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Día de la absolución del CETA: se culmina el divorcio con la realidad

Encuentro 'CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá'. Foto: Comisión Europea.

Una de las características más inquietantes del presente momento histórico es la absoluta complacencia con los excesos del capitalismo global, forjado gracias a la arquitectura que despliega el comercio internacional. La forma de legitimarse de este orden en un estadio tan avanzado supera cualquier concepción que tengamos sobre el propio espectáculo, se borran las fronteras entre la realidad que decreta y lo que percibe el imaginario popular como tolerable. Estas son las impresiones que se desprenden de la jornada “CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá,” el evento que abre la veda a una nueva campaña de relaciones públicas de la Comisión Europea llamada “Hablemos de comercio”. Ante las turbulencias populistas, la idea parece presentar la globalización neoliberal impulsada desde los años ochenta como nuevo sentido común de época o, como señalaba la nota de prensa de un evento que contaba con dos visiones -la empresarial y la institucional-, intentar “establecer un debate informado sobre el comercio internacional.” El equilibrio no es un rasgo fundamental de este tiempo.

La opinión pública se está haciendo más favorable a estos tratados”, celebraba durante la sesión Christian Burgsmüller, del gabinete de la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Con la llegada de Donald Trump, los acuerdos comerciales no sólo han parecido adquirir completa legitimidad como contraveneno al multimillonario, sino que conceden al establishment bruselense todas las excusas para borrar de un plumazo un pasado molesto. La consciencia de aquellas batallas en la calles de Seattle en 1999, un “referente” contra las dinámicas de la globalización que de por sí eran una distopía de lo que fueron luchas pasadas, se ve ahora progresivamente cercada. De aquello sólo quedan las crónicas y decenas de miles de quejas en forma de ‘tuit’. Y “veremos — añadía Burgsmüller— cuando pasen dos o tres años y la visión apocalíptica de algunos críticos no se haya cumplido.” La realidad desaparece —es privatizada— ante una incesante sucesión de eventos que hablan del futuro de “las sociedades prósperas e igualitarias”.

“Existe una inquietud en proyectar un tipo de integración económica global, que es la base de la prosperidad creada en nuestros países desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos razón para la celebración de hoy,” explicaba Matthew Lewis, embajador de Canada en España, desde su tribuna en la Casa América, que en su patronato cuenta con el BBVA, Gas Natural, Telefónica y las Fundaciones del Banco Santander, Iberdrola y Repsol. Pareciera como si hubieran desaparecido los dislocados por los excesos de la globalización y el ataque al estado de bienestar nacional iniciado en los años ochenta; como si obtuvieran en los acuerdos de comercio como el CETA la receta homeopática a sus males.

El comercio es desde los recuerdos más lejanos de este Viejo Continente el gran motor de su integración. Asentada bajo la garantía de un mercado libre como forma de alcanzar un mundo pacífico y próspero frente a la devastación de la guerra, un grupo de estados europeos trataron de demostrar al mundo la viabilidad de su ideal de progreso ilustrado, fundamentado en la realización de la razón como liberación de la industria. Pese a que José Vicente González, vicepresidente de la CEOE, expresó que “es radicalmente falso que los tratados de comercio están hechos a medida de las grandes empresas”, el producto europeo actual es aquel en el que los jefes de grandes corporaciones se reúnen en Bruselas eminentemente para hacer negocios y, capitaneados por el superávit generado por la industria alemana, alzarse como un bloque comercial que plante cara al resto del mundo. A eso lo llaman Unión Europea. Y precisamente en ese mismo sentido apelaba Matthew Lewis al componente excepcional de nuestro tiempo: “es un acuerdo histórico que refleja la visión de sociedad que queremos, que se beneficia del dinamismo y la creatividad de la apertura económica”.

