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Vente pa la trena, Dastis

Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores. Foto: Gobierno de Lituania.

“Las cárceles en España, y en particular a la que se va a enviar al señor Puigdemont cuando venga, reúne todas las comodidades que, no ya solo los presos, sino que muchas personas quisieran disfrutar” — Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, dixit.

Análisis de texto en tres puntos y un mensaje.

Uno: El ministro considera que una cárcel es un lugar en el que a una podría apetecerle vivir. Y no sólo eso, la considera un lugar por el que una suspira. Del tipo “ay, si yo pudiera pasar contigo las navidades en Nanclares, tigre mío”. Incluir en dicha frase el verbo “disfrutar”, es más, unir las ideas de disfrute y cárcel en la misma oración, provoca una siniestra sospecha, retrata a un siniestro individuo y traza siniestros futuros. Tener como ministro a un hombre capaz de considerar “disfrutable” una estancia en la cárcel podría despertar todas nuestras alarmas, y con razón.

Dos: El ministro afirma que los presos se mueren por estar allí. Pero no solo ellos, que los presos, ya se sabe, son seres de caprichos exquisitos. En opinión del bueno de Dastis, es mucha la población no reclusa, “muchas personas”, o sea ciudadanos, con una vida tan perra que mejor estarían presos. Más o menos aquella frase tabernaria de “al menos allí comen caliente tres veces al día”, con la diferencia de que este señor no es Manolico el del anís sino el ministro de Asuntos Exteriores. Sin duda, la España en la que Mariano Rajoy, su jefe, ve el fin de la crisis es aquella en la que se vive mejor en la cárcel que en tu casa.

Tres: Dastis tiene tan claro el guión de la opereta que llevan tiempo interpretando, que ya conoce el nombre de la cárcel “a la que se va a enviar al señor Puigdemont”, y seguramente el número de celda y el compañero, así como el texto de las diversas sentencias que acompañarán al caso en el transcurso de la obra.

Mensaje: Dastis, colega, vente pa la trena, que lo de la libertad es una mierda, ya lo puedes jurar, que pa qué quiere una la libertad si no tiene un mendrugo que echarse a la tripa, vente, hombre, que sí, que la libertad está sobrevalorada, tigre, que aquí no es como en esos CIES tuyos, donde ni dios sabe lo que pasa, y lo que pasa aquí… Que te lo cuenten los tuyos.

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“Más dura será la caída”

Dos sucesos sorprendentes han sucedido: la presentación de dos querellas por el Fiscal General del Estado contra ex miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y el viaje con destino a Bélgica de Carles Puigdemont y cinco ex miembros de su Govern.

La querella contra Puigdemont y contra altos cargos que permanecen aforados se ha presentado ante el Tribunal Supremo y la que se dirige contra los no aforados ha sido presentada ante la Audiencia Nacional.

En ambas, se incluyen los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El eje central lo constituye un conjunto de actos parlamentarios que han llevado, desde noviembre de 2015, a proclamar la independencia de Catalunya, según el Fiscal General del Estado.

Sin embargo, lo más relevante de ambas acciones judiciales, sin duda, es el anuncio desde hace, al menos, 10 días de que el Fiscal General del Estado iba a presentar una querella por rebelión, que podría dar lugar a la prisión provisional de los investigados. Este anuncio público y reiterado por parte del máximo representante de la institución que defiende la legalidad en nuestro país, fue precedido por diferentes instrucciones transmitidas a la Fiscalía de Catalunya: en paralelo a una causa judicial contra la Mesa del Parlament y su presidenta, ordenó que los Fiscales citaran, bajo apercibimiento de ser detenidos si no comparecían, a los 700 alcaldes que se habían comprometido públicamente a proporcionar espacios públicos el día 1 de octubre, fecha de la consulta popular convocada.

Estas actuaciones públicas por parte de la Fiscalía, sobre todo su anuncio reiterado y constante de aplicar medidas contundentes como la prisión provisional, resultaron un aviso claro para los afectados: serían citados a declarar en calidad de investigados por delitos gravísimos que conllevan como mínimo la pena de 15 años de prisión, por lo que, a buen seguro, se solicitaría la prisión provisional. Traducido al lenguaje común: de acordarse la prisión provisional para los investigados, podrían permanecer un máximo de 4 años a la espera de juicio (2 años prorrogables a 2 años más) y, caso de ser condenados, no saldrían en libertad pasados, mínimo, 15 años. Es decir: desde el momento en que fueran citados y comparecieran, tendrían una perspectiva de libertad a partir del año 2032.

No en vano, se solicita en las querellas la citación urgente de los investigados para prestar declaración y en unidad de acto, el ingreso en prisión. Sólo traduzco a legos, pues la expresión “comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” significa eso.

Claro que una persona que no tiene nada que temer no huye de la Justicia, confía en las instituciones y espera ser absuelto.

Es lógico que se pueda pensar así, pero ante el riesgo de que mínimamente no funcione la Administración de Justicia, el justiciable desea ponerse a salvo, es lo que se conoce como “riesgo de fuga”. Este es el principal motivo por el que los jueces dictan autos de prisión, para conjurar ese potencial riesgo de fuga y asegurarse la presencia del investigado en el juicio oral.

En el presente caso, eliminado el factor sorpresa, puesto que el Fiscal General del Estado ha avisado que haría lo que finalmente ha hecho, parece que los justiciables se han dado a la fuga. No conozco ninguna operación contra sospechosos por la comisión de delitos gravísimos, en la que se incluya un reiterado anuncio público de que serán ingresados en prisión provisional.

Este anuncio, además, no resultaba descabellado, pues si alguien adujera que el Fiscal no decreta prisiones, estaría en lo cierto, pero en este país están sucediendo cosas muy extrañas: el Fiscal General del Estado -designado por el Gobierno- se ha extralimitado en la resolución de este problema político surgido a partir de la puesta en marcha del denominado Procés, dirigido a proclamar la independencia de Cataluña.

