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Tres mínimos para que el nuevo bono social no quede (otra vez) en papel mojado

bono social

Al menos tal y como está no sirve para lo que se creó. Es la conclusión rotunda de la Defensora del Pueblo sobre la reforma del bono social eléctrico, pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada a finales de enero en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos. En la resolución, realizada de oficio, recomienda al Gobierno modificar los principales aspectos de la medida, comenzando por la propia definición de consumidor vulnerable, es decir, las personas que se podrán beneficiar de ella. “El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social”, sostiene en las consideraciones iniciales.

El Ayuntamiento de Cádiz (Podemos y Ganar Cádiz), que de momento ha visto frustrado su bono municipal por el rechazo del PP y Endesa, también ha sido muy crítico con la medida del Gobierno, a quien ha remitido distintas aportaciones. Desde el PSOE aseguran que ahora tendrán que decidir las comunidades autónomas y Podemos insiste en que el bono en sí no vale porque no responde al significado real de la pobreza energética. Estos son tres mínimos indispensables para que el nuevo bono social, al menos, sirva de algo.

1. Que nadie que lo necesite se quede fuera

“El concepto de consumidor vulnerable se encuentra sin definir, y tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico”. La nueva ayuda será aplicada ahora según la renta familiar. Y en ello insiste también la Defensora del Pueblo: “Modular el umbral de renta de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación”. El borrador enviado a las comunidades incluye diferentes categorías para aplicar un descuento de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta ha sido una de las quejas más repetidas por el Ayuntamiento de Cádiz, que ponía como ejemplo contrario su bono. La fórmula municipal, basada en la renta familiar, progresiva y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, tiene prevista la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada, no un descuento fijo. Los beneficiarios tienen que pagar el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

La Defensora del Pueblo incide especialmente en este apartado en la protección de los menores: “Hay que valorar el principio de interés superior del menor y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta a un derecho fundamental que es la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol. Del mismo modo, las personas mayores y los discapacitados cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse”.

2. Que la energía no se someta a las reglas del mercado

“El ámbito objetivo de las nuevas medidas, según el artículo 52, se limita a los impagos que se produzcan en los contratos acogidos al PVPC o Tarifa de Último recurso. Muchos consumidores contratan el suministro eléctrico en el mercado libre y no cuentan con esta garantía, por lo que sería conveniente incluir también en el ámbito de aplicación de este procedimiento el caso de los impagos de estos contratos”, recomienda la Defensora del Pueblo. Además, propone dar publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

También aconseja incluir los impagos causados por las refacturaciones por fraude: “Las penalizaciones en materia de fraude han sido objeto de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, que ha puesto de manifiesto en que estos procedimientos no se están desarrollando con las suficientes garantías de imparcialidad, llegándose en algunos casos a producirse una verdadera indefensión material, que requiere medidas regulatorias específicas, que salvaguarden derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia”.

Ahora las pequeñas comercializadoras también tendrán que financiar la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio -el Gobierno, no obstante, ha recurrido la sentencia-. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Desde Cádiz lo ven como una barbaridad y se produce, además, la siguiente paradoja: Eléctrica de Cádiz, mayoritariamente pública y con servicio al 80% de las familias gaditanas según el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento.

3. Que no ocurran casos como el de Rosa, la mujer que murió en Reus

“La experiencia de algunas comunidades autónomas ha puesto de manifiesto la existencia de casos de bloqueo o de colapso por la insuficiente capacidad de los servicios sociales para emitir los correspondientes informes que determinen si la personas está o no en situación de vulnerabilidad”, indica el informe de la Defensora, que remarca que los procedimientos han de funcionar correctamente: “Y para ello es fundamental la cooperación leal entre Administraciones aprovechando las nuevas tecnologías”. Esta cooperación -añade- se puede desarrollar a través de Conferencia Sectorial de Energía.

Según el borrador, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas. “Como novedad fundamental, se crea una tercera categoría constituida por los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social. En estos casos, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares”, recoge la nota de prensa del Gobierno.

La Defensora del Pueblo hace referencia al contexto: ”El esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por la confluencia de dos factores: la crisis económica y la subida del precio de la electricidad”, concluye.

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¿Cuánto ganan las grandes eléctricas en España?

MARTA VICTORIA y JOSÉ LUIS VELASCO (Observatorio Crítico de la Energía) // El sector eléctrico vuelve a estar en el candelero tras la enésima subida sospechosa del precio de la electricidad. Regresa con ello a los debates televisivos y rara vez falta el tertuliano que clama a la defensiva que las eléctricas pierden dinero en España y que, si sobreviven, es gracias a sus negocios en el extranjero. Esto es sencillamente falso.