Precisamente haciendo un recorrido histórico por la posmodernidad, el historiador Perry Anderson concluyó que cuando existe una grieta entre la experiencia existencial y el conocimiento científico, “la ideología asume la función de inventar alguna forma de articular entre sí esas dos dimensiones distintas”. En este caso concreto, la ilusión de que “lejos de beneficiar a las grandes empresas, este tratado está centrado en las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, en palabras de Carlos Molina, periodista de Cinco Días. O en las de José Luis Kaiser, de la Secretaría de Estado de Comercio: “yo he trabajado casi 15 años negociando acuerdos como el CETA y este acuerdo está enfocado sobre las pymes.” Todo aderezado de una nota de prensa que sostenía la cifra de que las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones de euros en aranceles gracias al acuerdo. Cabe destacar que la única referencia al dato se remonta a un comunicado de 2016 de la Comisión Europea. Según fuentes oficiales, supuestamente esa cifra es producto de descontar de las exportaciones totales hacia Canadá el ahorro que se deriva de la reducción de los aranceles en los próximos años. Un artificio propio de ilusionistas.

Porque en efecto es ilusorio creer que quienes comenzaron a negociar este acuerdo en 2009 —concretamente, el entonces presidente de la Comisión Europea y actual presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, José Manuel Durão Barroso— lo hicieron con la intención de beneficiar a las pymes. Si bien algunas cuestiones (la reducción de trabas administrativas o eliminación de aranceles) podrá resultar beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que el acuerdo final no contiene ni un solo capítulo específico con obligaciones para apoyar a las pymes. De hecho, como revela un trabajo académico de 2016, las pymes solo se mencionan en el acuerdo final ratificado por España en tres ocasiones: en los capítulos sobre inversión, comercio electrónico y compras gubernamentales. Y es más: según los datos, en la actualidad existen más de 20 millones de pymes en la Unión Europea (el 93% de estas, con menos de 10 empleados), pero sólo 619.000 exportan fuera de esta. Sin considerar que las dinámicas de liberalización sin freno impulsadas también por el CETA serán feroces para estas empresas, expuestas a la competencia de las grandes corporaciones transnacionales, y deberán hacer malabares para asegurar los 90 millones de puestos de trabajo (67% del empleo total en Europa) que generan.

Al parecer hemos entrado en la era moderna, y van a llegar muchos acuerdos “modernos y progresistas”. En conversaciones con La Marea, Christian Burgsmüller aclaraba que desde Bruselas se han dado de frente con la realidad de que la presente arquitectura de la globalización ya no se adapta a los tiempo actuales y es hora de negociar nuevos tratados de forma ambiciosa con países como Canadá, con los que compartimos valores tales como el “compromiso con la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental”. Dejando de lado que Canadá acogiera a más refugiados en medio año que cualquiera de los veintisiete estados europeos, en lo que respecta al contenido concreto del CETA no hay ninguna cláusula que salvaguarde los derechos humanos, una exigencia que realizó el Parlamento Europeo durante las negociaciones del TTIP.

También la cuestión ambiental es más que discutible. No sólo porque la ampliación de derechos de los inversores que contempla el tratado con Canadá podría desencadenar demandas de compañías contaminantes cuando los gobiernos traten de regular o acabar con la actividad de minas sucias o poner fin a los combustibles fósiles, sino porque cualquier disposición para implementar las políticas ambientales y climáticas de forma urgente puede chocar con las reglas que establece el tratado. Además, contrariamente a las exigencias llevadas a cabo por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en el TTIP, el CETA sólo protege parcialmente las indicaciones geográficas, no contiene disposiciones sobre la reducción de los antibióticos en la ganadería, no promueve las energías renovables y utiliza listas negativas que dificultan el derecho a regular el sector energético. En una línea similar caminaban las conclusiones del Comité de expertos establecido por el presidente francés, Emmanuel Macron, para evaluar el impacto ambiental del acuerdo al concluir que, en el marco del texto final, “existen riesgos para invocar el principio de precaución europeo” o sus implicaciones serán “desfavorables para el clima.” Preguntado por ello, Burgsmüller insistió en que “el CETA no va a acarrear políticas contrarias al clima”.