Esta actitud no sólo se ha circunscrito al aviso de detención de 700 alcaldes catalanes, sino a la asunción de funciones no jurisdiccionales como el hecho de dar instrucciones directamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. Instrucción esta que fue anulada por la juez competente. Sin embargo, vimos cómo la Fiscalía, si no era frenada por nadie, seguía una senda irrefrenable, con gran ímpetu represivo, hasta el extremo de restar importancia al hecho de que hubiera más de 900 personas que requirieron asistencia médica, como consecuencia de la brutalidad policial sufrida el día 1 de octubre. Al menos, ante estas cifras, debió haber instado una investigación de oficio. No obstante, ha hecho todo lo contrario: negar las agresiones y, de paso, ha provocado una injusta revictimización de quienes sufrieron estos ataques, quienes, por cierto, ya han comenzado a denunciar ante los órganos judiciales correspondientes.

Asimismo, como dato que, sin duda, ha debido influir determinantemente en la huida, es el hecho de que hace dos semanas fueron encarcelados los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium, que convocaron las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre. No es, por tanto, un dislate pensar que si miembros destacados de la sociedad civil, convocantes de concentraciones y movilizaciones han sido duramente reprimidos, la misma suerte tendrán quienes aparecen como sospechosos de uno de los delitos más graves del Código Penal, el de rebelión.

Teniendo como precedente que en esa causa por sedición, la movilización ciudadana ha sido criminalizada hasta el extremo de que su actividad constituye “alzamiento público y tumultuario” -sedición- y que no aparecen motivos objetivos para que la competencia recaiga en la Audiencia Nacional, lo lógico es barruntar que en las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado por rebelión también aparecerán reescritos el Código Penal y las normas procesales sobre competencias.

Todo parece apuntar, además, a que se persigue alejar estos procedimientos de Cataluña, deslocalizarlos y estigmatizar a los investigados en un órgano, la AN, que concentra el peor de los simbolismos en materia de represión. Para muestra, un botón: el rosario de causas por un delito de opinión, el enaltecimiento terrorista, contra tuiteros, raperos y titiriteros.

Lo que, de forma palmaria, corrobora todos los temores de los fugados es el título que llevaba el archivo de las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado, para su difusión pública: “Más dura será la caída”, refinada versión expresión del “A por ellos” que jaleaban guardias civiles y policías nacionales en su viaje para cubrir la jornada del 1 de octubre.

Dejando de esta forma en evidencia la imparcialidad de la institución que defiende la legalidad en este país, lo que emerge es la idea de internacionalizar este asunto. Y no, no me refiero a difundir por aire, mar y tierra el independentismo, sino a la necesidad que podría haber surgido de que un órgano judicial no español revise las estrategias del Ministerio Público.

Ignoro si esta fuga ha sido buscada, si responde a un plan o si, por el contrario, estamos ante un desesperado acto de supervivencia; lo que parece insoslayable es que un órgano judicial belga podrá revisar el contenido de estas querellas y entrar a valorar si los delitos por los que serán buscados los fugados serían aplicables en su propio país.

Por poner un ejemplo: un juez belga deberá dilucidar si la sociedad civil independentista en Cataluña es un mero instrumento, en manos de sus gobernantes, que ha ejercido “la presión intimidatoria de la multitud” para proclamar la independencia o si la “resistencia pacífica en los colegios electorales fue utilizada como eufemismo para impedir el cumplimiento de una orden judicial el 1-O”, según se expresa las querellas.

Es decir, un juez belga debería admitir la criminalización de la protesta social en una parte de Europa y considerar que los actos parlamentarios durante dos años en el Parlament son un conjunto de actos preparatorios para cometer uno de los mayores crímenes del ordenamiento jurídico de un país: la rebelión. Y debería tolerar que, pese a la no violencia de dichos actos políticos, nuestro Fiscal General estira este concepto para equipararlo al golpe de un Estado democrático.

Realmente, me queda una duda: ¿el Fiscal General del Estado previó este escenario? No sabemos si los hechos presuntamente delictivos, según se desprende de la redacción de estas dos querellas, superarán el filtro de los valores democráticos en los países de nuestro entorno.

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“Vergüenza” de un veterano republicano

La noticia de que Puigdemont y cinco de sus consellers se encuentran en Bruselas todo indica que con la intención de pedir asilo corre ya cuando recibo un mensaje que me sorprende.

“¡Qué desastre! Estoy muy cabreado por esa cobarde decisión de Puigdemont y cinco o seis consellers de esconderse en Bélgica para pedir asilo político como si fueran un último reducto de los que, con riesgo de ser fusilados, se marcharon cuando la Guerra Civil”. Quien me escribe es el veterano editor y escritor Ramón Serrano Balasch (Barcelona, 1933), hombre de izquierdas moderado, culto, novelista, poeta y radical republicano, autor de libros como 89 republicanos y el rey o Encuentros republicanos. “Me lo temía, pero no lo esperaba”, añade. “Es el único momento de toda esta desgraciada historia que me ha sobrepasado. ¿Y los dos millones que, de buena fe, los siguieron y los votaron? ¿Y los funcionarios?”.

Le pregunto cómo se encuentra, hace tiempo que no nos vemos. Junto al también escritor y editor Rafael Borrás (Barcelona, 1935) me introdujo en los círculos de los irreductibles republicanos catalanes, hombres y mujeres cultivados que con palabras y en interminables charlas alternaban citas, poemas y chanzas. Ellos vivieron la Guerra, la dictadura franquista, la Transición y estos cuarenta años de democracia, y lucharon con libros y palabras, enconadamente, contra Franco y sus gentes, primero, y después contra los borbones. Sin descanso, contra los borbones. Serrano, además, recibió en 1999 el Premio a la Lealtad Republicana entregados por la Asociación Manuel Azaña, y un par de años después fundó junto a Julio Anguita y un nutrido grupo de opositores a la monarquía el Foro para la III República.

“Yo estuve allí la tarde en la que Tarradellas llegó a la Generalitat. Este señor [Puigdemont] la ha profanado con su actitud”, me responde. “Es una vergüenza”.

A veces, cuando el ruido que nos aturde y la rapidez de los acontecimientos me despistan, acudo a mis viejos amigos incorruptibles. Hasta este momento no lo había necesitado. Esta vez, mi querido Ramón Serrano se me ha adelantado. Y sí, lo necesitaba.

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El Gobierno exige a Puigdemont que rectifique su respuesta antes del jueves

Carles Puigdemont, en el Parlament | La Marea

El Ejecutivo ha exigido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “vuelva a la sensatez”, tras analizar el contenido de la carta remitida este lunes por el mandatario catalán a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno exigió a Puigdemont a que resolviera la duda sobre si había proclamado, o no, la independencia de Cataluña. La respuesta del president se mantiene en la ambigüedad mantenida hasta el momento para no provocar la fractura en en el seno del independentismo.

