mismo año en contra del CETA y el TTIP.

Good thought for the weekend!

Have u read what the EU chemical industry really expects from #TTIP? #Yes2TTIP
READ: https://t.co/iuzWACnU25 pic.twitter.com/MZu3gqDV16

— Cefic (@Cefic) 23 de septiembre de 2016

Emociones contra argumentos: Una filtración de 2013 de la estrategia de comunicación de las autoridades europeas que negocian el TTIP reconocía que “la Comisión expresó explícitamente su preocupación por la naturaleza del debate público” y defendió la necesidad de reprimir “objeciones potencialmente basadas en valores y emociones”. Los lobbies corporativos y la propia Comisión Europea sostienen que los datos de sus previsiones económicas (cuántos empleos creará el TTIP, por ejemplo) se basan en “evidencias”, mientras que los argumentos y cifras de sus críticos son “mitos” irracionales, según organismos como el CEFIC (patronal de la industria química europea), propios de personas con un escaso nivel de conocimiento en la materia y que solo pretenden causar miedo. Los datos y pronósticos divulgados por el Ejecutivo europeo y los grupos de presión están basados en modelos de equilibrio general computacional, que “defienden el potencial impacto de desregular la economía” y “sirven a intereses pro liberales de la agenda de la Comisión Europea y otros defensores del TTIP”, según explican Ferdi De Ville y Gabriel Siles-Brügge, del Centro de Estudios de la Unión Europea y la Universidad de Warwick (Inglaterra). Estos cálculos reflejan “expectativas ficticias” y “altamente especulativas”, opina Clive George, profesor y economista de la Universidad de Manchester.

Desprestigiar a toda costa: la organización europea de consumidores BEUC es una de las pocas entidades sociales invitadas por la Comisión Europea para opinar sobre el TTIP. La estrategia de los lobbies corporativos para minar su trabajo consiste en acusarla de forma constante de financiarse supuestamente por vías ilícitas. BEUC dedica gran parte de su tiempo a rebatir esas acusaciones y a explicar su política de transparencia financiera, pero las quejas no cesan. De esa forma, los lobbies hacen que esta ONG pierda el tiempo que, en circunstancias normales, emplearía para exponer por qué está en contra del TTIP. “Una vez que la integridad de una ONG está en duda, incluso si presenta contraargumentos sólidos y pruebas, mucha gente siempre pensará ‘¿y si los financia Rusia?’, explica Léa Auffret, del BEUC.

La lista de ejemplos es extensa. Después de que Greenpeace filtrara borradores secretos de la negociación del TTIP, el representante comercial de Estados Unidos en Europa, Michael Froman, compareció ante los medios para asegurar que esa información era “en el mejor de los casos engañosa, en el peor, errónea”. Hablando sobre el TTIP en rueda de prensa, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, empleaba un tono burlesco para definirlos como unos “no nos gusta el comercio, no nos gusta el libre comercio y no nos gusta EEUU”. En Alemania, el partido ultraliberal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) paga anuncios publicitarios en los que pone en relación a los manifestantes contrarios al TTIP con el presidente Trump, a pesar de que este último defiende la desregularización de la economía.

Ataques ad hominem: en un reportaje titulado ‘El hombre que mató al TTIP’, la revista POLITICO cargó duramente contra Thilo Bode, fundador de Food Watch. En el texto, cargado de ataques personales que pasan por alto los argumentos de Bode, POLITICO aseguraba que “vive de la escandalización” y de promover el miedo.

La política del lenguaje: en un artículo en defensa del TTIP, el semanario The Economist definía a la organización ATTAC como un “grupo antiglobalización”, mientras que para el New York Times se trata de “un movimiento global que promueve un impuesto sobre las transacciones financieras para apoyar a los países pobres”. Paradójicamente, dos años antes de emprender una amplia campaña a favor del TTIP, The Economist se había mostrado muy crítico con dicho acuerdo comercial.

La técnica de Göebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, dijo el ministro de propaganda nazi. El informe de ECO y LobbyControl expone varios ejemplos de cómo desde los grupos de presión se mezclan ideas sin fundamento (“un día después de que se firme el acuerdo, solo podremos comer carne hormonada”) con análisis serios realizados por asociaciones de consumidores, universidades y otras instituciones. Por ejemplo, el conservador alemán Joachim Pfeiffer define a las organizaciones Food Watch y Campact, que defiende la justicia social y el respeto al medio ambiente, como parte de la “industria de la atrocidad”.

Think tanks y grupos de presión como BusinessEurope, Bertelsmann y el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), financiados por patronales y grandes multinacionales, sostienen que los detractores del TTIP están movidos por un sentimiento antiamericano. “Es una cortina de humo más que un argumento válido, busca desacreditar al mensajero [los manifestantes] para devaluar su punto de vista”, explica Daniel Lüchow, de la Fundación Heinrich-Böll, afiliada al Partido Verde alemán.

“Es peligroso que los lobbies corporativos traten de minar la credibilidad de los actores de la sociedad civil con acusaciones falsas (…) esas prácticas injustas envenenan el debate político democrático a largo plazo”, advierte Pia Eberhardt, experta en política comercial del Observatorio Corporativo Europeo.

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La difamación: la nueva estrategia de los ‘lobbies’ contra los detractores del TTIP

"Ten cuidado con la vía de Trump". Publicidad en la prensa alemana del partido ultraliberal INSM.

Al principio las negociaciones secretas del TTIP y el CETA parecían ir en viento en popa, pero una serie de filtraciones y el trabajo de cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos, periodistas, asociaciones de consumidores, sindicatos e incluso jueces pusieron en alerta a la opinión pública acerca de los riesgos de estos acuerdos para la soberanía y el bienestar social. Ante la falta de ideas para rebatir los argumentos políticos y científicos en contra de estos tratados, los grandes lobbies corporativos y think tanks liberales han puesto en marcha una nueva estrategia: la difamación para deslegitimar a toda costa a quienes se muestran críticos con los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), y defienden la democracia y la justicia social y medioambiental en la política comercial europea. Incluso los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, o el exdirector general de Comercio de la Comisión Europea, Pierre Defraigne, están siendo difamados por ser contrarios a estos acuerdos comerciales.