Ha llegado un punto en la lógica discursiva del capital en la que pareciera que son las élites económicas, y no sólo los populistas de ultraderecha, quienes están comenzando a desembarazarse del concepto de ‘verdad’. De nuevo José Vicente González, de la CEOE, entidad poco conocida por su defensa de los derechos laborales de los trabajadores, señalaba en el evento la falacia de que el CETA va a arruinar puestos de trabajo, “cosa que no tiene ninguna constancia empírica,” señaló antes de avisar que improvisaría su intervención. “La desventaja es que estará poco estructurada, pero será sincera,” aseguraba en términos orwellianos. Sobre estas palabras, la Comisión del Parlamento Europeo de Asuntos Sociales y Empleos, tiene algo que decir en lo que respecta a la creación de empleo. Según los datos empíricos de uno de los estudios citados en sus recomendaciones para votar en contra del CETA, en el mejor de los casos se producirán aumentos marginales en el empleo de la Unión Europea de no más del 0,018% en un período de ejecución de entre 6 y 10 años. También otros estudios han presentado el argumento de que la creación de empleos no es tan segura y se pueden producir pérdidas de en torno a 204.000 empleos para la Unión Europea en su conjunto. En cuanto a los salarios, proseguía la recomendación parlamentaria, “la evidencia demuestra que el acuerdo contribuiría a ampliar la brecha de ingresos entre trabajadores no especializados y calificados, aumentando así las desigualdades y las tensiones sociales.”

En conferencias como esta, donde la clase política y económica puso el broche a la sesión entre vinos españoles, uno tiene la impresión de contemplar ante sus ojos aquel fenómeno que Anderson denominó como el “encanallamiento general de las clases poseedoras.” Esas élites verdaderamente intelectuales o academicistas que caracterizaban a la era moderna han sido suplidas hoy por una especie de populismo estético, característico de las élites cosmopolitas contemporáneas, donde la endogamia tecnocrática se vislumbra de forma perfectamente definida. Al final iba a acabar siendo verdad lo que dijo entre risas Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España: “los empresarios se creen más a los empresarios que a las instituciones.” Y al parecer, gracias en parte al mimetismo ético de los círculos de poder, sucede también a la inversa: las instituciones europeas se creen más a los empresarios.

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El TLCAN: 23 años de saldos negativos al país, por Martin Esparza Flores

Reincidiendo en los mismos errores del pasado, los funcionarios mexicanos que se disponen a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –a exigencia del republicano Donald Trump–, insisten en dar la espalda a las voces de los campesinos, trabajadores y otros sectores de la economía que han sido seriamente golpeados luego de que el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari decidiera entregar no únicamente la soberanía económica y la seguridad alimentaria del país a las trasnacionales, sino además anular el crecimiento del mercado interno, los salarios y las conquistas sociales de millones de mexicanos.

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¿Por qué nos movilizamos contra el CETA?

Campaña Stop-CETA I La Marea

El 15 de febrero es una fecha importante para el futuro de los pueblos que viven bajo esa arquitectura neoliberal que representa hoy la Unión Europea. Y es que este miércoles se producirá en el Parlamento Europeo la votación de ratificación del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá, más conocido por sus siglas en inglés: CETA. Pese al carácter especialmente opaco y oscurantista del proceso de negociación y la firma de este tratado por parte de las autoridades comunitarias, los movimientos sociales europeos preparan amplias movilizaciones, que tendrán lugar tanto en la sede del Europarlamento en Estrasburgo como a través de distintas acciones deslocalizadas en todo el Estado español.