“Está en su mano evitar que se den los siguientes pasos”, ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha recordado a Puigdemont que “el plazo que ahora nos marca es el del jueves a las diez de la mañana”. Esto implica la activación del segundo requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Ese día y a esa hora, el Ejectutivo trasladará al Senado las medidas propuestas adoptadas tras un Consejo de Ministros.

“Puigdemont sigue teniendo en su mano la solución. Que conteste sí o no”, ha insitido Sáenz de Santamaría. En su opinión, el presidente de la Generalitat aún “tiene la oportunidad de decir que no tiene que revocarla [la declaración de independencia] porque no la ha declarado”. “Tiene una oportunidad de rectificar”, ha remachado.

“Me gustaría recordar una cosa al señor Puidemont. El artículo 155 no es para suspender el autogobierno, es para que el autogobierno se ejecute de acuerdo con la legalidad”, ha afirmado la vicepresidenta. Además, ha asgurado que “nadie le niega el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse dentro de la Ley”. “El diálogo no se exige, se practica”, ha concluido.

Una carta de dos páginas

En su carta, Puigdemont no contesta de forma explícita al requrimiento de Moncloa. El presidente catalán se muestra abierto a iniciar un diálogo en el plazo de dos meses a cambio de que el Gobierno cese en la represión y las actuaciones judiciales. La misiva, de dos páginas, hace una única mención al cuestionamiento exigido por parte del Gobierno de España: “La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya había adelantado la postura del Ejecutivo a la respuesta de  Puigdemont asegurando que no responde a la preguna exigida. El Gobierno advirtió que si la respuesta no fuera satisfactoria se activaría el ultimátum del requerimiento expresado en el artículo 155 de la Constitución.

Carta de Puigdemont a Rajoy

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La semana triste de Cataluña

El detonante de una ruptura es siempre alegórico. Un instante confuso e indeterminado que convierte en consciente un sentimiento latente. En política ese momento se determina con actos que aúnan de forma concreta todas las representaciones figuradas de un conflicto. La semana trágica de 1909 estalló con el reparto de escapularios en el puerto de Barcelona por parte de las damas de la alta sociedad a los obreros que partían a la guerra de Marruecos. Aquel acto simbólico representaba el poder de la Iglesia y la desigualdad entre clases, la burla de unas élites que podían pagar para librarse de la guerra. Un escapulario no prendió Barcelona, pero ayudó a comprender a los que sufrían quiénes eran los responsables de su dolor eterno. Les ilustró y configuró su enemigo.

Carrer Sardenya, Barcelona. Las diez de la mañana de un día desapacible y plomizo. Frente al instituto Ramon Llull muchos ciudadanos han visto cómo la Policía Nacional cerraba el colegio electoral para llevar a cabo la votación del referéndum planteado por las fuerzas independentistas. Los miembros de la UIP enarbolan sus rifles con las bocachas destinadas a reprimir voluntades mediante el uso de la goma. De repente una orden pone en movimiento a los policías, que suben a sus vehículos para ir en convoy calle abajo. Una muchedumbre se lo impide llamando a sus propios y se sienta frente a la Policía al grito de: “Quieren cerrar otro colegio”. El jefe del operativo presente habla por teléfono con la puerta entreabierta del vehículo ocultándose a la prensa que cubre los hechos. No lo consigue y, tras colgar, dice a su subordinado: “Avisamos y si no se mueven… cargamos”. No se mueven. Cargan.

Las pelotas de goma lanzadas a 15 metros de los manifestantes golpean la cara de un hombre de 38 años. No solo sangra su ojo, sino el de muchos ciudadanos catalanes que a pesar de no ser golpeados conocen a alguien que lo fue, o sienten que ellos también podían haber sido los que hubieran perdido parte de la visión. Las cargas y las pelotas de goma son los escapularios de 2017. La plasmación evidente, concreta, dolorosa, de que todo el mito construido por la independencia se fragua en un enemigo real que se comporta de manera inmisericorde con gente pacífica que solo quiere votar. El relato, hasta ahora retórico, se convierte en palpable.

Las identidades múltiples se uniformizan

El punto de inflexión se ha producido. El enemigo se muestra, se hace visible y la construcción identitaria y el capital acumulado por los independentistas gana terreno y hace el resto. Las banderas configuran el campo de batalla. Las múltiples identidades que Amin Maalouf adjudicaba a cada individuo se van difuminando en una sola. La polarización retórica empieza a tomar forma y espesa el ambiente. El aire de Barcelona se torna sólido y pesado, agitado por las banderas que remueven su cielo.

Lo español empieza a sentirse ajeno de forma concreta. Las exhibiciones patrias hasta entonces eran una muestra centrada en el yo, sin apelaciones evidentes o mayoritarias al otro. En las calles se apelaba a sus propias características dejando a un lado al adversario. Tras las cargas se configura el ellos como el enemigo. Se aumenta el riesgo de que el movimiento sufra una deriva reaccionaria al ensanchar la base independentista con gente no convencida, jóvenes con poco bagaje político y con personas que jamás han salido a la calle a protestar por nada que tenga que ver con los derechos perdidos o la reivindicación social. Un recipiente lleno de pensiero debole, parecido al 15-M, al que se dota con símbolos identitarios propios del pensamiento fuerte. El proceso al que se sumaron amplias capas antisistema por su potencial de ruptura comienza a desarrollar de forma mayoritaria un carácter nacionalista y excluyente.

La fortaleza de los movimientos tan transversales es a su vez una debilidad evidente, su vacío de contenido racional e ideológico puede ser rellenado fácilmente con elementos emocionales que deriven la tendencia hacia políticas y sentimientos reaccionarios. Una masa gritando “español el que no vote” tiene tintes xenófobos innegables; que estudiantes griten a periodistas “prensa española manipuladora” enarbolando La Vanguardia como ejemplo de buen trabajo tiene una clara connotación etnicista. Algo tremendamente peligroso.