Resulta legítimo que las empresas que participan en el sistema eléctrico español obtengan beneficios derivados de su actividad. Esto es válido en principio para cooperativas, pequeñas compañías o grandes multinacionales. Pero es también legítimo preguntarnos si estos beneficios son razonables.  Al fin y al cabo, las compañías eléctricas operan en un sector estratégico regulado (aunque no lo suficientemente y además mal) por el Estado y que determina el acceso de los consumidores a la electricidad, un bien básico que hasta hace unos años era considerado un servicio público.

Y “razonable” es, significativamente, la palabra que el Gobierno ha utilizado hace unos años para reformar la remuneración de las empresas que generan electricidad utilizando fuentes renovables. [1] Asimismo, disponer de esta información es útil para abordar de forma razonada y razonable el reciente debate sobre cómo debe costearse el bono social. Confrontar los beneficios anuales de las empresas eléctricas con los 200 millones de euros que en promedio aproximado representa cada año el bono social permite evaluar el esfuerzo económico que supone a estas compañías cumplir con el servicio público que se les exige.

Una buena forma de hacer esta valoración es comparar los beneficios de las principales empresas eléctricas operando en nuestro país con los que obtienen sus homólogas que operan en otros países europeos y con el coste del bono social. Los tres gráficos que acompañan a este artículo permiten obtener una visión de conjunto.

En la figura superior hemos recopilado el beneficio neto o EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos) de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa para los años comprendidos entre 2008 y 2015. Los datos proceden de las cuentas de resultados que publican cada una de estas compañías en sus informes anuales. Las cifras de beneficio neto incluyen las actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal. Entre 2008 y 2015 esta cifra asciende a 37.260 millones de euros.

En la figura intermedia se muestra la evolución, para cada empresa y año, del margen operativo, es decir, el ratio entre el beneficio neto y la cifra de negocio. Como referencia, en la figura se ha añadido también el margen operativo medio de las empresas eléctricas que operan en Reino Unido [2], cuyo valor estimado entre 2007 y 2011 es 8,6%. Las “Big 6” suponen un buen elemento de referencia a la hora de comparar directamente beneficios: son empresas operando en el mismo sector, que además en ambos países tienen un mix de tecnologías de generación similar y un mercado liberalizado parecido, ya que la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico fue inspirada por el sistema del Reino Unido.

Ahora podemos calcular el beneficio neto “excesivo” como la diferencia entre el beneficio que ha obtenido cada empresa española y el que hubiese obtenido si su margen operativo hubiera sido igual al que han obtenido sus homólogas en Reino Unido. En este paso, alguien podría argumentar que el beneficio de las empresas eléctricas en España podría ser superior porque sus decisiones inversoras han sido más acertadas. Sin embargo el hecho de que la mayor parte de centrales hidroeléctricas, térmicas de carbón y nucleares sean previas a la implantación de este mercado, junto con la masiva inversión en centrales de ciclo combinado que ahora operan un número de horas muy inferior al previsto, parece indicar que este no es el caso y, por tanto, la hipótesis asumida es razonable.

El gráfico inferior muestra los beneficios netos “excesivos” que han obtenido Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, cuya suma asciende a 11.053 millones de euros entre los años 2008 y 2015 [3]. Si, por ser conservadores, limitamos la comparación al intervalo 2008-2011, en que los datos del Reino Unido nos sirven de referencia, el resultado es 8.844 millones de euros.

Durante el periodo de tiempo analizado, el coste del bono social ha representado aproximadamente 1.300 millones de euros (100 millones en 2009 y 200 millones de euros al año entre 2010 y 2015). Para visualizar la magnitud del bono social en comparación con los beneficios de las grandes eléctricas, en las figuras superior e inferior hemos añadido las cantidades aproximadas con que cada una de estas empresas debería financiar del bono social según estableció el Gobierno para el año 2016 (previamente a que el Tribunal Supremo invalidase este mecanismo). Las gráficas hablan por sí solas.

Las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo anularon los distintos mecanismos por los que la financiación del bono social corría a cargo de las eléctricas (el Real Decreto-Ley 6/2009 fijó la forma de costear el bono de los años 2009-2013 y el Real Decreto 968/2014 determinó el funcionamiento en el período 2014-2016) estableciendo que el coste debía ser reintegrado a dichas empresas. En ambas sentencias, el mecanismo correspondiente es invalidado porque es considerado discriminatorio pero, en ningún caso, el Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de que sean las empresas eléctricas quienes financiasen el bono social.