La importancia de este hecho es manifiesta, ya que se tratará del primer tratado de nueva generación firmado por la Unión con un país del G-7, con lo que esto implica tanto a nivel de volumen de tráfico comercial y de inversiones, como de consolidación de un bloque geopolítico hegemónico que pugna por mantener y acrecentar sus nichos de influencia en el escenario global frente a otros actores emergentes. Es manifiesta también por el rol de vaso comunicante que ejerce el CETA respecto al más conocido TTIP, toda vez que, vía Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), numerosas empresas transnacionales de matriz estadounidense disponen de filiales en Canadá, con la apertura de puertas del mercado europeo que esto les supone. Finalmente, el CETA resulta central porque, tal y como ha afirmado la Comisión Europea, establece los términos y estándares por los que se guiará este órgano de cara a las negociaciones de acuerdos similares que a día de hoy mantiene abiertas con otros 20 agentes globales diferentes.

Asimismo, es necesario destacar que, pese a tratarse de un tratado mixto ?esto es, que incluye cláusulas que afectan a competencias no comunitarias que atañen a los Estados miembros?, un resultado positivo de la votación de este miércoles daría lugar a una aplicación provisional del acuerdo, lo que supondría un serio escollo para su posible reversión a posteriori. Las autoridades comunitarias pretenden imponer su agenda por la vía de los hechos consumados y desactivando al máximo la contestación social. Precisamente por ello se hace aún más importante la movilización social y la visibilización en la calle del rechazo popular al CETA.

Cómo hemos llegado hasta aquí

El proceso que nos ha traído hasta aquí ha sido largo. En 2009 la Comisión Europea asumió el mandato negociador, comenzando un proceso que se prolongó hasta septiembre de 2014, y que se desarrolló en el más absoluto secretismo. Fue conocido por la opinión pública como consecuencia de la salida a la palestra del TTIP ?que a su vez fue conocido como resultado de una serie de filtraciones, no por una vocación de transparencia de la Comisión?, manteniéndose siempre en un perfil más bajo respecto al protagonismo del acuerdo con EEUU, pese a que sus consecuencias negativas sean similares. Una vez finalizada la fase negociadora, comenzó el proceso de firma y ratificación del acuerdo por las partes. Aquí comenzaron los problemas para las autoridades comunitarias y se incrementó el rechazo y la movilización popular.

La primera fase requería la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros del Consejo. En este punto es donde surgió la resistencia del parlamento regional de Valonia, que a través de su voto negativo imposibilitaba que Bélgica diera el sí al texto, dando al traste con el acuerdo. Las presiones sobre las autoridades valonas fueron de tal calibre que nos trajeron a la memoria las padecidas por el gobierno griego para la aceptación del tercer memorándum sobre la deuda en 2015. La gran coalición neoliberal, bajo su manto pretendidamente tecnocrático, se muestra implacable frente a la menor muestra de cuestionamiento de su agenda.

Una vez que Valonia dio su voto afirmativo, entramos en la segunda fase. Fase crucial en la que nos encontramos ahora mismo, que culmina el 15 de febrero. A este respecto, es preciso destacar que esta votación es cerrada y unívoca, no habiendo espacio para la enmienda o readecuación siquiera parcial del texto. Se trata de votar sí o no, con el déficit democrático que supone que esa sea la única disyuntiva permitida a las personas que encarnan teóricamente la voluntad popular de los pueblos de Europa. Con la votación del Europarlamento, el documento pasaría a aplicarse de manera provisional en una gran parte de su articulado, con lo que eso implica de cara a su reversión o anulación en la tercera fase del procedimiento, la que atañe a los Estados miembros. Efectivamente, dado que se trata de un tratado mixto, el procedimiento de aprobación no culmina en Estrasburgo, sino que se traslada a los Estados miembros, a sus parlamentos nacionales, en ocasiones a los regionales ?de nuevo, el ejemplo de Valonia resulta referencial?, y en algunos casos exigirá incluso la realización de referéndums vinculantes. Recordemos los casos de Holanda o Francia, que consiguieron echar atrás en 2005 la Constitución Europea a través del ejercicio del voto ciudadano.

