You are here

La niña robada por un juez franquista

A la niña Inés la roba un juez franquista. El mismo que firma la sentencia de muerte de su padre. Se la quedó. Como una cosa más. Como las pocas propiedades de la familia. Inés Franco tenía cinco años. Ahora, con 85, busca los huesos de su padre en una fosa común en Álora (Málaga).

42 nombres y una orden: “Han de ser ejecutados en las primeras horas del día de mañana”. La sentencia, a la que ha tenido acceso La Marea, establece la secuencia. “El encargado del Depósito Municipal entregará a las fuerzas del Ejército Nacional a los reos que se encuentran a mi disposición”. Está firmada por “el Capitán Juez Militar”. Y así se cumple. De madrugada, el 5 de abril de 1937, caen muertos a balazos.

Los fascistas suman aquella noche un puñado de presos más a la ejecución. Las balas atraviesan la carne. Los rebeldes arrojan 60 cuerpos al agujero excavado en el castillo del pueblo. El objetivo queda sellado: silencio e impunidad.

Andrés yace inerte. Asesinado a sangre fría, cubierto de tierra. Sin juicio ni defensa. Solo un papel del Juzgado Militar de Álora. Inés queda huérfana. El relato trágico de su vida acaba de empezar. Es la historia reincidente de las víctimas del franquismo. Objetos de usar y tirar para un país, España, garante del olvido.

“Víctimas del terrorismo de Estado”

80 años tienen que pasar hasta que arranca la búsqueda de los restos óseos de Andrés. Y de José, Cristóbal, Antonio, Francisco, Alonso, Martín… La exhumación en el Castillo de Álora, a cargo de la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, busca “una gran fosa que apunta a una gran saca”, en palabras del director arqueológico de la intervención, Andrés Fernández.

Quizás un par de centenares de personas enterradas a casi metro y medio de profundidad. Entre ellos, Andrés Franco. Lo espera su hija, Inés, la niña robada por un juez franquista. Los padres de Inés eran un hijo de los cuchilleas y una hija de los moñigos. Familias conocidas en el pueblo. Su madre, María Arjona, fallecía en el año 34 y los golpistas siegan la vida de Andrés en el 37. El matrimonio deja tres huérfanos: Juan, José y la pequeña Inés.

“A mi abuelo lo mataron en la noche de los 60 fusilados”, relata Susana Cintado, hija de Inés y nieta de Andrés. Hija de niña robada y nieta de ejecutado. Son “víctimas del terrorismo de Estado”, dice sin tapujos. “El que pudo impedir su muerte era un magistrado fascista, pero no lo hizo”, cuenta.

A cambio, “se lleva a mi madre con él porque ese matrimonio no podía tener hijos”. El juez franquista se convierte “en su padre adoptivo”. Vivirán en Málaga, luego Barcelona. De paso, “se queda también con el pequeño patrimonio familiar, una casa y unas tierras”.

La historia de Inés da un giro truculento cuando el juez queda viudo. Arranca la década de los 50, España vive una dictadura que limpia los restos de sangre derramada y el padre adoptivo de Inés le dice “que está enamorado de ella”. Que deben casarse. “Mi madre le dice que es antinatural, que es su hija. Así se entera que es adoptada. Mi madre tendría 18 o 19 años”.

“Como no quiere casarse con él, la echa de casa”. Inés investiga y acaba por conocer el paradero de sus hermanos. “Con Juan se volvió a ver en 1968, en Holanda, y José se murió de leucemia en Canarias, nunca más lo volvió a ver”.

“Y que devuelvan a mi familia lo robado”

Inés Franco no regresa a Álora hasta el año 2013. “Y tenía miedo, pensaba que la iban a acusar por haberse ido con un fascista”, dice su hija. Inés arrastra la tragedia en su propio nombre. “Cuando la robó”, el juez no elimina los apellidos originales de la niña “pero coloca su apellido delante del resto”. E Inés Franco Arjona pasa a ser Inés Carrión Franco Arjona.

Con la apertura de la fosa aparece la opción de cerrar el duelo. De restañar la herida abierta una vida entera. “No sé si vamos a tener los restos exactos de mi abuelo en mis manos”, afirma Susana. “Casi que daría igual, quiero decir, si los sacan, lloraría a cualquiera de los que hay ahí”.

Cintado quiere lograr “un homenaje a las víctimas”, un informe histórico, una placa en el castillo que recuerde a los ejecutados “y que se le devuelva a mi familia lo robado”. Lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Llegará, dice, “hasta el final” del caso. Y el nombre… “¿anónimo?”, pregunta. Exclama. “No tengo ningún problema en decir que el juez se llamaba Manuel Carrión Bracho”.

Más en lamarea.com

Read More