La transversalidad posmo del movimiento ofrece situaciones surrealistas que modelan la victoria del nacionalismo excluyente frente a la ruptura. Jóvenes estudiantes gritan a la policía en Via Laietana: “Sin los mossos no sois nada”. Su edad les impide a muchos conocer las actuaciones salvajes de la policía autonómica en el pasado. Un anarquista con experiencia de movilización lo deja claro: “En cuanto los Mossos carguen como hacían antes se acaba este puto síndrome de Estocolmo que tienen algunos”. Una confrontación de ideas que se repite en diversas manifestaciones. Por un lado ciudadanos pacifistas, algunos casi naïfs, y liberales con esteladas como capas que miran a los mossos y comentan entre sí: “Pobrecitos, si es que tienen cara triste”, y gritan proclamas y loas a la BRIMO. Por otro lado, la CNT, con el culo pelado, responde airada “mossos torturadores”. Pero al final, las proclamas identitarias vencen y poco a poco van ganando terreno hasta hacerse unívocas.

El ambiente festivo de la Diada y de las movilizaciones independentistas que se dieron en los días anteriores han perdido alegría. El “a por ellos” y la exhibición fascista en muchas ciudades españolas han torcido el gesto de las calles. Los guardias civiles saliendo de paisano de los hoteles en Calella para apalear vecinos con sus porras extensibles añaden dolor y confrontación. Banderas de todo tipo se arrojan al contrario para excluirle y afianzar su identidad. El monstruo nacionalista se sigue alimentando con la negación de la humanidad ajena por parte de dirigentes irresponsables que miran para otro lado cuando las calles se engalanan con el discurso del odio. El fascismo asoma su pezuña con la connivencia del Gobierno y dota de legitimidad a los sentimientos más hostiles hacia España y por extensión a todo lo español. La víscera derrota a la razón.

‘Un sol poble’ y la traición del cambismo

El procesismo demuestra una fortaleza el día 1 de octubre encomiable. Con las comunicaciones intervenidas y todas las fuerzas de orden actuando contra sus dirigentes, y con toda la inteligencia española dirigida a impedir la celebración del referéndum, la organización de la sociedad civil manifiesta una implicación y una eficiencia admirables. Logran que haya urnas y papeletas, y a pesar de la intervención policial se celebra la consulta. Esa fuerza está posibilitada por el objetivo común de muchos actores políticos y sociales de diversas ideologías y orígenes sociales que aunaron esfuerzos dejando de lado las enormes diferencias que existen entre grupos como la CUP, anarquistas, burguesía catalana o el PdCAT. Es precisamente esa masa heterogénea la que corre el riesgo de girar hacia la uniformidad estructurada con los herrajes de símbolos identitarios.

La capacidad reactiva de las élites dirigentes aprovecha la torpeza del Estado para ganar ventaja de cada error del adversario. La declaración de Felipe VI toma la postura del Gobierno como propia, sin dirigirse a una parte importante de la población a la que también aspira a representar. El uso de una escenografía desafortunada deja en bandeja de plata la consolidación del relato independentista. Un mensaje con plano cerrado y el ceño fruncido, un monarca gesticulante y amenazante y con el cuadro de Carlos III –el rey que en 1770 impuso el castellano frente al catalán– enarbolando la vara de Capitán General hacen lo demás.

Puigdemont contraataca con una escenografía limpia, espaciosa, con una puerta abierta ofreciendo diálogo y echando la bronca al rey. Una sentencia del president llamó la atención sobre las del resto y no pasó desapercibida en un contexto de enardecimiento nacionalista en ambos espectros del tablero: “Ens hem de mantenir com un sol poble”. Como todas las frases proclamadas por dirigentes, solo puede ser desencriptada atendiendo al contexto. El concepto ha sido usado a lo largo de la historia catalana en multitud de ocasiones por diferentes actores, como Francisco Candel, Xavi Domènech y Pablo Iglesias. Pero en la situación concreta de emociones identitarias a flor de piel una conceptualización que llama a difuminar la diversidad, la divergencia y la pluralidad del pueblo podía materializarse en representaciones simbólicas de muy nocivo significado político. A pesar del riesgo inveterado en toda comunidad cuando se recurre a dicho afecto, la diatriba del president fue todo un éxito en sus filas. Sigue consolidando la plural masa independentista en sus principios compartidos.

Pero aparece el espíritu del Frente Catalán de Orden. Jordi Solé Tura explicaba en un artículo de 1997 la actitud de Francesc Cambó con el catalanismo cuando se trataba de priorizar identidad o dinero: “Cambó fue un nacionalista de derecha que, al igual que otros dirigentes de la Lliga Regionalista, contribuyó a modernizar la lengua y la cultura catalanas y a poner en marcha un esbozo de autonomía, pero que cuando las cosas se complicaron siempre puso por delante sus propios intereses, o sea, sus intereses de clase social. No fue el primero, ni el único, ni el último…”.

Ni el último. Los movimientos empresariales y bancarios de los más importantes miembros de la burguesía catalana en contra de la posición independentista comienzan a medrar en el sector más conservador del PdCat como una gota china. Los cambios de sede social de diversas empresas importantes se precipitan: La Caixa, Banc Sabadell, Gas Natural, Colonial, Abertis. Una cascada de noticias que, sin tener una repercusión directa notable en la economía, desmonta parte del relato y tuercen la balanza de prioridades del sector independentista representante de la burguesía.

El día de la proclamación de la independencia se acerca y asoma el fantasma de Cambó, no el que hasta ahora había enarbolado Puigdemont, sino el que tiene que decidir entre patria o patrimonio. Los matices y la pluralidad quedan al desnudo cuando la dicotomía se hace presente. Las prioridades asoman y toca decidir. Y la CUP se entera una hora antes del pleno de proclamación de independencia de la república catalana de que el cambismo ha vuelto a asomar y el Frente Catalán de Orden se impone nuevamente. No hay DUI y la masa homogénea con un objetivo común se resquebraja por donde la historia ha enseñado en multitud de ocasiones: por la brecha de clase.

La traición consumada la refleja Arran, las juventudes de la CUP, en las redes sociales. Anna Gabriel en su discurso da buena cuenta de que se ha faltado al acuerdo al que habían llegado, y el diputado Sergi Saladié teme un pacto de las élites para no cumplir los compromisos adquiridos. Pero el mayor indicador emocional de la decisión de Carles Puigdemont es la multitud de gente que acudió al paseo Lluís Companys a presenciar un momento histórico en una pantalla gigante. La calle, siempre enarbolada como motor del procés, no puede ahora ser ignorada cuando deja al descubierto su profunda emoción. La decepción manifiesta de aquellos que se han organizado de manera ejemplar para poder votar el 1 de octubre, la de todos aquellos que han defendido con su cuerpo unas urnas para que sus dirigentes cumplan el mandato, no puede ocultarse. El proceso vivido en Cataluña brota de la piel y el sentimiento, y no se puede esconder cuando el sueño queda frustrado.