El Gobierno ha propuesto recientemente en el Real Decreto-Ley 7/2016 que sean las comercializadoras las que carguen en exclusiva con dicho coste. Nos parece una decisión errónea en base a dos argumentos. En primer lugar, uno de tipo legal: que no participen en la financiación empresas generadoras o distribuidoras puede provocar que el Tribunal Supremo también considere este mecanismo discriminatorio.  En segundo lugar, uno de tipo económico: la comercialización es la actividad donde se obtienen los menores márgenes de operación: sería más razonable incluir también los segmentos de donde provienen los beneficios excesivos de las grandes eléctricas, generación y distribución.

Precisamente por no hacerlo, la propuesta puede finalmente tener un efecto regulatorio muy perverso: beneficiar de facto a comercializadoras que forman parte de grupos verticalmente integrados (grupos que tienen enormes beneficios en otros segmentos) con respecto a aquellas que no, como las comercializadoras cooperativas verdes. Eso sería una decisión de política energética inadecuada de cara a la necesaria transición a un nuevo modelo energético.

En conclusión, y a la vista de los resultados, exigir que todas las empresas que participan del sistema eléctrico financien, de manera proporcional a la energía que gestionen, el bono social es, además de algo posible desde el punto de vista legal, lo mínimo razonable a la luz de los beneficios que obtiene las tres principales empresas que operan en este sistema.

Plot 21

 

[1] A nadie debería escapársele, que el establecimiento de una “rentabilidad razonable” no fue sino un recorte retroactivo a retribuciones comprometidas; en este artículo nos limitamos a fijarnos en la retórica utilizada.

[2] Los beneficios se refieren al EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos). Los datos de España se han comparado con los beneficios netos obtenidos en Reino Unido por las 6 mayores empresas eléctricas: Scottish Power, SEE, EDF Energy, Centrica, RWE Npower, EON, reportados en el documento “UK Big 6 utility investment trends, Bloomberg”.

[3] Cabe mencionar que todos estos enormes beneficios han ido a empresas privadas, ya que en España no existen grandes compañías eléctricas públicas desde finales de los noventa. Un repaso detallado a cómo se llevó a cabo la privatización de Endesa y la liberalización del sector eléctrico puede leerse en el libro del Observatorio Critico de la Energía “Crónicas eléctricas. Breve y trágica historia del sector eléctrico español”, editado por Akal.

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Cádiz ultima un bono social eléctrico alternativo al del Gobierno

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La reforma del bono social eléctrico pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada esta semana en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos, puede acabar nuevamente en los tribunales, pero esta vez por iniciativa de las pequeñas comercializadoras, como Eléctrica de Cádiz, que ya ha anunciado que recurrirá el decreto ley tras su desarrollo reglamentario. A partir de ese momento, en unos tres meses, estas compañías tendrán que financiar también la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Hasta la fecha, la ayuda ha tenido un coste anual de unos 200 millones de euros y ha beneficiado a unos 2,4 millones de clientes. El PSOE asegura que está buscando una fórmula en el reglamento para evitar que las pequeñas comercializadoras salgan perdiendo. Podemos no sólo rechaza el modo de financiación, sino el bono en sí porque considera que no responde a la pobreza energética y se trata de una ayuda caritativa más.

“Es un disparate y un atropello para las comercializadoras como la nuestra, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”, denuncian desde Eléctrica de Cádiz, de mayoría municipal, que calcula que tendría que asumir un importe anual de 542.885 euros, la mitad de sus beneficios: “Ello nos obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y, por tanto, conllevaría la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.

Además, la eléctrica, que da servicio al 80% de las familias gaditanas según los datos aportados por el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono -que a partir de ahora será aplicado según la renta familiar- porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento. Es decir, los potenciales beneficiarios de las pequeñas eléctricas tendrán que cambiarse de compañía para poder acceder a la ayuda. “Obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”, afirma el concejal de Hacienda y presidente de la compañía, David Navarro. En el pleno anterior a la aprobación del decreto en el Congreso, el Ayuntamiento (Podemos y Ganar Cádiz) llegó a votar por unanimidad una moción para instar al Gobierno y a todos los partidos a no validarlo hasta corregir estas cuestiones.

