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Las peticiones de indultos se disparan

Consejo de Ministros I La Marea

CIVIO // Las peticiones de indultos se han disparado en los últimos años. Si en 2010 se habían pedido 5.400 medidas de gracia, la cifra superó los 7.800 en 2014. El número de concesiones, en cambio, sigue a la baja. La clemencia no es un término absoluto, sino relativo. No solo importa cuál es el número de indultos que aparecen en el BOE, sino también de entre cuántas solicitudes, esas y solo esas personas fueron las elegidas. Hasta ahora, gracias a la extracción de datos del boletín oficial, hemos podido escarbar entre toda la información disponible para descubrir totales por año, por Gobierno y por delito, o incluso porcentajes de perdonados sobre condenados, y también cuáles han sido las medidas de gracia más veloces. Ahora, merced a una solicitud de información realizada a través de Tu Derecho a Saber, podemos ir un paso más allá y conocer cuántas personas pidieron un indulto entre 2010 y 2014.

Los datos muestran una evolución creciente del número de solicitudes al Ministerio de Justicia, que pasan de 5.400 en 2010 a más de 7.800 en 2014. La subida más importante es de 2010 a 2011, con un salto de más de 1.500 peticiones. En paralelo, las concesiones de indultos también crecieron hasta 2012 pero, a partir de entonces, empezaron a bajar. La popularidad de la medida la hizo más conocida para los posibles solicitantes y, a la vez, menos popular para los gobiernos que la usaban, envueltos en decenas de medidas de gracia polémicas.

Dado que el tiempo entre la condena y la concesión de un indulto no es fija (la media es de más de dos años y medio), sería un error afirmar que un tanto por ciento de las solicitudes de un año fueron
aceptadas, porque podrían concederse el siguiente año. O el otro. Pero nos permite establecer un ratio aproximado que muestre tendencias en la clemencia de los distintos gobiernos. Así, habríamos pasado de un 7,45% en 2010 a un 0,91% en 2014. Esto es: la distancia entre el número de solicitudes y el número de indultos se ha agrandado de forma considerable.

Más posibilidades si eres mujer

Hay menos condenadas mujeres, menos solicitantes y menos indultadas que hombres. Hasta aquí todo parece encajar. Pero en términos relativos todo cambia. Si con el análisis de condenas y medidas de gracia demostramos que era más fácil ser indultada -en porcentaje- en el caso de ser mujer, gracias a estos nuevos datos podemos saber que la relación con las solicitudes muestra la misma tendencia. El ratio de todos estos años de mujeres va de 13,50 a 2,12%, y el de hombres de 6,70 a 0,77%. Esto es, las mujeres solicitantes de indulto tuvieron mucha más suerte que los hombres.

Artículo publicado originalmente en el blog Elboenuestrodecadadia.com, de CIVIO.

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El Gobierno aprueba la reforma que pospone el plazo de las nucleares para decidir sobre su renovación

Una reforma de urgencia, vía orden ministerial y sobre el silbato, va a permitir a las empresas propietarias de las centrales nucleares de Almaraz I y I y Vandellós II alargar los plazos para tomar la decisión de si renuevan sus licencias o no, como adelantó Público. Y, de paso, para seguir presionando al Gobierno para conseguir mejores condiciones económicas.

El BOE de hoy publica dos órdenes ministeriales, una de ellas referida a Almaraz y la otra a Vandellós, en las que establece que ambas centrales nucleares podrán esperar para solicitar la renovación a que se apruebe el próximo Plan Integral de Energía. Este plan, marcado por Europa, establecerá los compromisos de España y el mix energético (qué peso se pretende que tenga cada fuente de energía).

El Gobierno responde así a las peticiones de las eléctricas propietarias, y especialmente Ignacio Galán (Iberdrola), que reclamaron al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre otras cosas, que ampliara el plazo para solicitar estas renovaciones. Lo que piden, aseguran, es más tiempo para decidir si mantener esas centrales nucleares operativas les sale rentable. Y el Gobierno se lo ha dado, gracias a una reforma exprés.

La orden vigente hasta hoy establecía que debían solicitar la renovación tres años antes de que caducara la autorización. Este plazo se cumplía, para Almaraz, el pasado 8 de junio. Nadal firmó la orden el día 5, sobre el silbato. El de Vandellós, por su parte, se cumpliría el próximo 26 de julio. Gracias a la reforma, ambas centrales podrán esperar para decidir si la solicitan o no.

“El titular podrá solicitar una nueva autorización de explotación de la central en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de aprobación del Plan Integral de Energía y Clima. Ello no obstante, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de la fecha en la que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central que más adelante se establece, podrá deducirse la solicitud de una nueva autorización con ocasión de tal presentación.”