El conflicto acelerado durante estos diez días tumultuosos ha enseñado la peor cara de una parte de la España escondida tras el búnker de la cultura de la transición. Un nacionalismo ultramontano que ha envenenado con sus peores vicios a una parte del independentismo que quería huir de ella. La configuración del movimiento soberanista, ejemplar hasta estos días, comenzó a emponzoñarse con las actitudes que combatía hasta que la deslealtad cambista heló el ardor excluyente para convertirlo en desengaño.

La rotura de la heterogeneidad del movimiento independentista no significa que desaparezca el sentimiento, simplemente está de duelo. La reivindicación lírica del catalanismo volverá a aflorar más pronto que tarde. Exhibir desdén hacia estas emociones y menospreciar la fuerza de una pasión las hará regresar con más rabia, y estamos a un paso de que sea ira. La crónica emocional de estos días en Cataluña es la narración de una semana triste en la historia de dos naciones que compartían destino.

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Del mambo al pasodoble. Una coreografía autoritaria

El baile está de moda, tanto que informativos y tertulias han pasado de editarse a coreografiarse. De un guión preestablecido, cada vez más esquemático, duro y previsible, hemos pasado a una danza en la que todos los elementos encajan perfectamente, como una toma de película musical de los años 50. Así el espectador, el lector o el oyente ya no sufre, y la realidad conflictiva fluye delante de sus sentidos con un compás informativamente muerto pero cautivador en su consenso adulterado. Lo que sucede ha pasado de ser de opinable a enmendable; la aceptación, una forma de patriotismo y la discordia, de traición.

El martes todo el país asistió expectante al discurso de Puigdemont, que enumeró agravios desde el recorte del Estatut de forma precisa e incidió en lo que esencialmente nos ha traído hasta aquí: la Generalitat funciona con una norma que no fue la que votó Cataluña ni se aprobó en el Congreso de los Diputados, sino la que salió del Tribunal Constitucional. Recordó las relaciones entre la parte y el conjunto, se dirigió en castellano al resto del país y mantuvo un tono institucional. Proclamó, discursivamente, una república para dejarla en suspenso a los pocos segundos.

Fuera por una llamada de Tusk o sus palabras públicas, donde pidió al President no tomar ninguna decisión que hiciera el diálogo imposible, fuera por otro elemento que desconocemos, el martes no se produjo declaración unilateral de independencia. Lo que sí sucedió fue una escenificación necesaria de ese paso atrás que decepcionó a la mayor parte de la calle independentista, que entendió que del mambo se pasaba al minué, pero que tendía una mano al Gobierno central para reconducir la situación por unos cauces diferentes a los actuales.

Puede que declarar algo para desdecirse al momento resulte extraño, pero la política requiere también de piruetas para seguir adelante. Al fin y al cabo, si recuerdan, ustedes votaron una Constitución Europea en referéndum en el año 2005. Seguramente hasta llegaron a tener un ejemplar impreso, lo regalaban con los periódicos, lo daban en los ayuntamientos. Y aquello, que se aprobó y existía, dejó de existir porque los franceses anticiparon el descontento que nos vendría luego a todos. En el fondo dio igual, porque un par de años después se firmó el Tratado de Lisboa, que era lo mismo pero sin tanto recubrimiento de principios. Y adelante, sin mirar atrás, como si lo que todos vimos no hubiera nunca ocurrido. Las farsas suceden a menudo pero solo algunas son calificadas de tal.

La representación, que era necesaria porque algo había que contar a los propios y los ajenos, continuó con la firma de una declaración política sin valor jurídico. Algo que mostraba intenciones, ya expuestas mil veces y desde hace años por el independentismo, conocedor de una certeza: en política no hay negociación sin fuerza, ni consecución sin lucha; raramente las peticiones con la cabeza agachada tienen algún efecto. Y hasta aquí deberíamos haber llegado, cerrando este artículo a la espera de una respuesta del Gobierno que emplazara, al menos, a una toma de contacto, que incluso se hiciera de rogar sabiendo que el reloj le favorece porque el cansancio siempre se ceba con el escapado y la atención, incluida la internacional, es hoy tan breve como voluble. Pero no.

Porque como ya adelantó Arrufat, secretario nacional de la CUP, la jornada había sido “paradójica, porque veníamos a proclamar la república y quien la ha proclamado ha sido Mariano Rajoy”. Es decir, la coreografía mediática, que en un primer momento tendía hacia el humorismo soez y triunfalista del acojone, que insistía en que todo aquello era una farsa, empezó a modular su discurso para decir que había ocurrido algo que según nos había dicho era imposible que ocurriera y que de hecho no había ocurrido, aunque el independentismo necesitara escenificar que sí. La CUP reconoció que una hora antes se habían cambiado todos los guiones y que aquello dejaba tocada su confianza en el Govern. Nadie es tan suicida de convocar a los suyos, en busca de la previsible noche histórica, para echarles por encima un jarro de agua fría.

Arrimadas, líder de la oposición y portavoz de Ciudadanos, partido que en la crisis catalana ha pasado de ser de la sucursal simpática del PP a su ala dura, fue quien dio la salida para que del mambo se pasara al pasodoble, en un discurso con anteojeras que pareció no haber sido modificado ni en una coma tras la intervención de Puigdemont, que adelantó por la derecha a Albiol y que resultó de un oportunismo tan peligroso como efectivo. Resulta descriptivo de esta situación, tan necesitada de puentes, que precisamente declaraciones como la de la alcaldesa de Barcelona resultaran informativamente desapercibidas. La coreografía no admite ya dudas respecto a cuáles son sus últimas intenciones: la laminación del independentismo, aun a costa de enquistar el problema político catalán.