Otras pequeñas comercializadoras, como la cooperativa Som Energia, coinciden en el análisis: “Si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida”, analiza. “El criterio debe ser la energía que vendan, no los clientes que tengan, igual que sucede en cualquier mercado de bienes, en el que se valora el volumen del negocio según las unidades totales vendidas, sea al cliente que sea, y no solo por a cuántos clientes venden sus unidades”, añade la cooperativa. De momento, Som Energia no se plantea recurrir el decreto “no porque no sea oportuno hacerlo sino por falta de medios”.

La propuesta de Cádiz

En el caso de Cádiz se suma otra circunstancia: el consistorio prepara un bono alternativo que financiaría una parte de los beneficios de la suministradora local. Anualmente, unas 2.000 familias solicitan ayuda municipal para pagar sus recibos de la luz, en los que el Ayuntamiento invierte cada año entre 500.000 y 600.000 euros, detallan desde el consistorio. En este nuevo contexto, Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo ponerlo en marcha. “El Gobierno propone sacar dinero a las pequeñas comercializadoras para enriquecer al oligopolio energético y excluye al 80% de los gaditanos y gaditanas. Tenemos derecho a poner en marcha el bono social de Cádiz”, afirmó el alcalde, José María González Kichi, el día que el Congreso validó el decreto ley.

La propuesta de bono municipal, basado en la renta familiar, progresivo y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, consiste en la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada. Los beneficiarios pagarán el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

Tiene previsto incluir dos tipos en función de la renta familiar: en el primero se bonificará el 100% de una cantidad de energía suficiente para cubrir los servicios energéticos básicos (cocinar, aseo, iluminación, comunicación y estudio) y un tramo de potencia de 2,3KW; y en el segundo se bonificará el 50% de dicha cantidad. “Es decir, que si la familia se ajusta a la cantidad de energía bonificada pagará una factura muy reducida, que no llegaría a los 10 euros mensuales”, asegura la coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, Alba del Campo. Los beneficiarios deberán asistir a talleres sobre ahorro y eficiencia energética y se les enseñará a entender el recibo eléctrico.

La propuesta está basada en un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que analiza una muestra de familias que han recibido ayudas del ayuntamiento entre 2015 y 2016 para pagar la luz. “Vemos de qué manera se consume la energía en los hogares y diferenciamos entre estructurales, es decir, consumos básicos de la vida, y los no estructurales, los que se pueden prescindir. Se trata de un informe objetivo y técnico que hemos elaborado de forma altruista para que se aproveche políticamente y se le dé la forma necesaria para construir un bono social más justo y más universal”, explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y decano del Colegio de Cádiz, Domingo Villero. “En algunas casas hemos encontrado situaciones penosas: con apenas una bombilla en el techo y un hornillo de gas”, describe.

“El objetivo es asegurar que todos los hogares tengan acceso a una cantidad de electricidad suficiente para cubrir sus necesidades domésticas más básicas: cocinar, aseo personal y doméstico, iluminación, climatización y estudio y que, en consecuencia, ninguna familia quede excluida del acceso a la energía por razones económicas o de vulnerabilidad”, resume la Mesa contra la Pobreza Energética. Hasta el momento, todos los representantes políticos y miembros técnicos del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz han apoyado el bono, a excepción del PP y Endesa, que aún no han manifestado su posición. En los próximos días, el alcalde realizará una segunda ronda de contactos. 

A la espera del reglamento

El nuevo bono estatal está pendiente ahora del desarrollo reglamentario en los próximos tres meses, donde quedarán definidos los consumidores vulnerables y los baremos de renta. La nueva propuesta amplía el plazo de dos a cuatro meses para proceder al corte de la luz en caso de impago y establece la obligatoriedad de avisar desde el primer momento al consumidor y los servicios sociales, que gestionarán los casos. 

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que el real decreto es un parche que no acabará con la pobreza energética: “La electricidad constituye solo el 35% del consumo doméstico. Es necesario un bono social energético que incorpore, además, suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles con los que se calientan el 65% de los hogares”. Facua llega a la misma conclusión: “Es un decreto carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo”.

La validación de este decreto se ha producido la misma semana en que millones de ciudadanos han recibido la abultada factura de la luz de enero y el mismo día que se hizo público el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España, un cargo propio de puerta giratoria que le reportará en torno a 150.000 euros brutos al año. Según los datos de Eurostat de 2015, la electricidad en España es la cuarta más cara de toda Europa, por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y la subida de los precios supera a la media europea (un 4,1% frente al 2,9%). Un 11% de los hogares, es decir, 5,1 millones de españoles, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio sitúa al 7% en una situación de pobreza energética. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones señaladas con mayor grado de afección.

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