La reacción de estos lobbies es similar a la que tuvieron las industrias tabacalera y petrolera cuando ciudadanos y gobiernos empezaron a preocuparse por los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de sus negocios: primero intentaron sembrar la confusión con estudios precocinados; también promovieron la división entre sus críticos (“se trata de un tema solo para expertos”); después probaron a expulsarlos del debate, más adelante pusieron en duda su integridad y finalmente atacaron a sus fuentes de financiación.

Como en aquel entonces, en un primer momento los defensores del TTIP y el CETA intentaron debatir con argumentos sobre los supuestos beneficios económicos de, por ejemplo, crear tribunales supranacionales con jueces nombrados por las multinacionales, priorizar los intereses de mercado frente al calentamiento global, o eliminar las restricciones a químicos y otras sustancias prohibidas en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud y el ecosistema. Pero desde que en 2013 comenzaron las primeras filtraciones, los grupos de presión empezaron a abandonar el debate público y pasaron a la calumnia para deslegitimar a sus críticos.

Lobbies de la talla de BusinessEurope, Bertelsmann Stitung o el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, integrado por Bayer, Google, ExxonMobil, Repsol, Pepsico…) ejercen cada vez más presión en medios de comunicación, redes sociales y conferencias contra las organizaciones contrarias a la negociación secreta del TTIP y el CETA. Para restar credibilidad al trabajo de los detractores de estos tratados, estos lobbies están desplegando una batería de falsas acusaciones, acusando a académicos y activistas que piden democracia en los acuerdos comerciales de estar trabajando codo con codo con los partidos de extrema derecha que tomaron fuerza en los últimos años. Otro bulo frecuente sostiene que Rusia está financiando a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “No hay una sola prueba, pero los representantes de los intereses corporativos siguen esgrimiento esa acusación en los debates”, explica Max Bank, de la organización LobbyControl. Además, acusan a los críticos del TTIP de ser alarmistas y manipular a un público “poco instruido” para obtener más dinero para sus campañas.

Esta y otras conclusiones aparecen en el informe ‘Matar al mensajero’, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (ECO por sus siglas en inglés) y la organización LobbyControl. El documento analiza con detalle y casos documentados el cambio de táctica de los grupos de poder que operan en Europa para sacar adelante el TTIP y el CETA. A continuación exponemos algunos ejemplos de este documento:

La batalla en las redes sociales: en mayo de este año el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, escribió que haría falta “un mayor uso de validadores externos para propagar mensajes favorables al libre comercio y la globalización”, en referencia a los medios de comunicación y las redes sociales. Anteriormente la Cámara de Comercio Americana en la Unión Europea -representa a 160 compañías estadounidenses- con la ayuda de lobbies como el Transatlantic Business Counsil (40 multinacionales de EEUU y Europa, entre ellas BP, PwC, Telefónica…), o la gran patronal BusinesEurope, la más activa en la defensa del TTIP (Bayer, BP…) había iniciado una campaña en Twitter para defender los supuestos beneficios del TTIP, pero en dos años apenas lograron aglutinar a 2.000 seguidores. Con la ayuda de la organización Foro de Jóvenes Liberales Europeos (European Liberal Youth Forum), en 2015 lograron organizar una protesta a favor del TTIP, pero su seguimiento fue mínimo en comparación con las 250.000 personas que se manifestaron en Berlín ese mismo año en contra del CETA y el TTIP.

Good thought for the weekend!

Have u read what the EU chemical industry really expects from #TTIP? #Yes2TTIP
READ: https://t.co/iuzWACnU25 pic.twitter.com/MZu3gqDV16

— Cefic (@Cefic) 23 de septiembre de 2016

Emociones contra argumentos: Una filtración de 2013 de la estrategia de comunicación de las autoridades europeas que negocian el TTIP reconocía que “la Comisión expresó explícitamente su preocupación por la naturaleza del debate público” y defendió la necesidad de reprimir “objeciones potencialmente basadas en valores y emociones”. Los lobbies corporativos y la propia Comisión Europea sostienen que los datos de sus previsiones económicas (cuántos empleos creará el TTIP, por ejemplo) se basan en “evidencias”, mientras que los argumentos y cifras de sus críticos son “mitos” irracionales, según organismos como el CEFIC (patronal de la industria química europea), propios de personas con un escaso conocimiento en la materia y que solo pretenden causar miedo. Los datos y pronósticos divulgados por el Ejecutivo europeo y los grupos de presión están basados en modelos de equilibrio general computacional, que “defienden el potencial impacto de desregular la economía” y “sirven a intereses pro liberales de la agenda de la Comisión Europea y otros defensores del TTIP”, según explican Ferdi De Ville y Gabriel Siles-Brügge, del Centro de Estudios de la Unión Europea y la Universidad de Warwick (Inglaterra). Estos cálculos reflejan “expectativas ficticias” y “altamente especulativas”, opina Clive George, profesor y economista de la Universidad de Manchester.

Desprestigiar a toda costa: la organización europea de consumidores BEUC es una de las pocas entidades sociales invitadas por la Comisión Europea para opinar sobre el TTIP. La estrategia de los lobbies corporativos para minar su trabajo consiste en acusarla de forma constante de financiarse supuestamente por vías ilícitas. BEUC dedica gran parte de su tiempo a rebatir esas acusaciones y a explicar su política de transparencia financiera, pero las quejas no cesan. De esa forma, los lobbies hacen que esta ONG pierda el tiempo que, en circunstancias normales, emplearía para exponer por qué está en contra del TTIP. “Una vez que la integridad de una ONG está en duda, incluso si presenta contraargumentos sólidos y pruebas, mucha gente siempre pensará ‘¿y si los financia Rusia?’, explica Léa Auffret, del BEUC.

La lista de ejemplos es extensa. Después de que Greenpeace filtrara borradores secretos de la negociación del TTIP, el representante comercial de Estados Unidos en Europa, Michael Froman, compareció ante los medios para asegurar que esa información era “en el mejor de los casos engañosa, en el peor, errónea”. Hablando sobre el TTIP en rueda de prensa, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, empleaba un tono burlesco para definirlos como unos “no nos gusta el comercio, no nos gusta el libre comercio y no nos gusta EEUU”. En Alemania, el partido ultraliberal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) paga anuncios publicitarios en los que pone en relación a los manifestantes contrarios al TTIP con el presidente Trump, a pesar de que este último defiende la desregularización de la economía.