La previsible respuesta del Gobierno, ya más cerca de Estambul que de Algeciras, con la complacencia del PSOE y los golpes de pecho de C’s, puede parecer una apuesta electoral, y sin duda lo es, pero también es una declaración de intenciones que enclaustra la idea democrática dentro de una legalidad que, objetivamente, ya no responde a los parámetros actuales del conflicto político. Esto es algo que ya supera a los partidos de la coalición del régimen y en la que cabe preguntarse cuál es la libertad real de un presidente con demasiadas hipotecas e incapaz, aunque quisiera hacerlo, de parar a los sectores más extremistas de la derecha política, la administración y la calle. Un rey no se quema en vano.

La situación que vive el país no es producto de la crisis catalana, esta solo ha sido el detonante de algo que ya llevaba fraguándose tiempo, primero como proyecto teórico de la extrema derecha en el aznarato y ahora ya como modelo para la restauración asumida por las altas instituciones del Estado. Una sociedad dirigida autoritariamente y aceptada acríticamente, polarizada desde el patrioterismo, con un disenso controlado y una integración basada en el colaboracionismo. Cataluña no es la enfermedad, sino tan solo uno de los lugares donde se han manifestado los síntomas del conflicto que provoca esta reconfiguración reaccionaria de régimen. Lo peor no es lo que está ocurriendo, lo peor es la normalidad con la que se acepta.

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Puigdemont suspende una independencia nunca proclamada

El presidente de la Generalitat arrojó un jarro de agua fría sobre las ilusiones de miles de catalanes que se jugaron el tipo el pasado 1 de octubre para votar. Una decisión que pragmáticamente parece responsable pero que ha frustrado y decepcionado a muchos ciudadanos que esperaban que hoy Cataluña anocheciera siendo una república catalana. La reacción de abatimiento de la gente que estaba en el Paseo Lluís Companys viendo la comparecencia en pantallas gigantes es reveladora. En un proceso en el que se aludía a la voz de la calle, su silencio habló. Y esa fue la única y verdadera proclamación.

Carles Puigdemont declaró en su esperada comprecencia: “Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en Estado independiente en forma de república”, para a continuación suspender la independencia que no llegó a proclamar y llamar al diálogo. Los acontecimientos de esta semana han apaciguado el alma independentista de Puigdemont y han hecho aflorar su caracter más burgués. El espíritu de Cambó, que cambió la Lliga regionalista por el apoyo a Franco, comenzó estos días a sobrevolar sobre el PdCAT con las huidas de las empresas y los bancos, porque cuando las cosas se complican un burgués siempre optará por sus intereses y los de su clase.

A largo plazo, la decisión de Puigdemont puede ser la mejor opción para el independentismo. Pero eso no se percibe hoy. Los diputados de la CUP han dejado claro su descontento con la declaración interruptus del líder catalán y Anna Gabriel ha expresado que se tendría que haber proclamado de forma solemne la república independiente de Cataluña. El enfado era evidente entre el partido municipalista, que posteriormente abandonó el pleno sin mediar saludo o mirada con el president.

La no declaración de independencia, sin embargo, parece no haber servido para quien no quiere escuchar. Inés Arrimadas, líder de la oposición, no cambió un ápice el discurso que llevaba programado y se dirigió a Puigdemont como si hubiera hecho algo que no hizo. Lo mismo que el portavoz del PP, Xavier García Albiol, que ávido de poder proclamar el artículo 155 de la Constitución no atendió al discurso del president, o lo ignoró enarbolando el ala más ultra del partido del gobierno de España. Una posición que parece compartida por el el ejecutivo de Rajoy, que declaró que da por proclamada la independencia para poder actuar contra el Govern. Tras el pleno se firmó a hurtadillas en una sala anexa una declaración de independencia  con un articulado que no recoge la suspensión. Un papel sin ninguna validez jurídica que firmó también la CUP pero expresando que suspenden su actividad parlamentaria hasta que pase por el pleno y sea validada.

El abismo sigue a un paso. Pero Carles Puigdemont ha evitado por ahora con su comparecencia que sea inevitable la intervención, su apelación al diálogo y a desescalar el conflicto haciendo un llamamiento a la comunidad internacional ha supuesto un frenazo emocional que puede ayudar a que el independentismo gane apoyos en el extranjero aunque le cause problemas con la masa social catalana. Una decisión prudente que puede ser afianzada por una actuación irresponsable del Estado. Mariano Rajoy siempre se ha caracterizado por no hacer nada para solucionar los conflictos y puede que ahora sea la mejor opción.

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Puigdemont comparecerá el martes en el Parlament

Carles Puigdemont, en el Parlament | La Marea

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá la tarde del martes en el Parlament después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el pleno del lunes, ante la previsión de una posible Declaración Unilateral de Independencia. En su petición de comparecencia, Puigdemont ha avanzado que informará “sobre la situación política actual”, sin ofrecer más pistas sobre el contenido de la sesión plenaria.

Poco antes del anuncio del presidente catalán, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha abandonado sin medidas cautelares la sede de la Audiencia Nacional, tras una breve declaración ante la juez Carmen Lamela. Trapero y otros dos altos cargos de la policía autonómica catalana están siendo investigados por un posible delito de sedición, tras el dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos el 20 de septiembre en la Conselleria de Economía de la Generalitat. Ante la juez, el mayor ha explicado su versión de los hechos y se ha mostrado “muy satisfecho”.

También han abandonado la Audiencia Nacional sin cargos los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No obstante, será previsiblemente el lunes cuando la Fiscalía pida a Trapero y el resto de los investigados la prisión preventiva o bien alguna otra medida cautelar. A última hora de la mañana, la Fiscalía ha recibido un nuevo atestado que extiende los posibles hechos delictivos del jefe de los Mossos al 1-0.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha pedido disculpas por los heridos de las cargas policiales del día del referéndum pero ha defendido la actuación policial. A su vez, Millo ha responsabilizado al Govern de la situación vivida el 1-0. Además, un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia del Govern contra la operación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar el 1-O. En su auto, el juez reconoce que “afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana”.

Mientras, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto-ley para facilitar el cambio de sede social de las empresas que decidan dejar Cataluña. El decreto permite que sea el consejo de administración quien decida el cambio de sede sin necesidad de convocar a la junta de accionistas. “Es muy triste la salida de empresas de Cataluña, y eso es culpa de una política irresponsable que genera inquietudes en el mundo empresarial. El Gobierno siempre va a favorecer todo lo que permita la prosperidad económica en Cataluña”, ha afirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

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España no se dirige a los Balcanes, camina hacia Turquía

'Garrote vil', obra de Ramón Casas (1894). | La Marea

Si las crisis políticas tienen algo bueno es que la ironía como escapismo para enfrentar los conflictos cotidianos queda reducida a la intrascendencia. Si tienen algo malo es que la suma de acontecimientos en un espacio de tiempo muy pequeño apenas deja tiempo para asumirlos, pasando como comida mal digerida que apenas deja nutrientes en el organismo.