Por qué es importante la movilización

Dado que nos encontramos ante una batalla de largo recorrido, se hace preciso comenzar la presión popular frente a las instituciones europeas, en este caso frente al Parlamento Europeo, como punto de partida de un esfuerzo que sin duda deberá acrecentarse en esta última fase en la que el CETA descenderá de las alturas opacas de la burocracia comunitaria. El traslado del debate a lo local facilitará una movilización que debe tener un hito el próximo día 15, como punto de inflexión de un esfuerzo creciente por reforzar la coalición social, política y sindical contra este tratado y contra el conjunto de toda esa arquitectura jurídica de la impunidad que regula hoy los flujos de comercio e inversión.

Con esta determinación, nos movilizamos en Estrasburgo desde el día antes de la votación en el pleno del Europarlamento, tratando de dejar constancia del rechazo social a esta arquitectura contraria a los intereses de las mayorías, y manifestando que el déficit participativo y de transparencia que ha caracterizado este proceso inhabilita en términos democráticos su aprobación y entrada en vigor provisional como consecuencia del voto en el Parlamento Europeo. La iniciativa de coordinación de esta movilización corresponde a la coalición francesa contra el TTIP y el CETA, con el apoyo de grupos locales en Estrasburgo y las campañas de diferentes países: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Estado español, etc.

Desde la campaña Euskal Herrian TTIPari Ez, estaremos presentes en la movilización aportando nuestro granito de arena. Así, este martes por la tarde calentamos motores con comida, música y un evento público con debates entre miembros del Parlamento Europeo y la sociedad civil. Y ya el miércoles 15, se realizará una manifestación por las calles de Estrasburgo, que desembocará en el Parlamento Europeo, donde nos concentraremos hasta que finalice el proceso de votación. Tras la votación, se celebrará una asamblea en la que participaremos distintos actores sociales, políticos y sindicales europeos involucrados en la lucha contra el CETA.

Pero Estrasburgo no será el único lugar en el que mostrar el rechazo ciudadano a este tratado. Entre las acciones locales, este martes se celebran una serie de concentraciones en las capitales vascas frente a las sedes de distintas organizaciones políticas que han manifestado ya su intención de votar favorablemente el CETA en el Parlamento Europeo. Y es que resulta fundamental interpelar directamente a los grupos parlamentarios que tienen esta tremenda responsabilidad. Parece que la gran coalición conservadora, liberal y socialista votará a favor de manera bastante homogénea. No obstante, no debemos obviar que esta cuestión ha sido ampliamente cuestionada en el seno de distintas organizaciones socialdemócratas europeas, por lo que supone de agresión a una base social trabajadora cada vez más escéptica respecto al rol de estos partidos en defensa de los intereses de las mayorías sociales. Todavía hay partido, y el riesgo que corre la socialdemocracia al retratarse junto a las élites económicas y financieras globales puede y debe jugar un rol de importancia.

En este contexto, es preciso redoblar los esfuerzos frente a un atropello inminente que tendrá graves consecuencias sobre nuestras vidas en todos los sentidos: nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos, trabajar, relacionarnos con la naturaleza… Por ello, el 15 de febrero se ha fijado como un día de movilización global contra el CETA y contra la arquitectura de tratados de comercio e inversión que nos viene impuesta por un modelo neoliberal que nos conduce al abismo.

* Juan Hernández Zubizarreta y Gorka Martija son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

 

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Un informe advierte que el CETA fortalecerá el papel de los lobbies

El poder de los lobbies I La Marea

El Acuerdo Económico y de Comercio (CETA) que la Unión Europea ha cerrado con Canadá fortalecerá aún más a los grupos de presión lobbistas, proporcionándoles un acceso temprano y exclusivo al proceso legislativo, según un informe publicado por el Corporate Europe Observatory (CEO).