Ataques ad hominem: en un reportaje titulado ‘El hombre que mató al TTIP’, la revista POLITICO cargó duramente contra Thilo Bode, fundador de Food Watch. En el texto, cargado de ataques personales que pasan por alto los argumentos de Bode, POLITICO aseguraba que “vive de la escandalización” y de promover el miedo.

La política del lenguaje: en un artículo en defensa del TTIP, el semanario The Economist definía a la organización ATTAC como un “grupo antiglobalización”, mientras que para el New York Times se trata de “un movimiento global que promueve un impuesto sobre las transacciones financieras para apoyar a los países pobres”. Paradójicamente, dos años antes de emprender una amplia campaña a favor del TTIP, The Economist se había mostrado muy crítico con dicho acuerdo comercial.

La técnica de Göebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, dijo el ministro de propaganda nazi. El informe de ECO y LobbyControl expone varios ejemplos de cómo desde los grupos de presión se mezclan ideas sin fundamento (“un día después de que se firme el acuerdo, solo podremos comer carne hormonada”) con análisis serios realizados por asociaciones de consumidores, universidades y otras instituciones. Por ejemplo, el conservador alemán Joachim Pfeiffer define a las organizaciones Food Watch y Campact, que defiende la justicia social y el respeto al medio ambiente, como parte de la “industria de la atrocidad”.

Think tanks y grupos de presión como BusinessEurope, Bertelsmann y el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), financiados por patronales y grandes multinacionales, sostienen que los detractores del TTIP están movidos por un sentimiento antiamericano. “Es una cortina de humo más que un argumento válido, busca desacreditar al mensajero [los manifestantes] para devaluar su punto de vista”, explica Daniel Lüchow, de la Fundación Heinrich-Böll, afiliada al Partido Verde alemán.

“Es peligroso que los lobbies corporativos traten de minar la credibilidad de los actores de la sociedad civil con acusaciones falsas (…) esas prácticas injustas envenenan el debate político democrático a largo plazo”, advierte Pia Eberhardt, experta en política comercial del Observatorio Corporativo Europeo.

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El CETA y la nueva vieja globalización

Movilización contra la ratificación del CETA.

El largo Siglo XX terminó en 2016 fundamentalmente con el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la muerte de Fidel Castro. El mismo año, la Comisión Europea propuso a los 28 países miembros de la UE reunidos en el Consejo Europeo la firma del CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement). Así es que la década que ha pasado entre junio de 2007, cuando se decidiera encargar un estudio de impacto sobre los posibles efectos de un tratado de comercio con Canadá, y el debate en el Congreso de los Diputados que inicia su ratificación, ha convertido lo que fuera un acuerdo impulsado por un presidente conservador de la rama tory, Stephen Harper, y el actual presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, lobbista en Bruselas y expresidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, en “el acuerdo de comercio más progresista negociado nunca.”

Zygmunt Bauman, el último gran pensador crítico con la globalización, nos dejó un año después de estos sucesos con la idea de que nuestra civilización se encuentra en un momento de interregno —tomando prestado el término de Gramsci. De esta forma, el plan de la Unión Europea para moverse en los tiempos líquidos parece evidente: aprovechar que el eje de lo tolerable se ha desplazado tan bruscamente hacia la derecha con el fin de presentar con otro nombre la misma receta de su tóxico cóctel compuesto por capitalismo extremo y globalización neoliberal. Esta, nos dicen, es la única de las alternativas posibles para capear la tormenta populista. En este sentido, el CETA y la maquinaria de propaganda que lo bendice juegan un papel fundamental. Lo evidenció Albert Rivera el jueves cuando, subido a la tribuna del Congreso, se opuso a enviar el tratado al Tribunal Constitucional para que revisara su encaje en la Constitución Española porque “Podemos vota con Le Pen en contra de este tratado en la Unión Europea [se refería al voto reciente en el pleno parlamentario]”. Da igual que Alemania y Francia hubieran llevado ya hace meses el tratado a sus cortes nacionales, y obteniendo vía libre, se trataba de negar la confrontación política, como hizo la Gran Coalición al unísono en el Parlamento Europeo identificando a la izquierda con la extrema derecha, y eliminar todo atisbo de insurgencia.

El intento por convertir en razonables las negligencias del pasado comenzó cuando Jean-Claude Juncker hizo público su Libro Blanco sobre el futuro de la Unión Europea. Emergió entonces, casualmente al unísono del triunfo de Trump, la idea de que los tratados de comercio que negociaba la Comisión Europea eran progresistas y constituían la punta de lanza para una globalización más justa. Esta especie de eufemismo se ha ido repitiendo desde entonces en infinidad de declaraciones públicas, entrevistas y ha salpicado también las páginas de opinión de los diversos tabloides europeos. Huelga recordar que, en una declaración conjunta fechada en diciembre, varias decenas de académicos, entre ellos Ha-Joon Chang, Dani Rodrik y Thomas Piketty, pidieron a la Unión Europea modificar el contenido del mandato de negociación de los tratados de comercio. Piketty fue incluso más allá y escribió un artículo en The Guardian con motivos muy explícitos para rechazar el CETA. “Es un tratado que pertenece a otra era. No contiene absolutamente ninguna medida restrictiva en materia fiscal o climática. No obstante, contiene una referencia considerable a la protección de los inversores,” señalaba.

Pero la Comisión Europea, en lugar de afrontar las preocupaciones sobre los efectos colaterales de la globalización, se limitó a responder señalando que abreviaturas como el TTIP o el CETA no tienen futuro. “Si se inicia un debate con tal abreviatura, probablemente ya se haya perdido”, expresó a POLITICO el jefe de gabinete del presidente de la comisión, Martin Selmayr. “Si la UE vuelve a entablar conversaciones comerciales con Washington entonces ciertamente no se llamarán TTIP”. El indómito propagandista confirmó lo que sostienen en privado algunos altos funcionarios europeos: “el TTIP ha muerto”. Pero solo sus siglas. Larga vida al TTIP.