Hace una semana el Referéndum parecía, según el Gobierno central, finiquitado. Los sucesivos golpes a la infraestructura técnica más el abrumador despliegue policial anticipaban un 1 de octubre que quedaría como el final de las ansias independentistas y como el principio de la vuelta a los cauces previstos. El pasado martes 26 de septiembre, de hecho, Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, hizo el siguiente comentario: “La declaración unilateral de independencia en estos momentos está absolutamente descartada, lo que hay que dejar es que la gente vote y en función de lo que vote, escuchar y empezar a dialogar”. La expresión estupefacta de Anna Gabriel, enterándose de las declaraciones en un programa de televisión, lo dijo todo.

Este pequeño episodio, lejanísimo, al que ya nadie da importancia, explica en buena medida en qué ha consistido todo el Procés en términos políticos institucionales. El PDeCAT solo ha creído en las acciones para lograr la independencia como gestos, como una representación que afianzara su poder en Cataluña y a la par les diera capacidad para forzar unas negociaciones que superaran la senda del malogrado Estatut.

El problema es que cada representación desde su lado ha sido contestada desde el contrario con otro gesto que les ha impedido frenar y, lo que es más importante, que ha dado impulso a una parte de la sociedad catalana que ha sobrepasado a los de Puigdemont de largo. Además, ya hay otro factor, y con ese ya nos referimos a la formación del último Gobierno del PP, que descuadra la ecuación de las representaciones: el Régimen ya no desea negociar ni solucionar ningún problema, desea eliminarlo e imponerse.

Que el Régimen del 78 está muerto se dice desde los círculos de la izquierda cada vez menos y con menos convicción pero también desde los de la derecha, salvo que estos lo hacen allí donde no hay cámaras ni micrófonos. Cataluña es vista como el 23-F de Felipe VI, como la oportunidad para cimentar un reinado que, todo Borbón sabe, siempre es de prestado hasta que un acontecimiento traumático hace necesaria su presencia. Para los conservadores más inteligentes derrotar al independentismo es derrotar al problema nacional, pero también a la idea constituyente de república, al cambio que amenazó, más de lo que creemos, su orden de cosas.

Ayer, el rey tenía tres posibilidades en su discurso. La primera, la de hacer un llamamiento al diálogo, algo que le hubiera salvado la cara delante de todos aún siendo una declaración meramente testimonial. La segunda, la de dar un toque al Gobierno, poco probable en nuestro país pero no tan descabellada si se piensa en la atención internacional y las llamadas de Merkel a Rajoy o los titulares de la prensa conservadora europea y norteamericana. La tercera, la elegida, fue la de la confrontación abierta, que más que unir su destino al del Gobierno lo que hace es mostrar que esto ya no es una cuestión tan solo del PP, sino una decisión para matar al 78 haciendo que perviva su esencia del 39.

Y, siendo realistas, todo parece a su favor. La lectura es que da igual tener un conflicto grave en Cataluña mientras que se mantenga dentro de unos límites que no requieran la intervención militar y que, sostenido en el tiempo, valga para atrapar el discurso político únicamente en el eje, más que nacional, patriotero. Aunque la economía española ha crecido de forma leve, sin que esto haya valido para mejorar la situación social de las capas populares, la amenaza de un cambio en la política del BCE en la compra de deuda reduciría al mínimo la posibilidad de supervivencia del Gobierno. A no ser que los votantes cambiaran la indignación por el ardor rojigualdo.

El principal problema para España, en estos momentos, no es su balcanización, sino su asimilación turca. Por un lado tenemos un juego político reducido a la grosería permanente, donde ya no hay espacio para el desarrollo de ideas complejas a largo plazo ni para un debate de fondo. Nos remitimos a la constante, reaccionaria y peligrosa insistencia en equiparar democracia y legalidad de tan el gusto, por ejemplo, de Ciudadanos. Pasamos de que la idea de legalidad sea la garante de la democracia, a que una legalidad en concreto sea la única forma de democracia posible, reduciendo por tanto el ejercicio político a una fosilización de intereses de clase con apariencia de normas.

La represión en la jornada del Referéndum, aún brutal, no es inédita en este país. Como no lo son las acciones parapoliciales que, uniformados sin uniforme, perpetraron en Calella. La imagen de una policía hooliganizada gritando consignas en la recepción de los hoteles o aplaudiendo a un Albiol de tono dramático que les decía que estaban allí para proteger a los “catalanes de bien” ha pasado de ser algo que se presentaría casi como primicia periodística para el oprobio de la fuerza pública a una noticia celebrada con orgullo en las tertulias. Y este es el otro pie fundamental del erdoganismo españolista, tras palos y leyes mordaza, unos medios que han perdido por completo cualquier interés en fingir rigor y ya pelean solo por ver cuál se muestra más lacayuno y aplicado. Nunca el poder podrá agradecer suficiente a sus periodistas la labor desempeñada.

La cuestión, en una situación tan oscura, es que el remake del 23-F se puede transformar rápidamente en un 1898 con su desastre de Cuba. Mientras que en 1981 el miedo al franquismo era cierto, hoy hay varias generaciones que han podido desarrollarse en unas líneas políticas netamente diferentes a la de sus padres y que, sin ser revolucionarios, no toleran fácilmente las imágenes de represión y violencia. La segunda, porque el factor material sigue ahí, imposibilitando un proyecto de vida a largo plazo, más allá de una precarización a salto de mata. La tercera es que nadie menor de 40 años se toma en serio los grandes medios, sobre todo cuando la realidad que presentan es de una disparidad abrumadora comparada con la información que circula por las redes. La cuarta es que el periodo anterior, aunque hoy parezca finiquitado, dejó algo en millones de personas. Determinadas experiencias, formas organizativas, enseñanzas directas como vivir la represión en primera persona no se olvidan tan fácilmente. Y la quinta es que, pese a que la izquierda parlamentaria ha dado una imagen en la crisis catalana de endeblez, improvisación e incomodidad, está estructuralmente presente de forma mucho más factible de lo que lo estaba hace cinco años. Además, mientras que Juan Carlos I habló desde una fingida heroicidad para todos, Felipe VI ha desvelado que él no es juez, sino parte.