Esta reforma, en palabras de ASTECSN (Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y protección Radiológica), provoca un “despilfarro de recursos públicos”, puesto que deberán evaluar la documentación sin saber si finalmente se va a solicitar la renovación o no. Además, aseguran que “abre la puerta” a que las centrales nucleares puedan seguir activas más allá de los 40 años.

“Esta decisión se fundamenta en la petición de una entidad privada, haciendo recaer sobre el órgano regulador público y de carácter técnico las decisiones políticas que se consideran buenas para el sector, y sin atender a los principios de transparencia, independencia, prudencia y precaución que deben ser los que primen en la acción reguladora”, concluyen los técnicos.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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Defensa superó su presupuesto en 1.395 millones durante 2016

Militares españoles del Ejército de Tierra I La Marea

El BOE recoge este viernes la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016. Gracias a este documento podemos saber cómo se desviaron los distintos departamentos
del presupuesto original aprobado en el Congreso durante el año anterior. Como es tradicional, el engorde de las previsiones en el Ministerio de Defensa supera los miles de millones de euros.

Así, el presupuesto inicial aprobado por Las Cortes para 2016, de 5.788 millones de euros, engordó 1.395 millones hasta alcanzar los 7.183. Este aumento de los créditos no es nuevo. Lo que lo hace diferente es que, en esta ocasión, el Gobierno no ha podido echar mano del también tradicional crédito extraordinario de verano destinado al pago de Programas Especiales de Armamento (PEAs), que suele justificar buena parte del engorde anual y que en julio fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional.

Si tenemos en cuenta las cifras de lo efectivamente gastado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno en el Congreso concede a Defensa unos 390 millones más de lo gastado el año anterior y lo eleva a 7.573 millones. Si se aprobara, nada hace pensar que ese presupuesto inicial, como ha pasado en años anteriores, no engorde, lo que elevaría aún más esa cifra.

Además, para valorar el gasto de 2017 hay que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa, ante el veto del Constitucional al uso del decreto-ley para aprobar créditos extraordinarios el año pasado, aplazó a 2017 el pago de 717 millones de euros destinados a sufragar estos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

Sin créditos extra para armamento

En la sentencia de 2016, que responde a un recurso presentado por varios grupos
parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no hubo marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).

En el documento, el TC recoge palabras del propio Ministerio de Defensa en el Congreso: “no trata de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, para justificar que no se trata de gastos que no se puedan planificar. En ese sentido, establece que, aunque no se puede saber exactamente a cuánto ascenderá la factura anual a la industria armamentística, sí se conoce el total a abonar hasta 2030: 29.500 millones.

Además, asegura que la urgencia de la que habla el Gobierno, vinculada a que la imagen del país no resulte dañada por el impago de obligaciones como estas, se podría aplicar a cualquier sector y que no está justificado de forma suficiente en este caso concreto. Por todo ello, concluye que el Ejecutivo podría utilizar el trámite de una ley ordinaria y que no hay razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifiquen el uso del
decreto-ley.

Pese a todo, y sin esos créditos extraordinarios, el Ministerio de Defensa aumentó en 1.395 millones el presupuesto inicial de 2016. Por el momento, la cifra queda lejos de los 2.300 millones extra concedidos en 2015. Gracias a ese engorde, el crédito final superó al de 2014 y ascendió a 8.102 millones de euros.

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El BOE publica las dos multas impuestas a Hernández Moltó, expresidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó I La Marea

El BOE recoge este jueves una resolución que declara firmes, tras un largo periplo por los tribunales, dos sanciones que el Banco de España impuso en 2009 a Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) hasta la intervención de la entidad en 2009. Las dos multas, por infracciones muy graves de la ley de las entidades bancarias, suman 130.000 euros. Antes de presidir la entidad entre 1999 y 2009, Hernández Moltó fue diputado del PSOE, concejal, consejero y secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha.

La primera sanción, por deficiencias en los sistemas de control interno que pusieron en peligro la viabilidad de la entidad, se resolvió con 85.000 euros y tres años de inhabilitación para trabajar en el sector de la banca. La segunda, por no contar con los recursos mínimos necesarios para cubrir sus operaciones, es de 45.000 euros y dos años de inhabilitación.

Hernández Moltó recurrió ante la Audiencia Nacional, que lo desestimó en 2013. Entonces acudió al Tribunal Supremo (TS), ante el que presentó un recurso de casación. El pasado diciembre, el TS consideró que no había lugar al recurso. Así, tras casi siete años, el BOE recoge este jueves de nuevo las multas para hacerlas efectivas.