El más reciente de los movimientos de la Comisión Europea por blanquear su estrategia comercial ha sido la publicación de un documento que defiende la globalización en detrimento de los repliegues nacionalistas y, como no, populistas. Idealizado como un intento por “establecer reglas multilaterales para dar forma y regular la globalización”, no es más que un documento muy poco novedosos repleto de circunloquios y gráficos pintorescos. Esta es la misma retórica que empleó Barack Obama para tratar de ratificar el tratado transpacífico (TPP) el pasado año e incluso la sostenida por el excomisario de Comercio Pascal Lamy hace más de una década. Aunque, en cierto modo, el texto de la Comisión sí contiene una novedad: la alusión reiterada al papel de la “resiliencia”. En un libro titulado Una vida en resiliencia, el arte de vivir en peligro (Fondo de Cultura Económica), Brad Evans y Julian Reid exponían la importancia del marco mental que se esconde tras esta palabra para justificar las nuevas reformas neoliberales. Parafraseándoles, cuando la Unión Europea exige “una globalización resiliente”, se refiere a negar de antemano cualquier alternativa popular capaz de plantear alternativas al status quo.

Ha sucedido que, por primera vez desde Seattle, los movimientos activistas han logrado dividir exitosamente el campo político e identificar los tratados de comercio como el enemigo unívoco de la globalización. Tanto el CETA como el TTIP son ese significante vacío que proyecta un mito ideológico para agrupar las diferentes demandas populares contra el capitalismo global, usando los términos de Ernesto Laclau. Además, la unión de los distintos grupos críticos con estas dinámicas comerciales se ha constituido como una especie de demos europeo, que es al mismo tiempo pionero y disidente con el establishment bruselense.

De esta forma, en lugar de responder positivamente a los movimientos populares, las élites han escogido incrementar su apuesta por la globalización descontrolada vistiéndola de social a través de diversas técnicas de relaciones públicas. En uno de sus últimas piruetas estratégicas, la Comisión presentó una especie de paquete social, digerido por la prensa como “un verdadero giro social”. No obstante, no contenía más que algunas medidas aderezadas de mucho marketing que para nada revierte el viraje de la integración europea negativa —capitaneada por las ideas hayekianas— de los años 80. Decía el historiador Andrew Moravcsik que “la Europa social es una quimera” puesto que ningún analista en sus cabales cree que los sistemas de asistencia social sean sostenibles a escala comunitaria. “Básicamente, la finalidad de la UE es hacer negocios”, culminaba. Aquí está el quid. A pesar de todo, la construcción comunitaria ha resultado ser uno de los sistemas internacionales más destacados de este tiempo. Y quiere seguir siéndolo.

Al fin y al cabo, como resumió Juncker en su último discurso sobre el estado de la Unión, ser europeo se basa en “estar abierto y comerciar con nuestros vecinos, en lugar de ir a la guerra con ellos. Significa ser el mayor bloque comercial del mundo”. Para percibir los matices conviene recurrir a la carta publicada en El Gran Retroceso (Seix Barral) que David Van Reybrouck le remitió al respecto al presidente de la Comisión Europea. Dice así: “La Unión Europea se ha convertido cada vez más en una batalla entre ciudadanos y empresas. Lo que en su día era un proyecto pacifista que tenía por objeto unir industrias nacionales para evitar que estallara un nuevo conflicto armado ahora es una fuente creciente de tensión entre empresas privadas y ciudadanos furiosos”. En esta nueva vieja globalización, a las primeras se las sigue liberando de sus ataduras al mismo tiempo que a los segundos se les exige sacrificios en forma de derechos.

Como demuestra un exhaustivo análisis del académico Ferdi De Ville, el texto del CETA no respeta las recomendaciones que los propios diputados europeos establecieron para el TTIP. “Los miembros del Parlamento Europeo deberán decidir si el acceso al mercado canadiense logrado (resultando en un crecimiento a largo plazo muy limitado de entre un 0,2% y un 0,3% del PIB) compensa el riesgo inherente que implica el tratado para la capacidad de reacción política y la ausencia de una verdadera promoción del desarrollo sostenible en el mundo”. Una fuerte defensa de la cláusula sobre derechos humanos, la salvaguarda a la hora de impedir la liberalización de determinados servicios, así como la exclusión completa de los servicios públicos quedan como humildes intenciones con tanta validez como las de año nuevo. También, la firma del CETA supone alejarse de una exigencia vinculante con el cumplimento de los compromisos sobre derechos laborales, los estándares ambientales y, sobre todo, con la exclusión de los aspectos más polémicos de los tribunales de arbitraje internacional.

El mensaje que trasladará España cuando ratifique el tratado es que prefiere prescindir de los parámetros sociales existentes, esas leyes morales que ponen techo a la actuación de las firmas multinacionales. Desde luego, esto dista mucho del argumentario socialdemócrata de “haber logrado cambios sustanciales en el contenido del CETA”. A lo sumo, unos días de demora ante una enfermedad terminal.

La idea del comercio libre no es ya la de una herramienta para acabar con el proteccionismo nacional, sino una vía para otorgar más privilegios a las fuerzas industriales y desplazar los focos de poder hacia los centros financieros y tecnológicos. Como señaló de forma muy certera Giovanni Arrighi en Adam Smith en Beijing (Akal), el capitalismo chino no ha seguido la ruta neoliberal de Occidente hacia la integración capitalista global. William I. Robinson sintetizaba correctamente esta tesis: “El Estado conserva un papel clave en el sistema financiero, en la regulación del capital privado y en la planificación. Esto le permite desarrollar la infraestructura del siglo XXI y guiar la acumulación de capital hacia objetivos más amplios que el de la obtención inmediata de beneficios, algo que los estados capitalistas occidentales no pueden lograr debido a la reversión de los sectores públicos, la privatización y la desregulación”. Por lo tanto, no es que se trate de una conspiración de las grandes corporaciones, es que la única forma de mantener el peso en el tablero global implica seguir profundizando en estas tres máximas. Los acuerdos de comercio encuentran su motivo de ser en este sentido común que trata de adaptarse a una realidad cada vez más distorsionada.

