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Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

Mariano Rajoy junto al presidente Michel Temer. Foto: Mercosur.

Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país, que afecta a 57 empresas públicas e infraestructuras. Este martes fue más allá al anunciar que sopesaba privatizar también Petrobras, la petrolera semiestatal de Brasil que es, además, la compañía más grande de América Latina.

Varias de estas privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores.

Varias privatizaciones coinciden con peticiones formuladas a Temer por empresarios españoles. De las 57 empresas públicas en venta, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90. Destacan el rol y la presencia de las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL, que ya han mostrado interés por un lote de ocho autopistas y otras infraestructuras; Telefónica, que estudia hacerse con el control del primer satélite nacional de Brasil (su principal mercado, por delante de España); en el sector energético, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de España estudian pujar por varias centrales hidroeléctricas, empresas de distribución (incluida Eletrobras, la mayor eléctrica del país), líneas de transmisión y pozos petrolíferos.

El presidente Michel Temer con Ana Botin, presidenta del Grupo Santander. Foto: Beto Barata/PR.

Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con el control de algunos de los aeropuertos más rentables y transitados del país, además de la autopista Ferrovia Norte-Sur, la “espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”. Algunos analistas apuntan a que el Banco Santander (tercera mayor entidad bancaria de Brasil), será uno de las que sacarán más provecho al financiar concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

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Banco Santander y la quiebra de Puerto Rico

Un grupo de estudiantes sostiene una pancarta contra el Banco Santander en San Juan, Puerto Rico. Foto: David Galarza.

Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil celebraron el Día Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del Santander y el Popular puertorriqueño (ninguna relación con la entidad española) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frágil situación económica que atraviesa Puerto Rico.

Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser los responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?

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Adicae y Podemos piden explicaciones por la “extraña” venta del Banco Popular

Este jueves la asociación de consumidores bancarios Adicae pidió que se explique en el Congreso la “extraña maniobra de intervención y venta del Popular” al Banco Santander. Adicae comparó la operación para salvar al Banco Popular de la quibra con la controvertida adquisición de la CAM por parte del Banco Sabadell y pidió al Santander que ofrezca una alternativa a los 305.000 accionistas del Popular que perderán la integridad de sus inversiones. Un tercio del accionariado del Popular está compuesto por pequeños inversores.

Desde el BCE hasta el Ministerio de Economía español, pasando por buena parte de los diarios y televisiones del país, los elogios han caído sobre el Banco Santander después de que este miércoles comprara por un euro el Banco Popular, evitando así un costoso rescate con fondos públicos. Se trata de la primera operación de este tipo bajo las normas de resolución de entidades bancarias de la Unión Europea y, aunque los depósitos de los clientes del Popular están asegurados por el Santander, los accionistas de la entidad quebrada han perdido la totalidad de sus inversiones. Entre esos accionistas hay numerosos empleados de la entidad intervenida que, además de haber perdido sus acciones y bonos, podrían perder su empleo si el Santander decide reducir plantilla.

Adicae pide explicaciones para entender por qué las autoridades decidieron intervenir el Popular y venderlo al Santander tras asignar un valor cero a sus acciones, en lugar de propiciar una venta normal, que habría supuesto compensaciones para los pequeños accionistas. En noviembre de 2016 el Santander había atribuido a las acciones del Popular un valor de entre 1 y 1,7 euros por título.

Desde la Secretaría de Economía de Podemos subrayan que esta operación acentúa la concentración en el sector bancario y pidieron explicaciones al Gobierno, así como una investigación de la CNMV para saber si hubo fraude por parte del Popular en la venta de bonos convertibles a particulares. Desde 2008 hasta 2016, la cuota de mercado de los cinco mayores bancos de España pasó del 31,4% al 61,8%, según datos del BCE.

“El Santander aprovecha la indefensión de los pequeños accionistas en España para hacer negocio y engordar a costa de los ahorros de decenas de miles de familias”, dijo Adicae a través de un comunicado de prensa

Varios analistas, así como el diario económico Cinco Días han puesto en duda la información facilitada a los inversores para que adquiriesen acciones del Popular en la ampliación de capital en junio del 2016. Adicae y otras organizaciones tacharon esta operación de imprudente ya que, según estas fuentes, contribuyó a aumentar la “bola de nieve”. La auditora PwC destacó desajustes en los balances de este banco por valor de 694 millones y el consejo de administración del Popular llegó a reconocerlos.