Y aún queda otro factor tapado, el del propio PSOE. Que si bien es parte indisoluble del 78, su principal sustento, lo ha sido siempre y cuando el Régimen pudiera mantener su cara de legitimidad democrática (pese a guerras sucias, reconversiones y corrupciones). Para el partido de Sánchez resulta de una terrible incomodidad defender algo para lo que están pensados si ese algo se muestra, en vez de amable, descarnado. Se equivoca quien vea en el PSOE un aliado confiable de cambio real, se equivoca quien no juegue a azuzar las contradicciones entre lo real y lo representado que este partido va a tener que enfrentar.

Un régimen parafascista no es menos peligroso que uno encarnado por la brutalidad de un general. Sobre todo porque adultera los procedimientos democráticos para escudarse tras ellos desechando todos sus principios. Vivimos un tiempo en el que es posible condenar a gente a la cárcel por delitos de opinión y, a la vez, mantener el discurso de la poscensura en las redes; en el que la Policía puede arrastrar por los suelos a los votantes y, a la vez, ser presentada como víctima de una intolerable cacerolada; en el que un Presidente acosado por graves casos de corrupción puede hablar de legalidad; en el que un rey al que nadie ha elegido puede sentenciar sobre lo inoportuno de elegir. Vivimos tiempos en los que mientras que se canta el Cara al Sol en pleno centro de Madrid se ponen morritos para salir guapo en el selfi. Vivimos una intrascendencia peligrosa, una puerilidad decadente, un fascismo con filtro de Instagram.

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Notas para cerrar un día muy triste

Manifestación por la independencia en Barcelona. | La Marea

Empiezo el 1 de octubre encendiendo el televisor: mientras TV3, la televisión catalana, informa continuamente sobre la jornada política, en TVE veo que dan Españoles en el mundo: Botswana. Luego me cuentan que un rato antes han emitido la Santa Misa.

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Después del almuerzo no puedo más y me voy a “votar”. Con la nariz tapada, de mala gana, cabreado, porque aunque sé que no sirve para nada, que, en el fondo (y en la forma), esto es un paripé descomunal, la dignidad me impide estar ni un minuto más con los que han enviado a la Policía y la Guardia Civil para apalear a la gente. Luego me entero de que muchas personas más han hecho lo mismo, votando en blanco o no.

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Hoy que han regresado las balas de goma ya nadie se acuerda, y los Mossos son los buenos buenísimos, pero a Ester Quintana fueron ellos quienes le vaciaron un ojo.

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Ya no sé cómo acabará esto. Seguramente mal. De lo que no hay duda es de que dejará unos daños en la sociedad catalana que costará mucho reparar. Pero si acaba, cuando sea, tarde o pronto, estableciéndose un nuevo acuerdo de relación política entre el Estado y Cataluña, no habrá lugar para la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Es imposible después de lo que hemos visto hoy. Y, al fin y al cabo, tras el atentado de Barcelona, quedó claro que tantos cuerpos policiales operando a la vez en un mismo territorio es un disparate carente de eficiencia.

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Todavía se dan muchas declaraciones políticas sobre la unidad de la sociedad catalana, sobre la concordia que reina aquí. Es cierto que no vivimos en un clima de violencia como proclama, intoxicador e interesado, el Partido Popular y el Gobierno español. Pero que levante la mano quien estos días no haya tenido que salirse de un grupo de whatsapp o quien no haya preferido dejar sin contestar un mensaje de un amigo, conocido o familiar para evitar un altercado. De acuerdo, todavía no tenemos muertos, como los hubo en Euskadi, pero la convivencia ha dejado de ser agradable.

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Tampoco gusta nada a los independentistas que se diga que lo que ha sucedido hoy era una situación que, por cálculo político, se buscaba o interesaba provocar. La mayoría de la gente no lo ha querido ni deseado, por supuesto, pero quienes mueven las estrategias lo tenían presente como un escenario que beneficiaría a su causa. Un amigo, buena persona, independentista de toda la vida, me ha enviado un whatsapp por la tarde con la foto de una de las víctimas de la represión policial, ensangrentada. Su comentario era: “Ya hemos ganado, antes del recuento”. Seguro que no lo ha escrito con mala intención, pero me ha dejado helado. Para “ganar” necesitábamos sangre…

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En algún momento de la jornada, han informado de que en la reunión matinal de parte del gobierno catalán en el Palau de la Generalitat, cuando todavía no había llegado Puigdemont, estaba Artur Mas. Me emociona la calidad democrática del Procés: entre un presidente a quien no ha votado nadie y otro que mueve hilos en el sanedrín secreto.

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A las 5:27 de la tarde, The Guardian ha informado de la declaración de Guy Verhofstadt, exprimer ministro belga, flamenco, convencido europeísta y uno de los mejores aliados del nacionalismo catalán. Un comunicado impecable:

I don’t want to interfere in the domestic issues of Spain but I absolutely condemn what happened today in Catalonia.

On one hand, the separatist parties went forward with a so-called referendum that was forbidden by the Constitutional Court, knowing all too well that only a minority would participate as 60 % of the Catalans are against separation.

And on the other hand – even when based on court decisions – the use of disproportionate violence to stop this.

In the European Union we try to find solutions through political dialogue and with respect for the constitutional order as enshrined in the Treaties, especially in art. 4.

It’s high time for de-escalation. Only a negotiated solution in which all political parties, including the opposition in the Catalan Parliament, are involved and with respect for the Constitutional and legal order of the country, is the way forward.

El apoyo es evidente, pero quien no quiera entender lo que significa “so-called referendum” y “including the opposition in the Catalan Parliament” es que mira para otro lado. Nuestra calidad democrática últimamente deja mucho que desear.

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Acaba la jornada con los dos discursos de Rajoy y Puigdemont. El del primero es execrable e insensible. Miente. El del segundo es patético y obsesionado. Le importan un pimiento los “resultados” que, lógicamente, todavía no han salido. Miente, también. Con este par vamos directos al desastre. Que alguien los eche, por favor.

Xavier Dilla es autor del blog El sol que no crema

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