Estamos ante uno de los diseños más modernos de la arquitectura comercial del nuevo siglo, que sentará los cimientos para todo aquello que esté por venir. Ahora bien, en un momento en que el avance impertérrito del capitalismo necesita desprenderse de los lazos democráticos, el camino que se inicia para seguir justificando las reformas neoliberales será hercúleo. Si las fuerzas progresistas siguen permitiendo que el comercio sirva para eliminar la cuestión moral y crear un coto privado, puede que ningún spin doctor logre maquillar la catástrofe de esta política exterior en unos cuantos años.

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Macri, el Ibex 35 y el orden natural de las cosas

El presidente de Argentina, Mauricio Macri I La Marea

“No se sale del populismo de un día para el otro. Es un proceso de purificación”. Con esta contundencia se manifestaba el viernes pasado el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en el foro organizado por el Grupo PRISA en Madrid con el título Invertir en Argentina. Toda una declaración de intenciones por parte de quien ha demostrado una férrea voluntad de devolver a su país a la “correcta y respetable” senda del neoliberalismo desregulado. Senda que, sin ir más lejos, ya mostró su verdadero rostro en la crisis de 2001, motivando la irrupción en nuestras vidas del término “corralito”, el desempleo galopante o la defunción por colapso de algunos de los principales ejes de protección social.

La purificación, en este contexto, parece pasar por devolver a Argentina a un contexto de dominación indisimulada por parte de las grandes corporaciones extranjeras, en connivencia con las élites locales. Los negocios, lo primero, como algunos piensan que está establecido en el orden natural de las cosas. El resto, el abismo. Asistimos así al intento de revancha de las derechas más reaccionarias de América Latina, que vuelven reclamando lo que consideran que les pertenece por derecho propio.

En busca de inversión extranjera
El presidente argentino ha estado de gira por el Estado español tratando de vender a las instancias político-empresariales del país las virtudes de su Gobierno de cara a la atracción de inversión extranjera. Para ello, ha utilizado un discurso muy explícito: ha decretado el fin de la era de la inseguridad jurídica, las nacionalizaciones y lo que ha llamado el “despelote que armamos tantos años”. El diario El País reseña en su edición digital las risas cómplices de las personas asistentes ante la expresión pretendidamente  jocosa del mandatario. No en vano, tanto el público como los ponentes que compartieron panel con Macri a lo largo de estas jornadas son distinguidas personalidades de la política y de algunas de las principales multinacionales de matriz española: BBVA, Indra, Albertis, Telefónica y lo más granado del Ibex 35.

La confluencia de intereses y voluntades es clara: Macri desea fervientemente reavivar el desembarco transnacional en Argentina, y las multinacionales españolas esperan como agua de mayo un retorno al “orden natural de las cosas”. Un orden en el que la acción de gobierno, el ejercicio democrático, la defensa de la soberanía o la preservación, tímida incluso, de las condiciones de vida de las mayorías sociales se subordinen al plácido discurrir de los negocios entre élites. En palabras de Francisco González, presidente del BBVA, quien no ha ocultado su optimismo: “Lo importante es que este Ejecutivo tenga el tiempo suficiente para hacer las cosas. El destrozo de los últimos años ha sido muy grande y necesita tiempo. Es importante que el próximo Gobierno, sea este u otro, se incorpore a esa política”.

El Gobierno español tampoco es ajeno a este renovado estado de ánimo que parece acompañar las relaciones con el país sudamericano. Junto al presidente argentino, en las jornadas han participado los ministros Luis de Guindos y Alfonso Dastis, conformando una representación de primer nivel. Lejos quedan los tiempos en los que José Manuel Soria atacaba furiosa y públicamente al Gobierno argentino por la nacionalización de YPF en 2012. Entiende el Ejecutivo de Rajoy que los intereses de las empresas españolas están garantizados con Macri, y quiere hacerlo valer. Por cierto, no es este el único nexo que une a Soria con el presidente argentino: ambos figuran como titulares de sociedades offshore en “los papeles de Panamá”.

Recuperar el acuerdo UE-Mercosur
Uno de los elementos fundamentales que está sobre la mesa en la agenda de estas nuevas derechas latinoamericanas es la reversión radical de la institucionalidad para la integración regional impulsada, en sus diferentes variantes, por los gobiernos progresistas de la región los últimos 15 años. Macri se encuentra en primera línea de esta batalla, preconizando el retorno a aquel “regionalismo abierto” que dominó durante la década de los 90 del siglo pasado, y que tenía como principal objetivo la profundización en la apertura y la desregulación de los flujos de inversión transnacional hacia los países de la zona. Se trata de articular vías de consolidación de una arquitectura jurídico-política cada vez más presente en el debate internacional, con ejemplos como el TTIP, el TISA y el CETA, acuerdo recientemente aprobado por el Parlamento Europeo con el voto a favor de la gran coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas.

En América Latina, uno de los principales ejes de articulación de los tratados de comercio e inversión pasa por la ya dilatada trayectoria de negociación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. Este proceso se detuvo en seco en 2004 con la asunción de la presidencia de Brasil por parte de Lula da Silva, que no aceptó algunos de los elementos de asimetría más marcados en los términos del acuerdo. Desde entonces, el proceso ha languidecido bajo una situación de congelación de facto, hasta que Mauricio Macri y Michel Temer, en Brasil, han irrumpido en escena. El carácter flagrantemente antidemocrático del actual Ejecutivo brasileño no parece suponer un obstáculo para la reactivación de las negociaciones, que ya se van anunciando públicamente, aún de manera muy embrionaria. Por su parte, para facilitar el camino, el Gobierno argentino ha apostado fuerte por la exclusión de Venezuela del Mercosur.

La visita del presidente argentino al Estado español tiene entre sus principales objetivos acelerar la puesta en marcha de este proceso, para lo cual el Gobierno español, como no podía ser de otra manera, ya ha mostrado una disposición favorable. Las nuevas derechas comprenden el rol fundamental que juegan este tipo de tratados a la hora de conformar las relaciones económicas —y también políticas— a nivel global, y buscan avanzar lo más rápido posible en su imposición con el fin de evitar posibles pasos atrás derivados de eventuales cambios en la correlación de fuerzas en la región. Nada que no conozcamos en Europa: la entrada provisional en vigor de la práctica totalidad del CETA tras su aprobación por la Eurocámara el pasado 15 de febrero —pese a estar pendiente la fase nacional de ratificación por parte de cada uno de los Estados miembros—, responde a esta misma lógica de hechos consumados y ausencia de criterios democráticos.