Ese no es el único suceso que pone en duda la veracidad de la información sobre la que los accionistas se basaron para invertir ahí su dinero: en 2016 la CNMV multó con un millón de euros al Popular por vender bonos convertibles que el Supremo declaró nulos por “desconocimiento de la dinámica y desenvolvimiento del producto”.

Adicae propone que se canjeen las acciones del Popular por títulos del Santander. De momento el Santander se congratula de haber evitado un costoso rescate con dinero público y ha anunciado una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para sanear los balances del Popular, sexto banco más grande de España, lastrados principalmente por su enorme cartera de activos inmobiliarios.

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Multa de un millón a Deloitte por no garantizar su independencia en la auditoría al Santander

El BOE de hoy recoge dos sanciones impuestas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que ahora son firmes en vía administrativa, a Deloitte, PriceWaterhousecoopers (PwC) y un socio auditor de cada firma. Según la entidad de control, ambas empresas cometieron infracciones graves de la Ley de Auditoría de Cuentas.

La multa más cuantiosa es para Deloitte, que supera el millón de euros. El ICAC considera probado que la compañía no puso medidas o, al menos, no las suficientes para garantizar la independencia de las auditorías realizadas a las cuentas de 2011 del Banco Santander y las consolidadas del grupo Santander al completo.

La multa a Deloitte es del 0,75% de los honorarios recibidos por la firma en el ejercicio anterior a la sanción por actividades de auditoría, lo que da el resultado de ese millón de euros. Por su parte, Carmen Barrasa Ruiz, socia auditoria de la firma, recibe una sanción de 12.000 euros.

La Ley de Auditoría de Cuentas establece que los auditores deben ser independientes de las entidades revisadas y que, en caso de no serlo, deben abstener. Pueden ser amenazas para esa independencia, prosigue la norma, “la autorrevisión, interés propio, abogacía, familiaridad o confianza, o intimidación”.

La sanción también prohíbe a Deloitte realizar las auditorías del Banco Santander o su grupo de los próximos tres ejercicios, como ha venido haciendo hasta ahora (realizó en 2016 la de las cuentas de 2015, por ejemplo).

La segunda de las multas publicadas hoy en el BOE es para PWC y su socio auditor Alan D´Silva Picardo, en relación a la revisión de las cuentas de IBM e IBM Global de 2011. El ICAC también considera que cometieron una infracción grave pero, en este caso, por un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto “significativo” sobre el resultado de su trabajo.

La multa es inferior a la anterior: un 0,1% de los honorarios por auditorías del último ejercicio por cada una de las dos realizadas a la empresa tecnológica, lo que supone un total de casi 200.000 euros a pagar por PwC. Su socio, por su parte, suma una sanción de algo más de 6.000 euros.

Además, PwC tampoco podrá auditar las cuentas de IBM de los próximos tres ejercicios. Ambas sanciones son firmes en vía administrativa, pero tanto Deloitte como PCW pueden recurrirlas ante la Audiencia Nacional.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día.

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El lobby del Ibex 35 echa el cierre

César Alierta, presidente de Telefónica hasta abril de 2016, también presidía el 'Club del Ibex'.

Los directivos de las mayores empresas del país disolvieron este miércoles el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), más conocido como el ‘club del Ibex’. Este lobby, creado en febrero de 2011, nació en el momento más duro de la crisis al margen de a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal española que entonces enturbiaba y presidía Gerardo Díaz Ferrán, a quien nadie se atrevía a echar a pesar de la lluvia de escándalos y crímenes que caían sobre él. Además, la creación del CEC puso en guardia al Círculo de Empresarios, otro foro de la industria, que vio en este nuevo grupo una intromisión directa en su terreno. Tras varios años tratando de ejercer una la influencia directa sobre el Gobierno -ha habido reuniones de sus miembros con el presidente Mariano Rajoy en La Moncloa- el CEC ha echado el cierre.

“Es una buena noticia porque realmente el CEC era una especie de cámara de la plutocracia, la madre de todos los lobbies”, explica José García Abad, veterano periodista fundador de El Nuevo Lunes y El Siglo. En este lobby las riendas las llevaba César Alierta, expresidente de Telefónica, la empresa más grande de España con Inditex. A su alrededor se sentaban 15 presidentes y consejeros delegados de las mayores empresas españolas, que juntas representan aproximadamente el 35% del PIB español. Los presentes en el Consejo forman parte de 28 empresas del Ibex 35, entre ellos caras nuevas como José María Álvarez-Pallete, que sustituyó a Alierta al frente de Telefónica en abril pasado, Ana Botín, presidenta del Banco Santander tras la muerte de su padre, o Pablo Isla, sucesor de Amancio Ortega al frente de Inditex, además de veteranos como Isidro Fainé, ex presidente de La Caixa (ahora dirige Gas Natural Fenosa), Florentino Pérez (ACS) y Juan Roig (Mercadona).También formaba parte del CEC el Instituto de la Empresa Familiar, un ente que reconoce que su misión es obtener ventajas, mayormente fiscales, para las empresas que lo conforman.