En paralelo, durante todo ese periplo judicial para valorar la sanción administrativa, el expresidente de Caja Castilla-La Mancha fue juzgado en la Audiencia Nacional por la quiebra de la entidad. Hace un año, fue condenado por manipular las cuentas de la entidad a dos años de inhabilitación y una multa de 29.970 euros. Eso sí, fue absuelto de administración fraudulenta y no se amplió la pena por considerar que no había habido “enriquecimiento personal”.

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La Autoridad Portuaria de Valencia no consigue vender el yate que compró para la Copa América

Yate de la Autoridad Portuaria de Valencia I La Marea

El BOE de hoy recoge la convocatoria de subasta del ValenciaPort, un yate de 28 metros de eslora que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) compró como “embarcación institucional” de cara a la
celebración de la Copa América en 2017 por 4.176.000 euros. No es la primera vez se intenta vender: en febrero del año pasado ya se subastó, sin éxito. Desde entonces, el precio ha ido bajando.

En esa primera subasta, las ofertas debían partir de un precio inicial de 1.947.050 euros. No recibieron ninguna oferta. La APV decidió entonces acudir a ferias especializadas, pero tampoco hubo éxito. Ahora, la subasta empieza en 1,75 millones, casi 200.000 euros menos que hace un año. Eso en primera ronda. Si no funciona, en segunda y tercera subastas su precio de partida podrá bajar hasta los 1,5 y 1,36 millones.

La APV compró el yate a la empresa Asfibe por unos 4,18 millones de euros. Además de su precio, la entidad pública ha destinado varios millones de euros a su mantenimiento y a la tripulación. En 2008 licitó su mantenimiento por 1,56 millones, un contrato que pudo ser prorrogado por lo que se
sumaría hasta el doble de ese presupuesto y en 2014 volvió a sacar ese contrato por 271.000 euros anuales, también prorrogable.

La compra de esta embarcación fue cuestionada por la Intervención del Estado, que llevó el asunto ante el juez, en la causa en la que Rafael Aznar, expresidente de la APV, estuvo imputado; y por el Tribunal de Cuentas, que afeó a la entidad pública los pocos recursos que conseguía pese a su coste.

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Educación corregirá la casilla marcada en el BOE sobre las madres: “Ha sido un error”

El Ministerio de Educación ha asegurado que corregirá el formulario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que viene marcada la casilla sobre el puesto laboral de la madre, a la que el documento asigna un trabajo sin especialización. “Ha sido un error”, afirman a La Marea desde el gabinete de prensa, un día después de preguntar por el asunto.

“¿Qué clase de puesto de trabajo ocupan tu madre y tu padre en sus respectivas actividades laborales principales?”, dice una de las preguntas recogidas en el cuestionario para el alumnado en la orden para la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. El trabajo sin especialización incluye: ayuda doméstica y limpieza, mantenimiento de edificios, mensajería, portería, agricultura, ganadería, pesca y construcción.

Formalmente, todas las opciones del documento que Educación corregirá están descritas con un lenguaje no sexista -trabajador/a, operario/a, técnicos/as, ejecutivos/as-, pero la casilla de la mujer es la única preasignada. El profesor de Secundaria Joaquín Vallina se quedó de piedra al descargar la versión digital del BOE. “Realmente no sé de dónde puede partir este despropósito, pero me parece muy grave”, explicó.

 

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El BOE encasilla a la madre: trabajo sin especialización

Viernes, 23 de diciembre de 2016. Boletín Oficial del Estado (BOE). Orden para la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. “¿Qué clase de puesto de trabajo ocupan tu madre y tu padre en sus respectivas actividades laborales principales?”, dice una de las preguntas recogidas en el cuestionario para el alumnado. El documento ya tiene premarcada la casilla de la madre y, de entre todas las opciones, señala el trabajo sin especialización: ayuda doméstica y limpieza, mantenimiento de edificios, mensajería, portería, agricultura, ganadería, pesca y construcción.

“Realmente no sé de dónde puede partir este despropósito, pero me parece muy grave”, explica a La Marea el profesor de Secundaria Joaquín Vallina, que se ha quedado de piedra al descargar la versión digital del BOE que debe rellenar el alumnado. “Esto es lo que presuponen para las madres”, añade. Formalmente, todas las opciones están descritas con un lenguaje no sexista -trabajador/a, operario/a, técnicos/as, ejecutivos/as- pero en el documento sólo está marcada la casilla de la mujer.

El Ministerio de Educación aún no ha respondido sobre el asunto y si lo corregirá.

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