Ante ello, el panorama que ejemplifica la visita de Macri nos obliga a defender con más ahínco la construcción de alternativas y la generación de redes aquí y allá. Señalar al Gobierno español y a unas empresas multinacionales que avalan un proceso político manifiestamente regresivo; denunciar la visita oficial, tal y como se ha hecho, en la calle y en las instituciones, exigiendo a su vez la libertad de Milagros Sala como icono del carácter antipopular del actual Gobierno argentino. En definitiva, luchar por no normalizar lo que no puede ser normalizado, explicitar que el estado natural de los negocios conculca derechos y que, lejos de asumirlo, hay que trascenderlo.

* Gorka Martija (@TMcMartiman) es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

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¿Por qué nos movilizamos contra el CETA?

Campaña Stop-CETA I La Marea

El 15 de febrero es una fecha importante para el futuro de los pueblos que viven bajo esa arquitectura neoliberal que representa hoy la Unión Europea. Y es que este miércoles se producirá en el Parlamento Europeo la votación de ratificación del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá, más conocido por sus siglas en inglés: CETA. Pese al carácter especialmente opaco y oscurantista del proceso de negociación y la firma de este tratado por parte de las autoridades comunitarias, los movimientos sociales europeos preparan amplias movilizaciones, que tendrán lugar tanto en la sede del Europarlamento en Estrasburgo como a través de distintas acciones deslocalizadas en todo el Estado español.

La importancia de este hecho es manifiesta, ya que se tratará del primer tratado de nueva generación firmado por la Unión con un país del G-7, con lo que esto implica tanto a nivel de volumen de tráfico comercial y de inversiones, como de consolidación de un bloque geopolítico hegemónico que pugna por mantener y acrecentar sus nichos de influencia en el escenario global frente a otros actores emergentes. Es manifiesta también por el rol de vaso comunicante que ejerce el CETA respecto al más conocido TTIP, toda vez que, vía Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), numerosas empresas transnacionales de matriz estadounidense disponen de filiales en Canadá, con la apertura de puertas del mercado europeo que esto les supone. Finalmente, el CETA resulta central porque, tal y como ha afirmado la Comisión Europea, establece los términos y estándares por los que se guiará este órgano de cara a las negociaciones de acuerdos similares que a día de hoy mantiene abiertas con otros 20 agentes globales diferentes.

Asimismo, es necesario destacar que, pese a tratarse de un tratado mixto ?esto es, que incluye cláusulas que afectan a competencias no comunitarias que atañen a los Estados miembros?, un resultado positivo de la votación de este miércoles daría lugar a una aplicación provisional del acuerdo, lo que supondría un serio escollo para su posible reversión a posteriori. Las autoridades comunitarias pretenden imponer su agenda por la vía de los hechos consumados y desactivando al máximo la contestación social. Precisamente por ello se hace aún más importante la movilización social y la visibilización en la calle del rechazo popular al CETA.

Cómo hemos llegado hasta aquí

El proceso que nos ha traído hasta aquí ha sido largo. En 2009 la Comisión Europea asumió el mandato negociador, comenzando un proceso que se prolongó hasta septiembre de 2014, y que se desarrolló en el más absoluto secretismo. Fue conocido por la opinión pública como consecuencia de la salida a la palestra del TTIP ?que a su vez fue conocido como resultado de una serie de filtraciones, no por una vocación de transparencia de la Comisión?, manteniéndose siempre en un perfil más bajo respecto al protagonismo del acuerdo con EEUU, pese a que sus consecuencias negativas sean similares. Una vez finalizada la fase negociadora, comenzó el proceso de firma y ratificación del acuerdo por las partes. Aquí comenzaron los problemas para las autoridades comunitarias y se incrementó el rechazo y la movilización popular.

La primera fase requería la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros del Consejo. En este punto es donde surgió la resistencia del parlamento regional de Valonia, que a través de su voto negativo imposibilitaba que Bélgica diera el sí al texto, dando al traste con el acuerdo. Las presiones sobre las autoridades valonas fueron de tal calibre que nos trajeron a la memoria las padecidas por el gobierno griego para la aceptación del tercer memorándum sobre la deuda en 2015. La gran coalición neoliberal, bajo su manto pretendidamente tecnocrático, se muestra implacable frente a la menor muestra de cuestionamiento de su agenda.

Una vez que Valonia dio su voto afirmativo, entramos en la segunda fase. Fase crucial en la que nos encontramos ahora mismo, que culmina el 15 de febrero. A este respecto, es preciso destacar que esta votación es cerrada y unívoca, no habiendo espacio para la enmienda o readecuación siquiera parcial del texto. Se trata de votar sí o no, con el déficit democrático que supone que esa sea la única disyuntiva permitida a las personas que encarnan teóricamente la voluntad popular de los pueblos de Europa. Con la votación del Europarlamento, el documento pasaría a aplicarse de manera provisional en una gran parte de su articulado, con lo que eso implica de cara a su reversión o anulación en la tercera fase del procedimiento, la que atañe a los Estados miembros. Efectivamente, dado que se trata de un tratado mixto, el procedimiento de aprobación no culmina en Estrasburgo, sino que se traslada a los Estados miembros, a sus parlamentos nacionales, en ocasiones a los regionales ?de nuevo, el ejemplo de Valonia resulta referencial?, y en algunos casos exigirá incluso la realización de referéndums vinculantes. Recordemos los casos de Holanda o Francia, que consiguieron echar atrás en 2005 la Constitución Europea a través del ejercicio del voto ciudadano.

Por qué es importante la movilización

Dado que nos encontramos ante una batalla de largo recorrido, se hace preciso comenzar la presión popular frente a las instituciones europeas, en este caso frente al Parlamento Europeo, como punto de partida de un esfuerzo que sin duda deberá acrecentarse en esta última fase en la que el CETA descenderá de las alturas opacas de la burocracia comunitaria. El traslado del debate a lo local facilitará una movilización que debe tener un hito el próximo día 15, como punto de inflexión de un esfuerzo creciente por reforzar la coalición social, política y sindical contra este tratado y contra el conjunto de toda esa arquitectura jurídica de la impunidad que regula hoy los flujos de comercio e inversión.