La crónica del fin del CEC estaba anunciada desde que su presidente, César Alierta, dejó la presidencia de Telefónica. Antes de la reunión celebrada este miércoles, el directivo zaragozano había intentado convocar a los miembros del CEC hasta en ocho ocasiones, sin resultado, según fuentes citadas por El Mundo. Con Alierta fuera de la dirección de Telefónica, la creciente animadversión hacia la influencia de las compañías del Ibex, las dificultades del CEC para pasar desapercibido y la muerte de algunos de sus miembros fundadores y defensores, como Emilio Botín o José Manuel Lara (Grupo Planeta), este grupo de “15 machos alfa”, tal y como los define García Abad, dejaba de tener sentido.

El toque de gracia que puso fin al lobby este miércoles lo dieron, con tanta o más discreción, los nuevos rostros que ahora ocupan lo más alto de la élite empresarial española: Álvarez-Pallete, con un perfil más técnico que su predecesor, y Ana Botín, de maneras más discretas que su padre Emilio, y hasta el propio Francisco González, un veterano al frente del BBVA, ahora consciente de la mala imagen que provoca ver a las empresas del Ibex unidas para influir en el gobierno.

Las grandes corporaciones mediáticas de España recordaron que las empresas del CEC “dan empleo a más de 1,7 millones de trabajadores”, según recogía El País. Varios de sus miembros “reconocen que sí se ha hablado de política y de medios de comunicación en diversas reuniones”, pero “siempre sin montar conspiraciones u operaciones políticas”, según publica El Mundo en un artículo que cita a nueve fuentes, todas anónimas. De lo que ninguno habla es de la tensa relación entre el lobby clausurado y la CEOE.

Díaz Ferrán dejó la CEOE poco antes de entrar en la cárcel, coincidiendo con la quiebra de su empresa, Viajes Marsans. Lo sustituyó el barcelonés Juan Rosell, que nada más llegar a la CEOE se tuvo que acostumbrar a compartir poder con el CEC, concebido unos meses antes durante la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar, el lobby que agrupa a las grandes firmas familiares (Grupo Barceló, Prensa Ibérica, etc.). Pero, ¿por qué los empresarios más poderosos del país decidieron seguir adelante con el CEC cuando la CEOE, el órgano que los representaba desde hacía décadas, había renovado a su controvertido presidente?

Por su forma, tamaño y discreción, el CEC ofrecía muchas más posibilidades que la burocrática CEOE. Rosell, recién nombrado presidente de la patronal y procedente de la juguetera Congost -la que vende las Barbies en España-, no tenía fuerza ni potestad para dirigirse de forma directa a, por ejemplo, jefes de Estado extranjeros, algo que el CEC sí podía permitirse al estar bajo la batuta de César Alierta, presidente de la que por entonces era una de las compañías más grandes de Europa. Además, Rosell es catalán y, aunque no oculta sus simpatías por el PP, su discurso ambiguo en materia catalana planteaba dudas en las altas esferas -“cada vez somos más los que creemos que Cataluña tiene que volar por su cuenta”, llegó a decir-, interrogantes que no pesan sobre el antiguo presidente de Telefónica. Así lo recoge José García Abad en su último libro, Malvado Ibex, que define al CEC como un ente con vocación “suprapatronal” y que recuerda que Juan Rosell obtuvo el puesto gracias a, en parte, el apoyo del Instituto de la Empresa Familiar y del propio Fainé de La Caixa, uno de los pesos pesados del CEC. Aun así, Rosell tenía la puerta abierta en todas las reuniones formales del Consejo.

En su época de más esplendor, el CEC llegó a mandar un documento al gobierno instando a la reforma laboral antes de que fuera promovida por la ministra Fátima Báñez. Tras la disolución del CEC, varias fuentes del ámbito empresarial creen que la plana mayor del mundo empresarial español tratará de formar un grupo dentro de la CEOE, algo así como un gran consejo asesor. Tras un periodo de seis años compartiendo poder, la CEOE recupera el monopolio de representación empresarial. “Podemos sentirnos satisfechos del trabajo realizado”, remata Alierta en el último comunicado de prensa de la historia del CEC.

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