El estudio concluye que el objetivo es que el CETA funcione como una plataforma para que los lobbies influyan en las propuestas legislativas de la UE y Canadá, incluso antes de que los parlamentos nacionales hayan tenido la oportunidad de expresar su opinión. Los autores del informe recuerdan que, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (NAFTA), los lobbistas consiguieron la autorización de pesticidas tóxicos, prohibidos en otros países de la OCDE, en territorio canadiense. Debido a estas presiones, Canadá cedió el puesto a la UE como principal baluarte en la salud y la protección ambiental.

El informe también advierte que el Foro de Cooperación reguladora del CETA promoverá con los lobbistas unas negociaciones muy similares a las del NAFTA. El investigador Stuart Trew, uno de los autores del documento, denuncia los “procesos turbios dominados por lobbistas” que conllevan este tipo de tratados de libre comercio. Y asegura que el CETA “pone en juego una amplia gama de normas de salud pública, de consumo y de medio ambiente, ya que pueden ser influenciadas, inhibidas, retrasadas o incluso bloqueadas por los intereses comerciales”.

“El CETA está vinculado a altos riesgos para la salud pública y la protección del medio ambiente”, coincide la activista Lora Verheecke, quien recuerda lo que sucedió con el NAFTA. “Cuando las Administraciones de Canadá y EEUU evaluaron conjuntamente seis productos químicos bajo la cooperación regulatoria del NAFTA, su grupo de trabajo estaba dominado por lobbies de grandes empresas, entre ellas algunos que habían contribuido a retrasar la propuesta de prohibición de plaguicidas dañinos en la UE”, argumenta. 

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¿Hasta cuándo estos muros?

Hace ya casi diez años, trabajando en Canadá, conocí a una colega científica distinta disciplina, mismo campus nacida en Irán. No éramos amigos estrechos, pero sí lo bastante como para acudir con ella y algunos de sus compatriotas a una concentración frente al consulado iraní, en protesta contra ciertos abusos del gobierno que ocurrían en su país, en un periodo de protestas cívicas. Hemos perdido el contacto pero, por lo que sé, ella continuó su carrera científica en Estados Unidos, como yo la continué en Europa, y seguía siendo muy crítica con la política de Irán, como yo lo soy de España.

Hoy leo por Twitter historias de investigadores postdoctorales iraníes en Estados Unidos como mi amiga, con papeles, con familia, con casa y con trabajo en territorio estadounidense que estaban viajando (vacaciones, congresos, estancias laborales) y que ven cómo, de un día para otro, se les niega la entrada en el país. Gente que se queda tirada al otro lado de una frontera, sus vidas rasgadas por una raya imaginaria y una violencia muy real.

Hace ya casi diez años, trabajando en Canadá, supervisé la tesis en España a un investigador jordano. Durante los tres años que duró su beca (las de sus compañeros españoles duraban cuatro), en una ocasión se retrasó un papel por parte de la Administración, por lo que no llegó a tiempo la renovación de su beca. A los españoles esto nos supone una incomodidad y una muestra del poco interés de nuestro país por el avance del conocimiento. A mi joven compañero le supuso perder su permiso de residencia, y verse forzado a interrumpir su trabajo para volverse a Jordania. Tardó meses en poder regresar. Perdió un dinero que no le sobraba y un tiempo de trabajo que le sobraba menos todavía. Entonces, como hoy, me pregunté: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estas rayas en el suelo que desgarran vidas, familias, trabajos? ¿Hasta cuándo estos muros, estas vallas con concertinas, esta arrogancia de fingirnos superiores por haber nacido en un país rico?

No tengo la respuesta. Sí sé que hace ya casi diez años, mientras yo trabajaba en Canadá, un amigo de infancia inició una estancia intermitente de la que regresó definitivamente hace poco. Su destino: Ramala. Su trabajo, al menos inicialmente: diseñar un proyecto educativo musical que llegara a los campos de refugiados que hay por toda Palestina. No tengo la respuesta, pero sospecho que por ahí va la solución: por el compromiso, por poner el cuerpo y el talento donde tienen que estar.

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