Con esta determinación, nos movilizamos en Estrasburgo desde el día antes de la votación en el pleno del Europarlamento, tratando de dejar constancia del rechazo social a esta arquitectura contraria a los intereses de las mayorías, y manifestando que el déficit participativo y de transparencia que ha caracterizado este proceso inhabilita en términos democráticos su aprobación y entrada en vigor provisional como consecuencia del voto en el Parlamento Europeo. La iniciativa de coordinación de esta movilización corresponde a la coalición francesa contra el TTIP y el CETA, con el apoyo de grupos locales en Estrasburgo y las campañas de diferentes países: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Estado español, etc.

Desde la campaña Euskal Herrian TTIPari Ez, estaremos presentes en la movilización aportando nuestro granito de arena. Así, este martes por la tarde calentamos motores con comida, música y un evento público con debates entre miembros del Parlamento Europeo y la sociedad civil. Y ya el miércoles 15, se realizará una manifestación por las calles de Estrasburgo, que desembocará en el Parlamento Europeo, donde nos concentraremos hasta que finalice el proceso de votación. Tras la votación, se celebrará una asamblea en la que participaremos distintos actores sociales, políticos y sindicales europeos involucrados en la lucha contra el CETA.

Pero Estrasburgo no será el único lugar en el que mostrar el rechazo ciudadano a este tratado. Entre las acciones locales, este martes se celebran una serie de concentraciones en las capitales vascas frente a las sedes de distintas organizaciones políticas que han manifestado ya su intención de votar favorablemente el CETA en el Parlamento Europeo. Y es que resulta fundamental interpelar directamente a los grupos parlamentarios que tienen esta tremenda responsabilidad. Parece que la gran coalición conservadora, liberal y socialista votará a favor de manera bastante homogénea. No obstante, no debemos obviar que esta cuestión ha sido ampliamente cuestionada en el seno de distintas organizaciones socialdemócratas europeas, por lo que supone de agresión a una base social trabajadora cada vez más escéptica respecto al rol de estos partidos en defensa de los intereses de las mayorías sociales. Todavía hay partido, y el riesgo que corre la socialdemocracia al retratarse junto a las élites económicas y financieras globales puede y debe jugar un rol de importancia.

En este contexto, es preciso redoblar los esfuerzos frente a un atropello inminente que tendrá graves consecuencias sobre nuestras vidas en todos los sentidos: nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos, trabajar, relacionarnos con la naturaleza… Por ello, el 15 de febrero se ha fijado como un día de movilización global contra el CETA y contra la arquitectura de tratados de comercio e inversión que nos viene impuesta por un modelo neoliberal que nos conduce al abismo.

* Juan Hernández Zubizarreta y Gorka Martija son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

 

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Un informe advierte que el CETA fortalecerá el papel de los lobbies

El poder de los lobbies I La Marea

El Acuerdo Económico y de Comercio (CETA) que la Unión Europea ha cerrado con Canadá fortalecerá aún más a los grupos de presión lobbistas, proporcionándoles un acceso temprano y exclusivo al proceso legislativo, según un informe publicado por el Corporate Europe Observatory (CEO).

El estudio concluye que el objetivo es que el CETA funcione como una plataforma para que los lobbies influyan en las propuestas legislativas de la UE y Canadá, incluso antes de que los parlamentos nacionales hayan tenido la oportunidad de expresar su opinión. Los autores del informe recuerdan que, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (NAFTA), los lobbistas consiguieron la autorización de pesticidas tóxicos, prohibidos en otros países de la OCDE, en territorio canadiense. Debido a estas presiones, Canadá cedió el puesto a la UE como principal baluarte en la salud y la protección ambiental.

El informe también advierte que el Foro de Cooperación reguladora del CETA promoverá con los lobbistas unas negociaciones muy similares a las del NAFTA. El investigador Stuart Trew, uno de los autores del documento, denuncia los “procesos turbios dominados por lobbistas” que conllevan este tipo de tratados de libre comercio. Y asegura que el CETA “pone en juego una amplia gama de normas de salud pública, de consumo y de medio ambiente, ya que pueden ser influenciadas, inhibidas, retrasadas o incluso bloqueadas por los intereses comerciales”.

“El CETA está vinculado a altos riesgos para la salud pública y la protección del medio ambiente”, coincide la activista Lora Verheecke, quien recuerda lo que sucedió con el NAFTA. “Cuando las Administraciones de Canadá y EEUU evaluaron conjuntamente seis productos químicos bajo la cooperación regulatoria del NAFTA, su grupo de trabajo estaba dominado por lobbies de grandes empresas, entre ellas algunos que habían contribuido a retrasar la propuesta de prohibición de plaguicidas dañinos en la UE”, argumenta. 

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El CETA o el laberinto jurídico del “libre comercio”

ceta

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una lógica jurídica de feudalización del ordenamiento normativo global. Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Así, los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales y de los pueblos. Todo ello, en favor de los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices. El  Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), negociado entre la Unión Europea y Canadá y actualmente pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo —votación que tendrá lugar el 14 de febrero en Estrasburgo—, participa de esta lógica. Veamos cómo.

Quiebra de las instituciones democráticas. La globalización neoliberal ha impulsado el papel de las instituciones público-privadas de carácter supranacional —como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el G8 primero y el G20 después, las agencias de calificación de riesgos, etc.— y de los instrumentos jurídicos que refuerzan la lex mercatoria, como los acuerdos de inversión y los tratados comerciales —llamados habitualmente de “libre comercio”, aunque no tengan nada que ver con un intercambio libre entre partes iguales—, que han ido creando un entramado institucional y un conjunto de normas jurídicas más privadas que públicas. Con sus propias lógicas de funcionamiento pero con efectos erga omnes, es decir, sobre las mayorías sociales del planeta. De este modo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o India están más condicionadas por las directrices que aprueban estas organizaciones que por las leyes que aprueban sus parlamentos nacionales. Y no estamos hablando de que exista un gobierno universal o una globalización jurídica, hablamos de un Derecho Corporativo Global al servicio de los intereses del capital y los negocios de las grandes corporaciones. El CETA se enmarca en este contexto.

Falta de legitimidad y transparencia. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes de los tratados y acuerdos mencionados, forman parte de su metabolismo funcional. Y es que las normas de comercio e inversión se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Casi nunca son conocidos los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… mientras se envuelve el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre las partes negociadoras”; se toman decisiones al margen de los procedimientos parlamentarios y a espaldas de la sociedad civil, secuestrando los textos en discusión incluso a los representantes públicos. Los lobbies que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes, eso sí, forman parte del “poder legislativo” del que emanan los tratados y los acuerdos de comercio e inversiones. En el caso del CETA, las negociaciones se desarrollaron a puerta cerrada y el texto quedó cerrado y listo, sin ningún debate público, para su consentimiento por las autoridades correspondientes.

Procedimientos de diferentes velocidades. En su primera fase de aprobación, en el pasado otoño, el Consejo Europeo tuvo muchas dificultades para conseguir la unanimidad en relación al CETA —con una presión brutal sobre Valonia—; a la vez, en el parlamento español se eludía el debate y el gobierno en funciones lo ratificaba de manera casi clandestina. En esta segunda fase, es el Parlamento Europeo el encargado de ratificar el CETA en febrero. Así, la maquinaria burocrática se ha puesto en marcha y todas las interpretaciones más restrictivas y antidemocráticas de los procedimientos parlamentarios se están poniendo encima de la mesa. La moción cuyo contenido residía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizara la legalidad del Sistema de Tribunales de Inversión fue rechazada, sin debate alguno, por el pleno del Parlamento Europeo. Lógicamente, no quieren que se expongan las múltiples razones que juristas, magistrados y asociaciones de jueces sostienen frente a la falta de adecuación del modelo de tribunales de arbitraje al sistema judicial europeo. Y mientras la UE tiene mucha prisa y ya prevé la aprobación provisional del CETA una vez haya sido admitido por el Parlamento Europeo, incluyendo materias que entrarán en vigor antes de la ratificación del conjunto de los Estados miembros de la Unión, los derechos humanos se empantanan en procedimientos largos y repletos de burocracia sin límite.

Exceso de normas jurídicas. Según publica la Comisión Europea, el CETA consta de más de 1.600 páginas entre el texto central y los anexos, mientras los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU —conocidos como Principios Ruggie, que tendrían que servir para “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos por las empresas transnacionales— tienen 32 páginas. Miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales frente a unos cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica, sus obligaciones; una asimetría jurídica que se consolida como el principio esencial de la globalización neoliberal. En el caso concreto del CETA, como tendencia general, la precisión y la claridad conceptual desde el punto de vista de los negocios de las grandes compañías colisiona con la indeterminación de las excepciones que garantizan los servicios públicos o los derechos sociales; de nuevo, una asimetría continua y profunda. Y, a pesar de que las dudas en torno a este acuerdo se han intentado solventar formalmente por medio de una Declaración interpretativa de 12 páginas de carácter vinculante, esta no aclara la mayoría de las cláusulas abiertas que forman parte de lo que hemos denominado Derecho vivo.

Privatización del poder legislativo. Con todos estos tratados y acuerdos comerciales de última generación se avanza en la privatización de los procedimientos legislativos: las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de las denominadas normas tipo. Dicho de otro modo: además de su poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la propia elaboración de las normas. Y es que el Comité Mixto del CETA asumirá importantes competencias reguladoras e interpretativas —al igual que el Consejo de Regulación del TTIP—, alejándose de todo lo que tenga que ver con el control parlamentario y ciudadano. Se configura, así pues, un Derecho vivo en continua reelaboración a favor del capital y las empresas transnacionales: la alerta temprana, las evaluaciones de impacto, el intercambio de materias de regulación, el diálogo permanente entre las partes, los exámenes conjuntos de legislación para aligerar las cargas normativas sobre las empresas, las neutralidad de las regulaciones, la convergencia reguladora, el mutuo reconocimiento de reglamentaciones, la armonización normativa… son técnicas jurídicas que permiten construir un poder meta-legislativo que quiebra la separación de poderes y la reconstruye a favor de las grandes multinacionales.

Privatización del poder judicial. El Sistema de Tribunales de Inversión recogido en el CETA es un sistema paralelo al poder judicial —se trata de tribunales privados— y favorable a las empresas transnacionales, que quedan al margen de los poderes judiciales nacionales, comunitarios e internacionales. En la citada Declaración interpretativa se dedica el epígrafe más extenso a la defensa del polémico Sistema de Tribunales de Inversión; no obstante, los ejes centrales del sistema se mantienen. Además, tal y como Cecilia Olivet y otras autoras han analizado, las supuestas mejoras quedan cuestionadas por las diferentes interpretaciones en relación con la eficacia de los laudos arbitrales, las posibles excepciones que sirvan para “proteger la vida o la salud humana”, las reservas específicas presentes y futuras por parte de los Estados, etc. Por cierto, resulta muy sorprendente el apartado f) de la Declaración, ya que insiste en que los tribunales sobre inversiones son independientes, imparciales e inspirados en los sistemas judiciales públicos de la UE, sus Estados miembros y Canadá, así como en los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las preguntas, entonces, son obligadas: ¿para qué se crean estos tribunales? ¿Por qué no se encarga esta labor a los poderes judiciales ya existentes?

Armadura jurídica de dominación. Desde una perspectiva normativa, el capital ha conseguido de los distintos Estados e instituciones globales reformas dirigidas a garantizar la libertad absoluta de capitales y convertir en principio jurídico universal la supuesta estabilidad financiera. Se disloca así la jerarquía normativa internacional, al situar los derechos empresariales por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales. En la Unión Europea, junto a ello, al CETA y al resto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones hay que sumarles el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza; el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); el programa de estabilidad y convergencia, los procedimientos de déficit excesivo, los sucesivos rescates, las recomendaciones por país… Todo ello conforma una nueva armadura jurídica de dominación. De ahí que los movimientos sociales europeos se enfrenten, “por arriba”, con la decisión de aprobar el TTIP, el CETA y otros nuevos tratados y acuerdos de comercio e inversiones y, “por abajo”, con un blindaje jurídico donde los intereses del capital se juridifican al más alto nivel. Por eso nos movilizaremos el sábado 21 de enero, para provocar que el CETA descarrile y hacer que el TTIP quede definitivamente enterrado.

* Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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